ATC185-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC185-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2021-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nora S\u00e1nchez Ospina contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, trabajo, seguridad social, igualdad, dignidad humana y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle su permanencia en el cargo que ocupa en provisionalidad. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 25 de octubre de 2021 elev\u00f3 solicitud al \u00abConsejo Seccional de la Judicatura [del Valle del Cauca], diera aplicaci\u00f3n al ret\u00e9n oficial de empleados judiciales, en raz\u00f3n a tener la garant\u00eda de calidad de prepensionable, pues a la fecha cuento con 55 a\u00f1os 6 meses de edad, con un total de 1.490,86 semanas de aportes al Sistema de Seguridad Social\u00bb, y, \u00abpor ser sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por estabilidad laboral reforzada, le requer\u00eda que mantuviera mi permanencia en el cargo que desempe\u00f1o como Citador grado III del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Santiago de Cali, hasta tanto cumpla con el total de los requisitos para acceder y gozar de mi pensi\u00f3n de Vejez. Solicitud que a la fecha no ha sido resuelta\u00bb. <\/p>\n
Que \u00absoy madre cabeza de familia, pues adem\u00e1s que debo de suplir con todos mis gastos, tengo a cargo a mi se\u00f1ora madre, quien cuenta a la fecha con 87 a\u00f1os de edad, quien no goza de ning\u00fan tipo de pensi\u00f3n, (\u2026), que en relaci\u00f3n con mi estado de salud, en el a\u00f1o 2015 [le fue] practicada una electromiograf\u00eda, la cual arroj\u00f3 como resultado \u201cneuropat\u00eda focal del nervio mediano a nivel del t\u00fanel del carpio, bilateral, de intensidad leve en mano izquierda y severa en la derecha\u201d con el cual llevo un largo tratamiento incluido medicina laboral (\u2026), y estoy a la espera que sea remitido a medicina laboral, mientras tanto sigo en la actualidad con control con fisiatr\u00eda y traumatolog\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abse alleg\u00f3 al juzgado lista de legibles a la cual se est\u00e1 dando aplicaci\u00f3n para proveer el cargo que actualmente ocupo, se hace necesario acudir a la presente acci\u00f3n constitucional, a fin de evitar un perjuicio irremediable, pues es evidente la condici\u00f3n de prepensionada que tengo, en raz\u00f3n a que me faltan menos de tres a\u00f1os, para reunir los requisitos legales para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene a la titular del Juzgado Segundo de Familia de Cali \u00abABSTENERSE de efectuar nombramiento alguno para ocupar el cargo que desempe\u00f1o como Citador Grado III [y] en caso de que hubiere realizado alg\u00fan nombramiento para proveer dicho empleo (\u2026), SUSPENDA los efectos del acto administrativo dictado y las actuaciones que como consecuencia de esta determinaci\u00f3n se desprendan [a fin de] PROTEGER mi derecho a gozar de estabilidad laboral reforzada (\u2026), hasta tanto obtenga mi pensi\u00f3n de Jubilaci\u00f3n y sea efectivamente incluido en n\u00f3mina de pensionados por parte de Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo, previa vinculaci\u00f3n de la Directora Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali, neg\u00f3 la tutela al considerar que \u00abno se halla acci\u00f3n u omisi\u00f3n que provenga del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca [porque] al momento de incoar esta solicitud de amparo, estaba transcurriendo el t\u00e9rmino de ley para dar respuesta a la petici\u00f3n efectuada por la se\u00f1ora S\u00e1nchez Ospina, y en todo caso, la autoridad receptora la atendi\u00f3 pronta y adecuadamente. Por otra parte, en lo que respecta a la protecci\u00f3n del invocado fuero de estabilidad laboral reforzada, este mecanismo se torna improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad (\u2026), am\u00e9n de no haberse agotado previamente la solicitud de protecci\u00f3n ante la autoridad competente para definirla y por no encontrarse la posibilidad de un perjuicio irremediable a los derechos de la actora que demande la intervenci\u00f3n urgente del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
5. La querellante impugn\u00f3 el fallo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n, se encamina a censurar la Resoluci\u00f3n n\u00b0 CSJVAR21-597 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el 20 de octubre de 2021, \u00ab[p]or la cual se formula ante el Juez 02 de Familia del Circuito de Cali – Valle del Cauca, la Lista de Candidatos del Concurso de M\u00e9ritos convocado mediante el Acuerdo No. CSJVAA17-71 del 06 de octubre de 2017, para cargos de Empleados de Carrera, para proveer en propiedad un (1) cargo de Citador Circuito Grado 3\u00bb, en la medida en que a trav\u00e9s de dicho procedimiento se pone en riesgo su estabilidad en el cargo que ocupa en provisionalidad. <\/p>\n
Adicional al ataque enfilado contra la anterior corporaci\u00f3n por ofertar y conformar lista de elegibles para el cargo que ella ejerce en provisionalidad, tambi\u00e9n lo dirige contra el Juzgado Segundo de Familia de Cali, pretendiendo que la titular de este inaplique dicha disposici\u00f3n, y bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
Del estudio a dichas normas, se evidencia que, inicialmente, el tribunal a-quo estar\u00eda llamado a conocer del asunto porque adem\u00e1s de ser el superior funcional del juzgado convocado, el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, evento regulado en el numeral 6\u00b0 de la disposici\u00f3n en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca quien dirima el auxilio. Se resalta y subraya. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de noviembre de 2021 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC185-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC185-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2021-00148-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}