ATC207-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC207-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00866-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia que se dict\u00f3 el 14 de diciembre de 2021, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Rafael Eduardo Villarreal Echeona contra Alianza Fiduciaria SA y Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos al debido proceso, petici\u00f3n y propiedad, que dice trasgredidos por las personas particulares accionadas. <\/p>\n
2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que la queja del promotor del resguardo se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Rafael Eduardo Villarreal Echeona promovi\u00f3 proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n, tr\u00e1mite que se encuentra en la etapa de confecci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, dentro de los que se incluyeron, como activo, \u00ablos valores recibidos por [la demandada] por concepto de su condici\u00f3n de fideicomitente dentro de los contratos de fideicomiso 732 1078 y 732 1077\u00bb. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que su antagonista y Alianza Fiduciaria SA se han \u00abnegando [a] dar detalles de los egresos propios de los contratos de fideicomiso\u00bb, a pesar de los requerimientos que ha efectuado el juzgado en el que se adelanta el tr\u00e1mite liquidatorio e, incluso, \u00e9l mismo a trav\u00e9s de derechos de petici\u00f3n; y que la anotada renuencia \u00abdeja al despacho sin elementos de juicio para formar el inventario de bienes que defina la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, adicion\u00f3 que la referida sede judicial \u00abha insistido ante la entidad financiera, Alianza Fiduciaria SA, en medio del silencio de la demandada\u2026, que est\u00e1 obligada a entregar la informaci\u00f3n sobre el comportamiento de los contratos fiduciarios 732 1078 y 732 1077 y el resultado ha sido negativo\u00bb; y que \u00abla conducta\u2026 de los accionados sustituye a la autoridad judicial imponiendo, con su desinformaci\u00f3n, un inventario de bienes y aval\u00faos postizo y deficiente\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, Alianza Fiduciaria SA destac\u00f3 que \u00abno ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante\u00bb, comoquiera que \u00abtodas las peticiones han sido respondidas\u2026 y\u2026 no existe alguna solicitud del accionante pendiente de contestaci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abha dado respuesta a todos los requerimientos efectuados por el Juzgado Octavo de Familia\u2026 de Barranquilla dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
3.1. Drummond LTD. destac\u00f3 que desconoce \u00ablos hechos de la demanda en tanto\u2026 tienen que ver con aspectos f\u00e1cticos y situaciones ajenos a [\u00e9sta] como son el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u2026, la falta de informaci\u00f3n pertinente dentro de tal proceso por parte de Alianza Fiduciaria SA y Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n, a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que \u00abnunca le han solicitado por ning\u00fan medio y menos por derecho de petici\u00f3n una informaci\u00f3n sobre los citados fideicomisos\u00bb y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abno se logra evidenciar la vulneraci\u00f3n que alega [el gestor] frente a su derecho fundamental de petici\u00f3n por parte de las accionadas\u00bb, pues Alianza Fiduciaria SA dio respuesta a los requerimientos que le fueron elevados y, por otra parte, porque \u00abfrente a las presuntas peticiones dirigidas a la Sra. Mattos, no obra en el plenario constancia de que se haya enviado petici\u00f3n alguna a dicha se\u00f1ora\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el querellante, quien expres\u00f3 que Alianza Fiduciaria SA \u00abha retenido informaci\u00f3n\u2026, invocando las normas de habeas data, que le autorizar\u00edan\u2026 ampararse, a conveniencia de los clientes \u2013 familia MATTOS LI\u00d1\u00c1N -, en la reserva bancaria respecto a los movimientos de las cuentas y contratos celebrados\u2026, burlando al Juzgado Octavo\u2026 de Familia de Barranquilla, hasta el \u00faltimo requerimiento\u2026\u00bb, por lo que fueron aprobados los inventarios y aval\u00faos \u00absin tener en cuenta la cuantiosa suma producto del fideicomiso\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, pidi\u00f3 \u00abrevocar el fallo de instancia y en su lugar ordenar\u2026 a la parte accionada, cumplir con la obligaci\u00f3n de informar los detalles de cada fideicomiso en cuanto a cifras giradas, fechas, medios, y dem\u00e1s pormenores\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, a Alianza Fiduciaria SA y a Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n, al considerar el promotor que dichos accionados trasgreden sus derechos constitucionales al no suministrar la informaci\u00f3n que solicit\u00f3 sobre los contratos fiduciarios Nos. 732 1078 y 732 1077. <\/p>\n
Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), establece que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Ahora, se destaca que la rese\u00f1ada situaci\u00f3n no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n del Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla, en tanto que la integraci\u00f3n al contradictorio de esa autoridad es aparente, si en cuenta se tiene que del panorama f\u00e1ctico sobre el que se sustent\u00f3 la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales no se desprende censura alguna contra ese estrado, pues, como se dijo l\u00edneas arriba, la acusaci\u00f3n fue atribuida en forma directa y privativa a Alianza Fiduciaria SA y a Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1\u00e1n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalta la Sala que si bien la prenombrada sede judicial conoce del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que promovi\u00f3 el accionante contra Mattos Li\u00f1\u00e1n, tr\u00e1mite que, seg\u00fan el actor, se est\u00e1 viendo perjudicado con la omisi\u00f3n que se atribuye a las accionadas, lo cierto es que el tutelante ninguna queja concreta formul\u00f3 contra dicho juzgado, habida cuenta que, se insiste, su inconformidad se circunscribi\u00f3 a que las convocadas se han negado a suministrar la informaci\u00f3n que deprec\u00f3 respecto del desenvolvimiento de los contratos fiduciarios antes mencionados. <\/p>\n
2. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la oficina judicial de Barranquilla, para que sea repartida entre los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Barranquilla, para que sea repartido entre los Juzgados Civiles Municipales de esa localidad, para que se asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
5 <\/p>\n
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