ATC150-2022<\/p>\n
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ATC150-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2022-00005-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por V\u00edctor Javier Silva Mera contra el fallo de 26 de enero de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la salvaguarda que impetr\u00f3 respecto de los Juzgados Quince Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa urbe, extensiva a la Polic\u00eda Nacional de Popay\u00e1n \u2013 Sijin Automotores, adscrita al Departamento del Cauca, la Procuradur\u00eda Regional del Cauca y la Fiscal\u00eda Local de Popay\u00e1n, si no fuera porque se advierte una anomal\u00eda con trascendencia en el decurso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El precursor solicit\u00f3 que se ordene a la Polic\u00eda Nacional de Popay\u00e1n \u2013 Sijin Automotores, adscrita al Departamento del Cauca, informar \u00ablos motivos por los cuales no se ha realizado la inmovilizaci\u00f3n del automotor de placas KHC-678\u00bb y pongan a disposici\u00f3n de la \u00abInspecci[\u00f3]n [d]e Transito de (\u2026) Popay[\u00e1]n, a cargo de la Dra[.] Johana Posso\u00bb el veh\u00edculo referido. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 oficiar a la Fiscal\u00eda 3 Local de hurto de automotores para que comunique \u00abel estado actual de la investigaci[\u00f3]n penal y todas las actuaciones y diligencias realizadas hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
En gran s\u00edntesis, el actor cuestion\u00f3 que: i) el veh\u00edculo fue inmovilizado \u00absin previa orden legal\u00bb, ya que \u00abla incautaci\u00f3n se deriv[\u00f3] de un [o]ficio que NO fue firmado por ning\u00fan funcionario del despacho seg\u00fan [a]uto (\u2026) No. 887 del 13 de [n]oviembre de 2018\u00bb; ii) el estrado judicial de ejecuci\u00f3n no lo ha reconocido como \u00abposeedor material\u00bb del automotor, pese aportar los documentos que acreditan su condici\u00f3n y haber declarado la ilegalidad de la diligencia de aprehensi\u00f3n (27 oct. 2020); iii) en diciembre de 2018 el carro fue \u00abhurtado del parqueadero bodega judicial Consultemos Jur\u00eddicos S.A.S.\u00bb, por tanto, denunci\u00f3 penalmente a los administradores y propietarios del estacionamiento y con extra\u00f1eza \u00e9ste apareci\u00f3 nuevamente en aquellas instalaciones cuando se libraron los oficios de inmovilizaci\u00f3n; iv) en diciembre de 2020 solicit\u00f3 a la Polic\u00eda \u00abinmovilizar el veh\u00edculo\u00bb; empero no atendi\u00f3 su pedimento, de ah\u00ed que, present\u00f3 petici\u00f3n a la Procuradur\u00eda Regional del Cauca para que \u00abordenara a la Polic\u00eda Cauca y Sijin Automotores (\u2026) cumpli[r] con la orden judicial\u00bb, aunque no obtuvo respuesta (21 nov. 2021). <\/p>\n
2. El a-quo desestim\u00f3 la queja por infringir el requisito de subsidiariedad ya que si bien el estrado judicial de ejecuci\u00f3n por auto del 1\u00b0 de diciembre de 2020 orden\u00f3 el secuestro del veh\u00edculo (Despacho Comisorio n\u00b0 008 de 28 de enero de 2021); no obstante, aquella diligencia no se ha materializado, por tanto, el libelista puede oponerse all\u00ed conforme al art\u00edculo 309, n\u00fam. 2\u00b0, por expresa remisi\u00f3n del canon 596 del Estatuto Procesal Adjetivo. El gestor impugn\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991, que gobierna esta clase de ritos, impone llamar a toda persona de quien se predique inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, bien porque las resultas pudieran eventualmente beneficiarla y con mayor raz\u00f3n cuando sea previsible un menoscabo en alguno de sus privilegios esenciales. En cualquiera de esos supuestos es menester noticiarlo para que, de estimarlo pertinente ejerza el derecho de defensa o rinda informe, etc. <\/p>\n
Si as\u00ed no sucede, se ha pregonado que esa irregularidad configura la causa de nulidad del art\u00edculo 133, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, norma que establece que el proceso \u00abes nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 8) Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes\u00bb, disposici\u00f3n aplicable por remisi\u00f3n del c\u00e1non 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Sobre el particular, la providencia ATC1181-2017, reiterada en ATC032-2021 y ATC190-2021, record\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se prev\u00e9 la perentoria obligaci\u00f3n de notificar las providencias proferidas en su tr\u00e1mite, a las partes o intervinientes, seg\u00fan lo disponen el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 (\u2026) Dentro de aquellos sujetos a los que se deben comunicar las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio de las resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los funcionarios p\u00fablicos que deban actuar como garantes de los derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial protecci\u00f3n (\u2026) por anotadas omisiones \u00abse estructura la causal de nulidad establecida en el art\u00edculo 140 numeral 9\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art. 133 del C.G.P.], al haberse dado curso al libelo sin la citaci\u00f3n de quienes, como se anot\u00f3, debieron haber sido convocados\u00bb (Providencia de 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00066-01). <\/p>\n
Pues bien, resulta indispensable vincular al Inspector de Tr\u00e1nsito, a la Alcald\u00eda de Popay\u00e1n \u2013 Secretar\u00eda de Movilidad y\/o a quien haya sido asignado como despacho comisionado por el juzgado aludido, para posibilitar la contradicci\u00f3n de los hechos aducidos por el estrado convocado en el transcurso de la primera instancia, puesto que es palmario que le \u00abasiste inter\u00e9s jur\u00eddico de donde puede derivarse un provecho o un perjuicio\u00bb a ra\u00edz de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte. <\/p>\n
En efecto, constatadas las piezas remitidas cabe observar que, si bien el Tribunal mediante auto del pasado 14 de enero dispuso admitir el presente amparo a los interesados en el tr\u00e1mite objeto de revisi\u00f3n constitucional; no se realiz\u00f3 a cabalidad la notificaci\u00f3n de la autoridad llamada a realizar la diligencia de aprehensi\u00f3n y secuestro del veh\u00edculo de placas KHC678, toda vez que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali mediante el oficio n\u00b0 0120 de 28 de enero de 2021 remiti\u00f3 a la referida entidad a trav\u00e9s de los correos secretariatransito@popayan.gov.co y pqr@popayan.gov.co el despacho comisorio n\u00b0 008 (28 ene. 2021). <\/p>\n
Por consiguiente, se dej\u00f3 de lado a quien tambi\u00e9n debi\u00f3 comunicarse la admisi\u00f3n de este auxilio, junto con la respuesta brindada por el estrado judicial de ejecuci\u00f3n, en procura de garantizar su derecho a la defensa, porque debe recordarse que, <\/p>\n
[n]o obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb.(Corte Constitucional. Auto 257 de 1996). (ATC4548-2018). <\/p>\n
En consecuencia, ser\u00e1 invalidada la actuaci\u00f3n para que intervenga la autoridad que debe realizar la diligencia de secuestro a que se ha hecho alusi\u00f3n, asunto que debe determinar el juez colegiado de primera instancia y, una vez agotado el plazo para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n, deber\u00e1 dictarse nuevamente la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 26 de enero de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con la finalidad de enterar de la admisi\u00f3n de este resguardo, junto con la respuesta brindada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a la autoridad comisionada para realizar la diligencia de secuestro a que se ha hecho alusi\u00f3n, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida a t\u00e9rminos del art\u00edculo 138, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen para que reanude el procedimiento seg\u00fan los lineamientos indicados. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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