ATC143-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC143-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 14 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marcela Naranjo M\u00e9ndez contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital, salud y seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle su permanencia en el cargo que ocupa desde hace \u00ab6 a\u00f1os y 3 meses aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 21 de agosto de 2015 fui nombrada en provisionalidad para ejercer el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1\u00bb, empero, \u00aben el mes de octubre de 2012 me fue diagnosticado LES (Lupus Eritematoso Sist\u00e9mico), enfermedad que adem\u00e1s afect\u00f3 mis ri\u00f1ones, siendo diagnosticada con nefropat\u00eda l\u00fapica\u00bb, pues \u00abha sido catalogada como una enfermedad cr\u00f3nica y degenerativa, la cual puede [ocasionar] una p\u00e9rdida de capacidad laboral progresiva\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abdebo estar en controles m\u00e9dicos con los especialistas en reumatolog\u00eda, nefrolog\u00eda y oftalmolog\u00eda, cada tres (3) meses, pues adem\u00e1s de la revisi\u00f3n por parte del m\u00e9dico tratante, es necesario el recetario farmacol\u00f3gico para el tratamiento de mi enfermedad [incluido] un suplemento (\u2026) que debo costear en su totalidad\u00bb; tambi\u00e9n, \u00aben el mes febrero de 2017 se me practic\u00f3 em ambos ojos para un implante de lentes intraoculares, toda vez que el cristalino se afect\u00f3 por el consumo de hidroxicloriquina, por lo que debo utilizar lentes progresivos [lo cual acarrea] un costo aproximadamente de $1.500.000 a $2\u00b4000.000\u00bb. <\/p>\n
Que de su patolog\u00eda tiene conocimiento la titular del juzgado por los permisos solicitados para asistir a los controles m\u00e9dicos y porque la informaci\u00f3n obra en su hoja de vida, aunado a que \u00abel 11 de junio de 2020 inform\u00f3 [tanto] al juzgado [como] al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sobre mis preexistencias m\u00e9dicas\u00bb; adicionalmente, \u00abmi madre quien cuenta con 66 a\u00f1os de edad, depende 100% econ\u00f3micamente de m\u00ed (\u2026), raz\u00f3n por la yo suplo todas sus necesidades b\u00e1sicas y de salud, ya que padece de diabetes mellitus, glucoma en el ojo derecho y s\u00edndrome de sjogren (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que el \u00ab2 de diciembre de 2021 (\u2026) se recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, remitiendo a la se\u00f1ora juez la lista de elegibles para proveer el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado dentro de la Convocatoria N\u00b0 4 y mediante Acuerdo N\u00b0 CSJCUA21-253 de fecha 30 de noviembre de 2021 [figurando como \u00fanica postulada] Andrea P\u00e9rez Rodr\u00edguez [quien] eligi\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 y el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Que para tal decisi\u00f3n, \u00abel Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, no tuvo en cuenta mi condici\u00f3n de salud para no haber ofertado el cargo y tampoco solicit\u00f3 al despacho que se aclarara dicha situaci\u00f3n para no dejarlo vacante, pues de acuerdo con lo comunicado en el oficio CSJCUO21-2831 de fecha 1\u00ba de diciembre de 2021, ese despacho solo tuvo en cuenta que para ese cargo no se allegaron conceptos de traslado, pero nada se indic\u00f3 frente a la estabilidad laboral de los cargos que se encontraban vacantes, como el de la suscrita\u00bb, y tampoco apreci\u00f3 \u00abque debido a mi condici\u00f3n de salud soy sujeto de especial protecci\u00f3n, en consecuencia, tendr\u00eda estabilidad laboral reforzada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al \u00abConsejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, dejar sin valor ni efecto el Acuerdo N\u00b0 CSJCUA21-253 de fecha 30 de noviembre de 2021\u00bb, y \u00abque retire de la lista de vacantes el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado de la Convocatoria N\u00b0 4 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1, entre tanto la suscrita accionante permanezca ejerciendo el cargo\u00bb. En consecuencia, \u00abcomunicar a la se\u00f1ora Juez del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 que se abstenga de realizar el nombramiento [para el cargo que ella actualmente ocupa] y le advierta sobre el reconocimiento de mi estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo neg\u00f3 \u00abpor improcedente\u00bb el auxilio, al considerar que \u00abno existe una actuaci\u00f3n negligente y lesiva del principio de igualdad por parte del Consejo Seccional, pues (\u2026), en cumplimiento del Acuerdo No. CSJCUA20-18 del 13 de febrero de 2020 (\u2026), el 13 de marzo de 2021 se envi\u00f3 comunicaci\u00f3n al despacho en que labora la se\u00f1ora Naranjo, solicitando actualizaci\u00f3n de novedades del personal y el reporte de situaciones de estabilidad laboral reforzada\u00bb, y \u00abpor la respuesta omisiva que al punto se hiciera por la misma accionante el 21 de mayo de 2021, (\u2026) termin\u00f3 ofert\u00e1ndose el cargo y elabor\u00e1ndose lista de elegibles sin tomar en consideraci\u00f3n la informaci\u00f3n no suministrada de su estado de salud\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abla alegada vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales no se ha concretado todav\u00eda, pues no se demostr\u00f3 que se haya efectuado el nombramiento de la \u00fanica aspirante de la lista de elegibles, a m\u00e1s que como lo informaron el Consejo, la actora y la jueza, la se\u00f1ora P\u00e9rez Rodr\u00edguez tambi\u00e9n se postul\u00f3 a otro despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La pretensora del resguardo impugn\u00f3 el fallo sin aducir argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Revisado el escrito inicial y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n, se encamina a censurar el Acuerdo n\u00b0 CSJCUA21-253 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 30 de noviembre de 2021, \u00ab[p]or medio del cual se formula ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 \u2013 Cundinamarca, Lista de Elegibles para proveer por el Sistema de Concurso el cargo de \u201cOficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado\u201d\u00bb, y en atenci\u00f3n a \u00ablo dispuesto en la Resoluci\u00f3n No. CSJCUR21-82 del 20 de mayo de 2021, emitida por [la misma colegiatura], y de conformidad con lo aprobado en sesi\u00f3n ordinaria No. 44 del 18 de noviembre de 2021\u00bb, habida cuenta que se superaron las etapas del concurso de m\u00e9ritos convocado con Acuerdo CSJCUA17-1225 del 6 de octubre de 2017. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, por cuanto la presente queja se enfil\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por haber ofertado y conformado lista de elegibles para el cargo que en provisionalidad ejerce en el despacho judicial -igualmente convocado-, sin perjuicio de que se considere procedente extender el auxilio a otras personas o autoridades, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
Del estudio a dichas disposiciones, se evidencia que, inicialmente, el tribunal a-quo estar\u00eda llamado a conocer del asunto porque el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, evento regulado en el numeral 6\u00b0 de la disposici\u00f3n en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien dirima el amparo. Se resalta y subraya. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primer grado, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01, y ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 14 de enero de 2022 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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