ATC133-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC133-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00693-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora Arena de Ospino en calidad de agente oficioso de su hijo menor de edad, contra el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., no fue notificada del inicio de la controversia objeto de revisi\u00f3n constitucional, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, pese a que el asunto corresponde al pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente en favor del accionante, Compa\u00f1\u00eda Aseguradora que, como lo anot\u00f3 COLFONDOS S.A. en la contestaci\u00f3n del amparo, \u00abLas pensiones por invalidez y sobrevivencia est\u00e1n respaldadas por seguros previsionales que las Administradoras de fondos de pensiones contratan a favor de sus afiliados, es decir, causado el derecho, la respectiva aseguradora crea el siniestro y gira a favor del beneficiario los dineros necesarios para financiar una pensi\u00f3n vitalicia (\u2026) Pues bien, consideramos que la Litis no puede ser disuelta sin la integraci\u00f3n de Compa\u00f1\u00eda De Seguros Bol\u00edvar S.A., en el entendido que dicha compa\u00f1\u00eda asumi\u00f3 el riesgo previsional del afiliado. Le solicitamos respetuosamente al despacho la integraci\u00f3n en calidad de litisconsorte necesario\u00bb. (Negrilla en texto). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, <\/p>\n
\u00abha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u201c\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019\u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005). <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior con sede en la ciudad de Bucaramanga para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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