ATC142-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC142-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02521-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Oscar Omar Moros Fern\u00e1ndez contra el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta y la Oficina de Apoyo Judicial de esa misma localidad, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional de petici\u00f3n, que dijo vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que se les ordene \u00abresponda[n] de fondo de conformidad a la normatividad aplicable, la[s] petici[ones] formulada[s] en los derechos de petici\u00f3n incoados OOMF2020-182, OOMF2020-203, OOMF2020-217, OOMF2020-193, OOMF2020-191 [y] OOMF2020-231\u00bb. <\/p>\n
2.1. Expres\u00f3 el accionante que present\u00f3 ante el juzgado accionado las solicitudes identificadas con \u00aboficios\u00bb n\u00fameros OOMF2020-182, OOMF2020-203 y OOMF2020-217; y que ante la otra accionada elev\u00f3 otras tres peticiones, identificadas con \u00aboficios\u00bb n\u00fameros OOMF2020-190, OOMF2020-191 y OOMF2020-231. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, critic\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de quince meses sin pronta resoluci\u00f3n\u2026, para dar respuesta efectiva y de utilidad\u00bb. <\/p>\n
DEL TR\u00c1MITE SURTIDO <\/p>\n
1. La s\u00faplica constitucional correspondi\u00f3 por reparto, inicialmente, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, autoridad que lo admiti\u00f3 y, posteriormente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 24 de noviembre pasado, decidi\u00f3 remitirlo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, toda vez que el juzgado accionado inform\u00f3 que \u00abfrente al oficio OOMF2020-182 del 19-07-2020, no dieron respuesta por cuanto el mismo est\u00e1 dirigido al Tribunal Superior Sala Penal de C\u00facuta\u00bb, por lo que estim\u00f3 que dicha Corporaci\u00f3n deb\u00eda ser vinculada al proceso y, en tal raz\u00f3n, el conocimiento del presente asunto correspond\u00eda a la prenotada Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Recibidas las diligencias por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, admiti\u00f3, nuevamente, la tutela con auto del pasado 2 de diciembre. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta manifest\u00f3 que \u00abde los oficios relacionados en la tutela, tan solo dos de ellos, los Nos. OOMF-2020-203 y OOMF-2020-217 fueron dirigidos a este despacho judicial, los dem\u00e1s corresponden a otras autoridades judiciales o administrativas\u00bb y adicion\u00f3 que: (i) \u00abFrente al oficio OOMF2020-182 del 19-07-2020, se ha de indicar que no se respondi\u00f3, por cuanto est\u00e1 dirigido al Tribunal superior de esta ciudad\u00bb; (ii) \u00ab[d]e la comunicaci\u00f3n del 30-07-2020 oficio OOMF2020-203, se dio respuesta el d\u00eda cuatro\u2026 de agosto de dos mil veinte (2020), con [oficio] 2439\u2026\u00bb; y (iii) \u00ab[o]ficio OOMF2020-217del 06-08-2020, se le dio respuesta el 24 de agosto de 2020, con Oficio No. 2545\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. La Oficina de Apoyo Judicial de esa misma ciudad destac\u00f3, en resumen, que dio respuesta a las peticiones que elev\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta inform\u00f3 que \u00abse trata\u2026 del caso seguido en contra del se\u00f1or Jos\u00e9 Trinidad Rozo Mart\u00ednez el SPOA 54001-31-04-004-2014-00265-01\u00bb, tr\u00e1mite en el que \u00abmediante decisi\u00f3n\u2026 del 13 de julio del 2020\u2026, se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 contra la sentencia\u2026 de fecha junio 28 de 2019, [que] absolvi\u00f3 a\u2026 Jos\u00e9 Trinidad Rozo Mart\u00ednez del delito de peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue notificada a las partes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque, respecto al oficio OOMF2020-182, \u00abno se alleg\u00f3 evidencia del recibo del mencionado oficio por el Tribunal Superior al cual estaba dirigido\u00bb; mientras que en lo que ata\u00f1\u00eda al oficio OOMF2020-190, \u00abest\u00e1 demostrado que\u2026 se dio respuesta al accionante\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la comunicaci\u00f3n OOMF2020-19, concluy\u00f3 que \u00abcuando el accionante solicit\u00f3 el impulso procesal (23 de julio de 2020) para que se adoptara una decisi\u00f3n por el Tribunal \u00e9ste ya hab\u00eda proferido la sentencia (13 de julio de 2020) y estaba en tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abse configura una carencia actual de objeto por hecho superado en tanto el impulso que buscaba tuvo lugar\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las dem\u00e1s solicitudes, que el actor pregonaba insatisfechas, encontr\u00f3 el a quo que \u00abpara el momento de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela las peticiones del accionante ya hab\u00edan tenido respuesta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor insisti\u00f3 en que no se ha dado debida respuesta a sus peticiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n
2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, omisiones imputables al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta y la Oficina de Apoyo Judicial de esa misma localidad, teniendo en cuenta que los reproches del promotor se circunscriben, exclusivamente, a predicar que dichos entes no han dado respuesta a las solicitudes que present\u00f3 ante ellos. <\/p>\n
Ahora, no desconoce la Sala que dos de las referidas solicitudes, en su encabezado, se dirig\u00edan a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta (Oficios OOMF2020-182 y OOMF2020-191). Sin embargo, revisados los elementos de juicio recaudados, se verifica que tales memoriales no fueron radicados ante la anotada colegiatura, sino ante las autoridades accionadas, conforme se extracta de sus propias contestaciones, pues fueron enf\u00e1ticos en afirmar que no dieron contestaci\u00f3n a las mismas, por no estar a ellos dirigidas. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta, respecto a la prenotada comunicaci\u00f3n OOMF2020-182, inform\u00f3 que \u00abno se respondi\u00f3, por cuanto est\u00e1 dirigido al Tribunal superior de esta ciudad\u00bb; mientras que la oficina judicial querellada, en lo tocante al oficio OOMF2020-191, precis\u00f3 que \u00abno adelant\u00f3 tr\u00e1mite alguno teniendo en cuenta que se trataba de una petici\u00f3n que demandaba el accionar del Tribunal Superior dentro de un proceso que all\u00ed se adelantaba y la petici\u00f3n la hab\u00eda dirigido\u2026 a la Corporaci\u00f3n, situaci\u00f3n que tornaba innecesario correrla en traslado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, evidente es que las mencionadas peticiones (OOMF2020-182 y OOMF2020-191), s\u00ed fueron presentadas ante las prenotadas autoridades, por lo que a ellas compet\u00eda darles el tr\u00e1mite correspondiente, conforme lo exige el actor en el escrito de tutela. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mal podr\u00eda imputarse omisi\u00f3n alguna a la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, teniendo en cuenta que el actor ninguna queja formul\u00f3 frente a dicha autoridad, ni est\u00e1 demostrado que alguna de las peticiones que se reputan desatendidas, hubiesen sido radicadas ante dicha sede judicial, si no que, por el contrario, est\u00e1 acreditado que la totalidad de \u00e9stas fueron efectivamente presentadas y recibidas por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta y la Oficina de Apoyo Judicial de esa misma localidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de las autoridades accionadas y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n recae, exclusivamente, sobre omisiones imputadas, de un lado, a un despacho judicial de categor\u00eda circuito, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, a quien inicialmente fue repartida y, a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido por la hom\u00f3loga Penal est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, la Corte declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 24 de noviembre de 2021, inclusive, y ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con la finalidad de que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del presente asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el asunto de la referencia, a partir del auto del 24 de noviembre de 2021, inclusive. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, para que d\u00e9 el tr\u00e1mite pertinente al presente asunto. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
6 <\/p>\n
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ATC142-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC142-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02521-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61014","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61014","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61014"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61014\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61014"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61014"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61014"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}