ATC105-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC105-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00631-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Elena \u00c1lvarez Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto coercitivo a que alude el escrito introductorio, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda superior al debido proceso que consider\u00f3 quebrantada por la autoridad cuestionada en el desarrollo del juicio ejecutivo que en su contra all\u00ed se promovi\u00f3, y cuyo consecutivo corresponde al n.\u00ba 2018-00299-00. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, a trav\u00e9s de la cual orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n en la forma ordenada en el mandamiento de pago. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo relat\u00f3, en s\u00edntesis, que la se\u00f1ora Marta Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez \u2013a quien dijo no reconocer, elev\u00f3 en contra suyo y de otros, ejecuci\u00f3n de mayor cuant\u00eda por las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s all\u00ed arrimados, los cuales, dice, nunca suscribi\u00f3, t\u00edtulos que a su vez fueron respaldados con hipoteca abierta \u00abconstituida por Escritura P\u00fablica No. 1242 del 25 de abril de 2017, de la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo de Medell\u00edn, la cual se encuentra inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 001-1238206 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn \u2013 Zona Sur\u00bb, esto es, un predio de su propiedad. <\/p>\n
A ese respecto, explic\u00f3 que de la verificaci\u00f3n del certificado de tradici\u00f3n del aludido inmueble se desprendia con facilidad que sobre ese lote de terreno su codemandado, el se\u00f1or Velasquez Soto (quien previamente hab\u00eda adquirido el mismo de manos de la quejosa), \u00abconstruy\u00f3 un edificio\u00bb para posteriormente, \u00abhacerle escritura N\u00famero 5304 otorgada en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is de la ciudad de Medell\u00edn el d\u00eda 28 de septiembre del a\u00f1o 2017\u00bb (sic); de ah\u00ed que entonces, dice, \u00abresulta dudoso en el historial de las ventas realizadas, primero por mi poderdante al se\u00f1or GIOVANNY ALBERTO VELASQUEZ SOTO y luego de \u00e9l a mi poderdante, es el hecho de que antes de otorgarle la escritura el se\u00f1or antes mencionado a la se\u00f1ora Beatriz Elena \u00c1lvarez Restrepo, aparece una hipoteca otorgada con fecha de abril 25 del a\u00f1o 2017, hecho que pas\u00f3 desapercibido tanto a quienes fungieron como sus apoderados, como al Se\u00f1or Juez que conoci\u00f3 de dicho entuerto il\u00edcito del que fue v\u00edctima mi representada\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que de modo alguno pod\u00eda aceptarse que \u00abuna escritura que se otorg\u00f3 con fecha de septiembre 28 del a\u00f1o 2017\u00bb tuviera la virtualidad de respaldar \u00abuna obligaci\u00f3n con fecha del 25 de abril del a\u00f1o 2017, es decir, con retroactividad a su otorgamiento\u00bb; pero pese a ello, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n sin reparar, adem\u00e1s, en que se incurri\u00f3 en una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, la cual si bien no se excepcion\u00f3 en su oportunidad obedeci\u00f3 a que no cont\u00f3 con une verdadera estrategia de defensa que le permitiera demostrar dichas irregularidades; finalmente, en escrito separado, se\u00f1al\u00f3 que su predio fue objeto de adjudicaci\u00f3n la cual calific\u00f3 como \u00abun claro atropello a la administraci\u00f3n de justicia, porque no es posible, que una sola persona responda con su \u00fanico bien, por obligacionesque nunca fueron adquiridas por ella\u00bb, circunstancias todas estas que hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor, seg\u00fan lo manifest\u00f3. <\/p>\n
3. El Juez constitucional de primera instancia, luego de agotar el tr\u00e1mite respectivo y de circunscribir el problema jur\u00eddico planteado por la accionante, \u00fanicamente, a la sentencia anticipada proferida por el Juez Segundo Civil del Circuito de Envigado el 23 de octubre de 2019, a trav\u00e9s de la cual de forma anticipada declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por uno de los demandados \u2013Juan Jos\u00e9 Rom\u00e1n Montoya, orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 el remate de los bienes embargados o que se llegaren a embargar, deneg\u00f3 el amparo al extra\u00f1ar los requisito de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan a este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la promotora, fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De lo anteriormente relatado, y comoquiera que esta Corporaci\u00f3n ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se colige que, aunque la acci\u00f3n de tutela de marras se dirigi\u00f3 \u00fanicamente contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, la misma se hace extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, pues conforme dan cuenta las diligencias, mediante sentencia de segunda instancia emitida el 19 de enero de 2020, dentro del proceso coercitivo n.\u00ba 2018-00299, la citada Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n aqu\u00ed cencurada, esto es, la proferida el 23 de octubre de 2019 por el citado Despacho; ello, con independencia que la aqu\u00ed interesada no haya sido quien hizo uso del remedio vertical que confim\u00f3 la primera instancia, pues lo cierto es que, fue esa determinaci\u00f3n la que defini\u00f3 la instancia. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha considerado de manera reitereativa que \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC613 de 2017, reiterada en CSJ STC7646-2021, 23 jun, entre otras), raz\u00f3n por la que es obvio, que el presente reclamo cobija a la aludida Colegiatura, y por ende, debieron remitirse las diligencias a esta Corte. <\/p>\n
3. Lo anterior, comoquiera que el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 20211, consagra que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial le ser\u00e1 repartida a su respectivo superior funcional; de ah\u00ed que, resulta evidente que esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida por esta Corporaci\u00f3n en primera instancia y no por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por ser precisamente, su superior funcional, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad insaneable prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Al respecto esta Sala ha considerado de tiempo atr\u00e1s, que <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC1805-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para que asuma su conocimiento en primera instancia, no sin antes recordar que en torno a la facultad para decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, lo precisado por esta Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC215-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPor el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
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ATC105-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC105-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00631-01 Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61004\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}