ATC149-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC149-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2019-02527-04 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la consulta del auto de 16 de diciembre de 2021, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Yuliana Judith Anaya Doria, Alba Luz Ruiz R\u00edos y otros1 contra el Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, la Alcaldesa Mayor de Bogot\u00e1, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Interior, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General y el Director de Seguridad Ciudadana de la Polic\u00eda Nacional; si no fuera porque aflora una causal de nulidad que debe ser declarada. <\/p>\n
S\u00e1bese que siendo el proceso una serie de actos coordinados y sucesivos en el cual son discutidas la pretensi\u00f3n y la oposici\u00f3n correlativa, ha de estar sometido a una serie de formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
El desconocimiento o falta de observancia de las formas legalmente constituidas para el regular desenvolvimiento de la relaci\u00f3n procesal entra\u00f1a anomal\u00edas de las que se deriva nocividad capaz de conculcar los derechos de las partes y cuya ocurrencia ha sido prevista teleol\u00f3gicamente por el legislador, precisamente para evitar que atenten contra el derecho de defensa de los litigantes. A tal fin, el C\u00f3digo General del Proceso reglament\u00f3 los sucesos que ostentan el car\u00e1cter de nulidad y atribuy\u00f3, en consecuencia, la calidad de irregularidades de menor entidad, y por ende saneables a trav\u00e9s de otros medios de impugnaci\u00f3n, a las dem\u00e1s falencias all\u00ed no contempladas. <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones t\u00edpicas que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los hechos que pueden configurar nulidad procedimental con el fin de preservar la garant\u00eda constitucional del debido proceso. <\/p>\n
La tutela, a pesar de que entra\u00f1a un procedimiento breve y sumario no puede desconocer derechos fundamentales, de all\u00ed que la celeridad que es propia de su naturaleza no puede dar al traste con el derecho de defensa de las personas. <\/p>\n
Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el tribunal constitucional a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.2 <\/p>\n
En efecto, en el sub-examine mediante fallo proferido el 22 de septiembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n ampar\u00f3 los derechos all\u00ed invocados, ordenando, entre otras cosas, a la Polic\u00eda Nacional, Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que: <\/p>\n
\u2026dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, expidan un protocolo que permita a l[o]s ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reuni\u00f3n o acto de protestas. <\/p>\n
Los promotores radicaron escrito en el que solicitaron el adelantamiento del incidente de desacato consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, lo que dio lugar a que fuera iniciado el presente tr\u00e1mite mediante auto de 12 de noviembre de 2021, se surtieran las notificaciones, se decretaran pruebas y, posteriormente, con prove\u00eddo de 16 de diciembre siguiente, entre otras cosas, fuera sancionado Francisco Roberto Barbosa Delgado, en su condici\u00f3n de Fiscal General de la Naci\u00f3n, con multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de la mentada orden constitucional. <\/p>\n
Sin embargo, advierte este despacho que las notificaciones de los prove\u00eddos mediante los que fue abierto el incidente, decretadas pruebas e impuesta la sanci\u00f3n, no aparecen recibidas por el incidentado Francisco Roberto Barbosa Delgado, como tampoco que a \u00e9l le fueran remitidas, pues fueron enviadas a los siguientes correos institucionales: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. <\/p>\n
Por ende, se desprende que el auto de 12 de noviembre de 2021, por medio del cual fue iniciado el incidente de que se trata, no fue notificado al incidentado, lo que gener\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en el vicio de nulidad ya se\u00f1alado. <\/p>\n
Esto \u00faltimo resulta forzoso en tanto siendo de rigor la auscultaci\u00f3n de la responsabilidad subjetiva de quien est\u00e1 llamado a cumplir una orden de tutela, el incidente que se adelante para tal efecto necesariamente debe estar dirigido contra el servidor p\u00fablico o el particular encargado de cumplirla, en raz\u00f3n a que se trata de averiguar por su responsabilidad personal, no institucional, pues esta verificaci\u00f3n podr\u00eda tornar difuso el cumplimiento de la orden de amparo. <\/p>\n
Precisamente sobre esta tem\u00e1tica la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos. El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos \u00e1mbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento obedece a una situaci\u00f3n objetiva, dada por los hechos y s\u00f3lo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situaci\u00f3n subjetiva, en la cual es relevante la culpabilidad de su autor. (Corte Constitucional, C-367 de 2014). <\/p>\n
Y si bien en primera instancia se aleg\u00f3 la referida invalidez, la desestimaci\u00f3n de esa petici\u00f3n no desmerece de la anterior conclusi\u00f3n de esta Corte, pues lo cierto es que la nulidad se configur\u00f3 cuando no se enter\u00f3 efectivamente del presente tr\u00e1mite al incidentado, ya fuera, en su correo electr\u00f3nico, en su despacho o en cualquier otro lugar de ubicaci\u00f3n personal, destac\u00e1ndose que aquel no aleg\u00f3 dicha nulidad ni tampoco la sane\u00f3. <\/p>\n
En suma, en punto del incumplimiento de una orden de tutela, el desacato debe estar dirigido en concreto contra la persona natural, plenamente identificada, a quien se le imparti\u00f3 la misma o a quien compete acatarla en el evento de que no sea aquella y, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, es necesario, entonces, determinar e individualizar al responsable de la conducta omisiva, notific\u00e1ndole, tambi\u00e9n, el auto que inicia el tr\u00e1mite del incidente de desacato, formalidades \u00e9stas que no fueron cumplidas en el sub lite, como ya se anot\u00f3. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) de entrada, se observa que no hay constancia en el expediente de que el fallo de tutela se haya notificado a la persona incidentada, para que la misma hubiese podido conocer las \u00f3rdenes dispuestas en esa decisi\u00f3n y dar cumplimiento o explicar por qu\u00e9 no le era posible acatarlo. <\/p>\n
As\u00ed como tampoco se verifica que se haya comunicado en legal forma los autos de requerimiento previo -13 de enero de 2016-, apertura del incidente -27 de enero de 2016- y decreto de pruebas -3 de febrero de 2016-, pues los correos electr\u00f3nicos a donde fueron remitidos los oficios son institucionales, sin que exista constancia de que efectivamente alguno de ellos pertenezca al funcionario incidentado y que \u00e9ste los haya recibido para ejercer su defensa. <\/p>\n
Por lo tanto, al no existir certeza de que el incidentado haya sido debidamente enterado del fallo de tutela, as\u00ed como del requerimiento efectuado por el a-quo constitucional, de la apertura de tal actuaci\u00f3n o del decreto de pruebas, se torna evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso y defensa del sancionado y, por ende, la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en un vicio con alcance de nulidad insaneable, el cual debe ser declarado por esta Corporaci\u00f3n (CSJ ATC795-2016, 18 feb. 2016, rad. 2015-00649-01, reiterado en ATC3530-2016, 8 jun. 2016). <\/p>\n
Total, como fueron desconocidos los presupuestos aludidos, necesarios para garantizar el debido proceso, es de concluir que este rito est\u00e1 afectado por vicios que conducen a la declaratoria de la nulidad de todas aquellas actuaciones surtidas en el presente incidente, en lo que respecta al sancionado Francisco Roberto Barbosa Delgado \u00fanicamente. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del auto de 12 de noviembre de 2021, inclusive, en lo que respecta al sancionado Francisco Roberto Barbosa Delgado \u00fanicamente. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, por el Tribunal de primera instancia renu\u00e9vese la actuaci\u00f3n viciada conforme con lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
1\u0002 Carol Tatiana G\u00f3mez Su\u00e1rez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique C\u00e1ceres T\u00e9llez, Cristi\u00e1n Andr\u00e9s Aristiz\u00e1bal Parra, Mohamend Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo G\u00f3mez Olarte, Mar\u00eda Fernanda Montiel Murillo, Santiago de Jes\u00fas Andrade Gait\u00e1n, Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa \u2013FLIP-, Douglas E. Lorduy Monta\u00f1ez, Asociaci\u00f3n Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -dhColombia-, Corporaci\u00f3n Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Retrepo (CAJAR), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Fundaci\u00f3n Comit\u00e9 de Solidaridad por los Presos Pol\u00edticos, Humanidad Vigente Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica, El Veinte, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, Laura Natalia Gonz\u00e1lez, Hermes Evelio Pete Vivas como consejero mayor y representante legal del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca -CRIC-, Jhoan Estivan Plata Gil y Johan Sebasti\u00e1n Moreno Castro. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC149-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC149-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2019-02527-04 Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la consulta del auto de 16 de diciembre de 2021, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}