ATC216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01704-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Hern\u00e1n Ortiz Rosero contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, no obra constancia en el expediente constitucional de la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del Magistrado Juli\u00e1n Fernando P\u00e9rez Carbonell, de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, quien seg\u00fan informaci\u00f3n suministrada por el propio accionante, actualmente ocupa en provisionalidad, el cargo p\u00fablico que dej\u00f3 vacante el Magistrado Wilson Laureano B\u00e1ez Salcedo, siendo claro, entonces, que la determinaci\u00f3n que se tome en esta instancia es de su inter\u00e9s y podr\u00eda afectar sus derechos, si en cuenta se tiene que lo que aqu\u00ed reclama concretamente el tutelante, es ser nombrado en el mencionado cargo; lo anterior, valga precisar, sin que dicho funcionario pueda tenerse por enterado con el aviso que el juez constitucional de primera instancia orden\u00f3 publicar en la p\u00e1gina web de la Corte Suprema de Justicia, pues no se observa que antes se hubiere agotado la notificaci\u00f3n personal o por correo electr\u00f3nico, a pesar de ser datos consultables en las bases de datos dispuestas para el efecto. <\/p>\n
3. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar que es forzosa, y no meramente opcional, la integraci\u00f3n del contradictorio con todos aquellos sujetos y autoridades que est\u00e9n llamadas a responder por el derecho fundamental invocado, o que resulten directamente afectados con la decisi\u00f3n, lo cual redunda, en beneficio de los interesados, dado que evita la presentaci\u00f3n de varias solicitudes de amparo y garantiza una debida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, ha indicado que \u00ab\u2018el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas-, integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u2018que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u00bb (C.C. SU116-2018, citado en AC1825-2021). <\/p>\n
4. Sobre la importancia de procurar siempre la notificaci\u00f3n personal, la misma Corporaci\u00f3n ha hecho \u00e9nfasis \u00aben la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u201c\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019\u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005). <\/p>\n
5. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 al mencionado funcionario, intervenir en este particular escenario, ejercer su derecho de defensa, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer. <\/p>\n
6. Finalmente, debido a que el gestor inform\u00f3 en el escrito inicial, que est\u00e1 pr\u00f3xima a vencer la lista que justificar\u00eda el eventual nombramiento que reclama en este escenario, se ordenar\u00e1 mantener la orden constitucional impartida por el juez de primera instancia, hasta tanto se defina nuevamente sobre la protecci\u00f3n superior solicitada. <\/p>\n
7. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del Doctor Juli\u00e1n Fernando P\u00e9rez Carbonell, Magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. MANTENER LA ORDEN impartida por el juez constitucional de primera instancia, hasta tanto no se resuelva nuevamente la misma. <\/p>\n
3. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte para que reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
4. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
<\/p>\n
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