ATC166-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC166-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03842-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Fanny Ciceri de Cabrera contra el magistrado Mario Garc\u00eda Ibat\u00e1 (sustanciador), integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala \u00danica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s del decurso de la referencia, el cumplimiento del fallo proferido por esta Sala de la Corte el 3 de noviembre postrero (STC14775), en el marco de la acci\u00f3n de tutela por ella impulsada contra la autoridad jurisdiccional ahora incidentada, cuya resolutiva al conceder el resguardo por mora judicial, dispuso: <\/p>\n
(\u2026)[O]rdena[r al mencionado] Tribunal (\u2026) que en un plazo no mayor a veinte (20) d\u00edas, contado a partir de su notificaci\u00f3n, adopte las determinaciones que en derecho corresponda en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015, dentro del proceso declarativo n.\u00b0 \u00ab2015-00089\u00bb, instaurado por Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas frente a la aqu\u00ed accionante… (Subrayado ajeno). <\/p>\n
2. Esta Colegiatura, previo requerimiento al funcionario judicial encargado de atender el descrito mandato constitucional (magistrado Mario Garc\u00eda Ibat\u00e1), por auto de 19 de enero de los corrientes resolvi\u00f3 tramitar el respectivo incidente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, surtiendo el traslado de rigor (d\u00eda 28 siguiente) y, con prove\u00eddo del pasado 9 del mes que transcurre, tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del canon 52 (inciso 2\u00b0) del decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026 no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026 no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00cddem). <\/p>\n
En el examen inicial, concierne al juzgador verificar no s\u00f3lo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la autoridad judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia STC14775, 3 nov. 2021, que otorg\u00f3 el amparo en el dossier de marras (Cfr. CC SU217\/19). <\/p>\n
En esa providencia, se orden\u00f3 al Tribunal implicado que \u00aben un plazo no mayor a veinte (20) d\u00edas, contado a partir de su notificaci\u00f3n, adopte las determinaciones que en derecho corresponda en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015, dentro del proceso declarativo n.\u00b0 \u20262015-00089\u2026, instaurado por Mar\u00eda de los Reyes Zambrano Vargas frente a la aqu\u00ed accionante\u00bb (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto: <\/p>\n
\u2026[E]l tribunal encausado ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026, vigente en el caso concreto de la promotora cuando el expediente pas\u00f3 al respectivo despacho para la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia (17 de noviembre de 2015)\u2026, m\u00e1xime cuando las razones pregonadas a fin de que resultara justificada la tardanza no compensan el notorio transcurso de casi seis (6) a\u00f1os para proveer, ni fue demostrada situaci\u00f3n alguna que lleve a esta Sala de Casaci\u00f3n a estimar que se est\u00e1 frente a un litigio de alta complejidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[N]o cabe duda de que la colegiatura acusada ha trasgredido el debido proceso de la quejosa, poni\u00e9ndose de relieve la superaci\u00f3n, con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, del plazo previsto en el referido canon 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para emitir la sentencia de segundo grado dentro del enjuiciamiento que alberga la cr\u00edtica supralegal, toda vez que desde el 17 de noviembre de 2015, esto es, hace casi seis (6) a\u00f1os, dicha alzada permanece pendiente de resoluci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que se debe cotejar si el colegiado de Florencia ha cumplido el mandato all\u00ed dispuesto, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n de amonestaci\u00f3n por desacato. <\/p>\n
De tal labor, prontamente se desprende que dicha c\u00e9lula judicial ha obedecido lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, comoquiera que, examinados los elementos de juicio aportados a esta tramitaci\u00f3n, se observa que, con miras a cumplir el referido mandato, la autoridad convocada dict\u00f3 la sentencia de 24 de enero postrero, mediante la cual puso fin al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el de primera instancia, dentro del proceso cuya mora denunci\u00f3 la tutelante (juicio en el que funge como demandada). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no se verifica que la sede judicial acusada se hubiese separado de lo ordenado en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo supralegal, pues, como se dijo, el mandato que deb\u00eda ejecutar se circunscrib\u00eda a superar la mora judicial que denunciara la activante; en especial, que tomara las determinaciones pertinentes de cara a la alzada en comento. <\/p>\n
Y aunque el acatamiento rese\u00f1ado hubiera sido tard\u00edo, no cabe duda que \u00abla finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia\u00bb de amparo (CSJ STC, 31 oct. 2013, exp. 00393-01; reiterada en STC8900, 21 jun. 2017, rad. 00181-01 y STC21539, 15 dic. 2017, rad. 00799-01; y citada en ATC771, 4 jun. 2021, rad. 00122-01). <\/p>\n
6. Entonces, es evidente que en el plenario fueron adelantadas las gestiones necesarias para acatar el mandato del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar no probado el desacato endilgado al magistrado Mario Garc\u00eda Ibat\u00e1 (sustanciador), integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala \u00danica, respecto del cual se propuso el incidente. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que alude el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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