ATC209-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
ATC209-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2022-00027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Buenaventura Medio Ambiente S.A. E.S.P. frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios; si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada, por no atender, en los juicios coactivos que le sigue para la satisfacci\u00f3n de unas sanciones que le impuso, las solicitudes que le present\u00f3 desde el 16 de noviembre de 2021, mismas que le reiter\u00f3 el 9 de diciembre siguiente y el 18 de enero \u00faltimo, encaminadas, en lo medular, a que i) le expida y notifique los \u00abacto[s] administrativo[s] mediante [los] cual[es] d[\u00e9] por terminados definitivamente los [mentados] procesos de cobro coactivo\u00bb; ii) \u00abautorice expresamente\u2026 la devoluci\u00f3n[,] a [su] favor\u2026[,] de los recursos remanentes de las medidas cautelares decretadas, as\u00ed: \u2022 Remanente del t\u00edtulo No. 400100008193970-A7062802 por\u2026 $465.000.915,oo[.] \u2022 La totalidad de los recursos incorporados en el t\u00edtulo No. 400100008198064-A7062953, por\u2026 $192.599.586,63\u00bb; o subsidiariamente, \u00aben el evento en que el Banco Agrario no haya procedido al fraccionamiento material del [primer] t\u00edtulo\u2026[,] requerir a dicha entidad\u00bb para que lo efect\u00fae, \u00aby mientras tanto, se autorice la devoluci\u00f3n\u2026 de los recursos del [otro] t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que resulta necesario que ello se define con prontitud, \u00aba fin de evitar la agravaci\u00f3n de los efectos a que se ve expuesta\u2026[,] por la necesidad de liquidez relacionada con la demora en la devoluci\u00f3n de los remanentes\u00bb, para cumplir con suficiencia su objetivo social, coloc\u00e1ndose \u00aben riesgo la prestaci\u00f3n del servicio de aseo en un lugar tan sensible como la ciudad Puerto de Buenaventura[,] sin justificaci\u00f3n seria y de fondo, soportando la carga del actuar negligente de la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, acceder a su ruego constitucional y ordenar a la acusada \u00abhacer la devoluci\u00f3n de los dineros correspondiente[s] al excedente de lo pagado en virtud del acuerdo de pago celebrado con dicho ente control, m\u00e1xime, cuando estos dineros est\u00e1n destinados a la prestaci\u00f3n del servicio esencial de aseo en el Puerto de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
2. La demanda de amparo inicialmente se asign\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, quien mediante prove\u00eddo del pasado 25 de enero, aduciendo aplicar el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021-, dispuso remitirla al Tribunal Superior de esa localidad, al considerar carecer de competencia para tramitarla por dirigirse contra \u00abla Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, la cual es una autoridad administrativa que para el caso de la acci\u00f3n de tutela de la referencia est\u00e1 ejerciendo funciones jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
3. Luego, el asunto se reasign\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien la admiti\u00f3 y en el fallo de instancia deneg\u00f3 el amparo al considerar que, en el curso de esta acci\u00f3n constitucional, \u00abla autoridad convocada resolvi\u00f3 lo puesto a su consideraci\u00f3n, y que, en principio, se encontraba pendiente de decisi\u00f3n\u00bb, siendo evidente la improcedencia del ruego \u00abpor cuanto han cesado las omisiones endilgadas como fundamento del mismo, pues las situaciones que amenazaban la vulneraci\u00f3n de derechos ya no son actuales y la acci\u00f3n carece de inter\u00e9s jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, al que inicialmente le fue repartida la acci\u00f3n, al no admitirla para su respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, para el reparto del ruego eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), acorde con el cual: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
… <\/p>\n
2. Las\u2026 que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas\u2026 en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
10. Las\u2026 dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe la inconforme lo dirigi\u00f3 contra la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios cuestion\u00e1ndole el tr\u00e1mite dado a los procesos coactivos que le adelanta para la satisfacci\u00f3n de las sanciones que, como ente de control y vigilancia, le impuso. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad, el reclamo no se dirigi\u00f3 frente a la mentada Superintendencia como autoridad administrativa \u00aben ejercicio de funciones jurisdiccionales\u00bb, sino contra dicho ente en desarrollo de sus actividades netamente administrativas, en este caso, del tr\u00e1mite de dos \u00abprocedimiento[s] administrativo[s] de cobro coactivo\u00bb que le adelanta a la quejosa, los cuales se rigen, en lo general, por lo establecido en los c\u00e1nones 5\u00ba de la Ley 1066 de 2006, 98 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, las Resoluciones Nros. SSPD – 20211000096925 de 21 de abril de 2021 y SSPD 20211000006015 de 3 de marzo del mismo a\u00f1o, estas dos \u00faltimas expedidas por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios. <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a los sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que al no estarse criticando a la pasiva actividad alguna relacionada con el \u00abejercicio de [sus] funciones jurisdiccionales\u00bb, para la calificaci\u00f3n del asunto deb\u00eda atenderse su naturaleza jur\u00eddica, hall\u00e1ndose que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb y, por ende, la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
\u2026En el sub examine, el peticionario pretende que se amparen los derechos presuntamente vulnerados, con ocasi\u00f3n de la resoluci\u00f3n 20190225000426 del 29 de mayo de 2019, que dispuso el embargo de sus cuentas bancarias, emitida dentro del proceso coactivo que la DIAN adelanta en su contra; determinaci\u00f3n que, en su sentir, trasgrede sus derechos fundamentales y los de sus menores hijos, habida cuenta que al hacerse efectiva dicha orden, se cautelaron los ingresos de los cuales depende su sostenimiento, as\u00ed como tambi\u00e9n el de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
En este orden de ideas, advi\u00e9rtase que de conformidad con el art\u00edculo 823 del Estatuto Tributario, \u00ab[p]ara el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Nacionales, deber\u00e1 seguirse el procedimiento administrativo coactivo\u00bb (negrillas ajenas al texto), tr\u00e1mite sujeto a control jurisdiccional, conforme lo consagra el art\u00edculo 835 de esa misma normatividad. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Sala que la actuaci\u00f3n en la que se dict\u00f3 la orden de embargo criticada, no tiene la connotaci\u00f3n de jurisdiccional, sino que se trata de un asunto netamente administrativo, por lo que en el caso de autos no pod\u00eda predicarse que la entidad accionada estuviese ejerciendo las funciones de que trata el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n, lo que hac\u00eda inaplicable lo establecido en el numeral 10 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Entonces, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja carec\u00eda de competencia para asumir, en primera instancia, el conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas involucran, \u00fanicamente, a la DIAN, como entidad p\u00fablica del orden nacional, que no como autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
Por lo tanto, esta Sala tampoco cuenta con competencia para asumir el conocimiento de tales censuras, en segundo grado, conforme con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00faltimo que prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, el Juzgado 13 Administrativo de Tunja, a quien correspondi\u00f3, inicialmente, esta sumaria tramitaci\u00f3n (CSJ ATC1229-2019, 9 ag., rad. 2019-00069-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a quien le fue inicialmente repartida, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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