ATC170-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC170-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Alberto, Luis Alfredo, Gloria Patricia y Sandra Johanna Chaparro Portilla; Jorge Enrique y Paulo C\u00e9sar Chaparro Dom\u00ednguez contra los Juzgados Primero y Quinto de Familia de esa ciudad, la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda, la Alcald\u00eda Municipal, la Personer\u00eda Municipal, todos de Tona, y la Procuradur\u00eda Regional de Santander; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00abadicionar al acta de la audiencia del 21 de diciembre lo relativo a la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, la sustentaci\u00f3n y correspondiente decisi\u00f3n de los mismo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidieron i) \u00abse ordene a la personer\u00eda municipal de Tona y a la Procuradur\u00eda Regional, efectuar el acompa\u00f1amiento en el presente proceso en aras de garantizar el debido proceso en cada una de las actuaciones desplegadas por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Tona\u00bb, y ii) \u00abse ordene a la Alcald\u00eda Municipal de Tona, proceda a efectuar la vigilancia administrativa solicitada a trav\u00e9s de infinitos PQR radicados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Berenice Loaiza formul\u00f3, ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Tona, querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, en contra de John Alberto, Luis Alfredo, Gloria Patricia y Sandra Johanna Chaparro Portilla; Jorge Enrique y Paulo C\u00e9sar Chaparro Dom\u00ednguez, en calidad de herederos del causante Crisp\u00edn Chaparro (q.e.p.d.), y respecto de los predios con folios inmobiliarios Nros. 300-263516 y 300-278601. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 21 de diciembre de 2021 la Inspecci\u00f3n ampar\u00f3 el derecho policivo querellado, decisi\u00f3n que, refieren los promotores, fue recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n en dicha diligencia, empero, \u00abla funcionaria solicit\u00f3 unos minutos m\u00e1s para corregir el acta; sin embargo, pasados unos minutos 15 minutos indic\u00f3 que se hab\u00eda ca\u00eddo la conexi\u00f3n entre su computador y la impresora, adem\u00e1s que no contaba con hojas suficientes para imprimir\u00bb, raz\u00f3n por la que su mandataria \u00able indic\u00f3 a la funcionaria que si consideraba pertinente pod\u00eda remitirle la sustentaci\u00f3n de los recursos por correo electr\u00f3nico con los mismos argumentos esbozados oralmente para que esta procediera a adicionar al acta lo relativo a estos, a lo cual la funcionaria manifest\u00f3 que SI\u00bb, por lo que el mismo d\u00eda a las 5:17p.m., remiti\u00f3 el mentado escrito. <\/p>\n
2.3. El 29 de diciembre siguiente, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda accionada declar\u00f3 \u00abdesiertos los recursos por supuesta extemporaneidad de la sustentaci\u00f3n. Ordenando el desalojo del inmueble de manera inmediata\u00bb; decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, empero, la funcionaria le indic\u00f3 que \u00abcontra el auto no existe recurso alguno\u2026 que [si bien] interpuso el recurso, se neg[\u00f3] a sustentarlo en audiencia, aduce que est\u00e1 de af\u00e1n, sin solicitar suspensi\u00f3n de la audiencia para luego hacer la sustentaci\u00f3n por escrito, sencillamente la audiencia se dio por terminada, llevando copia del fallo, s\u00ed se dej\u00f3 nota en la resoluci\u00f3n que interpone recursos pero no lo sustent\u00f3 en la audiencia por lo tanto los recursos quedan desiertos\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues contrario a lo afirmado por la inspectora \u00abla audiencia inici\u00f3 a las 8:00 de la ma\u00f1ana y la interposici\u00f3n de los recursos se efectu\u00f3 a las 9:30 de la ma\u00f1ana termin\u00e1ndose la misma a las 11:00 de la ma\u00f1ana, lo que deja un t\u00e9rmino de 1:30 hora para sustentar el recurso\u2026 la sustentaci\u00f3n fue corta y precisa que no demor\u00f3 m\u00e1s de 15 minutos, y en caso tal de que\u2026 se hubiese negado a sustentar la funcionaria deb\u00eda efectuar dicha anotaci\u00f3n en el Acta o en su defecto indicar que negaba los mismo, pero a contrario sensu efect\u00faa la anotaci\u00f3n de: \u201cSi se interpone recurso siendo las 9:30am 21-12-2021, se env\u00eda por correo electr\u00f3nico la sustentaci\u00f3n del recurso\u201d\u00bb, situaci\u00f3n contraria en el auto de 4 de enero de 2022. <\/p>\n
2.5. Aseveraron que los remedios formulados deben ser atendidos, en la medida en que all\u00ed refer\u00eda que la querellante no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para reclamar el derecho reconocido por la inspecci\u00f3n, pues, deduce, que es compa\u00f1era permanente de Crispin Chaparro(q.e.p.d.), sin embargo, el juicio de Uni\u00f3n Marital de Hecho est\u00e1 en curso ante el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, sin que exista fallo de fondo. <\/p>\n
2.6. Anotaron que ante el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga se adelanta la sucesi\u00f3n de Crispin, donde los \u00fanicos herederos reconocidos son sus hijos, ahora querellados por Mar\u00eda Berenice, situaci\u00f3n que expuso en los recursos que no fueron atendidos por la Inspectora accionada. <\/p>\n
2.7. Agregaron que han solicitado ante la Alcald\u00eda Municipal de Tona efectuar una vigilancia administrativa, sin embargo, no han sido atendidas; asimismo, pidieron se ordene a la Personer\u00eda Municipal de Tona y a la Procuradur\u00eda Regional de Santander que intervengan en el tr\u00e1mite policivo, con el fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 13 de enero de 2022, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n supralegal; posteriormente, neg\u00f3 el resguardo tras considerar que los recursos formulados por los promotores contra la decisi\u00f3n de la querella, no atendi\u00f3 lo dispuesto en la norma para su interposici\u00f3n, destacando que \u00abno cabe duda de que la INSPECTORA DE POLIC\u00cdA tambi\u00e9n err\u00f3 al no decidir sobre la viabilidad del recurso en la misma audiencia, aun cuando as\u00ed lo exige la ley. No obstante, la mentada omisi\u00f3n no es suficiente para admitir el recurso, m\u00e1xime si se advierte que fue subsanado en providencia posterior. Adem\u00e1s, el hecho de que en el acta de la audiencia la directora del proceso, haya plasmado que la abogada Cindy Johana \u201cinterpone recurso siendo las 9:30 am 21-12-2021, se env\u00eda por correo electr\u00f3nico la sustentaci\u00f3n del recurso\u201d tampoco es suficiente para acceder a la alzada, comoquiera que en dicho enunciado la directora del proceso no facult\u00f3 a los accionantes para que arrimaran sus reproches de forma extempor\u00e1nea, sino que dej\u00f3 plasmado lo que anunci\u00f3 su apoderada\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tampoco es procedente acceder a las peticiones formuladas contra la Alcald\u00eda de Tona y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pues \u00aben virtud de las solicitudes presentadas por la abogada de los se\u00f1ores Chaparro ya se iniciaron las investigaciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
3. El anterior fallo fue opugnado por los tutelantes reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la solicitud de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional est\u00e1 dirigido, exclusivamente, contra la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda de Tona, por declarar desiertos los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, formulados por la mandataria de los promotores, esto, al indicar que no hab\u00edan sido sustentados en la audiencia como lo establece la norma; y, por otra parte, contra la Alcald\u00eda Municipal de Tona y la Procuradur\u00eda Regional de Santander, quienes no han atendido las peticiones de intervenci\u00f3n y vigilancia, al interior del juicio objeto de reproche constitucional; sin que ninguna queja dirigieran frente a los Juzgados Primero y Quinto de Familia de Bucaramanga, por lo que su vinculaci\u00f3n se torna aparente; de donde, se itera, la decisi\u00f3n impugnada est\u00e1 viciada de nulidad. <\/p>\n
Y es que, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de las autoridades accionadas y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n se encuentra dirigida, exclusivamente, contra la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal, ambos de Tona, as\u00ed como contra la Procuradur\u00eda Regional de Santander, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en los jueces civiles del circuito de Bucaramanga, por ser los superiores de las autoridades accionadas, -especialmente, la Procuradur\u00eda convocada-, y a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, esto, conforme a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad \u2013reparto, con el fin de que se asuma el conocimiento del asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bucaramanga, para que, efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC170-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC170-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00005-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}