ATC184-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC184-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 25 de enero pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Enrique Vivas Betancourt contra los Juzgados Primero y Segundo de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n, quien fue la entidad encargada del registro de las escrituras de compraventa de los inmuebles relacionados en los inventarios y aval\u00faos del proceso sucesoral a que alude el escrito de tutela, no fue enterada del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto lo pretendido por el gestor del amparo a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n especial\u00edsima, es que se ordene a los Despachos Judiciales convocados, excluir de la masa sucesoral los bienes que le fueron enajenados por parte del causante, negociaci\u00f3n que se perfeccion\u00f3 en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra del prove\u00eddo que neg\u00f3 la objeci\u00f3n al trabajo de inventarios y aval\u00faos presentado en el decurso en comento; luego, la determinaci\u00f3n que se tome en esta instancia, puede involucrar a la Oficina Registral antes mencionada. <\/p>\n
3. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar, que es forzosa y no meramente opcional, la integraci\u00f3n del contradictorio con la persona que est\u00e1 llamada a responder por el derecho fundamental invocado, lo cual redunda, en beneficio de los interesados, dado que evita la presentaci\u00f3n de varias solicitudes de amparo y garantiza una debida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Sobre lo apuntado, la Corte Constitucional en auto 055\/97 de 11 de diciembre de 1997 indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa integraci\u00f3n del contradictorio igualmente opera en el r\u00e9gimen procesal de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que el juez del conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes, y especialmente los organismos y autoridades contra los cuales se adelanta la acci\u00f3n, pero no admite la soluci\u00f3n del proceso civil, seg\u00fan el cual una falta de legitimaci\u00f3n para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 29 del decreto 2591\/91, establece de manera terminante que \u2018el contenido del fallo no podr\u00e1 ser inhibitorio. <\/p>\n
La raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n de los fallos inhibitorios es la respuesta consecuente con los objetivos de la acci\u00f3n de tutela, que busca proteger pronta y eficazmente, mediante un proceso sumario de tr\u00e1mite preferencial, los derechos fundamentales vulnerados o amenazados en su ejercicio por las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, por los particulares. Todo lo que dilate la actuaci\u00f3n, dificulte la defensa o impida un pronunciamiento sobre las pretensiones de los peticionarios, contraviene el esp\u00edritu del Constituyente y la voluntad del legislador, para quienes la eficacia de los objetivos prima sobre la ritualidad de los procedimientos. Con la acci\u00f3n de tutela se busc\u00f3 crear un instrumento audaz y de eficacia inmediata, para proteger los derechos fundamentales de las personas. Un fallo inhibitorio, deja de lado la decisi\u00f3n del conflicto que afecta o amenaza un derecho fundamental, desconoce el principio de la efectividad de los derechos, el derecho de acceso a la justicia y hace nugatoria la tutela como mecanismo efectivo de protecci\u00f3n de dichos derechos. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, no siendo posible una decisi\u00f3n inhibitoria por el juez de tutela, \u00e9ste debe decidir de fondo haciendo uso de los elementos de juicio de que se dispone en el proceso, teniendo en cuenta que la actuaci\u00f3n procesal debe ajustarse a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, econom\u00eda, celeridad y eficacia (D. 2591\/91, art. 3\u00b0) y que su misi\u00f3n, ante cualquier otra alternativa, es la de proteger el derecho fundamental amenazado o desconocido. <\/p>\n
No cabe duda entonces, dadas las caracter\u00edsticas especiales del proceso de tutela, que si de la situaci\u00f3n de hecho acreditada en el informativo se deduce realmente la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, pero no se ha constituido adecuadamente el litisconsorcio pasivo, puede el ad-quem e incluso la Corte cuando hace uso de la potestad de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, revocar la decisi\u00f3n o decisiones sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la integraci\u00f3n del contradictorio para configurar la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandada. La adopci\u00f3n de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabr\u00eda se\u00f1alar que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es posible proferir sentencia de m\u00e9rito, estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb (citado, entre otras en, CSJ STC 26 jun. 2008, Rad. 00131-01; STC 1\u00ba sep. 2008, Rad. 00250-01; y ATC1104-2014, ATC 1452-2014). <\/p>\n
5. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a la aludida entidad administrativa intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
6. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado al interior de las presentes diligencias, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC184-2022 ATC184-2022 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- 1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 25 de enero pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61038","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61038\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}