SC042-2022 (2008-00283-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC042-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.\u00b0 73001-31-03-006-2008-00283-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por los demandados HERN\u00c1NDO \u00c1VILA MOLINA, la SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. -CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- y SALUD TOTAL S.A. E.P.S., respecto de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil – Familia, en el proceso que en contra de los recurrentes y de la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL TOLIMA LIMITADA adelantaron, NOHEMY PRADA ROJAS, quien actu\u00f3 en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo JULI\u00c1N DAVID G\u00d3MEZ PRADA, y los se\u00f1ores: CLAUDIA ALEXANDRA G\u00d3MEZ ROND\u00d3N, DORA IN\u00c9S ROND\u00d3N DE G\u00d3MEZ, MARIANA PRADA ROJAS, C\u00c9SAR AUGUSTO CU\u00c9LLAR D\u00cdAZ y JOS\u00c9 ALFONSO G\u00d3MEZ MART\u00cdNEZ, al cual fueron llamadas en garant\u00eda LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS, LIBERTY SEGUROS S.A., las dos primeras impugnantes atr\u00e1s mencionadas y la \u00faltima accionada relacionada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 398 a 411 del cuaderno No. 1, considerada la subsanaci\u00f3n de la misma, contenida en el memorial de folio 418 siguiente, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Declarar la existencia de los contratos celebrados, de un lado, por el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.) con Salud Total S.A. E.P.S., para la prestaci\u00f3n por parte de esta \u00faltima al primero del servicio de salud; y de otro, por la precitada demandada con la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A., -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y el doctor Hernando \u00c1vila Molina, para atender tal obligaci\u00f3n por parte de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
1. Declarar que los demandados incumplieron sus obligaciones de prestar al se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.) \u201cun adecuado y oportuno servicio de salud\u201d. <\/p>\n
1.3. Declarar \u201ccivilmente responsable[s]\u201d a los demandados \u201cpor el fallecimiento del se\u00f1or FRANCISCO JAVIER G\u00d3MEZ ROND\u00d3N, a consecuencia de la impericia, negligencia e ineptitud, frente a un mal procedimiento pre operatorio, operatorio y posoperatorio, de extracci\u00f3n de ap\u00e9ndice -mal diagnosticada-, que condu[jo] a una peritonitis mal intervenida, que le ocasi\u00f3n[\u00f3] la muerte en un total de nueve d\u00edas\u201d. <\/p>\n
1.4. Condenar a los accionados a pagar a los promotores de la controversia: <\/p>\n
1.4.1. Por perjuicios morales, el equivalente a 2.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales para la c\u00f3nyuge del occiso; a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales para su hijo; a 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales para sus padres y hermana; y a 300 salarios m\u00ednimos legales mensuales, para su cu\u00f1ada y amigo; o las sumas mayores que resulten probadas. <\/p>\n
1.4.2. Por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, el equivalente a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales para la c\u00f3nyuge e hijo del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n. <\/p>\n
1.4.3. Por da\u00f1o material, la sumas dejadas de percibir, teniendo en cuenta que la prenombrada v\u00edctima \u201cera [i]ngeniero [c]ivil de [p]rofesi\u00f3n, activo y exitoso, con unos ingresos mensuales que oscilaban entre los TRES MILLONES DE PESOS M\/C ($3\u2019000.000.oo) y los CUATRO MILLONES DE PESOS M\/C ($4\u2019000.000.oo) para el a\u00f1o de 2004\u201d y que, \u201cal momento de su deceso, ten\u00eda una expectativa de vida de 43.38 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
1.4.5. La correcci\u00f3n monetaria de las \u201csumas de dinero que se concreten en la sentencia, tomando el lapso comprendido entre el d\u00eda de ocurrencia del hecho fatal y la de su decreto\u201d. <\/p>\n
1.5. Imponer a los demandados, las costas del proceso. <\/p>\n
2. En respaldo de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. El 25 de noviembre de 2004, a las 9:00 a.m., el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.) ingres\u00f3 al servicio de urgencias de la Cl\u00ednica Tolima de Ibagu\u00e9, en su condici\u00f3n de afiliado a Salud Total S.A. E.P.S. \u201ccon un fuerte dolor abdominal y p\u00e9lvico\u201d; previo examen m\u00e9dico, sin que se ordenara ninguna prueba de laboratorio, se le diagnostic\u00f3 \u201cINTOXICACI\u00d3N\u201d y le prescribieron medicamentos \u201cpara camuflar el dolor\u201d, y fue dado de alta. <\/p>\n
2.2. Al d\u00eda siguiente, por seguir presentando dolor, se dirigi\u00f3 al servicio de urgencias de la misma empresa prestadora de salud, ocasi\u00f3n en la que nuevamente le formularon \u201cel medicamento Dipirona\u201d y fue remitido a su casa. Como en las horas de la tarde present\u00f3 \u201cfiebre y dolor intenso\u201d, volvi\u00f3 a esa dependencia, donde fue \u201cingresado a observaci\u00f3n y ordenados ex\u00e1menes de laboratorio, que se practica[ron] en la cl\u00ednica Tolima\u201d. Se determin\u00f3 que ten\u00eda una \u201cAPENDICITIS NO MUY PRONUNCIADA\u201d, raz\u00f3n por la cual el \u201cm\u00e9dico de turno se comunicar\u00eda con el cirujano para la valoraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.3. En la noche de ese 26 de noviembre, fue auscultado por el cirujano Hernando \u00c1vila Molina, quien orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de la respectiva intervenci\u00f3n quir\u00fargica, la cual practic\u00f3 a las 11:30 p.m. El galeno dio un parte satisfactorio a la familia, luego de terminada la misma. <\/p>\n
2.4. Pese a que al d\u00eda siguiente el paciente no pudo caminar por tener dolor y presentar mareo, el 28 de noviembre fue dado de alta, no obstante tener \u201cdificultad al orinar, situaci\u00f3n que le fue informada al [d]octor \u00c1vila, quien argument[\u00f3] la normalidad del posoperatorio\u201d y, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que de la herida \u201cle supurar\u00eda un l\u00edquido de color amarillo, que deber\u00eda drenarle por una sustancia colocada en el momento de la cirug\u00eda, a la cual deb\u00edan hacerle la respectiva curaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.5. Los d\u00edas 29 y 30 de noviembre, as\u00ed como el 1\u00ba de diciembre, el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n fue a la pr\u00e1ctica de las correspondientes curaciones, con mucho dolor y abundante eliminaci\u00f3n de l\u00edquido por la herida. En esa \u00faltima fecha, le practicaron \u201cuna ecograf\u00eda abdominal, de igual modo le coloca[ro]n una mecha[,] le [fueron] retirados dos puntos de la herida, formula[ro]n m[\u00e1]s medicamentos y adu[jeron] que el dolor e[ra] \u2018normal\u2019\u201d. El paciente fue \u201cenviado a casa, donde present[\u00f3] en horas de la tarde v\u00f3mito, diarrea y expulsi\u00f3n por la herida de materia fecal\u201d. <\/p>\n
2.6. En vista de esos s\u00edntomas, fue llevado nuevamente a Salud Total y de all\u00ed lo remitieron a la Cl\u00ednica Tolima, donde, despu\u00e9s de esperar aproximadamente una hora, ingres\u00f3 al quir\u00f3fano a las 8:00 p.m., aproximadamente. Pasadas dos horas, \u201cuna enfermera le comunic[\u00f3] a la esposa del paciente, se\u00f1ora NOHEMY PRADA, que deb\u00edan colocarle una malla para dejar el est\u00f3mago abierto\u201d. <\/p>\n
2.7. Concluida \u201cla cirug\u00eda, el [d]octor Parra, galeno que la atendi\u00f3, le comunic[\u00f3] a la esposa del paciente que el intestino lo hab\u00eda encontrado cortado en tres partes, que iba a ser ingresado a cuidados intensivos, cerca ya de la una o dos de la madrugada del d\u00eda 2 de [d]iciembre de 2004. N\u00f3tese que las cortadas que presentaba el intestino, le fueron inferidas, necesariamente, en la primera intervenci\u00f3n practicada por el [d]octor HERNANDO \u00c1VILA MOLINA\u201d. <\/p>\n
2.8. En los d\u00edas posteriores, el parte m\u00e9dico fue que le iban a practicar unos lavados y a suministrarle medicamentos. Adicionalmente, fue conectado a un respirador, para que no esforzara los pulmones, seg\u00fan le explicaron a la c\u00f3nyuge. Luego de la realizaci\u00f3n de una terapia psicol\u00f3gica a los familiares y de que el 5 de diciembre desarrollara mucha fiebre, raz\u00f3n por la cual se le practic\u00f3 un TAC, cuyo resultado debe figurar en la historia cl\u00ednica, el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n falleci\u00f3 en las horas de la ma\u00f1ana del d\u00eda siguiente, 6 de diciembre de 2004. <\/p>\n
2.9. De lo ocurrido \u201cse desprende que SALUD TOTAL, como entidad prestadora del servicio de [s]alud, incumpli\u00f3 sus obligaciones contractuales, habida consideraci\u00f3n que el tratamiento m\u00e9dico, la atenci\u00f3n, el inicial procedimiento quir\u00fargico, la atenci\u00f3n del debido pos[t] operatorio, fueron totalmente negligentes, tanto por la EPS misma como por sus agentes, personas naturales y jur\u00eddicas con las cuales ten\u00eda convenio para la prestaci\u00f3n del servicio de salud\u201d. <\/p>\n
2.10. El deceso del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n trajo como consecuencia que la se\u00f1ora Nohemy Prada Rojas quedara viuda, desprotegida, sola, cambio que \u201cla sumi\u00f3 en un grave estado de depresi\u00f3n\u201d; y su menor hijo, hu\u00e9rfano \u201ca tan temprana edad\u201d, obligado a crecer \u201csin la figura, el amor, el ejemplo y el apoyo que implica la presencia paterna\u201d. <\/p>\n
2.11. El se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n era ingeniero civil, con estudios de \u201cactualizaci\u00f3n y profundizaci\u00f3n\u201d en su carrera, cuyo ejercicio \u201cse caracteriz\u00f3 por la calidad, cumplimiento y seriedad en el desarrollo de las obras\u201d que realiz\u00f3, lo que le permiti\u00f3 desempe\u00f1ar diferentes cargos y celebrar distintos contratos con entidades locales y nacionales, conforme a la relaci\u00f3n que al respecto se incluy\u00f3 en el libelo introductorio, actividades que le permitieron \u201cprodigar a su familia -esposa, hijo, madre, padre, hermana, cu\u00f1ada- y a su amigo y socio, comodidades propias de un ingreso econ\u00f3mico permanente\u201d. <\/p>\n
3. Previa inadmisi\u00f3n de la demanda, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, mediante auto del 20 de octubre de 2008, dispuso darle el impulso que le correspond\u00eda (f. 420, cd. 1). <\/p>\n
4. Ese prove\u00eddo se notific\u00f3 a los demandados, as\u00ed: <\/p>\n
4.1. Personalmente, a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, por intermedio de su representante legal, el 10 de noviembre de 2008 (fl. 432, cd. 1); a la Sociedad de Cirujanos Generales de Tolima Limitada, por intermedio de su representante legal, el d\u00eda 12 de esos mismos mes y a\u00f1o; y al doctor Hernando \u00c1vila Molina el d\u00eda siguiente, 13 de noviembre (fl. 434, ib.). <\/p>\n
4.2. Por aviso, a Salud Total S.A. E.P.S., el 24 de noviembre posterior, conforme a la documentaci\u00f3n que milita en los folios 478 y 479 del cuaderno en cita. <\/p>\n
5. La totalidad de los accionados respondieron la demanda, escritos en los que se opusieron al acogimiento de sus pretensiones y se pronunciaron de distinta manera sobre sus hechos. <\/p>\n
A su turno, formularon las siguientes excepciones meritorias: <\/p>\n
5.1. La Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-: \u201cCAUSA EXTRA\u00d1A\u201d, \u201cAUSENCIA DE CAUSALIDAD\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD RESPECTO A MI PROHIJADA\u201d y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d (fls. 464 a 477, cd. 1). <\/p>\n
5.2. La Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada: \u201cAUSENCIA DE CULPA\u201d, \u201cFALTA DE CAUSA DETERMINANTE DE LA MUERTE\u201d y \u201cAUSENCIA DE CAUSALIDAD\u201d (fls. 488 a 493, cd. 1). <\/p>\n
5.3. El doctor Hernando \u00c1vila Molina: \u201cAUSENCIA DE [C]AUSA PARA [D]EMANDAR\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE [C]ULPA\u201d, \u201cLA OBLIGACI\u00d3N DEL [M]\u00c9DICO ES DE [M]EDIOS Y NO DE [R]ESULTADOS\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE [N]EXO [C]AUSAL\u201d y \u201cCAUSA [E]XTRS\u00d1S\u201d (fls. 589 a 623, cd. 1). <\/p>\n
5.4. Y Salud Total S.A. E.P.S.: \u201cLOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA NO SON (\u2026) RESPONSABILIDAD DE SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S, DADO EL CUMPLIMIENTO DE \u00c9STA (\u2026) DE SUS OBLIGACIONES COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD (\u2026)\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA DE SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S DADO QUE \u00c9STA (\u2026) NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A RESPONDER POR LOS ACTOS M\u00c9DICOS SUMINISTRADOS POR LA CL\u00cdNICA TOLIMA, SOCITOLIMA LTDA. Y EL DOCTOR HERNANDO \u00c1VILA MOLINA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N DE INDEMNIZAR POR NO EXISTIR NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LAS ATENCIONES PRESTADAS POR SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S Y LA PRESENTACI\u00d3N DE LAS COMPLICACIONES QUE DIERON LUGAR A LA MUERTE DEL SE\u00d1OR FRANCISCO G\u00d3MEZ ROND\u00d3N\u201d, \u201cLAS OBLIGACIONES M\u00c9DICAS SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO\u201d, \u201cEL R\u00c9GIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL M\u00c9DICA SE RIGE POR LA CULPA PROBADA DE ACUERDO AL ART. 177 DEL C.P.C.\u201d, \u201cAUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CAUSA EXTRA\u00d1A\u201d e \u201cINCONGRUENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD ENDILGADA Y LA RELACI\u00d3N JUR\u00cdDICA DE LOS DEMANDANTES FRENTE A SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S SEG\u00daN LO DISPUESTO EN EL ART\u00cdCULO 305 DEL C.P.C.\u201d (fls. 645 a 666, cd. 1). <\/p>\n
6. Adicionalmente, en escritos separados, se ejecutaron las siguientes actuaciones: <\/p>\n
6.1. La Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- llam\u00f3 en garant\u00eda a La Previsora S.A., con base en el contrato de seguro de responsabilidad civil profesional de cl\u00ednicas y hospitales contenido en la p\u00f3liza No. 1001230 del 29 de noviembre de 2004, vigente desde el d\u00eda siguiente, hasta el 30 de noviembre de 2005 (fls. 6 a 8, cd. 2). <\/p>\n
6.2. Salud Total S.A. E.P.S. llam\u00f3 en garant\u00eda: <\/p>\n
6.2.2. Al doctor Hernando \u00c1vila Molina, fincada en los art\u00edculos 2341 y 2346 del C\u00f3digo Civil, toda vez que \u00e9l fue designado por la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada para atender al paciente Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), habi\u00e9ndolo intervenido quir\u00fargicamente el 27 de noviembre del a\u00f1o en cita (fls. 1 a 6, cd. 4). <\/p>\n
6.2.3. A la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- con respaldo en el contrato de \u201cprestaci\u00f3n de servicios\u201d que convino con ella, del cual destac\u00f3 el contenido de su cl\u00e1usula segunda (fls. 15 a 23, cd. 5). <\/p>\n
6.2.4. Y a la Sociedad de Cirujanos Generales de Tolima Limitada, en pro de lo cual invoc\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos que celebr\u00f3 con ella, en particular, la cl\u00e1usula segunda del mismo (fls. 17 a 23, cd. 6). <\/p>\n
7. Todos los llamamientos atr\u00e1s relacionados fueron admitidos por autos del 5 de febrero de 2009, visibles en los folios 10 del cuaderno No. 2, 15 del cuaderno No. 3, 8 del cuaderno No. 4, 25 del cuaderno No. 5 y 25 del cuaderno No. 6, respectivamente. <\/p>\n
8. Notificados los llamados en garant\u00eda, realizaron los siguientes actos defensivos: <\/p>\n
8.1. La Previsora S.A., en escritos separados, contest\u00f3 la demanda inicial y el llamamiento que se le hizo. <\/p>\n
8.1.1. Respecto del libelo introductorio, se opuso a sus pretensiones, se refiri\u00f3 sobre los hechos fundantes del mismo y aval\u00f3 las excepciones alegadas por los accionados (fls. 20 a 24, cd. 2). <\/p>\n
8.1.2. Frente a lo segundo, se\u00f1al\u00f3 no tener reparo en cuanto hace a las solicitudes que contiene; expres\u00f3 lo que consider\u00f3 pertinente sobre sus hechos; y plante\u00f3 la excepci\u00f3n de \u201cEXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD SOBRE EL VALOR ASEGURADO\u201d (fls. 18 y 19, cd. 2). <\/p>\n
8.2. Liberty Seguros S.A., en un solo escrito, se opuso a las pretensiones tanto de la demanda como del llamamiento en garant\u00eda, se pronunci\u00f3 sobre los hechos aducidos en una y otro y propuso las siguientes excepciones: \u201cINEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N EN CUANTO A SALUD TOTAL S.A. E.P.S.\u201d, \u201cFUERZA MAYOR O CASO FORTUITO\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL V\u00cdNCULO CAUSAL\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N POR APLICACI\u00d3N DE LA CL\u00c1USULA CLAIMS MADE\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N POR PARTE DE LIBERTY SEGUROS S.A.\u201d y enumer\u00f3 otras diez, sin ning\u00fan sustento (fls. 27 a 38, cd. 3). <\/p>\n
8.3. El doctor Hernando \u00c1vila Molina, en escritos separados, propuso: <\/p>\n
8.3.1. Recurso de reposici\u00f3n, y en subsidio de apelaci\u00f3n, contra el auto que admiti\u00f3 el llamamiento (fls. 22 a 27, cd. 4). El juzgado del conocimiento, el 30 de octubre de 2009, no accedi\u00f3 al primero y concedi\u00f3 el segundo (fls. 30 a 32, ib.). El Tribunal, mediante prove\u00eddo del 16 de noviembre de 2010, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada (fls. 14 a 17, cd. 7). <\/p>\n
8.4. La Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- replic\u00f3 el llamado que se le hizo, oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y refiri\u00e9ndose detalladamente sobre los fundamentos f\u00e1cticos que lo respaldan. Frente al mismo, plante\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u201d, \u201cAUSENCIA DE CULPA\u201d, \u201cCAUSA EXTRA\u00d1A\u201d, \u201cAUSENCIA DE CAUSALIDAD\u201d y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d (fls. 33 a 42, cd. 5). <\/p>\n
8.5. La Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada tambi\u00e9n se ocup\u00f3 del llamamiento en garant\u00eda que se le formul\u00f3; reclam\u00f3 la desestimaci\u00f3n de los pedimentos del mismo; y se\u00f1al\u00f3 lo que estim\u00f3 pertinente, en torno de sus hechos (fls. 33 y 34, cd. 6). <\/p>\n
9. El tr\u00e1mite adelantado hasta que se profiri\u00f3 el fallo del 20 de febrero de 2013 fue anulado desde el auto del 29 de agosto de 2011 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil \u2013 Familia, en desarrollo de la apelaci\u00f3n que ambas partes propusieron contra ese pronunciamiento, seg\u00fan providencia del 24 de julio de 2013, aclarada el 2 de agosto siguiente (fls. 15 a 20 y 26 a 28, cd. 17). <\/p>\n
10. Renovada la actuaci\u00f3n invalidada, se dict\u00f3 nuevamente sentencia el 9 de octubre de 2014, en la que el juzgado del conocimiento neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones de la demanda; como consecuencia de ello, se abstuvo de pronunciarse sobre las excepciones meritorias alegadas y los llamamientos en garant\u00eda propuestos; declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n por error grave formulada contra el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Tolima; y conden\u00f3 en costas a los actores (fls. 1.104 a 1.124, cd. 9). <\/p>\n
11. Apelado dicho prove\u00eddo por los accionantes, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil \u2013 Familia, luego de m\u00faltiples incidencias procesales, desat\u00f3 la alzada mediante sentencia del 14 de septiembre de 2018 (fls. 520 a 559, cd. 21), en la que revoc\u00f3 la del a quo, y en su defecto, resolvi\u00f3: <\/p>\n
11.1. Declarar la responsabilidad civil y solidaria de los accionados \u201cpor el fallecimiento de se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n, ocurrida en esta ciudad el d\u00eda 6 de diciembre de 2004\u201d. <\/p>\n
11.2. Conden\u00f3 a aqu\u00e9llos a pagar: <\/p>\n
11.2.1. A \u201ct\u00edtulo de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante\u201d, en favor de Nohemy Prada Rojas (esposa), la suma de $954.426.202.52; y para Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada (hijo), la cantidad de $784.810.830.25. <\/p>\n
11.2.2. A \u201ct\u00edtulo de perjuicios morales\u201d, en favor de Nohemy Prada Rojas (esposa), $30.000.000.oo; de Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada (hijo), $30.000.000.oo; de Jos\u00e9 Alfonso G\u00f3mez Mart\u00ednez (padre), $20.000.000.oo; y de Dora In\u00e9s Rond\u00f3n de G\u00f3mez (madre), $20.000.000.oo. <\/p>\n
11.3. Neg\u00f3 en lo restante las s\u00faplicas del libelo introductorio. <\/p>\n
11.4. Estim\u00f3 fundadas parcialmente las objeciones que, por error grave se formularon respecto del dictamen pericial rendido \u201cpara establecer la cuant\u00eda de los da\u00f1os materiales en la especie de lucro cesante consolidado y futuro\u201d, manteniendo la firmeza del mismo en cuanto al \u201cvalor establecido del salario promedio mensual devengado por el causante para la \u00e9poca de su muerte\u201d, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 a la respetiva auxiliar de la justicia, devolver los honorarios que percibi\u00f3. <\/p>\n
11.5. Declar\u00f3 infundadas las objeciones aducidas frente al informe m\u00e9dico forense, rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal. <\/p>\n
11.6. Neg\u00f3 todas y cada una de las excepciones meritorias propuestas. <\/p>\n
11.7. Conden\u00f3 a La Previsora S.A. y a Liberty Seguros S.A. a pagar por sus respectivos asegurados, el monto de las condenas impuestas a \u00e9stos, con sujeci\u00f3n a los valores asegurados en los correspondientes contratos de seguro. <\/p>\n
11.8. Deneg\u00f3 los llamamientos en garant\u00eda formulados por Salud Total S.A. E.P.S. contra el doctor Hernando \u00c1vila Molina, la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- y la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada. <\/p>\n
11.9. Conden\u00f3 en las costas de ambas instancias a la parte demandada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de compendiar los argumentos esenciales de la sentencia del a quo, de la apelaci\u00f3n y de los alegatos de las partes en segunda instancia, el Tribunal, para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, expuso los argumentos que pasan a concretarse. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 \u201canticipadamente\u201d, que \u201cel riesgo inherente propio del procedimiento quir\u00fargico de apendicectom\u00eda, consistente, en este caso, en la lesi\u00f3n o lesiones en el ciego del intestino del paciente, no fue atendido ni solucionado ni enervado con prontitud, diligencia y cuidado, conforme a las reglas de la ley del arte m\u00e9dico, y por lo mismo, en este asunto sub lite, s\u00ed se configura la responsabilidad civil m\u00e9dica con todos los elementos axiol\u00f3gicos que la identifican\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En sustento de esa inferencia, el ad quem adujo: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Previa invocaci\u00f3n del resultado de la necropsia practicada al occiso G\u00f3mez Rond\u00f3n y del \u201cexamen de anatom\u00eda patol\u00f3gica\u201d que se le realiz\u00f3, la plena demostraci\u00f3n de que la causa de su muerte fue \u201cel padecimiento de un cuadro de sepsis (infecci\u00f3n bacteriana) de origen abdominal por peritonitis aguda secundaria a una perforaci\u00f3n intestinal asociada a apendicitis aguda en fase purulenta\u201d; y que dicho motivo del deceso, no fue desvirtuado en el curso del proceso. <\/p>\n
3.2. Relat\u00f3, siguiendo un orden cronol\u00f3gico, c\u00f3mo fue el desenvolvimiento de la enfermedad que aquej\u00f3 a la precitada v\u00edctima y, correlativamente, la atenci\u00f3n que le brindaron los demandados, an\u00e1lisis en el que destac\u00f3: <\/p>\n
3.2.1. Desde la consulta realizada en las horas de la noche del 26 de noviembre de 2004, el m\u00e9dico general Jes\u00fas Alirio Pach\u00f3n diagnostic\u00f3 \u201capendicitis aguda\u201d. <\/p>\n
3.2.2. No existi\u00f3 consentimiento informado para la pr\u00e1ctica de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica inicialmente practicada, \u201ccomo quiera que el tradicional formato para tales fines, solo fue firmado por el paciente y un testigo, sin haberse identificado el enfermo y menos a\u00fan se\u00f1alarse los posibles riesgos m\u00e1s importantes del procedimiento a ejecutar y de paso sin indicarse el mismo\u201d, carencia que constituye \u201cnegligencia m\u00e9dica derivada de la ausencia del consentimiento informado\u201d. <\/p>\n
3.2.3. Si \u201cel diagn\u00f3stico preoperatorio\u201d consisti\u00f3 en \u201capendicitis aguda\u201d y fue confirmado por el doctor Hernando \u00c1vila Molina, \u201cquien adem\u00e1s precis\u00f3 en su descripci\u00f3n quir\u00fargica \u2018\u2026peritonitis localizada\u2026\u2019[,] hechos indiscutidos en el proceso\u201d, propio es colegir \u201cla mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica en el caso sub judice, puesto que seg\u00fan precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en casos como el presente en el que se constata la peritonitis del paciente, la pr\u00e1ctica de la apendicectom\u00eda inmediata, no era la m\u00e1s apropiada conducta m\u00e9dica a seguir, pues: \u2018\u2026la literatura m\u00e9dica indica que en caso de diagn\u00f3stico tard\u00edo de apendicitis con absceso y peritonitis no se debe practicar la apendicectom\u00eda inmediatamente, sino que se debe proceder a drenar el ap\u00e9ndice, mantener tratamiento con antibi\u00f3ticos y mejorar el estado general del paciente hasta que est\u00e9 en condiciones de soportar la cirug\u00eda. Operar de inmediato aumenta las probabilidades de complicaciones en m\u00e1s de un 50% de los casos por sangrado, da\u00f1os a la pared intestinal, infecciones de la herida, absceso p\u00e9lvico, lesi\u00f3n de otras v\u00edsceras, obstrucciones, f\u00edstulas y necesidad de reoperaci\u00f3n\u2026\u2019 (Sentencia de Casaci\u00f3n SC 13925-2016, septiembre 30 de 2016. MP. Ariel Salazar Ram\u00edrez)\u201d. <\/p>\n
3.2.4. El d\u00eda 28 de noviembre de 2004 se dio de alta al paciente, determinaci\u00f3n \u201cque bien puede calificarse de precipitada o prematura, puesto que sabi\u00e9ndose por el m\u00e9dico tratante, \u00c1vila Molina[,] que hab\u00eda diagnosticado peritonitis localizada y hab\u00eda practicado drenaje de peritonitis, circunstancias encontradas en la humanidad del paciente, no era procedente ordenar la salida del enfermo, habida cuenta que, en estos eventos, (\u2026) los protocolos m\u00e9dicos indican el tratamiento de antibi\u00f3tico (\u2026)[,] intensivo e intrahospitalario (v\u00e9ase Gu\u00eda de pr\u00e1ctica cl\u00ednica para el tratamiento de Peritonitis. Revista cient\u00edfica de las ciencias m\u00e9dicas en Cienfuegos. Disponible en: www.medisur.sld.cu\/index.php\/medisur\/article\/view\/ 687\/5666)\u201d. <\/p>\n
3.2.5. El se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n \u201cintent\u00f3 su reingreso el 30 de noviembre de 2004, refiriendo dolor intenso en la zona del ombligo y a pesar de saberse que se trataba de un paciente recientemente intervenido de apendicectom\u00eda se remiti\u00f3 de nuevo a su casa con receta m\u00e9dica inapropiada y cuando finalmente [fue] reintervenido por nueva laparotom\u00eda (1 de diciembre de 2004) se apreci[\u00f3] por el nuevo equipo m\u00e9dico la existencia de perforaci\u00f3n de ciego, y abundante material fecaloide en cavidad abdominal (500 c.c.) que por supuesto[,] por el transcurso del tiempo[,] ya hab\u00eda hecho estragos en la salud y humanidad del paciente, lo que determin\u00f3 la realizaci\u00f3n de hemicolectom\u00eda derecha, ileostom\u00eda, y lavado peritoneal, y no obstante, la extirpaci\u00f3n de la mitad del colon (ex\u00e9resis de ciego, colon ascendente, \u00e1ngulo hep\u00e1tico del colon y parte del colon transverso), y la ileostom\u00eda, es lo cierto que el paciente mu[ri\u00f3] el d\u00eda 6 de diciembre de 2004, por sepsis de origen abdominal por peritonitis, todo lo cual en conjunto, para la Sala, acredita sin ambages la culpa o negligencia m\u00e9dica, concretada principalmente, en la mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica observada, de un lado, en la salida prematura del enfermo el d\u00eda 28 de noviembre de 2004, a pesar de conocerse el diagn\u00f3stico de peritonitis localizada que ameritaba tratamiento de antibi\u00f3tico[,] terapia intrahospitalaria, y de otro lado, el tard\u00edo ingreso para nueva laparotom\u00eda cuando ya era evidente la salida de material fecaloide por la herida quir\u00fargica\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Puso de presente que ese \u201cc\u00famulo de yerros en la atenci\u00f3n del paciente que determinaron su muerte, se acredit[\u00f3] tambi\u00e9n, con el informe t\u00e9cnico m\u00e9dico legal ofrecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (folios 24-29, cd. 8)\u201d, aclarado posteriormente, en atenci\u00f3n a las solicitudes que en tal sentido elevaron los demandados, \u201cen el cual[,] en varios pasajes[,] el perito forense afirm[\u00f3] sin rodeos y en forma contundente la impericia y\/o negligencia en diversas actuaciones m\u00e9dicas a lo largo de la atenci\u00f3n brindada al se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d, conclusiones que ratific\u00f3 en la aludida complementaci\u00f3n, aserto en pro del cual el Tribunal transcribi\u00f3 a espaci\u00f3 el referido concepto, en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, esa Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que dicho informe \u201cexplic[\u00f3] en detalle las falencias ocurridas en la atenci\u00f3n ofrecida al paciente, t[uvo] como soportes la historia cl\u00ednica, el protocolo de necropsia, los resultados de histopatolog\u00eda, el formato de an\u00e1lisis del caso auditor\u00eda m\u00e9dica institucional emitido por Salud Total, mostrando as\u00ed su fuerza may\u00fascula de convicci\u00f3n, acompa\u00f1ada con una argumentaci\u00f3n sensata y coherente con los documentos que sirvieron de insumos para la producci\u00f3n de las conclusiones contundentes contenidas en el referido medio de convicci\u00f3n como prueba demostrativa de la culpa o negligencia o impericia m\u00e9dica en que se incurri\u00f3 sin duda alguna en las atenciones y procedimientos m\u00e9dicos y\/o quir\u00fargicos y en la fase postoperatoria de la patolog\u00eda padecida por el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el estudio de las objeciones que varios de los demandados formularon frente al comentado informe, en relaci\u00f3n con las cuales subray\u00f3 que tal tipo de cuestionamientos, seg\u00fan exigencia expresa del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, deben proponerse con precisi\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3, con ayuda de la doctrina, lo que se entiende por \u201cerror grave\u201d. <\/p>\n
Sentadas esas bases, trajo a colaci\u00f3n las cr\u00edticas en que se sustentaron esos reproches y concluy\u00f3, respecto de ellas, que esencialmente contienen \u201cdiscrepancias\u201d y \u201cdesacuerdos\u201d con el informe, \u201csin que en ning\u00fan sentido se cumpla con el requisito legal (\u2026) de indicar con precisi\u00f3n (\u2026) el error grave que se achaca al informe pericial, menos se indic\u00f3, debiendo hacerse, si los errores hac\u00edan parte de las motivaciones del informe, o de sus conclusiones\u201d, de modo que todas las \u201cobjeciones (\u2026) deber\u00e1n ser desatendidas por el Tribunal, puesto que, parece obvio decirlo, sin saberse o conocerse, puntualmente, cu[\u00e1]l o cu[\u00e1]les son los errores graves de que adolece el informe pericial forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y menos situarlas en las motivaciones o bien en las conclusiones del perito, in\u00fatil e inocuo resulta ponderar la prueba que fuera practicada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n por error grave, consistente en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Charles Berm\u00fadez, incorporada a solicitud de Salud Total EPS S.A. (folio 105 cuaderno 8)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre dicha versi\u00f3n, observ\u00f3 que \u201cno proviene, como se afirma por los demandados, de un testigo[,] ni fue ofrecida por un testigo t\u00e9cnico o por un perito\u201d, como quiera que el deponente, pese a ser un \u201cm\u00e9dico cirujano, no presenci\u00f3 los hechos que se debaten en el plenario\u201d, circunstancia de la que infiri\u00f3 que \u201ctan solo se trata de una simple opini\u00f3n de un experto que, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, para la Sala, (\u2026), no logra en ning\u00fan sentido derrumbar las conclusiones serias y contundentes del informe de medicina legal en el que s\u00ed se explica[ron]n las falencias, impericias y negligencias en el tratamiento y cuidado del fallecido paciente\u201d, valoraci\u00f3n que reforz\u00f3 explicando, con ayuda de la jurisprudencia, los conceptos de \u201ctestigo\u201d, \u201ctestigo t\u00e9cnico\u201d y \u201cperito\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, explorada con detalle la versi\u00f3n del doctor Berm\u00fadez Pati\u00f1o, se establece que \u201cen nada desvirt\u00faa[,] ni disminuye la fuerza de convicci\u00f3n del informe forense ofrecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal\u201d sino que, \u201cpor el contrario, ratifica la patolog\u00eda sufrida por el occiso que, finalmente, por la mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica imputable a la parte demandada en su conjunto, determin\u00f3 el desenlace fatal configurante del da\u00f1o reclamado\u201d, como lo constat\u00f3 con las trascripciones que de la declaraci\u00f3n hizo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el Tribunal concluy\u00f3 que si bien, \u201cen el acto quir\u00fargico primigenio de apendicectom\u00eda, ejecutado por el doctor \u00c1vila Molina\u201d, tuvo \u201cocurrencia (\u2026) un riesgo inherente a aqu\u00e9l, traducido en la lesi\u00f3n del colon del paciente, cuesti\u00f3n que seg\u00fan precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia (SC 7110-2017 Radicado 05001-31-03-012-2066-00234-01 MP. Luis Armando Tolosa Villabona), por s\u00ed mismo, \u2018\u2026no genera un da\u00f1o de car\u00e1cter indemnizable, al no proceder de un comportamiento culposo\u2026\u2019, tal conclusi\u00f3n del precedente no aplica en este caso, pues, aqu\u00ed, tal riesgo inherente no fue atendido ni solucionado o enervado con prontitud, diligencia y cuidado, como s\u00ed ocurri\u00f3 en el caso decidido por la Honorable Corte en la sentencia citada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En definitiva, el sentenciador de segunda instancia asever\u00f3 que \u201cdel an\u00e1lisis probatorio cabe concluir, sin ambages, que est\u00e1n acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad m\u00e9dica contractual, vale decir, el da\u00f1o presentado en la muerte del paciente, la negligencia o impericia o culpa m\u00e9dica, evidenciada como se demostr\u00f3 en la mala pr\u00e1ctica pre y pos[t] operatoria, y, obviamente, el nexo de causalidad que no es otro que el v\u00ednculo existente y demostrado de que el desconocimiento e inobservancia de la ley del arte m\u00e9dico merced a la impericia o negligencia verificada en las fases pre y pos[t] operatoria condujeron a la muerte del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n, y en consecuencia necesario resulta para la Sala escrutar y ponderar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los demandados a fin de establecer si alguna o varias de ellas tienen el m\u00e9rito de enervar las pretensiones de los actores, tarea que se acomete de inmediato\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Conforme a lo anunciado, el ad quem prosigui\u00f3 con el estudio de los mecanismos defensivos alegados por los demandados: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con los planteados por la Sociedad Medico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- estim\u00f3: <\/p>\n
8.1.1. Los tres primeros, correspondientes a \u201causencia de culpa\u201d, \u201ccausa extra\u00f1a\u201d y \u201causencia de causalidad\u201d, se soportaron en la falta de culpa o, si se quiere, en \u201cla observancia de la ley del arte m\u00e9dico\u201d, raz\u00f3n por la cual, para negar su prosperidad, reiter\u00f3 que el \u201cdiagn\u00f3stico y manejo\u201d del paciente fue a \u201ctodas luces equivocado[,] porque agrav\u00f3 notoriamente [su] estado de salud (\u2026), a tal punto que, cuando fue de nuevo intervenido quir\u00fargicamente en la misma Cl\u00ednica Tolima, hubo de practicarse nueva laparotom\u00eda, encontrando perforaci\u00f3n de ciego con abundante material fecaloide en la cavidad abdominal (\u2026), not\u00e1ndose en consecuencia la impericia o negligencia en la fase pos[t] operatoria que tras la tardanza en el reingreso, merced al diagn\u00f3stico de hernia umbilical, se potenci\u00f3 la aparici\u00f3n de la sepsis por peritonitis que finalmente caus\u00f3 la muerte al paciente, hechos demostrados que aniquilan las defensas propuestas fundadas en la supuesta diligencia y cuidado en las atenciones y procedimientos ofrecidos al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d. <\/p>\n
8.1.2. Sobre \u201cla legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e inexistencia de solidaridad\u201d, descart\u00f3 su acogimiento, \u201cpues est\u00e1 decantado por la jurisprudencia patria que en estos casos se responde solidariamente por el da\u00f1o causado[,] de tal suerte que la v\u00edctima o sus herederos o las v\u00edctimas de rebote pueden demandar indistintamente a la empresa prestadora de servicios de salud, o a la IPS, o a los m\u00e9dicos tratantes\u201d. <\/p>\n
8.1.3. Dedujo el fracaso de la \u201cprescripci\u00f3n\u201d excepcionada, habida cuenta que la aqu\u00ed aplicable corresponde a la establecida para la extinci\u00f3n de las acciones ordinarias, prevista en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, cuyo t\u00e9rmino es de 10 a\u00f1os, contados desde la ocurrencia del hecho, el cual, en este caso concreto, no alcanz\u00f3 a transcurrir, pues el deceso del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n acaeci\u00f3 el 6 de diciembre de 2004, la demanda fue presentada el 25 de agosto de 2008 y la notificaci\u00f3n de quien excepciona se verific\u00f3 el 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Respecto de las excepciones alegadas por la Sociedad de Cirujanos del Tolima Limitada, observ\u00f3 que todas estuvieron \u201cancladas (\u2026) en la carencia de culpa\u201d y que, por lo tanto, similares argumentos a los expuestos en relaci\u00f3n con las tres primeras propuestas por la Cl\u00ednica Tolima S.A., conducen a su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En torno de las defensas del doctor Hernando \u00c1vila Molina, destac\u00f3 que tienen, como \u201ccom\u00fan denominador, la diligencia, el cuidado y la pericia en las actuaciones y procedimientos ejecutados\u201d por el m\u00e9dico tratante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, memor\u00f3 que la pr\u00e1ctica de la apendicectom\u00eda, en el momento en el que se realiz\u00f3, no fue apropiada, como quiera que ya estaba determinada la \u201cperitonitis localizada\u201d que el mismo profesional de la medicina relacion\u00f3 en el registro de la cirug\u00eda y que, por ende, conforme a la lex artis, fue un procedimiento equivocado que agrav\u00f3 la situaci\u00f3n del enfermo; que antes de esa intervenci\u00f3n, no medi\u00f3 el otorgamiento del correspondiente \u201cconsentimiento informado\u201d; y que la determinaci\u00f3n consistente en haberle dado de alta a aqu\u00e9l un d\u00eda despu\u00e9s del referido procedimiento quir\u00fargico, fue prematura, pues por el desarrollo de la peritonitis que present\u00f3, requer\u00eda de tratamiento con antibi\u00f3ticos \u201cal interior de la instituci\u00f3n sanitaria, para obtener mejores resultados y evitar -como ocurri\u00f3 en este caso- la posterior complicaci\u00f3n de una infecci\u00f3n abdominal que [lo] llev\u00f3 a la muerte\u201d. <\/p>\n
Por virtud de lo anterior, no hall\u00f3 viable reconocer prosperidad a tales argumentos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Respecto de las excepciones formuladas por Salud Total S.A. E.P.S., consider\u00f3: <\/p>\n
8.4.1. Las consistentes en que \u201clas obligaciones m\u00e9dicas son de medio y no de resultado, r\u00e9gimen de responsabilidad civil m\u00e9dica por culpa probada y ausencia de responsabilidad por causa extra\u00f1a\u201d, se fincaron en \u201cla conducta prudente y diligente del personal m\u00e9dico que atendi\u00f3 al paciente Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n, por cuenta de la referida EPS\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, \u201cse despachar\u00e1n adversamente, como quiera que al desatar en esta sentencia en p\u00e1rrafos precedentes (\u2026) excepciones iguales o similares de otros demandados, entre ellos, las propuestas por el doctor Hernando \u00c1vila Molina, qued\u00f3 ampliamente probado y explicado que ciertamente hubo distintas manifestaciones que revelan, contrario a lo alegado en estas excepciones, la culpa o negligencia m\u00e9dica, vale decir, la inobservancia de la ley del arte m\u00e9dico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8.4.2. En cuanto hace a \u201clas defensas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada Salud Total S.A. EPS, (\u2026), al igual que (\u2026) la inexistencia de solidaridad (\u2026) y tambi\u00e9n sobre la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, infiri\u00f3 su fracaso, con fundamento en las razones se\u00f1aladas por la Corte en un fallo anterior, que el Tribunal transcribi\u00f3 a espacio. <\/p>\n
9. Pas\u00f3 al estudio de las excepciones propuestas por las llamadas en garant\u00eda, as\u00ed: <\/p>\n
9.1. En torno de la \u201cexistencia de disponibilidad sobre el valor asegurado\u201d, planteada por La Previsora S.A., acot\u00f3 que est\u00e1 desprovista de ese car\u00e1cter, como quiera que no tiene por fin enervar la pretensi\u00f3n del llamante, esto es, de la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- y que, en su momento, el Tribunal resolver\u00e1 si el contrato de seguro entre ellas celebrado, qued\u00f3 o no afectado con la acci\u00f3n intentada y la medida de ello. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que la invocaci\u00f3n que la susodicha aseguradora hizo de las excepciones propuestas por los demandados, resulta fallida, en la medida que, como ya lo analiz\u00f3, esas defensas naufragaron. <\/p>\n
9.2. Fijada su atenci\u00f3n en la respuesta que Liberty Seguros S.A. dio a la demanda y al llamamiento en garant\u00eda que le hizo Salud Total S.A. E.P.S., el ad quem se\u00f1al\u00f3 que las excepciones aducidas en frente de las pretensiones de los actores, se fundaron en \u201cla ausencia de culpa\u201d de la precitada empresa prestadora de salud y del m\u00e9dico tratante, raz\u00f3n por la que no tienen \u201cvocaci\u00f3n de \u00e9xito\u201d, pues en el proceso se \u201cacredit\u00f3 cabalmente la configuraci\u00f3n indiscutible de la negligencia o impericia m\u00e9dic[a]\u201d, como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
Sobre la de \u201cinexistencia de su obligaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula claims made\u201d, infiri\u00f3 su fracaso debido a las previsiones del apartado 4.1. de la p\u00f3liza, en que se estableci\u00f3 que \u201c(\u2026) \u2018se entiende por siniestro (\u2026) el acto m\u00e9dico o hecho da\u00f1oso por el que se le imputa responsabilidad al asegurado, ocurrido durante la vigencia de la p\u00f3liza y cuyas consecuencias sean reclamadas al asegurado o a Liberty, por v\u00eda judicial o extrajudicial, durante la vigencia de la p\u00f3liza o a m\u00e1s tardar dentro de un plazo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os calendario(\u2026), contados a partir de la terminaci\u00f3n de la misma\u2026\u2019 (\u2026)\u201d; y a que la precitada E.P.S. \u201cfue requerid[a], expresamente (\u2026) por la Fiscal\u00eda 44 Seccional de Ibagu\u00e9, el d\u00eda 19 de septiembre de 2005, mediante oficio 3915 (fl 8 cdno 3) en las diligencias previas 180.666-44 adelantadas por la muerte del paciente, Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n, a efectos de que aportara variada informaci\u00f3n sobre las gu\u00edas de manejo aplicadas por los m\u00e9dicos generales de la asegurada, para el d\u00eda 26 de noviembre de 2004, adem\u00e1s que, se informara otros puntos de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n penal; noticia o requerimiento extrajudicial realizado al tomador -asegurado de la p\u00f3liza de seguro (\u2026) tempestivamente, es decir, dentro del plazo de vigencia del se\u00f1alado contrato de seguro, cuyo plazo feneci[\u00f3] el 27 de octubre de 2005 (fl 1 a 7 cdno 3), y por tanto, obviamente, dentro del plazo m\u00e1ximo establecido en el contrato para que la reclamaci\u00f3n sea entendida como oportuna; (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
9. A continuaci\u00f3n, el Tribunal se ocup\u00f3 de resolver los restantes llamamientos en garant\u00eda efectuados por Salud Total S.A. E.P.S., lo que hizo de la siguiente manera: <\/p>\n
10.1. En relaci\u00f3n con el realizado a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, dej\u00f3 en claro su pertinencia, puesto que s\u00ed es viable tal tipo de vinculaci\u00f3n respecto de quien ostenta la calidad de demandado. <\/p>\n
Pese a lo anterior, concluy\u00f3 el fracaso del mismo, habida cuenta que \u201cel v\u00ednculo contractual que une a la E.P.S. SALUD TOTAL con la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima Ltda. (sic), denominado \u2018contrato para la prestaci\u00f3n de servicios de salud modalidad de pago por evento\u2019 (fl 1 a 10 cdno 5), no supone en ning\u00fan sentido que, la sociedad llamada en garant\u00eda[,] est[\u00e9] obligada a reembolsar total o parcialmente el pago que tuviere que hacer la E.P.S. demandada con ocasi\u00f3n del presente asunto de responsabilidad civil m\u00e9dica\u201d. <\/p>\n
10.2. Desestim\u00f3 el que se hizo al doctor Hernando \u00c1vila Molina, por cuanto la \u201cllamante no acredit\u00f3, debiendo hacerlo, el v\u00ednculo contractual o el soporte legal que justificara tal llamamiento en garant\u00eda (\u2026); es decir, no existe nexo convencional y no se conoce normativa alguna, que en el caso presente obligue al m\u00e9dico que practic\u00f3 la inicial cirug\u00eda al paciente fallecido, para indemnizar a SALUD TOTAL EPS, o, reembolsar a la misma, total o parcialmente la cantidad de dinero que sea condenada en esta sentencia\u201d. <\/p>\n
10.3. Igual determinaci\u00f3n adopt\u00f3 en frente del llamamiento dirigido en contra de la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada, toda vez que, si bien, en el \u201ccontrato que ata a las partes, (\u2026), denominado \u2018contrato para la prestaci\u00f3n de servicios de salud modalidad de pago por honorarios\u2019 (fl 2 a 14 cdno 6)\u201d se previ\u00f3, \u201cen el inciso 3 de la cl\u00e1usula segunda (2), bautizada \u2018garant\u00eda de calidad\u2019, la facultad de llamar en garant\u00eda a la sociedad contratista, (\u2026), es igualmente certero que la posibilidad de [que] la entidad SALUD TOTAL EPS pueda repetir contra el contratista (\u2026)[,] no habilita a la sociedad llamante en garant\u00eda para reclamar de la contratista el monto o valor de indemnizaci\u00f3n alguna, o, en su caso, el reembolso de lo pagado con ocasi\u00f3n del presente proceso, puesto que tal posibilidad de repetici\u00f3n est\u00e1 vinculada con la bautizada \u2018garant\u00eda de calidad\u2019 que alude a la obligaci\u00f3n del contratista de prestar el servicio contratado con calidad, idoneidad y profesionalismo del personal contratado, prestaci\u00f3n bien distinta a la que se regula como obligaci\u00f3n axiol\u00f3gica del llamamiento en garant\u00eda; raz\u00f3n por la cual, \u00e9ste otro llamamiento de SALUD TOTAL EPS, ser\u00e1 desestimado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Enseguida, el ad quem se ocup\u00f3 de la tasaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n: <\/p>\n
11.1. Sobre los perjuicios morales, precis\u00f3 que gozan \u201cde una especie de presunci\u00f3n en trat\u00e1ndose de parientes o familiares muy cercanos a la v\u00edctima directa, tales como hijos y\/o ascendientes; empero la aplicaci\u00f3n de tal presunci\u00f3n requiere, elemental decirlo, la prueba inequ\u00edvoca del parentesco\u201d. <\/p>\n
Con tal base, estableci\u00f3 que tanto la c\u00f3nyuge, como el hijo y los padres del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), se ven favorecidos por la aplicaci\u00f3n de dicha premisa, lo que no acontece en relaci\u00f3n con los otros demandantes, toda vez que no se acredit\u00f3 la condici\u00f3n de hermana y cu\u00f1ada del nombrado de Claudia Alexandra G\u00f3mez Rond\u00f3n y Mariana Prada Rojas, respectivamente. En cuanto hace a C\u00e9sar Augusto Cuellar D\u00edaz, amigo de la susodicha v\u00edctima, destac\u00f3 la \u201cnotoria orfandad probatoria\u201d en punto de demostrar ese v\u00ednculo y que hubiere estado afectado por sentimientos de tristeza o congoja, situaci\u00f3n que lo condujo a denegar \u201cla referida pretensi\u00f3n indemnizatoria\u201d. <\/p>\n
11.2. En cuanto hace a los perjuicios materiales, memor\u00f3 que solo se reclam\u00f3 el lucro cesante y que, con el fin de establecer su cuant\u00eda, se decret\u00f3 un dictamen pericial, el cual fue objetado por tres de los demandados. <\/p>\n
Sin m\u00e1s pre\u00e1mbulos, acogi\u00f3 la experticia en cuanto hace a \u201cla determinaci\u00f3n del salario promedio devengado por el causante\u201d, toda vez que se trataba de un profesional de la ingenier\u00eda civil que, al momento de fallecer, no percib\u00eda un salario fijo, por lo que encontr\u00f3 razonable que, para la determinaci\u00f3n de sus ingresos, se tuviera en cuenta la prueba documental concerniente con su \u201cvida econ\u00f3mica\u201d y, por otra parte, desatinado e injusto optar por el \u201csalario m\u00ednimo legal mensual vigente\u201d. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que para la \u00e9poca del deceso del del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, \u201cun profesional de ingresos medios, con alguna experiencia laboral, devengaba (\u2026) entre 3 y 4 millones de pesos, aproximadamente, tal el caso de un juez municipal, cuyo ingreso mensual era de $2\u2019998.837, o, un juez de circuito recib\u00eda como salario la suma de $3\u2019858.839, reflexi\u00f3n que impregna alg\u00fan grado de sensatez al guarismo que se\u00f1ala la perito como ingreso promedio mensual del causante, en atenci\u00f3n a los factores ya analizados de contratos ajustados en el a\u00f1o de su muerte, promedio de saldos de su cuenta bancaria, experiencia laboral como profesional de la ingenier\u00eda, el salario medio profesional en Colombia y en fin los criterios ponderados por la auxiliar de la justicia\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, memor\u00f3 la declaraci\u00f3n rendida por el se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Cuellar D\u00edaz, socio y amigo del occiso, quien testimoni\u00f3 que \u00e9ste, para cuando falleci\u00f3, devengaba una suma aproximada a los $3.000.000.oo. <\/p>\n
Desech\u00f3 en lo restante la pericia, al constatar el desacierto del c\u00e1lculo de la vida probable de la v\u00edctima, por aplicar una resoluci\u00f3n vigente con posterioridad a su deceso; de la actualizaci\u00f3n monetaria, por tener como IPC final uno distinto al del mes anterior a la fecha de presentaci\u00f3n del informe; del salario base de la liquidaci\u00f3n, como quiera que le aplic\u00f3 un doble descuento por gastos personales del causante y por su expectativa de vida; y del tiempo que le faltaba al menor hijo para alcanzar la edad de 25 a\u00f1os. Adicionalmente, le reproch\u00f3 a la auxiliar de la justicia haber soportado su trabajo en una sentencia del Consejo de Estado, que no es de recibo en esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, procedi\u00f3 a estimar el monto del lucro cesante consolidado y futuro, tanto para la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante, como para el hijo menor de la pareja G\u00f3mez Prada, con el siguiente resultado: <\/p>\n
<\/p>\n
INDEMNIZACI\u00d3N ACTUALIZADA A SEPTIEMBRE DE 2018 <\/p>\n
A FAVOR DE: <\/p>\n
LUCRO CESANTE CONSOLIDADO <\/p>\n
LUCRO CESANTE FUTURO <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
NOHEMY PRADA ROJAS <\/p>\n
$546.117.124,96 <\/p>\n
$408.309.077,57 <\/p>\n
$954.426.202,52 <\/p>\n
JULI\u00c1N DAVID G\u00d3MEZ PRADA <\/p>\n
$546.117.124,96 <\/p>\n
$238.693.705,29 <\/p>\n
$784.810.830,25 <\/p>\n
TOTAL DE INDEMNIZACI\u00d3N <\/p>\n
$1.739.237.032,77 <\/p>\n
12. En definitiva, el Tribunal concluy\u00f3 el acogimiento de la acci\u00f3n; la desestimaci\u00f3n de las excepciones propuestas; la pertinencia de condenar a los demandados al pago de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o material, en la modalidad de lucro cesante, en favor de la viuda e hijo del causante, as\u00ed como del perjuicio moral para ellos dos y los padres del se\u00f1or G\u00f3mez Rod\u00f3n; la imposibilidad de acceder a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n para los dos primeros, porque conforme al precedente jurisprudencial \u201ctal resarcimiento es atendible tan solo en favor de la v\u00edctima directa y no de v\u00edctimas de rebote como las reclamantes en este proceso\u201d; el fracaso de la objeci\u00f3n planteada frente al informe rendido por el perito m\u00e9dico forense; y la prosperidad parcial de la objeci\u00f3n aducida respecto del dictamen pericial ordenado para el c\u00e1lculo del perjuicio material. <\/p>\n
LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Recurrieron extraordinariamente Salud Total S.A. E.P.S., la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, el doctor Hernando \u00c1vila Molina y La Previsora S.A. Como la \u00faltima no present\u00f3 la correspondiente demanda para sustentar la impugnaci\u00f3n, se declar\u00f3 desierta la misma (auto del 21 de agosto de 2019, fls. 130 a 131 vuelto, cd. de la Corte). <\/p>\n
La primera de las citadas recurrentes, en sustento del recurso extraordinario que propuso, formul\u00f3 dos cargos, soportados en las dos iniciales causales de casaci\u00f3n, en los que combati\u00f3 la desestimaci\u00f3n que el ad quem hizo de los llamamientos en garant\u00eda a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, la Sociedad de Cirujanos del Tolima Limitada y el doctor Hernando \u00c1vila Molina. <\/p>\n
Por su parte, la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, en el libelo que present\u00f3, plante\u00f3 siete cargos, as\u00ed: los dos primeros con estribo en la causal quinta de casaci\u00f3n, en los que pidi\u00f3 la nulidad del proceso; el siguiente, fincado en la causal tercera, en el que denunci\u00f3 el fallo por incongruente; la cuarta acusaci\u00f3n, soportada en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que combati\u00f3 el ingreso de la v\u00edctima que tuvo en cuenta el ad quem al concretar el lucro cesante, con que benefici\u00f3 a la c\u00f3nyuge e hijo de aqu\u00e9lla; el cargo quinto, planteado por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, en el que se controvirti\u00f3 la condena al da\u00f1o moral; el sexto reproche, edificado tambi\u00e9n sobre la causal primera de casaci\u00f3n, dirigido a cuestionar la correcci\u00f3n monetaria que el Tribunal aplic\u00f3 en la tasaci\u00f3n del lucro cesante; y la censura final, que igualmente transit\u00f3 por la senda de la violaci\u00f3n directa, encaminada a disputar que el lucro cesante del hijo de la v\u00edctima, se hubiere liquidado hasta cuando \u00e9l cumpla la edad de 25 a\u00f1os. <\/p>\n
A su turno, en la demanda presentada en nombre del doctor Hernando \u00c1vila Molina, su apoderado propuso tres cargos, de los cuales, los dos iniciales, denunciaron la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, para, en el primero, reprochar la culpabilidad imputada al recurrente, y en el segundo, cuestionar la base salarial que se tom\u00f3 a efecto de la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante; y el cargo tercero, en el que se tild\u00f3 la sentencia del Tribunal de incongruente. <\/p>\n
Con miras a resolver esa pluralidad de acusaciones, la Corte comenzar\u00e1 con los cargos de nulidad propuestos por la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-; continuar\u00e1 con los cargos de incongruencia que dicha demandada y el doctor Hernando \u00c1vila Molina propusieron; a continuaci\u00f3n estudiar\u00e1 el cargo primero formulado por el precitado accionado, como quiera que concierne con el elemento culpa de la responsabilidad establecida por el ad quem; seguidamente se ocupar\u00e1 de los restantes cargos aducidos por la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, toda vez que tienen alcances meramente parciales, acumul\u00e1ndose a la cuarta acusaci\u00f3n, el cargo segundo del doctor \u00c1vila Molina, por versar sobre una misma cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, se ocupar\u00e1 de los cargos propuestos por Salud Total S.A. E.P.S., lo cuales, como se dijo, se refieren a los llamamientos en garant\u00eda. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal quinta de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la nulidad de la sentencia cuestionada, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como fundamento de la acusaci\u00f3n, se adujeron los argumentos que enseguida se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El 12 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 recibi\u00f3 el proceso para la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luego del impulso procesal respectivo, mediante auto del 30 de abril de 2015, el magistrado ponente de entonces, prorrog\u00f3 el plazo para proferir la correspondiente decisi\u00f3n de fondo, habida cuenta de la proximidad del vencimiento del t\u00e9rmino de seis meses previsto para ello en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con prove\u00eddo del 1\u00ba de agosto de 2016, se efectu\u00f3 una segunda pr\u00f3rroga, por seis meses m\u00e1s, para ese fin, con apoyo en la misma norma. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El nuevo ponente, el 13 de septiembre de 2016, declar\u00f3 la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de su competencia para definir la referida alzada y remiti\u00f3 el proceso al magistrado que segu\u00eda en turno, quien no acept\u00f3 esa determinaci\u00f3n y provoc\u00f3 una colisi\u00f3n negativa de competencia, que fue resuelta por una Sala Mixta de la misma Corporaci\u00f3n, la cual retorn\u00f3 el expediente a aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La sentencia de segunda instancia, en definitiva, se profiri\u00f3 el 14 de septiembre de 2018, \u201cvale decir, por fuera del plazo de seis meses que ten\u00eda la Sala para decidir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, incluso descontando los cuatro meses que dur\u00f3 la decisi\u00f3n del conflicto negativo de competencia suscitado entre los magistrados de la Sala (entre el 15 de septiembre de 2016 y el 21 de febrero de 2017)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
6. De conformidad con la precitada norma y el criterio expuesto en torno de ella por esta Sala de la Corte en la sentencia de tutela que a espacio trascribi\u00f3 el recurrente, es innegable que la aplicaci\u00f3n que hizo el ponente de ese precepto \u201cincluye la sanci\u00f3n de nulidad que se configura en el evento de que venza el plazo para \u2018resolver la segunda instancia\u2019 sin que ello se haga, como aqu\u00ed aconteci\u00f3\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por lo anterior, debe declararse \u201cla nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la fecha en que el ponente perdi\u00f3 competencia y que se ordene, consecuentemente, devolver el expediente al Tribunal para que rehaga la correspondiente actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A voces del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es motivo de casaci\u00f3n \u201c[h]aberse dictado la sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u201d (se subraya). <\/p>\n
Es ostensible, entonces, que las invalidaciones procesales alegables en desarrollo del recurso extraordinario de que se trata, est\u00e1n sometidas, como acontece en las instancias, al principio de convalidaci\u00f3n, que se \u201c(\u2026) \u2018(\u2026) refiere a la posibilidad del saneamiento, expreso o t\u00e1cito, lo cual apareja la desaparici\u00f3n del vicio, salvo los casos donde por primar el inter\u00e9s p\u00fablico no se admite este tipo de disponibilidad (\u2026). De manera que para tener \u00e9xito una reclamaci\u00f3n de nulidad procesal, se requiere no s\u00f3lo que la ley consagre positivamente el vicio como causal de nulidad, sino que quien la alegue siendo afectado por \u00e9l no la haya saneado expresa o t\u00e1citamente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 2001, Rad. n.\u00b0 5562; se subraya)\u201d (CSJ, SC 069 del 28 de enero de 2019, Rad. n.\u00b0 2008-00226-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para el censor, la sentencia de segunda instancia es nula, toda vez que fue dictada luego de vencido el t\u00e9rmino de seis meses contemplado para su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto en el que, entre otras previsiones, en su inciso 6\u00ba, se estableci\u00f3 que \u201c[s]er\u00e1 nula (\u2026) la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sobre este mandato, debe memorarse desde ya, que en la sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, la Corte Constitucional, entre otras determinaciones, resolvi\u00f3 \u201cDECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de la expresi\u00f3n \u2018de pleno derecho\u2019 contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u201d (se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De lo hasta aqu\u00ed expuesto se sigue que la nulidad derivada de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos previstos en la primera parte de la norma en comento es saneable y que, por lo mismo, su acogimiento en casaci\u00f3n, exige que no haya sido convalidada por quien la aduzca, entre otras hip\u00f3tesis, por haber actuado en el proceso sin alegarla. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que el defecto advertido por el recurrente, en principio, s\u00ed se configur\u00f3, pues ciertamente la sentencia combatida se emiti\u00f3 vencido el t\u00e9rmino de seis meses que, para proferirla, consagr\u00f3 el precepto de que se trata. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre el particular, es del caso se\u00f1alar, en primer lugar, que el proceso fue recibido en el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil \u2013 Familia, el 13 de noviembre de 2014, para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n que los actores interpusieron contra la sentencia dictada el 9 de octubre de ese mismo a\u00f1o por el a quo (fl. 3, cd. 18); y que dicho recurso fue resuelto casi cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, mediante providencia que data del 14 de septiembre de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En segundo puesto se advierte que, contabilizado el referido t\u00e9rmino desde la fecha de posesi\u00f3n del magistrado ponente del fallo cuestionado (1\u00ba de septiembre de 2016) y descontado el tiempo que tard\u00f3 el conflicto negativo de competencia que se suscit\u00f3 a ra\u00edz de la declaratoria de p\u00e9rdida de la misma que \u00e9l hizo, como se dispuso en la providencia del 27 de enero de 2017 que lo desat\u00f3, al concluir que \u201cle corresponde al doctor Diego Omar P\u00e9rez Salas, Magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, asumir y conocer de la apelaci\u00f3n, para lo cual contar\u00e1 con seis meses a partir de la fecha en que se posesion\u00f3 en el cargo, periodo al que deber\u00e1 descontarse el tiempo que dur\u00f3 este tr\u00e1mite\u201d (fls. 3 a 5 vuelto, cd. 20; se subraya), se colige: <\/p>\n
5.2.1. Entre la fecha de la posesi\u00f3n de dicho funcionario y la del auto en el cual efectu\u00f3 la referida declaratoria y se separ\u00f3 del conocimiento del asunto (13 de septiembre de 2016), pasaron 12 d\u00edas. <\/p>\n
5.2.2. Y desde cuando volvi\u00f3 a correr el t\u00e9rmino que se investiga, esto es, desde el 1\u00ba de marzo de 2017, fecha en la que retorn\u00f3 el expediente al despacho del ponente para el emitir el respectivo fallo, luego de renovarse el c\u00f3mputo del tiempo para ello (fl. 330, cd. 19), hasta cuando efectivamente se dict\u00f3 el mismo (14 de septiembre de 2018), transcurrieron 18 meses y 14 d\u00edas. <\/p>\n
5.2.3. Ello significa que el Tribunal dict\u00f3 el fallo de que se trata, pasados 18 meses y 26 d\u00edas, contados a partir de cu\u00e1ndo el magistrado ponente del mismo tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, sin que en ese interregno se hubiera ampliado el t\u00e9rmino establecido en la ley con tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Pese a lo anterior, la Sala encuentra, con sustento en las premisas generales se\u00f1aladas al inicio de estas consideraciones, que el vicio denunciado fue convalidado t\u00e1citamente por la recurrente, como quiera que no lo aleg\u00f3, habiendo podido y debido hacerlo, por lo que no es reconocible en este momento. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para arribar a tal conclusi\u00f3n se establece, de un lado, que conforme a la contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos atr\u00e1s efectuada, es dable inferir que el plazo de seis meses en cuesti\u00f3n, en el caso sub lite, venci\u00f3 a mediados de agosto de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y de otro que, con posterioridad a tal momento, el magistrado ponente realiz\u00f3 m\u00faltiples actuaciones, entre las cuales figuran: dispuso que la auxiliar de la justicia encargada del dictamen para cuantificar el perjuicio material, rindiera las aclaraciones y complementaciones ordenadas y la requiri\u00f3 con tal fin (autos del 16 de agosto y 3 de octubre de 2017; fls. 381 y 388, cd. 19); corri\u00f3 traslado de esa adici\u00f3n a las partes (autos del 19 de octubre y 15 de noviembre de 2017, fls. 423 y 444 a 447, cd. 21); impuls\u00f3 las objeciones que por error grave varios de los intervinientes propusieron contra dicha experticia (autos del 15 de diciembre de 2017 y 12 de febrero de 2018; fls. 455 y 474 a 475, cd. 21); y, por \u00faltimo, decret\u00f3 y practic\u00f3 la audiencia contemplada en el art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (autos del 12, 24 y 31 de julio de 2018 y audiencias de 30 de julio y 13 de agosto del mismo a\u00f1o; fls. 480, 493, 501 a 503 y 526 a 529, cd. 21). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Es ostensible, entonces, que no obstante el fenecimiento del t\u00e9rmino en cuesti\u00f3n y la prolongada tramitaci\u00f3n adelantada con posterioridad a cuando ello tuvo ocurrencia, ninguno de los integrantes de las partes, menos, la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, adujo la nulidad en estudio. <\/p>\n
Por el contrario, la precitada demandada mostr\u00f3 conformidad con todas esas actuaciones, como quiera que no recurri\u00f3 ninguno de los pronunciamientos atr\u00e1s relacionados, toda vez que los cuestionamientos que se formularon no provinieron de ella. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, su apoderado judicial intervino tanto en el inicio, como en la continuaci\u00f3n, de la referida audiencia de alegaciones, oportunidad que utiliz\u00f3 para expresar las razones por las que consideraba que la acci\u00f3n no estaba llamada a prosperar, total o parcialmente, sin esgrimir la p\u00e9rdida de competencia del magistrado ponente por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
9. El cargo auscultado, por ende, fracasa. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en la misma causal invocada en el precedente reproche casacional, se acus\u00f3 el fallo combatido \u201cde haber incurrido en la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, esto es, la violaci\u00f3n al debido proceso\u201d. <\/p>\n
La queja se fundament\u00f3, en s\u00edntesis, en las razones que pasan a rese\u00f1arse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre la base de que en la demanda se solicit\u00f3, de un lado, el resarcimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y de otro, la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial a fin de concretar el monto de los mismos, el recurrente puso de presente: que esa prueba se decret\u00f3 en conjunto con la similar pedida por algunos demandados, design\u00e1ndose para su rendici\u00f3n un m\u00e9dico cirujano (autos de 28 de junio y 11 de julio de 2011), sin protesta de la parte actora; que solo hasta el 25 de agosto de dicho a\u00f1o, los promotores del litigio solicitaron la designaci\u00f3n de un perito id\u00f3neo para la elaboraci\u00f3n de la experticia por ellos reclamada; y que ese pedimento fue denegado, mediante auto del d\u00eda 29 de esos mismos mes y a\u00f1o, frente al cual aqu\u00e9llos no interpusieron recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por aparte, observ\u00f3 que en el tr\u00e1mite de la segunda instancia suscitada por la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, el apoderado de los gestores de la controversia insisti\u00f3 en la designaci\u00f3n de un perito para la concretizaci\u00f3n de los perjuicios materiales, solicitud igualmente desestimada, al considerarse que no estaban cumplidas las exigencias del art\u00edculo 361 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como quiera que la falta de evacuaci\u00f3n de la comentada experticia era, en buena medida, resultado de su incorrecta solicitud y de que los demandantes no protestaron los autos concernientes con ella, empezando por aqu\u00e9l en el que se decret\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En tal orden de ideas, el censor destac\u00f3 que, pese a lo anterior, \u201cel ponente dict\u00f3 el 4 de mayo de 2017 (fls. 331 y 332 C. 18 tomo II), de manera sorpresiva, un auto en el que decret\u00f3 de manera oficiosa \u2018\u2026la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial para determinar de manera razonada el monto del lucro cesante, consolidado y futuro, padecidos de manera cierta, real y efectiva por los demandantes\u2019\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Fijada su atenci\u00f3n en esa determinaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 que ella \u201cdemuestra de manera irrebatible, la violaci\u00f3n al debido proceso de que fue objeto mi representada en este juicio, pues con el decreto oficioso de tal prueba, el [m]agistrado ponente quebr\u00f3 en mil pedazos, uno de los principios b\u00e1sicos de la administraci\u00f3n de justicia, que es el de la imparcialidad y permiti\u00f3 la realizaci\u00f3n de una prueba que, de una parte, no se practic\u00f3 en primera instancia por culpa de los demandantes y, de la otra, fue obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso y sirvi\u00f3 de fundamento -ello es medular- para fulminar la millonaria condena en contra de los demandados\u201d, tesis en pro de la cual reprodujo distintos segmentos de dos pronunciamientos de la Corte Constitucional, alusivos a \u201cla independencia e imparcialidad de los jueces\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tras insistir el recurrente, con argumentos similares a los ya expuestos, en la ilegalidad del pronunciamiento rese\u00f1ado, defecto que, dijo, no puede desconocerse con el argumento de la obligaci\u00f3n que tienen los jueces de decretar pruebas de oficio, trajo a colaci\u00f3n distintos pronunciamientos de esta Sala de la Corte concernientes con esa facultad, los l\u00edmites de su ejercicio y el debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Al cierre, solicit\u00f3 disponer la invalidaci\u00f3n deprecada y ordenar la devoluci\u00f3n del expediente al ad quem \u201cpara que dicte una nueva [sentencia] con exclusi\u00f3n de las referidas pruebas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se extracta del compendio en precedencia consignado, la nulidad ahora reprochada se hizo consistir en que el decreto oficioso de la prueba pericial ordenada por el ad quem, contenido en el auto del 4 de mayo de 2017, vulner\u00f3 el art\u00edculo 177 de C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que condujo a la pr\u00e1ctica de una prueba que dej\u00f3 de surtirse en primera instancia por culpa de quien la solicit\u00f3, esto es, del extremo demandante, contrariando as\u00ed los principios de \u201cindependencia e imparcialidad\u201d que rigen la funci\u00f3n judicial y, con ello, el debido proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, deviniendo esa determinaci\u00f3n como il\u00edcita. <\/p>\n
En tal virtud, el censor solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n del proceso a partir de la sentencia confutada y que, como consecuencia de ello, regrese el expediente a la precitada Corporaci\u00f3n, para que dicte un nuevo fallo con prescindencia de la referida prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Esa comprensi\u00f3n del cargo deja al descubierto su indebida formulaci\u00f3n, como quiera que la inconformidad de su autor, en su verdadera esencia, concerni\u00f3 con el decreto y la ponderaci\u00f3n de la referida experticia, yerro que, por constituir un protot\u00edpico error de derecho, debi\u00f3 formularse a la luz de la causal segunda de casaci\u00f3n y no de la quinta, como se hizo. <\/p>\n
3. Las nulidades procesales, en general, apuntan a la correcci\u00f3n de los graves defectos de construcci\u00f3n del litigio taxativamente enlistados en la ley, mas no de cualquier anomal\u00eda, para lo cual se prev\u00e9 la invalidaci\u00f3n de lo actuado desde cuando tuvo ocurrencia el vicio y la renovaci\u00f3n, en debida forma, de la tramitaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Por consiguiente, en ese concepto no cabe ubicarse la sanci\u00f3n consagrada el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al se\u00f1alar que \u201c[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, pues como se descubre de la norma misma, la invalidaci\u00f3n all\u00ed establecida no comprende el litigio en el que se produjo tal tipo de probanza, en s\u00ed mismo considerado, sino que recae solamente sobre el elemento de juicio obtenido en contrav\u00eda de los derechos fundamentales, el cual, al ser nulo de pleno derecho, obviamente, no puede ser apreciado por los sentenciadores de instancia, quienes, en caso de ponderarlo, incurrir\u00edan en error de derecho, por asignarle m\u00e9rito demostrativo a una prueba sancionada en la forma mencionada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Es claro, entonces, que la comentada invalidaci\u00f3n tiene como \u00fanico objeto dejar sin efectos la prueba il\u00edcita y, de esta manera, impedir que ella sea tenida en cuenta por los juzgadores, al momento de adoptar las determinaciones que les corresponden. <\/p>\n
As\u00ed lo estim\u00f3 la Sala en un fallo de reciente factura, oportunidad en la que expuso: <\/p>\n
Refulge que la cr\u00edtica se dirigi\u00f3 a cuestionar que se decretara y valorara, por el juez de conocimiento, una prueba oficiosa, aspecto propio de la senda indirecta por error de derecho, m\u00e1s no de una nulidad, pues esta \u00faltima est\u00e1 concebida para criticar aspectos relativos al procedimiento seguido, la forma en que se agotaron sus etapas, la vinculaci\u00f3n o representaci\u00f3n de los sujetos procesales, o cualquier otra circunstancia que devele una equivocaci\u00f3n de actividad. <\/p>\n
La causal invocada, para su correcta sustentaci\u00f3n, no pod\u00eda asentarse en una objeci\u00f3n sobre la forma en que se demostr\u00f3 uno de los supuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, por resultar palmaria su falta de idoneidad para soportar el ataque, como fue reconocido por esta Corporaci\u00f3n en un caso similar: <\/p>\n
En efecto, si el cuestionamiento deviene de haber apreciado la prueba del dominio, cuando el Tribunal no ha debido hacerlo, el reparo escapa a las hip\u00f3tesis de invalidez del proceso, con independencia de si la prueba es il\u00edcita (infractora de los derechos fundamentales) o ilegal. Ese debate se ubica realmente, en el plano eminentemente jur\u00eddico, cuyo reproche en casaci\u00f3n cabe hacerse por un camino diferente (SC211, 20 en. 2017, rad. n.\u00b0 2005-00214-01). <\/p>\n
(\u2026) Total, seg\u00fan la jurisprudencia vigente, la nulidad derivada de una prueba il\u00edcita no tiene el alcance de invalidar la actuaci\u00f3n, pues sus efectos se acotan al medio suasorio en concreto y la correcta aplicaci\u00f3n del derecho que gobierna la controversia, lo que deber\u00e1 invocarse con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy en d\u00eda de la segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, aclara la Sala]. <\/p>\n
De forma literal se ha dicho: <\/p>\n
[L]a sanci\u00f3n que en principio se deriva de la \u2018nulidad\u2019 de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovaci\u00f3n total o parcial, a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la repetici\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, aflora di\u00e1fanamente, pues mientras la primera comporta un yerro de actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad (SC, 13 dic. 2002, exp. n.\u00b0 6426). <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n no podr\u00eda ser diferente, pues el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin ambig\u00fcedad alguna, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (negrilla fuera de texto); esto es, circunscribe los efectos invalidantes al instrumento suasorio que se obtuvo en desatenci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, sin extenderlo a la totalidad del tr\u00e1mite. Se trata, entonces, de una regla de exclusi\u00f3n probatoria, \u00abvale decir, [impone] la separaci\u00f3n de ese material suasorio del elenco probatorio. As\u00ed las cosas, es infortunado y est\u00e9ril el esfuerzo del recurrente enderezado a enmarcar en el contexto\u2026 [de] la nulidad del proceso\u00bb (SC, 28 ab. 2008, rad. n.\u00b0 2003-00097-01). <\/p>\n
Por tanto, en el caso bajo escrutinio se cometi\u00f3 el error t\u00e9cnico de formular una acusaci\u00f3n, siendo procedente denegar su estudio (CSJ, SC 4257 del 9 de noviembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2010-00514-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Es innegable la impertinencia de la nulidad deprecada y el desacierto del camino escogido por el recurrente para cuestionar la ponderaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la prueba decretada por \u00e9l mismo de oficio, desatinos que obligan a desestimar el cargo estudiado en precedencia. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Fincado en la causal de casaci\u00f3n identificada con el mismo n\u00famero, el recurrente denunci\u00f3 la sentencia generadora de su inconformidad, por \u201cser incongruente con las pretensiones y con los hechos aducidos en [\u00e9]sta\u201d. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del cargo se ciment\u00f3 en los planteamientos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Empez\u00f3 el censor por referirse, en abstracto, sobre la incongruencia, con base en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la jurisprudencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Seguidamente, transcribi\u00f3 las pretensiones de la demanda y la parte resolutiva del fallo de segunda instancia hasta el punto noveno, inclusive, parag\u00f3n del que infiri\u00f3 que se \u201cpuede advertir, sin dificultad, que el Tribunal se desentendi\u00f3 del petitum del pliego introductor y resolvi\u00f3 el litigio de la manera que le pareci\u00f3 m[\u00e1]s conveniente\u201d, aseveraci\u00f3n en torno de la cual explic\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el referido fallo se afirm\u00f3 que la acci\u00f3n se propuso inicialmente por la v\u00eda de la responsabilidad contractual y que luego se cambi\u00f3 a la extracontractual, aseveraci\u00f3n que el recurrente no encontr\u00f3 ajustada a la realidad, pues en el escrito genitor de la controversia no se hizo el se\u00f1alamiento que se le atribuye, am\u00e9n que el mismo no fue objeto de posterior reforma. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A\u00f1adi\u00f3 que la \u00fanica acotaci\u00f3n existente al respecto, aparece en el memorial de subsanaci\u00f3n, en el que el apoderado de los actores \u201caclar\u00f3 que \u2018\u2026la acci\u00f3n que se depreca, es la de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL y no como err\u00f3neamente se anotara en el libelo demandatorio\u2019\u201d. <\/p>\n
En tal orden de ideas, advirti\u00f3 que esa manifestaci\u00f3n \u201cno tiene la virtualidad de hacer desvanecer o desaparecer las pretensiones que fueron formuladas que, se itera, no fueron reformadas, modificadas o cambiadas en el curso del proceso y que obligaban, por lo tanto, al Tribunal a proferir una sentencia consonante con tales s\u00faplicas y era eso, con seguridad, la intenci\u00f3n del Tribunal cuando afirm\u00f3 en la parte motiva de la providencia impugnada que \u20183. A esta altura del an\u00e1lisis probatorio cabe concluir, sin ambages, que est\u00e1n acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad m\u00e9dica contractual\u2026\u2019 (p[\u00e1]g. 17 de la sentencia)\u201d. <\/p>\n
3. Destac\u00f3, adicionalmente, que las tres primeras pretensiones desaparecieron por arte de magia; que no existe solicitud para que la condena se hiciera \u201cen forma solidaria para todos los demandados\u201d; y que nada se dijo para que la indemnizaci\u00f3n reclamada en favor del hijo del causante, \u201cse de hasta que aquel cumpla 25 a\u00f1os de edad, como se dispuso en la sentencia, es decir, que tales decisiones (\u2026) no tienen asidero en ninguna s\u00faplica del petitum\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por aparte, reproch\u00f3 que el fallo del ad quem, adem\u00e1s, es \u201cincongruente con los hechos que estructuran la causa petendi\u201d, puesto que \u201cen ninguna parte\u201d de ellos se adujo \u201cla existencia de negligencia m\u00e9dica derivada de la ausencia de consentimiento informado, o de la salida prematura de la cl\u00ednica, o del reingreso tard\u00edo a [\u00e9]sta, hechos que son, de una parte, fruto de la inventiva del Tribunal y, de la otra, determinantes en la fundamentaci\u00f3n de sentencia condenatoria\u201d. <\/p>\n
En pro de esta espec\u00edfica queja, el censor reprodujo parcialmente un fallo de la Corte, alusivo a la incongruencia de los fallos judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La inconsonancia en precedencia denunciada, est\u00e1 cimentada en la desarmon\u00eda de la sentencia, por una parte, con las pretensiones elevadas, como quiera que no se resolvieron las tres primeras, no se solicit\u00f3 la condena solidaria de los demandados y nada se dijo para que el lucro cesante liquidado en favor del hijo de la v\u00edctima, lo fuera hasta cuando \u00e9l cumpla los 25 a\u00f1os de edad; y, por otra, con los hechos de la demanda, pues en \u00e9sta no se adujo la ausencia del consentimiento informado, ni la salida prematura del paciente de la cl\u00ednica, ni su reingreso tard\u00edo a la misma, como factores generadores de la responsabilidad reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En torno de la incongruencia fundada en la falta de definici\u00f3n las s\u00faplicas iniciales del libelo introductorio, as\u00ed como en que los demandantes no esgrimieron como causa de la responsabilidad por ellos peticionada, la carencia del consentimiento informado, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es indispensable que quien lo formule \u201cact\u00fae legitimado\u201d y, adem\u00e1s, \u201cque el inconforme tenga la facultad de plantear cada uno de los cargos que aduzca con el prop\u00f3sito de combatir la sentencia blanco de su ataque, posibilidad que deriva de que las especificas decisiones cuestionadas a trav\u00e9s de ellos, le irroguen en verdad un perjuicio suficiente que habilite su cuestionamiento impugnativo (CSJ, SC 19884 del 28 de noviembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2009-00422-01; se subraya). <\/p>\n
Tal exigencia, como de anta\u00f1o lo tiene clarificado la Sala, traduce que \u201cfrente a la resoluci\u00f3n cuya infirmaci\u00f3n se propone obtener, considerada esta \u00faltima desde el punto de vista de sus efectos pr\u00e1cticos determinados por las providencias en ella adoptadas por el \u00f3rgano jurisdiccional en orden a juzgar sobre el fundamento del litigio, ha de encontrarse [el] recurrente en una relaci\u00f3n tal que le permita conceptuarse perjudicado y as\u00ed justificar su actuaci\u00f3n encaminada a pedir la tutela que el recurso de casaci\u00f3n dispensa\u201d (CSJ, SC del 7 de septiembre de 1993, Rad. n.\u00b0 3475, G.J., T. CCXXV, p\u00e1g. 433; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En tal orden de ideas, es ostensible la falta de inter\u00e9s de la precitada accionada para denunciar la inconsonancia del fallo combatido con base en las razones atr\u00e1s especificadas, como quiera que: <\/p>\n
2.2.1. La falta de pronunciamiento, por parte del sentenciador de segundo grado, respecto de las tres primeras pretensiones del escrito genitor de la controversia, es cuesti\u00f3n que s\u00f3lo afecta a los actores, en tanto que \u00fanicamente ellos podr\u00edan alegar que el fallo del ad quem es diminuto, por no haber resuelto esas espec\u00edficas peticiones. <\/p>\n
2.2.2. De all\u00ed se sigue que, de la referida omisi\u00f3n, no se deriv\u00f3 para la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- ning\u00fan efecto perjudicial, menos, una lesi\u00f3n propiamente dicha de sus derechos, en tanto que, desde el punto pr\u00e1ctico, esa abstenci\u00f3n, ninguna incidencia tuvo en la situaci\u00f3n en que ella qued\u00f3, con la emisi\u00f3n del fallo cuestionado. <\/p>\n
2.2.3. Por otra parte, la imputaci\u00f3n que el Tribunal hizo de no existir el correspondiente consentimiento informado antes de la realizaci\u00f3n de la primera intervenci\u00f3n quir\u00fargica que se practic\u00f3 al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, la dirigi\u00f3 \u00fanicamente en contra del doctor Hernando \u00c1vila Molina, cirujano que se encarg\u00f3 de la misma, raz\u00f3n por la cual \u00e9l es el \u00fanico interviniente en el proceso, legitimado para rebatirla. <\/p>\n
Sobre el particular, basta subrayar que el llamado de atenci\u00f3n en torno de esa carencia lo efectu\u00f3 dicha autoridad cuando, en desarrollo del an\u00e1lisis que hizo del desenvolvimiento de la enfermedad que aquej\u00f3 a la prenombrada v\u00edctima y de las atenciones que se le brindaron, se ocup\u00f3 del referido procedimiento; y que insisti\u00f3 en \u00e9l, al resolver las excepciones propuestas por el precitado galeno, ocasi\u00f3n en la que reiter\u00f3 que antes de ese primer acto quir\u00fargico, no medi\u00f3 el otorgamiento del correspondiente consentimiento informado. <\/p>\n
2.3. Es visible, por lo tanto, la falta de inter\u00e9s de la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- para protestar por la falta de definici\u00f3n de las tres primeras pretensiones de la demanda, omisi\u00f3n que solo interesa a los actores, y porque en dicho escrito no se adujo, como fundamento de la acci\u00f3n intentada, la carencia del consentimiento informado para la pr\u00e1ctica de la primera cirug\u00eda realizada a la v\u00edctima, recriminaci\u00f3n que \u00fanicamente concierne con el doctor \u00c1vila Molina, persona que realiz\u00f3 la indica intervenci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no hay c\u00f3mo reconocer prosperidad a esos motivos de incongruencia y, menos a\u00fan, estudiarlos de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La inconsonancia alegada por la misma accionada, fincada en que en el libelo introductorio no se solicit\u00f3 la condena solidaria de los demandados, ni que el lucro cesante pedido en favor de Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada se extendiera hasta cuando cumpla 25 a\u00f1os de edad, tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, por las razones que enseguida se puntualizan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La desarmon\u00eda de la sentencia con las pretensiones, es un defecto objetivo de construcci\u00f3n del respectivo fallo, cuya ocurrencia deriva de que el juzgador las resuelva por fuera de su contenido objetivo (extra petita), o yendo m\u00e1s all\u00e1 de lo que ellas proponen (ultra petita), o sin abarcar todo lo que comprenden (m\u00ednima petita), de modo que no hay lugar a confundir tal defecto con el juzgamiento del caso, que la autoridad encargada de definirlo haya efectuado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Corte, de forma constante, ha sostenido sobre el particular: <\/p>\n
(\u2026) la falta de consonancia (\u2026) \u2018ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoraci\u00f3n probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisi\u00f3n\u2019. A este prop\u00f3sito, tiene dicho la Sala que, \u2018la trasgresi\u00f3n de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, \u00fanicamente, trat\u00e1ndose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o m\u00ednima petita)\u2019 (\u2026). Del mismo modo \u2018\u2026nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas\u2026\u2019 (\u2026), \u2018la carencia de armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en l\u00ednea de principio, en la parte resolutiva de la misma, \u2018pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (\u2026). (CSJ, SC10051 del 31 de julio de 2014, Rad. n.\u00b0 1997-00455-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se torna evidente la impertinencia del cargo, y por ende, su fracaso, puesto que como se ver\u00e1, las determinaciones atinentes a la solidaridad de los demandados y la extensi\u00f3n de la condena del lucro cesante en favor de Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada, derivaron de las apreciaciones que en torno de ellas expuso el Tribunal, con ostensible ayuda de algunos pronunciamientos de la Corte. <\/p>\n
3.3.1. Sobre lo primero, la imposici\u00f3n de la codena en forma solidaria a los demandados, el ad quem, al desatar la excepci\u00f3n que en el punto propuso la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, consider\u00f3 que \u201cest\u00e1 decantado por la jurisprudencia patria que en estos casos se responde solidariamente por el da\u00f1o causado[,] de tal suerte que la v\u00edctima o sus herederos o las victimas de rebote pueden demandar indistintamente a la empresa prestadora de servicios de salud, o a la IPS, o a los m\u00e9dicos tratantes\u201d. <\/p>\n
Esa apreciaci\u00f3n, referida, sin duda, al art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, fue el sustento de la condena solidaria que el ad quem impuso a los demandados, por lo que no es admisible que la disputa de su acierto se hubiere planteado a la luz de la causal de incongruencia, toda vez que concierne con el juzgamiento que, en el fondo, ese sentenciador hizo de la cuesti\u00f3n litigada, raz\u00f3n por la cual su ataque solamente proced\u00eda a la luz de las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan que el juicio efectuado hubiese comprendido o no la plataforma f\u00e1ctica del litigio. <\/p>\n
3.3.2. En cuanto hace a lo segundo, la extensi\u00f3n temporal del lucro cesante con el que se benefici\u00f3 al hijo de la v\u00edctima directa, el ad quem observ\u00f3 que \u201cse indemnizar\u00e1 al hijo menor hasta que cumpla la edad de los 25 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
Traduce lo anterior que el c\u00e1lculo del lucro cesante hasta cuando su beneficiario llegue a la se\u00f1alada edad, obedeci\u00f3 al entendimiento que esa autoridad efectu\u00f3 de que la solicitud de ese perjuicio conllevaba el deber de fijar el l\u00edmite de su causaci\u00f3n. As\u00ed mismo se establece, por la referida menci\u00f3n, que el sentenciador de segunda instancia, as\u00ed no lo haya dicho expresamente, tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional que ha abogado por la edad de 25 a\u00f1os como aquella en la que los hijos, tras estudiar una carrera profesional o t\u00e9cnica, est\u00e1n capacitados para sostenerse por s\u00ed mismos. <\/p>\n
Al respecto, tiene dicho la Corte que, en trat\u00e1ndose de los descendientes de la v\u00edctima, \u201cel periodo indemnizable a tener en cuenta para ellos, se extender\u00e1 hasta la edad l\u00edmite de 25 a\u00f1os, (\u2026), pues de conformidad con la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, normalmente a ese momento de la existencia se culmina la educaci\u00f3n superior, y la persona ya se halla en capacidad de valerse por s\u00ed misma\u201d (CSJ, SC 15996 del 29 de noviembre de 2016, Rad. N\u00b0 2005-00488-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cualquier ataque que de ese entendimiento de la cuesti\u00f3n hizo el ad quem, s\u00f3lo pod\u00eda hacerse por violaci\u00f3n de la ley sustancial, ya sea directa o indirecta, seg\u00fan que implicara o no la indebida apreciaci\u00f3n del material probatorio recaudado en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto es, como ya se anunci\u00f3, el naufragio de la incongruencia reprochada, por los motivos con anterioridad analizados. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En cuanto hace a las otras causas de disonancia, todas referidas al desconocimiento de los hechos de la demanda, como quiera que en ellos no se adujo como factores generadores de la responsabilidad atribuida a los demandados la salida prematura del paciente de la cl\u00ednica o su reingreso tard\u00edo al centro asistencial, cabe observar: <\/p>\n
4.1. A voces del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[l]a sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d (se subraya). <\/p>\n
De suyo, desde el punto de vista de la acci\u00f3n, la incongruencia de los fallos de instancia puede configurarse por no guardar cabal correspondencia, por una parte, con los hechos aducidos en su respaldo y, por otra, con las pretensiones, en el sentido de que, como ya se indic\u00f3, se desaten con desconocimiento de su contenido objetivo, o sobrepas\u00e1ndolas, o sin comprenderlas cabalmente. <\/p>\n
La primera de esas causas, es la que ha dado en llamarse \u201cincongruencia f\u00e1ctica\u201d, queri\u00e9ndose significar con ello que el juzgador resuelve el proceso con total y absoluto desconocimiento de los fundamentos de hecho esgrimidos por su gestor, esto es, soportado en una causa petendi en verdad inexistente, fruto de su inventiva, en tanto que hace caso omiso de los planteamientos en los que aqu\u00e9l respald\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho defecto, debe puntualizarse que \u00e9l no tiene ocurrencia cuando el alejamiento, por parte del sentenciador, es meramente parcial o deriva de la incomprensi\u00f3n o imprecisi\u00f3n de ciertos aspectos puntuales del cuadro f\u00e1ctico expuesto por el demandante. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 establecido la Sala en reciente pronunciamiento, ocasi\u00f3n en la que tuvo a bien se\u00f1alar: <\/p>\n
La incongruencia, rem\u00e1rquese, se materializa por dos (2) caminos diferentes: (i) cuando la decisi\u00f3n es extra, ultra o m\u00ednima petita, o (ii) cuando se var\u00edan sustancialmente los hechos que sirven de soporte a la causa petendi. <\/p>\n
Sobre la inicial, es pac\u00edfico que se vulnera la congruencia, \u00aben primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio\u2026 (extra petita)\u00bb (SC11149, 21 ag. 2015, rad. n.\u00b0 2007-00199-01, reitera la providencia SC1806, 24 feb. 2015, rad. n.\u00b0 2000-00108-01). <\/p>\n
Respecto a la segunda forma de incongruencia, denominada f\u00e1ctica, se materializa cuando el juzgador se separa del sustrato ontol\u00f3gico que fue anunciado en el escrito inaugural o en cualquiera de las intervenciones en que los sujetos procesales pueden precisar su alcance -vr. gr. traslado de las excepciones o fijaci\u00f3n del objeto del litigio-, para sustituirlo por una invenci\u00f3n judicial, por la proveniente de otro litigio o por el conocimiento privado del juez. <\/p>\n
El alejamiento debe ser diametral, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, pues el legislador exigi\u00f3 que la incongruencia se refiera a los hechos, vistos con unidad de sentido y de forma hol\u00edstica, lo que excluye que simples imprecisiones u omisiones puedan dar lugar a disonancia; la jurisprudencia tiene dicho que debe darse \u00abuna separaci\u00f3n evidente de la plataforma f\u00e1ctica esgrimida en la demanda y su contestaci\u00f3n\u00bb, para reemplazarla \u00abpor unos hechos inconexos y distantes a la controversia, como si se tratara de otro caso, perdi\u00e9ndose toda la sincron\u00eda entre las consideraciones, lo decidido y la realidad material del litigio\u00bb (SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.\u00b0 2008-00009-01) (CSJ, SC 2929 del 14 de julio de 2021, Rad. n.\u00b0 2013-00120-01; se subraya). <\/p>\n
En un prove\u00eddo anterior, la Corte, en procura de explicar cu\u00e1ndo las sentencias completamente absolutorias son susceptibles de atacarse por incongruencia, precis\u00f3 que ello acontece, al lado de otra hip\u00f3tesis, en el supuesto de que el juzgador \u201cse aparta sustancialmente de la relaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por las partes en la demanda o en su contestaci\u00f3n para acoger sin fundamento alguno, su personal visi\u00f3n de la controversia, esto es, \u2018al considerar la causa aducida, no hace cosa distinta que despreocuparse de su contenido para tener en cuenta \u00fanicamente el que de acuerdo con su personal criterio resulta digno de ser valorado\u2019, o expresado de otra manera, corresponde a \u2018un yerro por invenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n judicial, producto de la desatenci\u00f3n o prescindencia de los hechos de la demanda\u2019 (Sent. 225 de 27 de noviembre de 2000, expediente 5529); (\u2026)\u201d (CSJ, SC del 29 de julio de 2009, Rad. n.\u00b0 2001-00770-01). <\/p>\n
4.2. Lo dicho descarta la incongruencia ahora examinada, toda vez que en el cargo no se reproch\u00f3 la completa desatenci\u00f3n de la plataforma f\u00e1ctica invocada por los actores, en respaldo de la acci\u00f3n de responsabilidad por ellos propuesta. <\/p>\n
Es que como qued\u00f3 precisado, los reparos formulados por el recurrente, se circunscribieron a reportar que el Tribunal tuvo en cuenta unos puntuales hechos no aducidos expresamente en la demanda, a saber, que la salida de la cl\u00ednica del paciente fue prematura y que su reingreso a la misma fue tard\u00edo, mas no que esa Corporaci\u00f3n alter\u00f3 de manera total e \u00edntegra el sustento factual de la acci\u00f3n, \u00fanico supuesto que, como se vio, estructura la inconsonancia ahora examinada. <\/p>\n
4.3. Siendo ello as\u00ed, propio es colegir que la acusaci\u00f3n, en lo que refiere a los preindicados desatinos, no se abre paso. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En definitiva, el cargo analizado no alcanza buen fin. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HERNANDO \u00c1VILA MOLINA <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con estribo en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal \u201cde ser incongruente, por no estar en consonancia con los hechos alegados en el proceso\u201d. <\/p>\n
Al respecto, se expres\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ni en la demanda, ni en ning\u00fan otro acto procesal, la parte actora \u201caleg\u00f3 como motivo estructurador de la responsabilidad civil deprecada en cabeza del [d]octor Hernando \u00c1vila Molina, la ausencia de consentimiento informado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por consiguiente, esa presunta omisi\u00f3n no fue materia de debate en las instancias, o con otras palabras, \u201cni el demandante aleg\u00f3 la insuficiencia en el diligenciamiento del consentimiento informado como motivo generador de responsabilidad m\u00e9dica ni la parte demandada pudo debatir acerca de esta circunstancia, por lo que se trat\u00f3 de un hecho ajeno al proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Es evidente, entonces, que el fallo combatido \u201ces incongruente en punto de lo relacionado con la insuficiencia del consentimiento informado y, por tal raz\u00f3n, cualquier referencia a dicho hecho no alegado en el proceso debe excluirse\u201d del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de la prosperidad del cargo, deber\u00e1 indicarse que \u201ctodas las consideraciones y conclusiones del ad quem en relaci\u00f3n con el consentimiento informado desbordan el marco f\u00e1ctico fijado por las partes para este litigio\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es del caso precisar que la incongruencia que ahora se ausculta, se finc\u00f3 \u00fanicamente en que ni en el escrito introductorio de la controversia, ni en ninguna otra actuaci\u00f3n de los actores, se esgrimi\u00f3 \u201cla ausencia de consentimiento informado\u201d como motivo de la acci\u00f3n intentada en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En otros t\u00e9rminos, el cargo se refiere a que el fallo combatido adolece de incongruencia f\u00e1ctica, toda vez que los actores no esgrimieron, en sustento de la responsabilidad por ellos reclamada, la carencia del consentimiento informado para la realizaci\u00f3n de la primera intervenci\u00f3n quir\u00fargica practicada al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Qued\u00f3 dicho al desatarse la acusaci\u00f3n anterior, que el doctor \u00c1vila Molina es el \u00fanico legitimado para controvertir esa circunstancia, toda vez que el Tribunal efectu\u00f3 tal recriminaci\u00f3n solamente en cuanto a \u00e9l, raz\u00f3n por la cual se impone evaluar la pertinencia del reproche elevado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No obstante lo anterior, es patente el fracaso de la acusaci\u00f3n, pues trat\u00e1ndose de incongruencia f\u00e1ctica, como se explic\u00f3 con amplitud en las consideraciones que anteceden, es necesario que la separaci\u00f3n por parte del juzgador de los hechos de la demanda sea total y absoluta, de modo que cuando ese apartamiento es meramente parcial o est\u00e9 referido, como en este caso, a un puntual supuesto f\u00e1ctico, la disonancia no se configura. <\/p>\n
5. En el primer fallo citado al resolverse el cargo anterior, la Sala coligi\u00f3 el fracaso de la incongruencia f\u00e1ctica en ese proceso propuesta, entre otras razones, por cuanto as\u00ed fuera cierto que la causa de la acci\u00f3n \u201cesgrimida en el escrito genitor del litigio fue reemplazada por el sentenciador de alzada y, de esta forma, se alter\u00f3 la plataforma f\u00e1ctica, lo cierto es que la sustituci\u00f3n ser\u00eda parcial, lejana de una separaci\u00f3n absoluta, requisito indispensable para que haya una incongruencia f\u00e1ctica. (\u2026). Y es que, como se explic\u00f3, \u00ab[e]sta \u00faltima se configura\u2026 cuando el juzgador se aleja abiertamente del sustrato f\u00e1ctico planteado en la demanda, contestaci\u00f3n y traslado de la oposici\u00f3n, para fincarse en su conocimiento privado o en la imaginaci\u00f3n\u00bb (SC3724, 5 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00760-01). (\u2026). Visto que en el sub examine la desviaci\u00f3n se acot\u00f3 a un punto preciso del reclamo, como es la causa simulatoria, sin afectar la totalidad de los hechos esgrimidos, se descarta una renovaci\u00f3n integral del sustrato material del litigio y su reemplazo por uno proveniente de la inventiva del juzgador, su percepci\u00f3n personal o el tomado de otro proceso\u201d (CSJ, SC 2929 del 14 de julio de 2021, Rad. N\u00b0 2013-00120-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Eso mismo acontece en el cargo auscultado, pues as\u00ed se admita que fue fruto de la inventiva del Tribunal, como motivo de responsabilidad, la carencia del consentimiento informado para la pr\u00e1ctica de la primera intervenci\u00f3n a que fue sometido el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, esa alteraci\u00f3n no tradujo una separaci\u00f3n total del cuadro f\u00e1ctico en que los demandantes soportaron la acci\u00f3n, ni mucho menos, el abandono del mismo para ser sustituido por uno de creaci\u00f3n judicial, que es, al fin de cuentas, la \u00fanica causa de la incongruencia f\u00e1ctica. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El cargo, por lo tanto, no se abre paso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HERNANDO \u00c1VILA MOLINA <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se enrostr\u00f3 a la sentencia del Tribunal ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1494, 1604, 1613, 1614, 1616, 2341, 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil; 15 de la Ley 23 de 1981; y 11, literal b, del Decreto 3380 de 1981, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 esa autoridad, al apreciar varios medios de prueba. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se fundament\u00f3 en los planteamientos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La conclusi\u00f3n del ad quem, consistente en que la ocurrencia de un riesgo inherente a la cirug\u00eda practicada al se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), no desvirtu\u00f3 la responsabilidad de los demandados, toda vez que se comprob\u00f3 una \u201cmala praxis m\u00e9dica, particularmente en la etapa posoperatoria\u201d, es \u201ccontraevidente y no consulta en lo m\u00e1s m\u00ednimo el material probatorio\u201d, por lo menos en lo que tiene que ver con el recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los errores de hecho cometidos por el sentenciador de segunda instancia, fueron los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Primero: haber \u201ctenido por demostrada la existencia de una mala praxis m\u00e9dica por parte del [d]octor \u00c1vila Molina sin que exista una sola prueba que la demuestre\u201d, equivocaci\u00f3n en torno de la cual el censor explic\u00f3: <\/p>\n
2.1.2. Esa forma de proceder constituy\u00f3 un \u201cgrave error de apreciaci\u00f3n probatoria\u201d, toda vez que lo resuelto en la referida sentencia del 30 de septiembre de 2016 no es prueba de los supuestos errores m\u00e9dicos y quir\u00fargicos atribuidos al doctor \u00c1vila Molina, en la medida que la misma fue proferida en un proceso distinto y fincado en \u201chechos por completo diferentes a los aqu\u00ed debatidos\u201d, de donde mal pod\u00eda tenerse ese pronunciamiento como elemento demostrativo de \u201cla supuesta impericia y negligencia en la pr\u00e1ctica m\u00e9dica\u201d aqu\u00ed investigada. <\/p>\n
2.1.3. En consecuencia, el ad quem \u201cimagin\u00f3 una prueba que no existe en el proceso, lo que claramente constituye un error de hecho por suposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Segundo: Haber \u201ctenido por demostrada la culpa gal\u00e9nica con base en la literatura m\u00e9dica, no aportada al proceso como medio de prueba, sino tra\u00edda a colaci\u00f3n simplemente como doctrina al momento de la sentencia recurrida\u201d, desatino sobre el que coment\u00f3: <\/p>\n
2.2.1. Se trata de otra prueba inexistente, habida cuenta que, \u201crevisado el expediente[,] por ning\u00fan lado aparece dentro del material probatorio la citada doctrina o literatura m\u00e9dica\u201d, con base en la cual el Tribunal concluy\u00f3 que \u201cla orden de salida del paciente luego de practicada la cirug\u00eda fue precipitada o prematura\u201d. <\/p>\n
2.2.2. Esa conclusi\u00f3n, dicha Corporaci\u00f3n la extrajo \u201cde doctrina m\u00e9dica que trata el tema de manera general y abstracta\u201d y \u201cno de un medio de prueba obrante en el proceso\u201d, de lo que se sigue que se trat\u00f3 de otro yerro f\u00e1ctico \u201cpor suposici\u00f3n de prueba\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tercero: haber \u201ctenido por demostrada la mala praxis m\u00e9dica con base en el informe t\u00e9cnico m\u00e9dico legal elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a pesar de que dicho medio de prueba en modo alguno demuestra una conducta inadecuada, negligente, imprudente o culposa en cabeza del [d]octor \u00c1vila Molina\u201d. <\/p>\n
2.3.1. En el referido informe \u201cno hay una conclusi\u00f3n clara, un\u00edvoca y contundente en punto de la supuesta mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica\u201d. <\/p>\n
2.3.2. El valor demostrativo que el ad quem otorg\u00f3 al concepto m\u00e9dico legal ri\u00f1e con su contenido objetivo, en tanto que \u00e9l \u201cno indica que se haya incurrido en la aludida culpa, negligencia o impericia m\u00e9dica\u201d. <\/p>\n
2.3.3. El cercenamiento de la prueba trajo como consecuencia su desfiguraci\u00f3n, de tal modo que \u201c[u]na cosa dijo el informe (\u2026) y otra bien diferente fue la que vio el Tribunal\u201d, pues de \u00e9l lo que se extracta es que \u201cno existieron fallas, omisiones, o negligencia por parte del [d]octor \u00c1vila Molina\u201d sino que \u201cel paciente present\u00f3 una patolog\u00eda de posible ocurrencia (perforaci\u00f3n del ciego),\u201d la cual se erigi\u00f3 en un \u201criesgo inherente a partir del cual se originaron los hechos da\u00f1inos\u201d. <\/p>\n
Con mayor detalle, el recurrente se\u00f1al\u00f3 que del elemento de juicio en comento, lo que se desprende es la oportuna atenci\u00f3n del paciente; el acierto del procedimiento practicado; que tal intervenci\u00f3n estuvo \u201cacorde con la lex artis\u201d; que la \u201corden de salida del paciente se efectu\u00f3 conforme a lo que para ese momento recomendaba la ciencia m\u00e9dica\u201d; y que \u201clo sucedido al paciente constituy\u00f3 un riesgo inherente a este tipo de sintomatolog\u00eda, es decir, la perforaci\u00f3n del intestino fue fruto de la ocurrencia de una de las posibles contingencias propias de la clase de enfermedad que aquejaba al paciente Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.3.4. Reiter\u00f3 que se trat\u00f3 de un t\u00edpico caso de \u201cerror de hecho por cercenamiento\u201d, pues del contenido objetivo del informe se infer\u00eda que \u201cel [d]octor \u00c1vila Molina realiz\u00f3 un adecuado diagn\u00f3stico, oper\u00f3 en forma oportuna y conforme a los mandatos que para ese momento exig\u00eda la ciencia m\u00e9dica y, adem\u00e1s, no se equivoc\u00f3 al haber ordenado la salida del paciente luego de haber verificado que su evoluci\u00f3n era satisfactoria\u201d. <\/p>\n
2.3.5. Lo m\u00e1s grave, a\u00f1adi\u00f3 el censor, fue que \u201cse pas\u00f3 por alto que con esta prueba se acredit\u00f3 que la perforaci\u00f3n en el intestino no fue consecuencia de la cirug\u00eda practicada (\u2026), sino que fue fruto de la materializaci\u00f3n de un riesgo inherente a la condici\u00f3n m\u00e9dica y cl\u00ednica del paciente G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4. Cuarto: Haber \u201cdejado de valorar medios de convicci\u00f3n que con claridad demostraban que la conducta del [d]octor \u00c1vila Molina se ajust\u00f3 a la ciencia m\u00e9dica y, por ende, su actuar de manera alguna contribuy\u00f3 a la causaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d. <\/p>\n
Las pruebas preteridas, a decir del impugnante, fueron las siguientes: <\/p>\n
2.4.1. El testimonio del doctor Luis Alberto Parra Obando, cirujano que practic\u00f3 la segunda intervenci\u00f3n al enfermo, con el que se comprob\u00f3: la causa de la muerte del \u00faltimo, fueron los problemas inmunol\u00f3gicos que padec\u00eda y no la primera cirug\u00eda realizada, o el manejo dado por el doctor \u00c1vila Molina; el posoperatorio fue correcto; las perforaciones del intestino no fueron consecuencia de ese inicial procedimiento quir\u00fargico, sino \u201cuno de los riesgos inherentes a este tipo de enfermedades\u201d. <\/p>\n
2.4.2. La providencia de la fiscal\u00eda de Ibagu\u00e9 fechada el 11 de enero de 2007, mediante la cual la justicia penal precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n adelantada contra el doctor Hernando \u00c1vila Molina, toda vez que \u201cno fue su actuar el que caus\u00f3 la muerte al paciente\u201d, que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
2.4.3. El testimonio del doctor Charles Berm\u00fadez Pati\u00f1o, al que el Tribunal le rest\u00f3 toda credibilidad \u201cpor el solo hecho de que el testigo no particip\u00f3 en el tratamiento m\u00e9dico dado al paciente ni en las intervenciones quir\u00fargicas que le fueron practicadas, sino por haber conocido los hechos con base en la revisi\u00f3n y an\u00e1lisis de los documentos que dan cuenta de lo sucedido, tales como la historia cl\u00ednica y sus anexos\u201d, informaci\u00f3n que lo habilitaba para referirse sobre el caso y para que sus opiniones y conclusiones fueran apreciadas, particularmente, que \u201cno existi\u00f3 culpa m\u00e9dica\u201d, que \u201cel abordaje quir\u00fargico fue adecuado\u201d, que \u201cno hab\u00eda contraindicaci\u00f3n para darle egreso al paciente en el momento en que efectivamente fue dado de alta\u201d y que no hay prueba de que la perforaci\u00f3n del intestino del paciente fue ocasionada \u201cpor alguna actuaci\u00f3n o pr\u00e1ctica m\u00e9dica\u201d atribuible al doctor \u00c1vila Molina. <\/p>\n
5. Quinto: haber deducido \u201cla violaci\u00f3n de la lex artis en el presente caso por el hecho de que el consentimiento informado no estuviese diligenciado en su totalidad\u201d, en tanto que con tal aserci\u00f3n el Tribunal desconoci\u00f3 que \u201cse trat\u00f3 de una operaci\u00f3n quir\u00fargica de urgencia, situaci\u00f3n \u00e9sta consagrada en el literal b del art\u00edculo 11 del Decreto 3380 de 1981 como una excepci\u00f3n del consentimiento informado previo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al cierre, el impugnante explic\u00f3 c\u00f3mo los errores que imput\u00f3 al ad quem, provocaron la infracci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales que invoc\u00f3 al inicio de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por expreso mandato del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, las pruebas \u201cdeber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u201d (se subraya). <\/p>\n
Ese criterio de ponderaci\u00f3n -la sana cr\u00edtica- traduce para el juez la obligaci\u00f3n de valorar los medios de convicci\u00f3n con sujeci\u00f3n a las reglas, en primer lugar, de la l\u00f3gica, integrada b\u00e1sicamente por los principios de identidad, conforme el cual una cosa solo puede ser igual a s\u00ed misma; de contradicci\u00f3n, con el que se significa que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido; de raz\u00f3n suficiente, que informa que los hechos tienen que estar sustentados en un supuesto que los explique suficientemente; y del tercero excluido, alusivo a que, frente a dos proposiciones contradictorias, s\u00f3lo una puede ser cierta. <\/p>\n
Y, en segundo t\u00e9rmino, de la experiencia, que corresponden, seg\u00fan lo tiene se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, a \u201cpostulados obtenidos de la regularidad de los acontecimientos cotidianos, es decir que se inducen a partir de lo que generalmente ocurre en un contexto social especifico\u201d, dentro de las cuales puede ubicarse el \u201cconocimiento cient\u00edfico\u201d, esto es, \u201clas teor\u00edas, hip\u00f3tesis o explicaciones formuladas por la comunidad cient\u00edfica o ilustrada, respaldadas por la evidencia de sus investigaciones o experimentos\u201d, que por lo general \u201cse encuentran publicadas en textos acad\u00e9micos, revistas indexadas, art\u00edculos especializados, memorias de conferencias o simposios, etc.\u201d (CSJ, SC 9193 del 28 de junio de 2017, Rad. N\u00b0 2011-00108-01). <\/p>\n
Por lo tanto, unas son las pruebas y otras las reglas de la sana cr\u00edtica, esto es, los referentes que sirven al juez para desentra\u00f1ar el verdadero significado de aquellas, esto es, para determinar si son o no representativas de hechos admisibles, en procura de la reconstrucci\u00f3n de lo ocurrido. <\/p>\n
Como en la precitada providencia lo precis\u00f3 la Sala, \u201c[l]a sana cr\u00edtica no es ni puede ser medio de prueba, pues su funci\u00f3n radica en servir de marco de referencia (hermen\u00e9utico) para la valoraci\u00f3n razonada de las pruebas, es decir que contribuye a la conformaci\u00f3n del contexto de significado que permite al juez interpretar la informaci\u00f3n contenida en los medios de prueba legal y oportunamente allegados al proceso. Por ello no se producen, practican, valoran o controvierten como se hace con los medios de prueba; aunque las partes tienen la posibilidad de aportar todos los elementos de prueba legalmente admisibles para aclararlas, explicarlas, ampliarlas o limitar su aplicaci\u00f3n\u201d (se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, en casos donde se eval\u00faan actividades profesionales o t\u00e9cnicas, la apreciaci\u00f3n probatoria exige del juez, en la mayor\u00eda de las veces, confrontar el contenido de los elementos de juicio con el conocimiento cient\u00edfico relacionado con el arte u oficio sobre el que versa el proceso, en procura de comprender su genuino sentido, toda vez que \u201cel conocimiento cient\u00edfico afianzado, como parte de la reglas de la sana cr\u00edtica, tiene la misma implicaci\u00f3n que consultar una enciclopedia, un libro de texto especializado, o un diccionario con el fin de desentra\u00f1ar el significado de los conceptos generales que permiten comprender y valorar la informaci\u00f3n suministrada por los medios de prueba\u201d, puesto que \u201csi la t\u00e9cnica probatoria permite y exige valorar las pruebas de acuerdo con las m\u00e1ximas de la experiencia com\u00fan, con mucha m\u00e1s raz\u00f3n es posible analizar las probanzas seg\u00fan los dictados del conocimiento cient\u00edfico afianzado, sin el cual muchas veces no ser\u00e1 posible saber si el \u00f3rgano de prueba brinda o no una informaci\u00f3n que corresponde a la realidad\u201d (CSJ, ib.; se subraya). <\/p>\n
De ah\u00ed que, como se expres\u00f3 en la analizada providencia, \u201c[l]a suficiencia o plenitud de la prueba es siempre relativa al tema probandum, por un lado, y al contexto de referencia, por el otro, pues no existe una prueba completa en s\u00ed misma (a menos que la ley lo disponga expresamente), sino unos medios que proveen conocimiento con la aptitud o eficacia para explicar las circunstancias en que se basa la controversia, a la luz de un an\u00e1lisis contextual de la realidad social, profesional o t\u00e9cnica en que se dan los hechos que se investigan\u201d (se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las explicaciones en precedencia registradas, sirven para desvirtuar los dos primeros errores imputados por el censor al Tribunal en el cargo que se despacha, consistentes en la suposici\u00f3n, como pruebas, de la sentencia emitida por esta Corporaci\u00f3n el 30 de septiembre de 2016 y de la literatura m\u00e9dica invocada por esa autoridad, seg\u00fan pasa a dilucidarse: <\/p>\n
2.1. En cuanto hace al primero de esos reproches, se reitera, la suposici\u00f3n de la sentencia del 30 de septiembre de 2016, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
2.1.1. El ad quem, fincado en que \u201cel diagn\u00f3stico preoperatorio apuntaba a una apendicitis aguda (folio 57 vuelto, cd. 1), el que fue confirmado por el cirujano \u00c1vila Molina, quien adem\u00e1s precis\u00f3 en su descripci\u00f3n quir\u00fargica \u2018\u2026peritonitis localizada\u2026\u2019 hechos indiscutidos en el proceso que revelan la mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica en el caso subjudice, puesto que seg\u00fan precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en casos como el presente en el que se constata la peritonitis del paciente, la pr\u00e1ctica de la apendicectom\u00eda inmediata, no era la m\u00e1s apropiada conducta m\u00e9dica a seguir, pues: \u2018\u2026la literatura m\u00e9dica indica que en caso de diagn\u00f3stico tard\u00edo de apendicitis con absceso y peritonitis no se debe practicar la apendicectom\u00eda inmediatamente, sino que se debe proceder a drenar el ap\u00e9ndice, mantener tratamiento con antibi\u00f3ticos y mejorar el estado general del paciente hasta que est\u00e9 en condiciones de soportar la cirug\u00eda. Operar de inmediato aumenta las probabilidades de complicaciones en m\u00e1s de un 50% de los casos por sangrado, da\u00f1os a la pared intestinal, infecciones de la herida, absceso p\u00e9lvico, lesi\u00f3n de otras v\u00edsceras, obstrucciones, f\u00edstulas y necesidad de reoperaci\u00f3n\u2026\u2019 (Sentencia de Casaci\u00f3n SC 13925-2016, septiembre 30 de 2016. MP Ariel Salazar Ram\u00edrez)\u201d. <\/p>\n
2.1.2. Significa lo anterior que el juzgador de segunda instancia dio por probado que, conforme el diagn\u00f3stico preoperatorio, el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n padec\u00eda de apendicitis aguda (concepto emitido por el doctor Jes\u00fas Arturo Pach\u00f3n en la consulta realizada a las once de la noche del 26 de noviembre de 2004; fl. 57, cd. 1); y que el cirujano encargado de la pr\u00e1ctica de la correspondiente apendicectom\u00eda, doctor \u00c1vila Molina, estableci\u00f3 adicionalmente que presentaba \u201cperitonitis localizada\u201d (descripci\u00f3n quir\u00fargica), hechos que calific\u00f3 de \u201cindiscutidos\u201d. <\/p>\n
2.1.3. Soportado en esas constataciones f\u00e1cticas, el Tribunal, con el prop\u00f3sito de establecer su genuino alcance, trajo a colaci\u00f3n la sentencia de esta Corporaci\u00f3n calendada el 30 de septiembre de 2016, como quiera que en ella, con base en la literatura m\u00e9dica, se estableci\u00f3 que en los casos en que se verifique que el enfermo padece de apendicitis aguda y peritonitis, no debe practicarse inmediatamente la apendicectom\u00eda sino que debe procederse a drenar el ap\u00e9ndice, seguir tratamiento con antibi\u00f3ticos y mejorar las condiciones del paciente hasta cuando est\u00e9 en condiciones de soportar la cirug\u00eda, toda vez que la realizaci\u00f3n de la misma aumenta en un 50% las probabilidades de complicaciones, entre ellas, da\u00f1os a la pared intestinal, f\u00edstulas y la necesidad de intervenir quir\u00fargicamente por segunda vez al paciente. <\/p>\n
2.1.4. Con otras palabras, para dar sentido a las pruebas consistentes en el diagn\u00f3stico preoperatorio y en la verificaci\u00f3n por parte del doctor \u00c1vila Molina de que el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n presentaba \u201cperitonitis localizada\u201d, el ad quem invoc\u00f3 la sentencia del 30 de septiembre de 2016 como referente, en tanto que ella, como acaba de decirse, estableci\u00f3, como regla cient\u00edfica, que en casos donde se determina que el enfermo padece apendicitis aguda y peritonitis, no procede la pr\u00e1ctica inmediata de la apendicectom\u00eda, concepto que le permiti\u00f3 determinar, en definitiva, que la realizaci\u00f3n de dicho procedimiento quir\u00fargico en el presente caso por parte del prenombrado galeno, fue una \u201cmala pr\u00e1ctica m\u00e9dica\u201d. <\/p>\n
2.1.5. Es claro, entonces, que el mencionado fallo no fue tra\u00eddo por el Tribunal como prueba, sino como referente cient\u00edfico contentivo de una regla de la experiencia o, si se quiere, de una \u201cregla de la sana cr\u00edtica\u201d. <\/p>\n
2.1.6. As\u00ed las cosas, mal puede admitirse que, como con total desacierto lo denunci\u00f3 el censor, la predicha Corporaci\u00f3n supuso el mencionado fallo como prueba, habida cuenta que, como ya est\u00e1 se\u00f1alado, la funci\u00f3n del mismo fue la de servir de referente cient\u00edfico, en la medida que reproduc\u00eda una regla m\u00e9dica, que permit\u00eda evaluar el comportamiento profesional del recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Respecto del segundo yerro f\u00e1ctico imputado por el impugnante, relativo a que la citada autoridad trajo a colaci\u00f3n, como elemento de juicio, la literatura m\u00e9dica que invoc\u00f3 cuando coligi\u00f3 que la orden de salida del paciente fue prematura, se establece: <\/p>\n
2.2.1. En criterio del ad quem, \u201cel d\u00eda 28 de noviembre de 2004 alrededor de las 11:40 a.m. se orden[\u00f3] la salida del paciente con orden m\u00e9dica (folio 60, cd. 1), y en la receta se prescrib[i\u00f3]: Cefradina e Ibuprofeno, control en 12 d\u00edas (folio 64, cd. 1), salida que bien puede calificarse de precipitada o prematura, puesto que sabi\u00e9ndose por el m\u00e9dico tratante, \u00c1vila Molina[,] que hab\u00eda diagnosticado peritonitis localizada y hab\u00eda practicado drenaje de peritonitis, circunstancias encontradas en la humanidad del paciente, no era procedente ordenar la salida del enfermo, habida cuenta que, en estos eventos, (\u2026) los protocolos m\u00e9dicos indican el tratamiento de antibi\u00f3tico terapia intensiv[a] e intrahospitalari[a] (ve\u00e1se Gu\u00eda de pr\u00e1ctica cl\u00ednica para el tratamiento de la Peritonitis. Revista cient\u00edfica de las ciencias m\u00e9dicas en Cienfuegos. Disponible en: www.medisur.sld.cu\/index.php\/medisur\/article\/view\/687\/5666)\u201d. <\/p>\n
2.2.2. Como en el caso anterior, es evidente que para determinar si la orden de salida de la cl\u00ednica del paciente impartida por el m\u00e9dico tratante, que corresponde al hecho acreditado en el proceso, fue una medida oportuna y pertinente, el sentenciador de segunda instancia trajo como referente la literatura m\u00e9dica que cit\u00f3, en la que, seg\u00fan lo estableci\u00f3, se conceptu\u00f3 que en los casos de peritonitis y de haberse intervenido quir\u00fargicamente al paciente con colocaci\u00f3n de drenes, el manejo posoperatorio era la realizaci\u00f3n de terapia intensiva e intrahospitalaria con antibi\u00f3ticos. <\/p>\n
2.2.3. Por consiguiente, el se\u00f1alado referente no correspondi\u00f3 a una prueba, sino a la regla de la ciencia m\u00e9dica con base en la cual el citado juzgador evalu\u00f3 la pertinencia e idoneidad del hecho comprobado en el proceso de haberse dado de alta al paciente el 28 de noviembre de 2004 y que le permiti\u00f3 deducir que esa determinaci\u00f3n fue prematura e inadecuada. <\/p>\n
2.2.4. No pudi\u00e9ndose confundir las pruebas y las reglas de la sana cr\u00edtica, como al inicio de estas consideraciones se explic\u00f3, impropio es tener la literatura m\u00e9dica referida por el sentenciador de instancia como un medio de convicci\u00f3n, propiamente dicho, y, menos, admitir que, debido a su invocaci\u00f3n, el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho por suposici\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que todo lo dicho en otra sentencia y la literatura invocada nada prueban en materia de hechos que puedan sustentar una decisi\u00f3n, pero adem\u00e1s, el juez no es perito ni puede determinar si esa literatura o lo dicho en otra sentencia es apropiado para el caso, pero lo cita como su propia experiencia y con el fin de sustentarla. No obstante, el dictamen pericial tiene suficiente informaci\u00f3n para concluir, como lo hizo el ad quem, que el diagn\u00f3stico tard\u00edo de apendicitis favoreci\u00f3 la peritonitis y pudo acelerar la sepsis y la necesidad de proceder a un tratamiento m\u00e1s conservador, conclusiones cient\u00edficas que permit\u00edan estructurar la mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica sin necesidad de acudir a los medios criticados, que efectivamente no son pruebas. Pero si tenemos por derrumbados esos elementos procesales de su calidad de medios de prueba, aunque es cierto que el juez los invoc\u00f3 para sustentar su proyecto, nos queda la prueba pericial que realmente analiz\u00f3 los hechos concretos del caso cl\u00ednico, lo que permite concluir que, as\u00ed consideremos inadecuado sustentar la sentencia en aquellos, no se cae la decisi\u00f3n confutada porque no estaba sustentada \u00fanicamente en ellas y por lo tanto el fallo permanece enhiesto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La tercera censura consisti\u00f3 en la indebida ponderaci\u00f3n del informe m\u00e9dico legal rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Tolima, como quiera que \u00e9l, contrariamente a lo que afirm\u00f3 el ad quem, no se\u00f1al\u00f3 la ocurrencia de negligencia o impericia m\u00e9dica, sino que calific\u00f3 de acertadas las actuaciones del doctor Hernando \u00c1vila Molina y, sobre todo, admiti\u00f3 que la perforaci\u00f3n del intestino que experiment\u00f3 el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, fue un riesgo inherente a su condici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dicho juzgador asever\u00f3 que el informe m\u00e9dico legal de que se trata, tambi\u00e9n acredit\u00f3 la deficiente prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico brindado al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, fundamentalmente, porque la atenci\u00f3n inicial fue deficitaria, en tanto que no se practicaron ex\u00e1menes paracl\u00ednicos para orientar un diagn\u00f3stico certero; se recetaron analg\u00e9sicos y antiespasm\u00f3dicos, medicamentos contraproducentes, en tanto que pudieron enmascarar los s\u00edntomas de la verdadera dolencia del paciente; el cuadro del enfermo fue \u201cagudo y bastante agresivo\u201d, habida cuenta la evoluci\u00f3n que tuvo hasta cuando fue atendido por el doctor Jes\u00fas Alirio Pach\u00f3n, 16 horas despu\u00e9s de la primera consulta, profesional que diagnostic\u00f3 una apendicitis aguda y orden\u00f3 su hospitalizaci\u00f3n; si lo que se realiz\u00f3 fue un drenaje de una peritonitis localizada, \u201cel manejo del paciente requ[er\u00eda] m\u00e1s agresividad y una instancia (sic) hospitalaria mayor a la que se describe\u201d; se retard\u00f3 el oportuno reingreso del paciente, puesto que cuando consult\u00f3 por dolor intenso, se diagnostic\u00f3 una hernia umbilical, que en ninguna de las cirug\u00edas fue hallada, sin tener en cuenta que hab\u00eda sido intervenido de apendicitis aguda y peritonitis localizada, de modo que cuando volvi\u00f3 y fue nuevamente hospitalizado, el proceso infeccioso que lo aquejaba ya hab\u00eda avanzado bastante. <\/p>\n
3.2. Revisado el informe m\u00e9dico legal en cuesti\u00f3n, tanto el inicialmente producido, fechado el 19 de abril de 2006, obrante en los folios 78 a 82 vuelto de cuaderno No. 10; as\u00ed como las complementaciones del 30 de agosto de ese mismo a\u00f1o (fls. 24 a 29, ib.); y las aclaraciones del 18 de diciembre de 2013, militantes en los folios 84 a 91 siguientes, se establece: <\/p>\n
3.2.1. En el escrito primeramente mencionado, el experto, luego de relacionar las tres intervenciones a que fue sometido el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rend\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u201c[d]e acuerdo con el material aportado y anterior dictamen se considera que el paciente[,] a su ingreso[,] no se le realiz[\u00f3] un diagn\u00f3stico adecuado, lo que demor[\u00f3] su atenci\u00f3n especializada\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelant\u00e9 destac\u00f3 que \u201c[e]s importante tener en cuenta que la descripci\u00f3n quir\u00fargica escrita por el doctor H. \u00c1vila en la primera intervenci\u00f3n[,] hace referencia a drenaje de peritonitis, condici\u00f3n que de acuerdo con la norma requiere atenci\u00f3n quir\u00fargica, m\u00e1s observaci\u00f3n e inicio de antibi\u00f3ticos por la v\u00eda intravenosa, los cuales deben continuarse hasta la mejor\u00eda cl\u00ednica del paciente y en algunas oportunidades es conveniente seguir un manejo antibi\u00f3tico por v\u00eda oral por fuera de la hospitalizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no se ve reflejada en la historia cl\u00ednica\u201d. <\/p>\n
Enseguida puntualiz\u00f3 que el cirujano decidi\u00f3 \u201cabordaje tipo Rocky Davis, encontrando una ap\u00e9ndice edematosa, la misma que en patolog\u00eda [se] describ[i\u00f3] como (ap\u00e9ndice cecal cian\u00f3tica y despulida, recubierta por membranas fibrinopurulentas, que mide 7x2cm; la luz est\u00e1 ocupada por pus, con diagn\u00f3stico de -Apendicitis Aguda en fase purulenta; -Periapendicitis). Con esta informaci\u00f3n se considera que el manejo quir\u00fargico dado al paciente hasta el 27 de [n]oviembre de 2004 es adecuado, ya que el cirujano pudo haber considerado que una vez evacuado el foco infeccioso, se espera[ba] que h[ubiese] mejor\u00eda cl\u00ednica con el uso de antibi\u00f3ticos, de los cuales se hace referencia en la historia cl\u00ednica (Cefradina x 500 mg cada 6 horas); sin embargo hay escuelas m\u00e1s conservadoras quienes consideran como norma que[,] ante la presencia de peritonitis localizada[,] se debe realizar laparotom\u00eda y manejo expectante intrahospitalario; situaci\u00f3n que debe tenerse en cuenta al calificar la conducta m\u00e9dica. Se recalca que[,] si bien el primer manejo se encuentra dentro de lo aceptado por la pr\u00e1ctica m\u00e9dica, es importante el hecho que ya se mencion\u00f3, con respecto a la aparente pronta dada de alta del paciente, tiempo que no ha sido establecido de una manera precisa, lo que permite determinar si hubo una clara prematura salida del paciente y la situaci\u00f3n m\u00e9dica que motiv[\u00f3] la misma\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u201c[a]nte la continuidad de un foco primario que fue evacuado parcialmente (apendicectom\u00eda) con limpieza y control de peritonitis mediante incisi\u00f3n Rocky Davis, incisi\u00f3n que no asegura un campo quir\u00fargico adecuado para un lavado peritoneal completo en caso de ser requerido, permite la proliferaci\u00f3n infecciosa con el correspondiente deterioro progresivo del paciente, con una posterior complicaci\u00f3n que le genera perforaci\u00f3n del colon, el cual debe ser posteriormente reseccionado en una segunda intervenci\u00f3n como se encuentra anotado en el folio 122, situaci\u00f3n que lleva a s\u00e9psis de origen abdominal al paciente con compromiso general y la muerte\u201d. <\/p>\n
Y que, \u201crespecto a los otros procedimientos quir\u00fargicos realizados al reingreso del paciente despu\u00e9s de la primera intervenci\u00f3n quir\u00fargica (apendicectom\u00eda), se considera que estos se llevaron a cabo cumpliendo la lex artis y que el resultado fatal, corresponde a una complicaci\u00f3n de origen infeccioso ya establecido\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u201clos procedimientos quir\u00fargicos realizados al se\u00f1or FRANCISCO JAVIER G\u00d3MEZ ROND\u00d3N corresponden a los establecidos por la gran mayor\u00eda de los casos en que se presenta una patolog\u00eda similar\u201d. <\/p>\n
3.2.2. El segundo documento, que como se dijo data del 30 de agosto de 2006, dio cuenta: <\/p>\n
Tras relacionar las dos primeras atenciones m\u00e9dicas brindadas al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, esto es, las de d\u00eda 26 de noviembre de 2004 a las 4:18 a.m., en urgencias de la Cl\u00ednica Tolima, y de 12 horas despu\u00e9s, en la misma instituci\u00f3n, en la que se diagnostic\u00f3 \u201cintoxicaci\u00f3n alimentaria bacteriana, no especificada\u201d, el perito resalt\u00f3 que se ordenaron los medicamentos \u201cdipirona\u201d, \u201cbuscapina\u201d y \u201cTrimetropin Sulfa v\u00eda oral\u201d y que dicha \u201cmedicaci\u00f3n[,] (\u2026) de acuerdo con las gu\u00edas de manejo de la intoxicaci\u00f3n alimentaria\u201d, no es recomendada para dicha patolog\u00eda, pues lo que debi\u00f3 buscarse era la \u201chidrataci\u00f3n del paciente[,] el cual debe ser observado\u201d, am\u00e9n que \u201cel uso de antiespasm\u00f3dicos y analg\u00e9sicos mejoran el dolor del paciente pero de manera peligrosa pueden enmascarar un trastorno grave intraabdominal (cuadros infecciosos intraabdominales como la apendicitis, perforaciones intestinales, v\u00f3lvulos, isquemia[s] intestinales, enfermedad acidop\u00e9ptica entre otras), por lo tanto, si no se tiene un diagn\u00f3stico cl\u00ednico y paracl\u00ednico definido, es mejor no prescribirlos\u201d. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que \u201clo m\u00e1s importante en estas primeras consultas[,] era intentar un diagn\u00f3stico m\u00e1s preciso mediante historia cl\u00ednica completa, haciendo hincapi\u00e9 en la ingesta del alimento, procedencia del mismo, personas que lo consumieron etc., solicitar estudio de cuadro hem\u00e1tico, parcial de orina, coprol\u00f3gico; con estos resultados es posible definir un tratamiento inicial o su remisi\u00f3n, si el m\u00e9dico consider\u00f3 como posible diagn\u00f3stico una intoxicaci\u00f3n alimentaria, lo primordial para dicha patolog\u00eda es la hidrataci\u00f3n del paciente en caso de evidenciar p\u00e9rdidas importantes de l\u00edquidos, situaci\u00f3n de la cual al momento no se tiene referencia, otro aspecto importante en caso de intoxicaci\u00f3n alimentaria es ampliar la anamnesis con respecto a si otras personas hab\u00edan consumido el miso alimento, y si desarrollaron en alg\u00fan grado el cuadro\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la cirug\u00eda practicada el 27 de noviembre de 2004, observ\u00f3 que \u201cno hay claridad con respecto [a]l tiempo transcurrido entre la intervenci\u00f3n quir\u00fargica y el momento en que se da salida al paciente, situaci\u00f3n que es m\u00e1s dif\u00edcil interpretar si se tiene en cuenta que no hay anotaci\u00f3n de la hora de egreso y del reintegro del paciente el d\u00eda 30 de [n]oviembre del mismo a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
Bajo el subt\u00edtulo de \u201cAN\u00c1LISIS DEL CASO\u201d, el perito indic\u00f3 que se trat\u00f3 de un paciente de 33 a\u00f1os que \u201cconsult[\u00f3] inicialmente por dolor abdominal sin diagn\u00f3stico cl\u00ednico[,] no hay en primera instancia solicitud de paracl\u00ednicos que puedan ayudar al diagn\u00f3stico temprano de una infecci\u00f3n intraabdominal, uno de los diagn\u00f3sticos considera una etiolog\u00eda alimentaria la cual muestra falencias en la anamnesis y orden[\u00f3] antibi\u00f3tico de amplio espectro que poco favorec[i\u00f3] la evoluci\u00f3n del paciente[,] m\u00e1s si se tiene en cuenta que dicho diagn\u00f3stico se realiz[\u00f3] sin datos sintom\u00e1ticos y epidemiol\u00f3gicos suficientes, adem\u00e1s indica[ro]n manejo con medicamentos analg\u00e9sicos y antiespasm\u00f3dicos de manera indiscriminada[,] puesto que no se corrobor[\u00f3] o descart[\u00f3] otra etiolog\u00eda mediante el uso de paracl\u00ednicos adecuado[s] como cuadro hem\u00e1tico, parcial de orina y coprol\u00f3gico, lo anterior no re\u00fane de manera completa un adecuado manejo ante el paciente con dolor abdominal, si bien es cierto el paciente no ingres[\u00f3] con un cuadro florido de apendicitis, tampoco lo [fue] de una intoxicaci\u00f3n alimentaria, como tampoco de una enfermedad diarreica aguda, disenter\u00eda am[e]biana o de otros de los m\u00faltiples trastornos del tracto gastrointestinal\u201d. <\/p>\n
Sobre la referida primera intervenci\u00f3n realizada al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, se registr\u00f3 que \u201cno hay anotaci\u00f3n de la hora del procedimiento, pero por la informaci\u00f3n en la denuncia [fue] aproximadamente a la una de la ma\u00f1ana del d\u00eda 27 de [n]oviembre. En esta fotocopia en el numeral 4 -con caligraf\u00eda un poco dif\u00edcil de leer \u2018limpieza[,] lavado, drenaje peritonitis\u2019, se hace aclaraci\u00f3n que el cirujano debe corroborar o aclarar lo citado en dicho numeral, lo anterior se considera importante debido a que si lo que se realiz[\u00f3] [fue] un drenaje de una peritonitis localizada[,] el manejo del paciente requ[er\u00eda] m\u00e1s agresividad y una instancia hospitalaria mayor a la que se describe\u201d. <\/p>\n
Luego de advertir la salida del paciente el 28 de noviembre, puso de presente que \u00e9l regres\u00f3 \u201ca consulta en la Cl\u00ednica Tolima por \u2018dolor en el ombligo\u2019\u201d y que, en tal momento, se \u201cenc[ontr\u00f3] secreci\u00f3n serosanguinolenta por herida y dren, el cual se desconoce por qu\u00e9 lo presentaba si la orden del cirujano [fue] su retiro, adem\u00e1s hace referencia a hernia umbilical dolorosa a la palpaci\u00f3n, hace diagn\u00f3stico de hernia umbilical encarcelada, hallazgo del cual no hay evidencia o por lo menos no se hace referencia en el procedimiento de laparotom\u00eda abdominal, de acuerdo con lo descrito al paciente, al parecer le hacen reducci\u00f3n y le administran dipirona; por su estado[,] el paciente consulta en la UAP La Quinta 40 minutos despu\u00e9s por dolor abdominal intenso a nivel abdominal generalizado, le aplican antiespasm\u00f3dico y dipirona[,] lo manejan en observaci\u00f3n y le solicitan paracl\u00ednicos[,] los cuales no reportan leucocitos pero s[\u00ed] una velocidad de sedimentaci\u00f3n aumentada, la ecograf\u00eda dentro de l\u00edmites normales[,] que puede explicarse por varias razones, que a\u00fan no se hab\u00eda producido la perforaci\u00f3n, el l\u00edquido libre en la cavidad era m\u00ednimo, la defensa del paciente dificulta el examen, as\u00ed como el tejido adiposo de la pared abdominal, la solicitud no orienta al imagen\u00f3logo a la b\u00fasqueda de hallazgos espec\u00edficos, o por otras razones que pueden ser explicadas por el imagen\u00f3logo que realiz\u00f3 dicho examen. Para este momento el paciente ya presentaba un compromiso sist\u00e9mico importante debido al tiempo de evoluci\u00f3n de su cuadro abdominal\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u201c[e]n el reingreso del paciente en el posquir\u00fargico[,] inicialmente el doctor Luis A. Parra[,] cirujano[,] no enc[ontr\u00f3] signos de compromiso intraabdominal, evac[u\u00f3] colecci\u00f3n serosa de la herida quir\u00fargica y consider[\u00f3] manejo ambulatorio, al reingreso [d]el paciente[,] es evidente el compromiso intraabdominal, por lo que el mismo cirujano decid[i\u00f3] intervenci\u00f3n quir\u00fargica encontrando perforaci\u00f3n del colon por lo que realiz[\u00f3] hemicolectom\u00eda, el paciente se deterior[\u00f3] de forma r\u00e1pida y progresiva sin respuesta adecuada al tratamiento quir\u00fargico (lavados de la cavidad abdominal) y la terapia antibi\u00f3tica, el paciente entr[\u00f3] en falla org\u00e1nica m\u00faltiple con su posterior muerte en los d\u00edas subsiguientes, de lo anterior se considera que el segundo cirujano que intervi[no] al paciente realiz[\u00f3] el procedimiento acorde con los hallazgos[,] ce\u00f1ido a la lex artis y la muerte es el resultado de una complicaci\u00f3n que se describe en aproximadamente el 2% de los pacientes que hacen perforaci\u00f3n de una apendicitis, que la atenci\u00f3n m\u00e9dica presentada los primeros d\u00edas en que consult[\u00f3] el paciente, muestra demora en el diagn\u00f3stico[,] debido a que el paciente consult\u00f3 en varias oportunidades, siendo devuelto sin un diagn\u00f3stico preciso, con tratamiento antipir\u00e9tico, analg\u00e9sico y antiespasm\u00f3dico que bien puede enmascarar un cuadro de abdomen agudo, sin mejor\u00eda de su patolog\u00eda, lo cual si bien es cierto[,] en algunas oportunidades[,] es dif\u00edcil diagnosticar debido a las m\u00faltiples etiolog\u00edas del dolor abdominal, no se procur\u00f3 en las primeras hora[s] establecer su origen real, por lo que se establece que el paciente en la fase inicial de su enfermedad fue atendido sin cumplir a cabalidad con las gu\u00edas de manejo general ante un cuadro cl\u00ednico de dolor abdominal, lo que condu[jo] a la complicaci\u00f3n, agravamiento y la muerte del paciente, como se puede establecer a trav\u00e9s de la historia cl\u00ednica, los resultados de histopatolog\u00eda y el protocolo de necropsia\u201d. <\/p>\n
3.2.3. En el tercer documento, el experto clarific\u00f3 que \u201c[o]tro evento que debe revisarse y debe ser tenido en cuenta es la valoraci\u00f3n m\u00e9dica realizada el d\u00eda 30 de noviembre, cuando se h[izo] el diagn\u00f3stico de hernia umbilical dolorosa en un paciente en posquir\u00fargico por apendicectom\u00eda, sin descartar o por lo menos plantear la posibilidad de una peritonitis, situaci\u00f3n que contribuy[\u00f3] en la evoluci\u00f3n desfavorable del paciente\u201d. <\/p>\n
Luego de explicar las diferencias entre una ap\u00e9ndice aguda y una perforada, as\u00ed como entre peritonitis localizada y generalizada, el perito puntualiz\u00f3 que \u201cel abordaje realizado es el recomendado en los casos de apendicitis\u201d y que \u201cson los hallazgos despu\u00e9s de ingresar a la cavidad los que definen en qu\u00e9 condiciones se encuentra la ap\u00e9ndice y las estructuras adyacente[s], de tal manera que es el cirujano quien de acuerdo con su conocimiento y experiencia, ante el hallazgo quir\u00fargico, define el estado y conducta a seguir, el doctor Hernando \u00c1vila la describ[i\u00f3] como una ap\u00e9ndice edematosa con peritonitis localizada. El abordaje realizado por el doctor \u00c1vila fue tipo Rocky Davis, es decir una incisi\u00f3n transversal en el cuadrante inferior derecho, mediante el cual se avanza por planos hasta entrar a la cavidad peritoneal, se extrae la ap\u00e9ndice cecal, se reseca y se hace lavado localizado, con posterior cierre; para el correspondiente caso, se deja drenaje de cavidad de tipo Pen Rose. El abordaje por laparotom\u00eda anterior mediana, en general se utiliza ante la sospecha de una peritonitis generalizada, debido a que por esta v\u00eda se tiene una ventana quir\u00fargica m\u00e1s amplia para el abordaje de la cavidad, incisi\u00f3n quir\u00fargica que permite adem\u00e1s de la recesi\u00f3n apendicular, la exploraci\u00f3n de los tejidos adyacente[s] y en general de la cavidad, as\u00ed como un lavado abundante, a pesar de ser menos est\u00e9tica es la apropiada ante hallazgos o sospecha de peritonitis generalizada\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con haber dado de alta del paciente, observ\u00f3 que \u201clas enfermedades son un proceso din\u00e1mico, es el m\u00e9dico tratante quien debe seguir los par\u00e1metros establecidos acorde[s] a lo observado, quien despu\u00e9s de intervenir al paciente, valor[\u00f3] su evoluci\u00f3n, prueban la v\u00eda oral y orden[\u00f3] la salida, la cual de acuerdo a la informaci\u00f3n aportada para \u00e9ste informe, ocurr[i\u00f3] aproximadamente 30 horas despu\u00e9s (Formulaci\u00f3n m\u00e9dica que reposa en el folio 64). De tal manera que si una vez extra\u00edda la ap\u00e9ndice cecal, la apreciaci\u00f3n del cirujano es el de una apendicitis edematosa con peritonitis localizada, la conducta a seguir es dejar un dren, continuar antibi\u00f3ticoterapia y observar al paciente y definir su posterior salida con recomendaciones m\u00e9dicas, que para el presente caso, se produ[jo] una vez se pr[o]b[\u00f3] la v\u00eda oral\u201d. <\/p>\n
Respecto de la consulta m\u00e9dica del 30 de noviembre de 2004, se\u00f1al\u00f3 que \u201cno e[ra] posible determinar la presencia de f\u00edstula fecal o de peritonitis. Como quiera que han pedido ampliar, se informa que en estos casos es recomendable realizar una [t]omograf\u00eda [a]xial [c]omputarizada de abdomen, por su mayor sensibilidad y especificidad, examen que fue realizado cinco d\u00edas despu\u00e9s de la reintervenci\u00f3n quir\u00fargica\u201d. <\/p>\n
En frente de la pregunta de \u201csi el presunto diagn\u00f3stico tard\u00edo de apendicitis[,] que dio lugar a la presentaci\u00f3n de peritonitis localizada[,] puede ser tenido como causa directa de la presentaci\u00f3n de un f\u00edstula fecal o la presentaci\u00f3n de este tipo de f\u00edstula se asocia a un riesgo del procedimiento quir\u00fargico necesario de apendicectom\u00eda\u201d, el experto respondi\u00f3: \u201cLas dos opciones son posibles y pueden conjugarse, como se ha planteado[,] debido a que no es lo mismo realizar un procedimiento quir\u00fargico de una apendicitis en estadio inicial[,] a un procedimiento en el cual ya hay un compromiso importante de tejidos, los cuales se hacen m\u00e1s fiables, que requieren un procedimiento m\u00e1s cuidadoso, el cual aumenta la dificultad quir\u00fargica y los riesgos de complicaci\u00f3n como se observa en la evoluci\u00f3n del paciente\u201d. <\/p>\n
Cuestionado sobre si, seg\u00fan la historia cl\u00ednica, \u201cen las consultas del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2004 existieron manifestaciones de la presencia de una f\u00edstula fecal\u201d, el perito observ\u00f3 que, \u201c[d]e acuerdo con lo anotado en el folio 258, con respecto a la atenci\u00f3n del d\u00eda 01-12-20[0]4, la respuesta es SI. En el folio 68 se encuentra una f\u00f3rmula m\u00e9dica correspondiente al d\u00eda 30 de noviembre de 2004, en esta no hay diagn\u00f3stico, signos o s\u00edntomas, la firma es ilegible, no se alcanza a leer qu[\u00e9] dice en un sello, escasamente se lee al final y a la derecha \u2018LA QUINTA\u2019, los n\u00fameros de registro m\u00e9dico al igual que la firma son completamente ilegibles, el encabezado de dicha formulaci\u00f3n corresponde a Salud Total. En el folio 100 figura fotocopia de historia de la Cl\u00ednica Tolima con fecha del 30 de noviembre de 2004 a las 00:07 donde consulta FRANCISCO JAVIER G\u00d3MEZ ROND\u00d3N por cuadro de dolor en el ombligo; en el aparte de enfermedad actual se anota \u2018pte con POP de apendicectom\u00eda refiere dolor intenso a nivel umbilical desde ayer incrementado con esfuerzo\u2019. En el \u00edtem de antecedentes quir\u00fargicos no se entiende lo escrito. Al examen anota herida quir\u00fargica en adecuado estado, secreci\u00f3n serosanguinolenta por herida y dren. Hay hernia umbilical dolorosa a la palpaci\u00f3n. Como diagn\u00f3stico anota hernia umbilical encarcelada. La conducta m\u00e9dica: Reducci\u00f3n de la hernia. Ordena dipirona intravenosa, mejora del dolor[,] recomienda control por cirug\u00eda. Como lo que se pide es conceptuar si lo descrito en la historia cl\u00ednica de Salud Total existieron manifestaciones de la presencia de una f\u00edstula focal, la respuesta es que la presencia del dolor referido como figura en la anotaci\u00f3n, no se explor\u00f3 lo suficiente y no se interpret\u00f3 como signos de compromiso infeccioso intraperitoneal a pesar del antecedente reciente, el m\u00e9dico no anota si investig\u00f3 con respecto a antecedentes de dicha hernia ni al tiempo transcurrido entre los s\u00edntomas iniciales y el momento en que fue intervenido. (\u2026). Debido a que lo que se solicita(\u2026) por parte de los interesados es que se amplie, el perito quiere hacerlo con respecto a unos puntos de los cuales no se hace referencia en ninguno otro momento de la atenci\u00f3n, y es con respecto a la valoraci\u00f3n del d\u00eda 30 de noviembre, donde primero: el m\u00e9dico de turno (Dr. Yepes) diagnostic[\u00f3] una hernia umbilical, ya que ninguno de los cirujanos que intervino al paciente h[izo] anotaciones con respecto a este tipo de hallazgo, ni intervenci\u00f3n af\u00edn. Segundo[,] que el hecho de haber aplicado dipirona[,] como ya se hab\u00eda hecho en anterior consulta, enmascara sintomatolog\u00eda. Tercero[,] la historia en cuesti\u00f3n (30-11-2004) no describe los signos al examen abdominal, como ruidos intestinales, distenci\u00f3n o ausencia de la misma, defensa abdominal, lo cual no corresponde con lo esperado en una historia cl\u00ednica de un paciente que consulta por dolor abdominal, m\u00e1s a[\u00fa]n en un paciente posquir\u00fargico\u201d. <\/p>\n
Tras dejar establecido que \u201ca la fecha es claro que la muerte es el resultado de una [f]alla [o]rg\u00e1nica [m]ultisist\u00e9mica por una sepsis de origen abdominal, secundaria a una peritonitis que se origina en una apendicitis\u201d, el perito inform\u00f3 que, \u201ccomo se ha venido explicado, desde anteriores informes[,] se present\u00f3 un retraso en el diagn\u00f3stico por el uso de tratamiento farmacol\u00f3gico sin un diagn\u00f3stico preciso, lo que demor\u00f3 el diagn\u00f3stico cl\u00ednico ya conocido, para lo cual se requiri\u00f3 el procedimiento quir\u00fargico instaurado en la madrugada del d\u00eda 27 de noviembre de 2004. De acuerdo a lo apreciado por el cirujano en la mencionada intervenci\u00f3n, se busc[\u00f3] erradicar el foco infeccioso[,] sin un resultado completamente favorable, como qued[\u00f3] demostrado d\u00edas despu\u00e9s cuando se necesita nueva intervenci\u00f3n, que h[izo] necesaria una hemicolectom\u00eda e ileostom\u00eda (de la cual no se recib[i\u00f3] informe de histopatolog\u00eda). La peritonitis localizada es el resultado del manejo inadecuado de los signos y s\u00edntomas por los cuales consult[\u00f3] en primera instancia el paciente; es posible que durante el procedimiento quir\u00fargico no se haya erradicado de forma completa el foco infeccioso, como quiera que se realiz[\u00f3] un abordaje quir\u00fargico que no permiti\u00f3 la visualizaci\u00f3n completa de las estructuras adyacentes y de su periferia, o que por el tiempo transcrurrid[o], los tejidos se encuentran [a]fectados de forma significativa, lo que permite una inadecuada irrigaci\u00f3n e inmunidad, generando la complicaci\u00f3n posterior, lo anterior no significa que el procedimiento quir\u00fargico se haya apartado del principio de la buena pr[\u00e1]ctica m\u00e9dica, ante el hallazgo que se describe en este evento quir\u00fargico, al cirujano le es imposible predecir que se presente dicha complicaci\u00f3n, de modo que solo \u00e9l o un par (cirujano general), ante el mismo evento y esp\u00e9cimen observado pueden definir qu[\u00e9] conducta m\u00e9dico quir\u00fargica [se] debe tomar. Se conjuga en este caso una nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dica realizada el 30 de noviembre[,] en la cual se diagnostic\u00f3 una hernia umbilical encarcelada, de la cual no hay m\u00e1s documentaci\u00f3n que la descrita por el doctor Yepes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del detallado recuento del informe m\u00e9dico legal, consideradas las diferentes etapas en que se rindi\u00f3, se colige que, si bien es verdad, en distintos apartes el forense calific\u00f3 de apropiada la actividad m\u00e9dica desplegada por el doctor \u00c1vila Molina en el caso del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), como lo se\u00f1al\u00f3 el recurrente al formular el cargo, tambi\u00e9n lo es que en otros cuestion\u00f3 su proceder, as\u00ed como la atenci\u00f3n que se brind\u00f3 al paciente al inici\u00f3 y los d\u00edas 30 de noviembre y 1\u00ba de diciembre de 2004, tal y cual, en l\u00edneas generales, lo puso de presente el Tribunal en la sentencia cuestionada. <\/p>\n
3.3.1. Sobre el manejo del enfermo cuando consult\u00f3 por dolor abdominal, el perito dej\u00f3 muy en claro que el desempe\u00f1o en los centros de urgencias a donde concurri\u00f3, fue deficitario, toda vez que no se practicaron ex\u00e1menes paracl\u00ednicos, ni se determin\u00f3 un diagn\u00f3stico certero y que, pese a ello, se trat\u00f3 al paciente con medicamentos que bien pudieron enmascarar los s\u00edntomas de la apendicitis que en verdad ten\u00eda, lo que tard\u00f3 la identificaci\u00f3n de la misma y provoc\u00f3, como complicaci\u00f3n, la peritonitis localizada que el doctor \u00c1vila Molina hall\u00f3 al momento de practicar la apendicectom\u00eda que realiz\u00f3. <\/p>\n
3.3.2. En relaci\u00f3n con dicha intervenci\u00f3n, contempl\u00f3 que, habida cuenta del resultado final, esto es, el deceso del paciente como consecuencia de \u201cuna [f]alla [o]rg\u00e1nica [m]ultisist\u00e9mica por una sepsis de origen abdominal, secundaria a una peritonitis que se origin[\u00f3] en una apendicitis\u201d, no se obtuvo en ella el resultado de erradicar completamente el foco infeccioso, posiblemente porque el tipo de incisi\u00f3n (\u201cRocky Davis\u201d), \u201cno asegura[ba] un campo quir\u00fargico adecuado para un lavado peritoneal completo en caso de ser requerido\u201d y que, por lo tanto, \u201cpermit[i\u00f3] la proliferaci\u00f3n infecciosa con el correspondiente deterioro progresivo del paciente, con una posterior complicaci\u00f3n que le gener[\u00f3] perforaci\u00f3n del colon, el cual deb[i\u00f3] ser posteriormente reseccionado en una segunda intervenci\u00f3n como se encuentra anotado en el folio 122, situaci\u00f3n que llev[\u00f3] a s\u00e9psis de origen abdominal al paciente con compromiso general y la muerte\u201d. <\/p>\n
3.3.3. Adicionalmente, respecto del manejo posquir\u00fargico, destac\u00f3 que si en la intervenci\u00f3n lo que se hizo fue un drenaje de peritonitis localizada, ese procedimiento, \u201cde acuerdo con la norma[,] requ[er\u00eda] atenci\u00f3n quir\u00fargica, m\u00e1s observaci\u00f3n e inicio de antibi\u00f3ticos por la v\u00eda intravenosa, los cuales deben continuarse hasta la mejor\u00eda cl\u00ednica del paciente y en algunas oportunidades es conveniente seguir un manejo antibi\u00f3tico por v\u00eda oral por fuera de la hospitalizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no se ve reflejada en la historia cl\u00ednica\u201d, es decir, que implicaba el mantenimiento del enfermo en la cl\u00ednica para observaci\u00f3n e inicio de la antibioterapia por \u201cv\u00eda intravenosa\u201d hasta la \u201cmejor\u00eda cl\u00ednica del paciente\u201d, pudi\u00e9ndose continuar por \u201cv\u00eda oral\u201d luego de d\u00e1rsele de alta, manejo que no fue el que se sigui\u00f3 en el caso del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n. <\/p>\n
3.3.4. A todo lo anterior, el perito sum\u00f3 como causa de la complicaci\u00f3n del nombrado, el desacierto de la atenci\u00f3n que se le dio los d\u00edas 30 de noviembre y 1\u00ba de diciembre de 2004, como quiera que no se investig\u00f3 adecuada y suficientemente el intenso dolor abdominal que \u00e9l report\u00f3, ni se consider\u00f3 que frente al antecedente de haberse determinado en la intervenci\u00f3n a que hab\u00eda sido sometido, la existencia de una \u201cperitonitis localizada\u201d, se trataba de una complicaci\u00f3n infecciosa mayor, al punto que en la primera de esas fechas se diagnostic\u00f3 una \u201chernia umbilical encarcelada\u201d, de la cual no existi\u00f3 ning\u00fan hallazgo diferente al concepto del m\u00e9dico que la determin\u00f3. <\/p>\n
3.3.5. As\u00ed las cosas, pese a ser cierto que en el informe en comento se admiti\u00f3 que la perforaci\u00f3n del colon sufrida por el enfermo es un riesgo inherente a las complicaciones que pueden presentarse como consecuencia de una apendicitis tard\u00edamente diagnosticada y al desarrollo de una peritonitis como consecuencia de ello, tambi\u00e9n lo es que el experto atribuy\u00f3 a las graves fallas en que se incurri\u00f3 respecto de la atenci\u00f3n dada al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n en sus diferente fases, seg\u00fan ya se relacion\u00f3, la causa de su deceso sin que, entonces, aquella primera conclusi\u00f3n pueda tenerse como contundente, y mucho menos, como \u00fanica explicaci\u00f3n de la muerte de la precitada v\u00edctima. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Significa lo anterior, que el entendimiento del informe analizado planteado por el censor, no corresponde al \u00fanico que puede extraerse de \u00e9l y que el expuesto por el Tribunal tambi\u00e9n guarda correspondencia con el contenido objetivo de la prueba, lo que descarta que el error atribuido a dicha Corporaci\u00f3n tenga la condici\u00f3n de manifiesto, que para su configuraci\u00f3n exige expresamente el inciso 3\u00ba del literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, debe memorarse que, \u201cpartiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado\u201d (CSJ, SC del 8 de septiembre de 2011, Rad. n.\u00b0 2007-00456-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acusaci\u00f3n examinada, por ende, no merece acogimiento. <\/p>\n
1. Sobre la preterici\u00f3n de las pruebas que, a decir del impugnante, demostraron que las actuaciones de doctor Hernando \u00c1vila Molina se ajustaron a la ciencia m\u00e9dica, se establece: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Si bien es verdad que el Tribunal no apreci\u00f3 la declaraci\u00f3n rendida por el doctor Luis Alberto Parra Obando (fls. 2 a 6, cd. 10), esa omisi\u00f3n luce intrascendente, y por lo mismo, no se erige en un error de hecho que pueda ocasionar el quiebre de su fallo, toda vez que lo expuesto por el testigo no alcanza a desvirtuar las conclusiones f\u00e1cticas a que arrib\u00f3 el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
4.1.1. En efecto, el citado profesional, quien realiz\u00f3 la segunda cirug\u00eda a que fue sometido el se\u00f1or Javier Francisco G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), memor\u00f3 haber atendido al nombrado en urgencias y que, al percatarse que dren\u00f3 \u201cmaterial fecaloide\u201d por la herida de la primera operaci\u00f3n, orden\u00f3 su hospitalizaci\u00f3n y procedi\u00f3 a intervenirlo quir\u00fargicamente hallando \u201cun colon friable con tres orificios y ten\u00eda l\u00edquido fecaloide medio litro, 500 cent\u00edmetros c\u00fabicos, con una peritonitis\u201d, raz\u00f3n por la cual le extirp\u00f3 el colon, le practic\u00f3 una ileostom\u00eda y dej\u00f3 el abdomen abierto para posteriores lavados quir\u00fargicos, los que en efecto le hizo, sin obtener mejor\u00eda del enfermo. <\/p>\n
Sobre las causas de las perforaciones que encontr\u00f3 en el colon, se\u00f1al\u00f3 que \u201c[n]o se cu\u00e1les fueron los hallazgos en la primera cirug\u00eda, tampoco se cu\u00e1les fueron los resultados de la patolog\u00eda de la pieza del colon derecho que es donde est\u00e1 pegada la ap\u00e9ndice. La f\u00edstula fecal es una de las complicaciones inherentes que se pueden presentar en una apendi[c]ectom\u00eda. Por eso me es imposible (\u2026) asegurar las causas de los orificios. Quiero anotar que hay varias causas que pueden producir perforaci\u00f3n del colon como la amebiasis, la salmonela, la i[s]quemia, entre otras\u201d. <\/p>\n
Adelante precis\u00f3 que \u201c[y]o nunca dije que encontr\u00e9 cortadas, encontr\u00e9 fue[ron] tres perforaciones, en la descripci\u00f3n quir\u00fargica escrib\u00ed que el colon estaba friable[,] es decir[,] que ya estaba muy deleznable[,] es decir[,] muy blandito y esto se pudo haber causado despu\u00e9s de que el doctor \u00c1VILA cerr\u00f3, y nuevamente no se el resultado de la patolog\u00eda[,] es importante saber el resultado\u201d. <\/p>\n
A la pregunta de, \u201c[c]on base en su respuesta anterior, si la f\u00edstula es una de las complicaciones inherentes en una apendi[c]ectom\u00eda, s\u00edrvase indicarle al Despacho qu\u00e9 medidas de prevenci\u00f3n debe adoptar el galeno que interviene en la referida cirug\u00eda, y qu[\u00e9] le indican los protocolos de la lex artis\u201d, contest\u00f3: \u201cDepende del estado en que uno encuentre la ap\u00e9ndice, si es una ap\u00e9ndice edematosa no hay mayores riesgos de f\u00edstulas, si es una supurativa el paciente se observa dos o tres d\u00edas y hay bajo riesgo de f\u00edstula, en la gangrenosa y en la perforada el riesgo es mayor[,] el paciente dura m\u00e1s tiempo para observar y se deja un dren en el sitio operado, creo que a este paciente se le dej\u00f3 un dren no s\u00e9 cu\u00e1ntos d\u00edas, b\u00e1sicamente este es el manejo dependiendo del estado del paciente\u201d. <\/p>\n
Sobre el fallecimiento del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, observ\u00f3 que \u201cno ten\u00eda unas buenas defensas en su cuerpo, porque la ayuda que nosotros los m\u00e9dicos damos es una parte de la curaci\u00f3n general, el principal componente para la curaci\u00f3n de un paciente es su propia inmunolog\u00eda o sus defensas\u201d. <\/p>\n
4.1.2. Como se aprecia, la declaraci\u00f3n en comento vers\u00f3 fundamentalmente sobre la segunda cirug\u00eda practicada al paciente y la atenci\u00f3n posquir\u00fargica que el declarante le brind\u00f3 al mismo. Las referencias a la primera intervenci\u00f3n quir\u00fargica fueron tangenciales, y en buena medida, abstractas, como quiera que el deponente desconoc\u00eda los hallazgos de la misma. <\/p>\n
4.1.3. Es claro entonces, que de dicha versi\u00f3n no puede, como lo propuso el recurrente, inferirse que las actividades m\u00e9dicas que en el caso desarroll\u00f3 el doctor Hernando \u00c1vila Molina fueron acertadas y\/o ajustadas a la lex artis, toda vez que el doctor Parra Obando no hizo manifestaciones en tal sentido. <\/p>\n
4.1.4. As\u00ed las cosas, como ya se dijo, la ponderaci\u00f3n de esta declaraci\u00f3n no cambia las conclusiones en que el Tribunal ciment\u00f3 su fallo, de donde la falta de apreciaci\u00f3n de la misma por parte de dicha autoridad, no alcanza a erigirse en un error de hecho trascendente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El doctor \u00c1vila Molina, con la contestaci\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda que le hizo Salud Total S.A. E.P.S., alleg\u00f3 como prueba copia informal de la providencia expedida por el Fiscal Seccional 25 Unidad de Vida de Ibagu\u00e9 el 11 de enero de 2007, en la que calific\u00f3 con resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n la investigaci\u00f3n que por el delito de homicidio culposo en la persona de Javier Francisco G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.) se segu\u00eda en contra de los doctores Javier Vanegas Betancourt, Hernando \u00c1vila Molina y Luis Alberto Parra Obando (fls. 46 a 64, cd. 4). <\/p>\n
En opini\u00f3n del recurrente, el Tribunal pretiri\u00f3 dicha prueba, y como consecuencia de ello, no apreci\u00f3 que ella demostraba, en l\u00edneas generales, que el proceder del doctor \u00c1vila Molina se ajust\u00f3 en un todo a la ciencia m\u00e9dica y que, por lo mismo, la muerte del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n no fue consecuencia de la atenci\u00f3n que le brind\u00f3. <\/p>\n
4.2.1. Sea lo primero se\u00f1alar que la referida probanza fue aportada al proceso el 10 de diciembre de 2010 y que el auto en el que fue tenida en cuenta como tal, data del 11 de julio de 2011 (fls. 776 y 777, cd. 9), prove\u00eddo que por v\u00eda de reposici\u00f3n adicion\u00f3 el que abri\u00f3 a pruebas el proceso, fechado el 28 de junio del mismo a\u00f1o (fls. 768 a 771, ib.). <\/p>\n
4.2.2. Son, pues, actividades litigiosas surtidas bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, raz\u00f3n por la cual, seg\u00fan voces del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, que regul\u00f3 el tr\u00e1nsito de esas legislaciones, est\u00e1n sometidas al primero de tales ordenamientos jur\u00eddicos. <\/p>\n
4.2.3. As\u00ed las cosas, como la copia allegada corresponde a una actuaci\u00f3n surtida en proceso diferente a \u00e9ste, su debida aportaci\u00f3n exig\u00eda que ella hubiese sido ordenada por el juez o funcionario cognoscente de aquel otro diligenciamiento, y adicionalmente, que contara con la atestaci\u00f3n de su autenticidad. En palabras de la Corte: <\/p>\n
(\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones verificadas en el interior de un proceso judicial, las copias, para que puedan tenerse por aut\u00e9nticas y, por consiguiente, ostenten el mismo valor probatorio que los originales, est\u00e1n sujetas a la satisfacci\u00f3n de dos requisitos: en primer lugar, que su compulsaci\u00f3n haya sido ordenada por el juez que conoce del litigio; y, en segundo t\u00e9rmino, que en cumplimiento de ese decreto judicial, el secretario de la respectiva oficina ateste su identidad con el original o con copia aut\u00e9ntica del mismo que obre en el correspondiente expediente. <\/p>\n
Se infiere, pues, que el m\u00e9rito probatorio de la copia de una actuaci\u00f3n procesal que se pretenda hacer valer en otra controversia litigiosa, depende de la verificaci\u00f3n que el juez encargado de esta \u00faltima pueda hacer de la satisfacci\u00f3n de las indicadas exigencias, constataci\u00f3n que, en cuanto hace a la primera de ellas, se puede obtener con la aportaci\u00f3n de copia del auto que orden\u00f3 las reproducciones o de la constancia misma de autenticaci\u00f3n, si en ella se alude expresamente a dicha providencia; y que, respecto de la segunda, se desprende de la comentada nota secretarial (CSJ, SC del 9 de noviembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2002-00364-01; se subraya). <\/p>\n
4.2.4. Como la copia aportada por el recurrente es informal, carece de las dos exigencias indicadas, y por lo mismo, no pod\u00eda, ni puede ser apreciada como prueba, constataci\u00f3n que descarta el error de hecho denunciado, pues \u201cpara la configuraci\u00f3n de esta clase de yerro se exige, como m\u00ednimo, seg\u00fan lo tiene igualmente decantado esta Corporaci\u00f3n, que la prueba exista en el proceso y que pueda apreciarse v\u00e1lidamente\u201d (CSJ, SC 3368 del 23 de agosto de 2019, Rad. n.\u00b0 2009-00167-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El otro medio de convicci\u00f3n que en sentir del censor fue preterido por el ad quem, corresponde a la declaraci\u00f3n del doctor Charles Berm\u00fadez Pati\u00f1o, en relaci\u00f3n con la cual debe dejarse en claro desde ya, que se trat\u00f3 de prueba de la objeci\u00f3n que por error grave se formul\u00f3 contra el informe m\u00e9dico legal rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Tolima, al cual ya se hizo referencia. <\/p>\n
Estim\u00f3, por una parte, que el deponente no correspond\u00eda a un testigo propiamente dicho, toda vez que no conoci\u00f3 los hechos materia del debate, y que su versi\u00f3n no era la de un testigo t\u00e9cnico o un perito, aserto que sustent\u00f3 con la transcripci\u00f3n de un fallo de esta Corte; y por otra, que lo expresado por \u00e9l, no pasa de ser la \u201copini\u00f3n de un experto que, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, para la Sala, tal concepto o criterio, no logra en ning\u00fan sentido derrumbar las conclusiones serias y contundentes del informe de medicina legal en el que s\u00ed se explican las falencias, impericias y negligencias en el tratamiento y cuidado del fallecido paciente\u201d. <\/p>\n
Sobre lo \u00faltimo, adelante el ad quem puntualiz\u00f3 que el dicho del citado declarante \u201cen nada desvirt\u00faa ni disminuye la fuerza de convicci\u00f3n del informe forense ofrecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, por el contrario, ratifica la patolog\u00eda sufrida por el occiso\u201d, como quiera que tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a una \u201capendicitis edematosa y peritonitis localizada\u201d; y que sus inferencias, \u201cen ning\u00fan sentido coloca[n] en tela de juicio las concusiones y argumentaciones acogidas por el Tribunal, derivadas del informe forense suscrito por el doctor Javier V\u00e9lez Ruiz, funcionario de medicina legal, que como se sabe fue soportado obviamente en la historia cl\u00ednica del paciente, y tambi\u00e9n fundado en el reporte de histopatolog\u00eda, en los resultados de histopatolog\u00eda, en el protocolo de necropsia, en la ecograf\u00eda abdominal del 30 de noviembre de 2004, y en el original de la transcripci\u00f3n de formato de an\u00e1lisis del caso auditor\u00eda m\u00e9dica institucional generado por la EPS demandada, todo lo cual, se insiste, reviste de solidez y contundencia al referido informe forense que fuera ampliado y complementado, como ya se explic\u00f3\u201d. <\/p>\n
4.3.2. Esa, que fue la valoraci\u00f3n que el Tribunal hizo de la prueba, no fue blanco de ataque por parte del recurrente, quien no se ocup\u00f3 para nada de controvertir tales deducciones, esto es, que la declaraci\u00f3n de que se trata, no logr\u00f3 erosionar la firmeza del informe m\u00e9dico legal, toda vez que el censor se limit\u00f3 a protestar porque el ad quem le rest\u00f3 toda credibilidad a la primera debido a que el deponente no presenci\u00f3 los hechos, lo cual no es cierto, y a se\u00f1alar que en concepto del testigo no existi\u00f3 culpa m\u00e9dica, que el procedimiento quir\u00fargico realizado por el doctor \u00c1vila Molina fue acertado, que no hubo error al darse de alta al paciente y que la perforaci\u00f3n del colon que \u00e9ste sufri\u00f3, no fue provocada por el nombrado galeno. <\/p>\n
4.3.3. No habi\u00e9ndose realizado ning\u00fan contraste entre, de un lado, el informe m\u00e9dico y las conclusiones que con base en \u00e9l expuso el Tribunal, y de otro, el testimonio de que se trata, se impone colegir la falta de demostraci\u00f3n del yerro f\u00e1ctico denunciado, actividad en torno de la que la Sala, de forma constante ha se\u00f1alado que \u201c[c]omo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u201d (CSJ, SC del 23 de marzo de 2004, Rad. No. 7533; se subraya). <\/p>\n
4.3.4. El reproche auscultado, por ende, no prospera. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por \u00faltimo, se enrostr\u00f3 a la sentencia del Tribunal haber pasado por alto que la intervenci\u00f3n quir\u00fargica realizada por el doctor \u00c1vila Molina el 27 de noviembre de 2004 al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n fue de urgencia y que, por lo mismo, correspond\u00eda a un caso de excepci\u00f3n para el diligenciamiento previo del consentimiento informado, seg\u00fan el mandato del art\u00edculo 11 del Decreto 3380 de 1981. <\/p>\n
A voces de la citada norma \u201c[e]l m\u00e9dico quedar\u00e1 exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos: a) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o allegados se lo impidan; b) Cuando exista urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o procedimiento m\u00e9dico\u201d (se subraya). <\/p>\n
No hay duda, entonces, sobre la aplicaci\u00f3n en el caso sub lite de la excepci\u00f3n contemplada en el literal atr\u00e1s destacado, como quiera que, seg\u00fan pasa a verse, la realizaci\u00f3n de la cirug\u00eda efectuada por el doctor \u00c1vila Molina califica como una urgencia. <\/p>\n
Seg\u00fan se desprende de la historia cl\u00ednica, el diagn\u00f3stico de \u201capendicitis aguda\u201d efectuado por el doctor Jes\u00fas Alirio Pach\u00f3n fue realizado el 26 de noviembre de 2004, cerca de las once de la noche (fl. 57, cd. 1). Conforme la \u201cEVOLUCI\u00d3N DE ENFERMER\u00cdA\u201d, el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, tras concurrir y ser internado en la Cl\u00ednica Tolima, ingres\u00f3 a piso a las 11:30 p.m. de la misma fecha; fue valorado por el doctor \u00c1vila Molina una hora despu\u00e9s, esto es, a las 12.30 a.m. del d\u00eda siguiente, 27 de noviembre; tras examinarlo, dicho profesional orden\u00f3 \u201cpasarlo a cirug\u00eda\u201d; tal mandato fue acatado inmediatamente, toda vez que a las 12:45 a.m. \u201cse baj[\u00f3] paciente para cirug\u00eda\u201d; y a la 1:00 a.m. se dio inicio al respectivo procedimiento, que concluy\u00f3 a las 2:25 a.m. <\/p>\n
Como se aprecia, desde cuando el doctor Hernando \u00c1vila Molina examin\u00f3 al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n hasta cuando dio inicio al procedimiento quir\u00fargico medi\u00f3 algo menos de media hora, si se tiene en cuenta que el registro que se hizo a las 12:30 fue del inicio de la evaluaci\u00f3n del enfermo y que, por lo tanto, debe restarse el tiempo que dur\u00f3 la misma. De suyo, entonces, en ese tiempo debi\u00f3 prepararse, de un lado, el paciente, y de otro, el precitado profesional para la cirug\u00eda, lo que por s\u00ed denota la urgencia de la intervenci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es ostensible el error en que incurri\u00f3 el Tribunal al imputarle responsabilidad al citado galeno por no haber diligenciado de forma completa, antes del inicio del acto quir\u00fargico, el consentimiento informado para su realizaci\u00f3n, pues lo que se infiere del contenido objetivo de la historia cl\u00ednica, en concreto, de los elementos de la misma atr\u00e1s mencionados, es que no hubo tiempo para ello, por la necesidad de proceder en forma inmediata a la pr\u00e1ctica de la cirug\u00eda. <\/p>\n
Pese a lo anterior, el error detectado tampoco luce trascendente, porque as\u00ed se remueva ese factor de responsabilidad, el fallo del ad quem se mantiene inc\u00f3lume, en tanto y en cuanto contin\u00faan en pie los otros factores determinantes de la misma, que hall\u00f3 comprobados esa autoridad. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En definitiva, el cargo auscultado no se abre paso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se enrostr\u00f3 a la sentencia combatida ser violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 1613, 2341, y 2344 del C\u00f3digo Civil; 16 de la Ley 446 de 1998; y 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, \u201ccomo consecuencia de error de hecho cometido en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por la perito Lady Katherine Bernal Alvis\u201d. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n discurri\u00f3 por el siguiente sendero: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El censor reprodujo los argumentos que en relaci\u00f3n con la mencionada prueba plasm\u00f3 el Tribunal en su fallo, de los que dedujo que esa autoridad se respald\u00f3 en ella, concretamente, para determinar el ingreso de la v\u00edctima. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tras advertir, con ayuda de la jurisprudencia, que la valoraci\u00f3n de la prueba pericial corresponde a los jueces de instancia y que esa ponderaci\u00f3n puede ser cuestionada en casaci\u00f3n por error de hecho, cuando el juzgador estima infundada la experticia, no obstante figurar debidamente sustentada, o la reputa concordante con otras pruebas, siendo que ninguna la respalda, o la califica de clara y precisa, pese a ser ambigua o incomprensible, el impugnante descendi\u00f3 al caso concreto y expres\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Una s\u00edntesis de los fundamentos de la experticia, en torno del ingreso promedio que en ella se fij\u00f3 a la v\u00edctima, para la \u00e9poca de su deceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las aclaraciones que, en atenci\u00f3n a solicitudes que elevaron algunos de los demandados, la perito hizo en relaci\u00f3n con ese mismo punto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Dicho concepto fue objetado por error grave. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Respecto del trabajo primeramente presentado que, contrariamente a lo afirmado por el ad quem, la \u201cprobanza carece de una debida fundamentaci\u00f3n y no puede considerarse clar[a] y precis[a]\u201d, toda vez que \u201cla perito confundi\u00f3 gastos con ingresos, cogi\u00f3 de aqu\u00ed y all\u00e1 documentos tales como facturas, comprobantes de aportes, cheques, extractos de tarjetas de cr\u00e9dito con el af\u00e1n de presentar una cifra que luego afirm\u00f3 eran los ingresos de la v\u00edctima y en su confusi\u00f3n agreg\u00f3 un 25% dizque por factor prestacional\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Y que la aclaraci\u00f3n ofrece mayores dudas, \u201cpor cuanto la auxiliar de manera dubitativa plante\u00f3 como hip\u00f3tesis que la v\u00edctima pod\u00eda tener tres ingresos diversos, a saber: 1.7, 6.8, o 3.0 millones, y sin explicar ni fundamentar cu\u00e1l era [su] ingreso (\u2026), sum[\u00f3] y dividi\u00f3 por 3 y luego trajo a valor presente esa cifra\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El sentenciador de segunda instancia desestim\u00f3 en todo lo restante el dictamen, debido a los \u201cerrores inexcusables cometidos por la auxiliar de la justicia (ver numeral 13.2 de la sentencia, p\u00e1g. 29) y ello, es prueba adicional de que no es una probanza que estuviere debidamente fundamentada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luego de reproducir un pronunciamiento de esta Corte sobre la forma como deben sustentarse los dict\u00e1menes periciales, el censor advirti\u00f3 que el yerro denunciado, \u201cadem\u00e1s de evidente[,] fue trascendente[,] por cuanto fue con base en la cifra que determin\u00f3 la perito que el Tribunal hizo los c\u00e1lculos correspondientes para fulminar la multimillonaria condena que se impuso a la parte demandada\u201d. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HERNANDO \u00c1VILA MOLINA <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Fincado en la misma causal referida en el reproche anterior, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614 y 2341 del C\u00f3digo Civil, \u201ccomo consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de los medios de prueba obrantes en el proceso\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 el censor: <\/p>\n
1. La conclusi\u00f3n que obtuvo el ad quem sobre los ingresos de la v\u00edctima, \u201ces contraevidente y no consulta en lo m\u00e1s m\u00ednimo los medios de prueba obrantes en el proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Precis\u00f3 que los yerros en que incurri\u00f3 esa autoridad, consistieron en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Desde\u00f1\u00f3 las pruebas demostrativas de que \u201cel occiso cotizaba al sistema de seguridad social por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u201d, indicativas de que ese era su ingreso. <\/p>\n
Como tales, mencion\u00f3 \u201calgunas constancias de pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social\u201d, en particular, la aportada por la testigo Luz Myriam Motta Chac\u00f3n en la diligencia del 25 de septiembre de 2012, que obra en el folio 12 del cuaderno 3; el certificado de aportes expedido el 6 de julio de 2012 por Salud Total S.A. E.P.S., militante en el folio 10 del mismo cuaderno; y el testimonio de la precitada se\u00f1ora. <\/p>\n
2.2. Cercen\u00f3 el \u201cverdadero alcance demostrativo de los extractos bancarios aportados al expediente\u201d, en tanto que ellos solo dan cuenta del \u201cmovimiento de dineros en las cuentas, pero ello en forma alguna demuestra los ingresos del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d, am\u00e9n que \u201cel reporte de cuenta de ahorros 2053-01623741, seg\u00fan el tenor de dicho documento, corresponde a un cr\u00e9dito, lo que no prueba ingresos econ\u00f3micos\u201d. Por otra parte, no est\u00e1 acreditado que el nombrado declarara renta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Adicionalmente, puso de presente que el juez de la apelaci\u00f3n, al cuantificar los perjuicios materiales, omiti\u00f3 que \u201cla c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite trabajaba para la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos\u201d y \u201cobten\u00eda ingresos\u201d, por lo que no era una dependiente econ\u00f3mica de su marido, constataci\u00f3n de la que se segu\u00eda que \u201cla muerte del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n no le caus\u00f3 ning\u00fan perjuicio material, pues ella se sosten\u00eda econ\u00f3micamente con los ingresos producto de su actividad profesional\u201d. <\/p>\n
Al respecto, observ\u00f3 que el mencionado sentenciador no tuvo en cuenta el interrogatorio de parte absuelto por la se\u00f1ora Nohemy Prada Rojas y los testimonios de los se\u00f1ores Edwin Emilio Guayara Ch\u00e1vez, Aidy Delfina Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez y Pablo Emilio S\u00e1enz Bri\u00f1ez. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por virtud de lo anterior, el recurrente solicit\u00f3 casar la sentencia impugnada, y en reemplazo de la misma, por una parte, denegar \u201cla indemnizaci\u00f3n ordenada a favor de la c\u00f3nyuge Nohemy Prada Rojas\u201d; y por otra, modificar el c\u00e1lculo de la \u201cindemnizaci\u00f3n a favor del hijo, Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada, con base en los verdaderos ingresos percibidos por su padre, los cuales ascend\u00edan a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para tener la suma de $3.594.651.11 como el ingreso mensual que percib\u00eda el se\u00f1or Javier Fernando G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.) al momento de su muerte, el Tribunal se finc\u00f3 en tres clases de pruebas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En primer lugar, el dictamen rendido en cumplimiento del decreto oficioso de esa misma Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el cual se\u00f1al\u00f3 que \u201c[l]a pericia ofrecida por la auxiliar Bernal Alvis (\u2026) es de recibo, para la Sala, en la determinaci\u00f3n del salario promedio devengado por el causante, pues, como se trata de un profesional independiente de la ingenier\u00eda civil (folio 335 cuaderno 1), que no recaudaba para la \u00e9poca de su muerte, diciembre 6 de 2004, un salario o ingreso fijo, es necesario establecer el mismo (\u2026)\u201d.<\/p>\n
Adicionalmente explic\u00f3: \u201cEn el caso presente no resulta justo ni equitativo acudir a la presunci\u00f3n del ingreso del salario m\u00ednimo legal mensual vigente, utilizada, cuando se desconoce el monto exacto de los ingresos mensuales laborales de la v\u00edctima, puesto que, en [el] sub lite, como se ha precisado y demostrado, el occiso ten\u00eda vida laboral activa y productiva para la \u00e9poca de su muerte, se trataba como est\u00e1 probado de un profesional de la ingenier\u00eda civil que ten\u00eda ingresos derivados de diferentes contratos propios de su profesi\u00f3n, lo que permit\u00eda a su turno mantener un flujo econ\u00f3mico importante como se refleja en los extractos bancarios incorporados al cartulario; adem\u00e1s, si bien es cierto que para esa \u00e9poca (a\u00f1o 2004) el salario m\u00ednimo legal mensual vigente ascend\u00eda a la cantidad de $358.000, es tambi\u00e9n cierto que un profesional de ingresos medios, con alguna experiencia laboral, devengaba por esa calenda entre 3 y 4 millones de pesos, aproximadamente, tal el caso, de un juez municipal cuyo ingreso mensual era de $2\u2019998.837, o, un juez del circuito recib\u00eda como salario la suma de $3\u2019858.839, reflexi\u00f3n que impregna alg\u00fan grado de sensatez al guarismo que se\u00f1ala la perito como ingreso promedio mensual del causante, en atenci\u00f3n a los factores ya analizados de contratos ajustados en el a\u00f1o de su muerte, promedios de saldos de su cuenta bancaria, experiencia laboral como profesional de la ingenier\u00eda, el salario medio profesional en Colombia y en fin los criterios ponderados por la auxiliar de la justicia para esta finalidad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y por \u00faltimo, el testimonio del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Cu\u00e9llar D\u00edaz, socio del causante, quien, seg\u00fan el Tribunal, \u201cafirm\u00f3 que los ingresos mensuales del difunto para la \u00e9poca de su muerte pod\u00edan cuantificarse en suma aproximada a los 3 millones de pesos mensuales\u201d y memor\u00f3 que \u201cpara esa \u00e9poca ten\u00edan como socios con el causante contratos de obra civil por valor de 117 millones cada contrato (fl. 761 cdno 1 tomo II), cantidad de ingresos mensuales cercana a la suma establecida en este asunto como salario base mensual para calcular el lucro cesante en favor de la viuda y su hijo, ambos demandantes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La valoraci\u00f3n que el ad quem hizo del aludido dictamen pericial, aparece controvertida en el cargo cuarto de la demanda de casaci\u00f3n presentada por la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-; y la de las pruebas documentales, en el cargo segundo del libelo allegado por el doctor Hernando \u00c1vila Molina. Ello explica el porqu\u00e9 de la acumulaci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En cuanto hace a la determinaci\u00f3n del ingreso percibido por el se\u00f1or G\u00f3mez Rend\u00f3n en la \u00e9poca de su deceso, establecido en la referida experticia, se impone se\u00f1alar: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El concepto primeramente emitido al respecto por la perito, esto es, la suma de $5.212.479.05, que ella obtuvo de sumar los 35 \u00edtem que identific\u00f3 en el cuadro que insert\u00f3 en el dictamen ($185.084.194,38) y de dividir esa cantidad por 36 meses (fls. 348 a 350, cd. 19), fue reemplazada totalmente en la aclaraci\u00f3n que hizo de su trabajo, en acatamiento de la orden impartida por el Tribunal mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fls. 374 a 376, cd. 19). <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la estimaci\u00f3n definitiva en comento, la fij\u00f3 la auxiliar de la justicia teniendo en cuenta tres factores: <\/p>\n
3.2.1. En primer lugar, el ingreso promedio seg\u00fan la carrera, registrado por la revista especializada Portafolio con base en la informaci\u00f3n suministrada por el Observatorio Laboral para la Educaci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n, que para \u201cIngenier\u00eda Civil\u201d arroj\u00f3 la suma de \u201c$1.715.448\u201d. <\/p>\n
3.2.2. En segundo t\u00e9rmino, los dep\u00f3sitos totales registrados en la cuenta de ahorro 2053-016023741 de Conavi, cuyo titular era el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, en el a\u00f1o 2004, esto es, la suma de $72.822.064.oo, que dividida entre doce meses correspondi\u00f3 a $6.068.505.oo. <\/p>\n
3.2.3. Y, por \u00faltimo, el ingreso del causante declarado por el testigo C\u00e9sar Augusto Cuellar D\u00edaz, que fue la suma de $3.000.000.oo. <\/p>\n
Habida cuenta la disimilitud de esas cifras, la perito opt\u00f3 por promediarlas, para lo cual las sum\u00f3 y dividi\u00f3 por tres, obteniendo como ingreso de la citada v\u00edctima, la suma de $3.594.651.11. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De lo precedentemente expuesto, se infiere que ning\u00fan sentido tuvo que el impugnante se ocupara de controvertir el primero de los conceptos emitidos por la experta, pues como qued\u00f3 visto, dicha apreciaci\u00f3n fue cambiada completamente en la aclaraci\u00f3n del dictamen, cuestionamiento cuyo estudio no procede, por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, la queja elevada por el censor respecto del ingreso definitivo que en la pericia se asign\u00f3 al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que dicha estimaci\u00f3n \u201cgenera m\u00e1s dudas por cuanto la auxiliar de manera dubitativa plante\u00f3 como hip\u00f3tesis que la v\u00edctima pod\u00eda tener tres ingresos diversos, a saber: 1.7, 6.8, o 3.0 millones, y sin explicar ni fundamentar cu\u00e1l era el ingreso de la v\u00edctima, sum[\u00f3] y dividi\u00f3 por 3 y luego trajo a valor presente esa cifra\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, el impugnante observ\u00f3, por una parte, que el Tribunal desestim\u00f3 en todo lo restante la experticia, \u201cpor errores inexcusables cometidos por la auxiliar de la justicia (ver numeral 13.2 de la sentencia, p\u00e1g. 29) y ello, es prueba adicional de que no es una probanza que estuviere debidamente fundamentada\u201d; por otra, con ayuda de la jurisprudencia, que es requisito de todo dictamen para que pueda ser apreciado que est\u00e9 debidamente fundamentado; y, finalmente, que tal exigencia no la cumple \u201cla experticia que fue rendida en la segunda instancia y como el Tribunal concluy\u00f3 que era una prueba admisible, cometi\u00f3 el yerro f\u00e1ctico que se le endilga\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Patente es, entonces, que el anterior reproche no satisface los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto impone que todas las acusaciones se formulen con \u201cexposici\u00f3n de los fundamentos (\u2026), en forma clara, precisa y completa\u201d, exigencia reiterada cuando se trata de error de hecho, puesto que en este supuesto el yerro \u201cse singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste\u201d. <\/p>\n
Al respecto, son aplicables viejas ense\u00f1anzas de la Corte que, pese al cambio legislativo, siguen teniendo vigencia, entre las cuales debe destacarse que \u201csustentar debidamente cada acusaci\u00f3n, reclama de su proponente explicar y demostrar las trasgresiones de la ley en las que la respectiva autoridad judicial pudo haber incurrido al dictar el fallo controvertido, por lo que los argumentos que esgrima, no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que tornan frustr\u00e1nea la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule, puesto que \u2018\u2026\u2018el recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n\u2019 (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221)\u2019 (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004)\u201d (CSJ, SC 15437 del 11 de noviembre de 2014, Rad. n.\u00b0 2000-00664-01). <\/p>\n
Y que, \u201c[c]omo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u201d (CSJ, SC del 23 de marzo de 2004, Rad. No. 7533). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Decir que la auxiliar de la justicia, de forma \u201cdubitativa\u201d, plante\u00f3 que la v\u00edctima pudo tener tres ingresos diferentes, no es un planteamiento exacto y, mucho menos, ajustado a la realidad del dictamen, puesto que, como se vio, lo que la perito hizo fue invocar tres criterios distintos para establecer la suma de dinero que mensualmente percib\u00eda el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, a saber: el salario de los profesionales en Colombia informado por la fuente que invoc\u00f3; el promedio de dep\u00f3sitos o consignaciones en la cuenta de ahorro del nombrado, durante 2004; y el salario de la citada v\u00edctima, reportado por el testigo Cu\u00e9llar D\u00edaz. <\/p>\n
A\u00f1adir que la desestimaci\u00f3n de la experticia en todo lo restante, acredita su falta de fundamentaci\u00f3n, no es tampoco un ataque certero del dictamen, sino una inferencia del censor. <\/p>\n
Y se\u00f1alar que el dictamen no cumple la exigencia de la debida fundamentaci\u00f3n, sin explicar por qu\u00e9, es una generalizaci\u00f3n que ri\u00f1e con los requisitos de precisi\u00f3n y claridad que vienen coment\u00e1ndose y, sobre todo, con el contenido objetivo de la prueba, toda vez que ella, en lo que toca con el ingreso fijado a la v\u00edctima, aparece fundamentado, precisamente, en los factores atr\u00e1s aludidos y en el promedio que de ellos efectu\u00f3 la auxiliar de la justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
7. No hay c\u00f3mo, entonces, identificar, y por consiguiente, colegir el desacierto del Tribunal al apreciar el dictamen en lo que ata\u00f1e con el ingreso mensual asignado al se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, vac\u00edos argumentativos del recurrente que le cierran el paso a la censura. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Fijada la atenci\u00f3n de la Sala en el cargo segundo de la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre del doctor \u00c1vila Molina, se establece: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La absoluta intrascendencia de la primera de las acusaciones que contiene, puesto que el documento de afiliaci\u00f3n que aparece en el folio 13 del cuaderno No. 13, reporta informaci\u00f3n concerniente al mes de junio de 2001, muy anterior al deceso del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n (6 de diciembre de 2004), que es la \u00e9poca en la que se determin\u00f3, por parte del Tribunal, su ingreso mensual. Debido a ello, patente es que los datos del comentado formulario, de un lado, no acreditan los dineros que percib\u00eda el causante en el tiempo de su muerte, y de otro, no contradicen la inferencia que al respecto obtuvo el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
Tal entendimiento armoniza con lo dicho por la testigo Luz Myriam Motta Chac\u00f3n, Directora Administrativa de la mencionada demandada, aportante de la certificaci\u00f3n, quien explic\u00f3 que en ella \u201caparece la fecha de afiliaci\u00f3n del se\u00f1or G[\u00f3]mez, los pagos realizados con un ingreso base de cotizaci\u00f3n sobre el salario m\u00ednimo, siempre fue sobre el salario m\u00ednimo por parte de los dos empleadores que tuvo que fueron SERVINTEGRAL y APOYEMOS, son dos cooperativas\u201d (se subraya). <\/p>\n
En suma, se concluye que ninguna de las pruebas en precedencia relacionadas desvirt\u00faa el ingreso mensual que el Tribunal tuvo en cuenta como del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n para la \u00e9poca de su muerte y con base en el cual liquid\u00f3 el lucro cesante de su esposa e hijo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En concepto del recurrente, dicha Corporaci\u00f3n \u201ccercen\u00f3 el verdadero alcance demostrativo de los extractos bancarios aportados al expediente, pues de ellos dedujo (\u2026) que los ingresos del occiso eran superiores a tres millones de pesos mensuales; sin embargo, revisados dichos extractos bancarios, lo que objetiva y materialmente ellos acreditan es el movimiento de dineros en las cuentas, pero ello en forma alguna demuestra los ingresos del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n. Es claro que no necesariamente los movimientos de dineros en cuenta demuestran ni permiten demostrar los ingresos de una persona, pues en las cuentas se depositan pr\u00e9stamos, sobregiros, etc.\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente se\u00f1al\u00f3 que \u201cel reporte de cuenta de ahorros 2053-016023741, seg\u00fan el tenor de dicho documento, corresponde a un cr\u00e9dito, lo que no prueba ingresos econ\u00f3micos de la v\u00edctima en el proceso\u201d. <\/p>\n
Y, finalmente, que en el proceso \u201cno hay prueba de que el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n declarar[a] renta, lo cual, desde luego, es una muestra, junto con los dem\u00e1s medios de prueba cuya apreciaci\u00f3n condujo a la alteraci\u00f3n de la realidad, que resultara una verdadero desacierto que se hubiese concluido que los ingresos ascend\u00edan a [t]res [m]illones [q]uinientos [n]oventa [y] [c]uatro [m]il [s]eiscientos [c]incuenta y [u]n [p]esos [c]on [o]nce [c]entavos ($3.594.651,11) y no un salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u201d. <\/p>\n
Sobre esos reproches se establece: <\/p>\n
4.2.1. El ad quem dedujo de los documentos que los actores aportaron para acreditar la vida econ\u00f3mica del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, que \u00e9l \u201cten\u00eda vida laboral activa y productiva para la \u00e9poca de su muerte, se trataba como est\u00e1 probado de un profesional de la ingenier\u00eda civil que, ten\u00eda ingresos derivados de diferentes contratos propios de su profesi\u00f3n, lo que permit\u00eda a su turno mantener un flujo econ\u00f3mico importante como se refleja en los extractos bancarios incorporados al cartulario\u201d (se subraya). <\/p>\n
Se infiere de lo anterior, que el sentenciador de segunda instancia, con respaldo en los referidos elementos de juicio, infiri\u00f3 que el nombrado causante era un profesional de la ingenier\u00eda civil y que, como tal, ten\u00eda una vida laboral activa y productiva; por otra parte, estableci\u00f3 que \u00e9l percib\u00eda ingresos importantes de los \u201cdiferentes contratos\u201d que celebraba; y que, fruto de ello, manten\u00eda un flujo importante de dinero, \u201ccomo se refleja en los extractos bancarios incorporados al cartulario\u201d. <\/p>\n
Traduce lo expuesto, que la citada Corporaci\u00f3n no se finc\u00f3 en los extractos bancarios para establecer los ingresos del causante, sino para confirmar que \u00e9l mov\u00eda en sus cuentas sumas considerables de dinero, constataci\u00f3n \u00e9sta que, como argumento de refuerzo, le permiti\u00f3, de un lado, descartar que en el presente caso la liquidaci\u00f3n del lucro cesante se hiciera con base en el salario m\u00ednimo legal y, de otro, que la suma fijada por la perito como la percibida mensualmente por el se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, fuera razonable y sensata. <\/p>\n
En tal orden de ideas, la primera acusaci\u00f3n atr\u00e1s relacionada luce desenfocada, pues como queda establecido, no es exacto que el Tribunal hubiese inferido de los extractos bancarios los ingresos del causante, que fue la esencia del reproche, el cual, por lo tanto, cae en el vac\u00edo, al no corresponder a la genuina apreciaci\u00f3n que de esos documentos efectu\u00f3 dicha autoridad. <\/p>\n
Es que, como con insistencia lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u201cel recurrente debe plantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999)\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u201d (CSJ, SC del 20 de septiembre de 2013, Rad. n.\u00b0 2007-00493-01). <\/p>\n
4.2.2. Vistos los extractos de la cuenta de ahorros No. 2053-016023741 de Conavi que militan en los folios 363 a 366 del cuaderno No. 1, por ninguna parte se establece que dicha cuenta corresponda \u201ca un cr\u00e9dito\u201d, como lo afirm\u00f3 el recurrente. <\/p>\n
De la secuencia de las anotaciones registradas se infiere, con total claridad, que los extractos dan cuenta de las consignaciones o dep\u00f3sitos realizados, cuyos valores figuran en la columna final bajo la denominaci\u00f3n \u201cCREDITO\u201d, y los retiros, traslados y compras en la pen\u00faltima, bajo la denominaci\u00f3n \u201cDEBITO\u201d, sin que la primera de esas menciones suponga la existencia de un pr\u00e9stamo para el titular de la cuenta, como pareciera sugerirlo el recurrente con total inexactitud, sino el \u201chaber\u201d o los dineros a favor de aqu\u00e9l. <\/p>\n
De ello se sigue que en ning\u00fan error incurri\u00f3 el ad quem al apreciar los indicados documentos, en lo que al aspecto analizado se refiere. <\/p>\n
4.2.3. Si a decir del propio recurrente, en el proceso \u201cno hay prueba de que el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n declarar[a] renta\u201d, mal pudo el sentenciador de segunda instancia haber cometido error de hecho al no haber teniendo en cuenta esa circunstancia, precisamente, porque no fue objeto de demostraci\u00f3n en la controversia. <\/p>\n
Es que, como se desprende del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, esa clase de desatinos f\u00e1cticos solamente se dan al apreciar \u201cla demanda, (\u2026) su contestaci\u00f3n o (\u2026) una determinada prueba\u201d, ya sea porque el sentenciador de instancia pretermite el respectivo medio de convicci\u00f3n, lo inventa o lo tergiversa, y como consecuencia de ello, arriba a conclusiones f\u00e1cticas manifiestamente contraevidentes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por \u00faltimo, el censor denunci\u00f3 la preterici\u00f3n de la confesi\u00f3n de la demandante se\u00f1ora Nohemy Prada Rojas, quien al absolver el interrogatorio de parte que se le formul\u00f3, admiti\u00f3 que para la \u00e9poca del fallecimiento de su esposo Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n, trabajaba y obten\u00eda ingresos econ\u00f3micos, toda vez que de esa circunstancia se infiere que ella \u201cno depend\u00eda de que su marido le suministrara recursos\u201d y que la muerte del nombrado \u201cno le caus\u00f3 ning\u00fan perjuicio material, pues ella se sosten\u00eda econ\u00f3micamente con los ingresos producto de su actividad profesional\u201d, desempe\u00f1o laboral que fue confirmado por los testigos Edwin Emilia Guayara Ch\u00e1vez y Aidy Delfina Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sobre el lucro cesante y la dependencia econ\u00f3mica, la Corte tiene establecido: <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto hace a la segunda modalidad aludida -lucro cesante-, cuando la causa de su producci\u00f3n es el fallecimiento de una persona, la jurisprudencia nacional ha precisado que el derecho a la reparaci\u00f3n surge, en primer t\u00e9rmino, de la dependencia econ\u00f3mica existente entre la v\u00edctima y quien reclama la indemnizaci\u00f3n. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha explicado que \u2018lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de \u00edndole extracontractual, (\u2026), es la dependencia econ\u00f3mica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro est\u00e1, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habr\u00eda continuado de no haber ocurrido su fallecimiento\u2019 (Cas. Civ., sentencia del 7 de diciembre de 2000, expediente 5651; se subraya). <\/p>\n
Y en segundo lugar, de la circunstancia de que el solicitante, pese a no depender de la v\u00edctima, pues en vida de \u00e9sta obten\u00eda ingresos propios, recibiera de ella ayuda econ\u00f3mica peri\u00f3dica, cuya privaci\u00f3n, por ende, merece ser igualmente resarcida. Sobre este aspecto, la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]ebe precisarse y quedar claro que las personas mayores e incluso las ya casadas que reciban ingresos provenientes de su renta de capital o de su trabajo, tienen leg\u00edtimo derecho a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les cause el s\u00fabito fallecimiento de la persona de la cual recib\u00edan una ayuda econ\u00f3mica de manera peri\u00f3dica, con prescindencia de los ingresos propios, y as\u00ed mismo todas aquellas personas que ten\u00edan intereses ciertos y leg\u00edtimos o la suficiente titularidad que se pueden ver menoscabados por la ocurrencia del hecho lesivo imputable a la persona demandada\u2019 (Cas. Civ., sentencia del 5 de octubre de 1999, expediente No 5229; se subraya). <\/p>\n
En ambos casos, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la prueba de la dependencia o de la ayuda econ\u00f3mica recae en quien pretenda el resarcimiento del perjuicio. <\/p>\n
Empero, se impone aclarar que el primero de los supuestos precedentemente delineados, la dependencia econ\u00f3mica, lo ha interpretado la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n tambi\u00e9n en el sentido de que quien la alega, reciba ayuda de su pareja para el sostenimiento del hogar com\u00fan y, en particular, de los hijos de los dos, de modo que ante el fallecimiento de ella -la pareja-, aqu\u00e9l deja de percibir dicho aporte y, por consiguiente, queda avocado a asumir en su totalidad la satisfacci\u00f3n de las necesidades del n\u00facleo familiar, obligaci\u00f3n que deber\u00e1 cumplir, como es l\u00f3gico suponerlo, procurando que todos sus integrantes, en lo posible, preserven el nivel de vida que tra\u00edan desde antes, lo que ostensiblemente deja ver el detrimento que sobreviene a su patrimonio, pues para el logro de ese objetivo se impondr\u00e1 a \u00e9l destinar, en mayor proporci\u00f3n o, como en muchos casos acontece, en su totalidad, los ingresos propios que recibe, lo que a la vez se traducir\u00e1 en una menor capacidad econ\u00f3mica para atender sus necesidades o gastos personales o, seg\u00fan fuere el caso, para el ahorro, reducci\u00f3n \u00e9sta \u00faltima que, proyectada en el tiempo, implicar\u00e1 que m\u00e1s adelante carezca de una base econ\u00f3mica, o que la que pudiere llegar a tener fuere de menor envergadura, que le garantice los recursos para su manutenci\u00f3n, con todo lo que de una situaci\u00f3n como esa se desprende (cfr. sentencia sustitutiva de 28 de octubre de 2011, exp. 01518-01). <\/p>\n
En hip\u00f3tesis como la en precedencia descrita, la prueba del da\u00f1o patrimonial consistir\u00e1 en la acreditaci\u00f3n, por una parte, del v\u00ednculo conyugal o marital y, por otra, de los aportes que para el sostenimiento de hogar com\u00fan hac\u00eda la v\u00edctima, que como lo tiene dicho la jurisprudencia, se inferir\u00e1n del hecho de que ella tuviese ingresos econ\u00f3micos, pues ante la existencia de \u00e9stos, es dable presumir que utilizaba parte de ellos a contribuir al cubrimiento de las necesidades de la familia, habida cuenta que aplicado el principio de la buena fe y las reglas de la experiencia, las personas, por regla general, prioritariamente cumplen con las obligaciones de ese linaje -familiares- a su cargo (CSJ, SC del 28 de febrero de 2013, Rad. n.\u00b0 2002-01011-01; se subraya). <\/p>\n
Es claro, entonces, que la sola circunstancia de que el o la c\u00f3nyuge y\/o compa\u00f1ero (a) permanente reclamante del lucro cesante perciba ingresos propios, no desvirt\u00faa su condici\u00f3n de dependiente econ\u00f3mico de su pareja fallecida, cuando \u00e9sta contribu\u00eda con los gastos para el sostenimiento del hogar com\u00fan, toda vez que acaecido el fallecimiento de la \u00faltima, aqu\u00e9l o aqu\u00e9lla, al no contar con dichos aportes, debe, con los medios de que dispone, atender todas las necesidades familiares, situaci\u00f3n que, como lo explic\u00f3 la Sala en el fallo reproducido, le ocasiona una lesi\u00f3n patrimonial que, sin duda, debe indemnizarse. <\/p>\n
No habi\u00e9ndose cuestionado en el proceso la condici\u00f3n de c\u00f3nyuges de los se\u00f1ores Prada Rojas y G\u00f3mez Rond\u00f3n y estando en firme que el \u00faltimo obten\u00eda de su actividad como ingeniero civil ingresos econ\u00f3micos, toda vez que ni el cargo cuarto propuesto por la Cl\u00ednica Tolima S.A., ni el que ahora se estudia, que corresponde al segundo formulado por el doctor Hernando \u00c1vila Molina, han tenido buen suceso, propio es entender que el segundo de los nombrados colaboraba con los gastos del hogar que ten\u00eda conformado con la primera y que ella, debido al fallecimiento de su esposo, no sigui\u00f3 contando con esa importante ayuda, p\u00e9rdida que constituye un lucro cesante que deb\u00eda resarcirse, como lo dispuso el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Corolario de todo lo expuesto, es que ninguna de las dos acusaciones analizadas y en precedencia identificadas se abre paso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Previa invocaci\u00f3n de la primera de las causales de casaci\u00f3n, se endilg\u00f3 al Tribunal el quebranto directo, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 153 de 1887 y 1006, inciso final, del C\u00f3digo de Comercio; y, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil y 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cal haber condenado a la parte demandada al pago de perjuicios morales sin prueba de los mismos\u201d. <\/p>\n
En resumen, el cargo se soport\u00f3 en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El ad quem conden\u00f3 al resarcimiento del perjuicio moral causado a la c\u00f3nyuge, hijo y padres de la v\u00edctima, se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n (q.e.p.d.), fincado en que \u201cesta especie de da\u00f1o inmaterial goza de una especie de presunci\u00f3n en trat\u00e1ndose de parientes familiares muy cercanos a la v\u00edctima directa, tales como hijos y ascendientes; empero, la aplicaci\u00f3n de tal presunci\u00f3n requiere, elemental decirlo, la prueba inequ\u00edvoca del parentesco\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La presunci\u00f3n referida por esa autoridad no figura prevista en ninguna norma, lo que es necesario en t\u00e9rminos del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, y por ende, el perjuicio moral debe en todos los casos acreditarse, siguiendo para ello la regla general consagrada en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la especial del art\u00edculo 1006 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La previsi\u00f3n del art\u00edculo 95 de la Ley 95 de 1936 (C\u00f3digo Penal), que al respecto se tuvo en cuenta en el pasado, perdi\u00f3 vigencia con la revocatoria de ese estatuto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El sentenciador de segunda instancia, por lo tanto, \u201ccometi\u00f3 yerro jur\u00eddico al aplicar en forma indebida las normas relativas a la presunci\u00f3n y al dejar de aplicar el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 1553 (sic) de 1887 (analog\u00eda) y por esta v\u00eda el art\u00edculo 1006 del C\u00f3digo de Comercio que establece, de manera perentoria, que tales perjuicios deben ser demostrados como condici\u00f3n necesaria para que pued[a] condenarse al demandado al pago de los mismos\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se pidi\u00f3 casar la sentencia cuestionada y que \u201cse denieguen las pretensiones contenidas en la demanda relativas a los perjuicios morales, salvo los concedidos a la c\u00f3nyuge que est\u00e1n demostrados\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se extracta del compendio que viene de hacerse del cargo, la inconformidad del recurrente radic\u00f3 en que, sin haberse demostrado los perjuicios morales sufridos por los progenitores del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rend\u00f3n, el Tribunal accedi\u00f3 a su reconocimiento fincado en que los mismos fueron acreditados con \u201cuna especie de presunci\u00f3n\u201d que no aparece prevista en la ley, como lo ordena el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, sin que quepa aqu\u00ed la analog\u00eda prevista en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, estimaci\u00f3n que a m\u00e1s de ocasionar el quebranto directo de esos preceptos, provoc\u00f3 similar infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del inciso final del canon 1006 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ese entendimiento de la acusaci\u00f3n trasluce, en primer lugar, que edificada sobre la primera de las causales de casaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, no se invoc\u00f3 ninguna norma de linaje sustancial, esto es, una que \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declara(\u2026), crea(\u2026), modifica(\u2026) o extingue(\u2026) relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u201d (CSJ, SC del 24 de octubre de 1975, G.J., t. CLI, p\u00e1g. 254, reproducida, entre otras m\u00e1s, en SC del 19 de diciembre de 1999. Criterio invocado en SC del 9 de marzo de 1995, 30 de agosto, 9 de septiembre y 9 de diciembre de 1999, 3 de septiembre de 2004; y en AC del 6 de marzo de 2013, Rad. n.\u00b0 2008-00015-01, 1\u00b0 de abril de 2013, Rad. n.\u00b0 2007-00285-01, por solo citar algunas providencias). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ciertamente, el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887 es una norma contentiva de principios generales que, por ende, para los efectos del recurso de casaci\u00f3n, est\u00e1 desprovista de sustancialidad. <\/p>\n
As\u00ed lo reiter\u00f3 la Sala en reciente pronunciamiento, en el que expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En el primer cargo se denunci\u00f3 el quebranto directo de los art\u00edculos 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 40 de la Ley 153 de 1887; y tambi\u00e9n 7, 11, 12, 14, 94, 118 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, que no ostentan el car\u00e1cter de normas sustanciales; as\u00ed como los 10, 28, 30, 2538, 2539 y 2540 del C\u00f3digo Civil y el 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuya vulneraci\u00f3n no se demostr\u00f3. <\/p>\n
En efecto, los primeros c\u00e1nones de la Ley 153 de 1887 citada y los 10, 28, 30 del C\u00f3digo Civil contienen principios generales y los criterios auxiliares que sirven para interpretar de manera correcta la Carta Fundamental y la Ley; mientras que el art\u00edculo 40 de tal codificaci\u00f3n, hace referencia a la vigencia de las leyes en el tiempo, por lo que no crean, modifican ni extinguen derechos u obligaciones entre sujetos de derecho concretos, por lo que carecen de la calidad requerida por el legislador, para fundar el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018en cuanto el cargo se\u00f1ala tambi\u00e9n como normas infringidas las consagradas en los art\u00edculos 4\u00ba y 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, y 1613 y 2341 del C\u00f3digo Civil, se observa que las tres primeras no pueden ser consideradas sustanciales en el terreno casacional como se expuso en precedencia, pues recogen principios generales o son meramente definitorias\u2019 (CSJ AC, 30 de mayo de 2011, Rad. 1999-03339-01; reiterado en AC7633-2016, 15 de diciembre de 2016, Rad 2008-00456-01) (CSJ, AC 604 del 26 de febrero de 2020, Rad. n.\u00b0 2015-00021-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Si bien es innegable el car\u00e1cter sustancial del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1006 del C\u00f3digo de Comercio, no ocurre lo mismo con su inciso final, como quiera refiri\u00e9ndose tanto a la acci\u00f3n derivada del contrato de transporte como a la extracontractual propia de los herederos de quien fallece en ejecuci\u00f3n de una convenci\u00f3n de esa naturaleza, prev\u00e9 que \u201c[e]n uno y otro caso, si se demuestra, habr\u00e1 lugar a la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o moral\u201d, norma que, en la medida que condiciona el reconocimiento de dicho perjuicio a su comprobaci\u00f3n, ostenta linaje probatorio. <\/p>\n
2.3. De la preindicada naturaleza, son tambi\u00e9n los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil y 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, citado por el censor como 177 (sic) pero que corresponde al atr\u00e1s indicado, habida cuenta la reproducci\u00f3n que de \u00e9l se incluy\u00f3 en el cargo. <\/p>\n
2.3.1. El primero reza: <\/p>\n
Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. <\/p>\n
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunci\u00f3n son determinados por la ley, la presunci\u00f3n se llama legal. <\/p>\n
Si una cosa, seg\u00fan la expresi\u00f3n de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. <\/p>\n
Como bien se ve, se trata de la regulaci\u00f3n de las presunciones, que son uno de los modos de probar los hechos que interesan a un proceso (art. 166, C. G. del P.). <\/p>\n
Al respecto, tiene dicho la Corte: <\/p>\n
El segundo cargo denuncia la violaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la ley 75 de 1968 (\u2026); el tercero los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil, 166 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, (\u2026). <\/p>\n
Ninguna de esas normas tiene car\u00e1cter sustancial. En efecto, (\u2026). As\u00ed mismo, el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, da un concepto de la presunci\u00f3n y sus clases. De similar tesitura es el 166 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) (CSJ, AC 663 del 1\u00ba de mar<o de 2021, Rad. n.\u00b0 2016-00686-01; se subraya). <\/p>\n
2.3.2. El art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 166 del C\u00f3digo General del Proceso, consagraba que \u201c[l]as presunciones establecidas por la ley ser\u00e1n procedentes, siempre que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente probados. (\u2026). El hecho legalmente presumido se tendr\u00e1 por cierto, pero admitir\u00e1 prueba en contrario cuando la ley lo autorice\u201d y, por ende, corresponde a una protot\u00edpica norma probatoria desprovista, por ende, de car\u00e1cter sustancial, como en la precedente providencia tambi\u00e9n se registr\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A lo anterior se a\u00f1ade, como segunda inferencia obtenida de la s\u00edntesis que, al principio de estas consideraciones, se hizo del reproche casacional en estudio, la indebida formulaci\u00f3n del ataque, pues si la esencia del mismo consisti\u00f3 en que el Tribunal otorg\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a una \u201cespecie de presunci\u00f3n\u201d para tener por acreditados los perjuicios morales experimentados por los padres del se\u00f1or G\u00f3mez Rend\u00f3n, cuando ella no aparece prevista en la ley y, por ende, no se pod\u00eda tener como tal, la acusaci\u00f3n debi\u00f3 formularse a la luz de la segunda causal de casaci\u00f3n y, m\u00e1s exactamente, por la senda del error de derecho, en tanto que implic\u00f3 la violaci\u00f3n medio de las normas disciplinantes de ese modo de demostraci\u00f3n indirecta de los hechos. <\/p>\n
Empero el censor, con total desacierto, plante\u00f3 el cargo por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, sin parar mientes en que \u00e9l, como viene de decirse, vers\u00f3 sobre la indebida comprobaci\u00f3n de los perjuicios morales reclamados por los progenitores de la v\u00edctima, cuesti\u00f3n que por ser de esa naturaleza, solamente pod\u00eda aducirse esgrimiendo la infracci\u00f3n indirecta prevista en la ya citada segunda causal del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General de Proceso. <\/p>\n
4. Las deficiencias anotadas son suficientes para colegir el fracaso del cargo. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con respaldo en el primero de los motivos que autorizan el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por aplicaci\u00f3n indebida, del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, \u201cprecepto con apoyo en el cual se admiti\u00f3 en nuestro pa\u00eds la correcci\u00f3n monetaria de obligaciones dinerarias\u201d. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del reproche admite el siguiente compendi\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para fijar la condena que impuso en favor de la c\u00f3nyuge e hijo del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n por concepto de lucro cesante, el Tribunal \u201ctom\u00f3 el ingreso de la v\u00edctima de a\u00f1o 2004, determinado pericialmente, y lo actualiz\u00f3 monetariamente hasta el mes de octubre de 2017, y con tal operaci\u00f3n lleg\u00f3 a la cifra mensual de $6.640.110,56 que luego disminuy\u00f3 a $4.640.110,56 que, finalmente, fue el guarismo con el cual calcul\u00f3 el lucro cesante pasado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ese procedimiento, de tomar el ingreso del nombrado de 2004 y \u201ctraerlo a valor presente 13 a\u00f1os despu\u00e9s\u201d, comport\u00f3 un \u201cinexcusable yerro jur\u00eddico pues tal perjuicio (lucro cesante pasado) se ha debido liquidar con el valor progresivo del ingreso que se hubiere obtenido entre los a\u00f1os 2004 a 2017 pero no incrementar el referido valor 13 a\u00f1os y aplicarlo luego, en forma retroactiva[,] para calcular el ingreso de los referidos a\u00f1os, pues de tal manera el c\u00e1lculo se hizo con un monto superior al que se determin\u00f3 como ingreso de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Adicionalmente, dicho sentenciador \u201ccometi\u00f3 otro monumental yerro al actualizar nuevamente con correcci\u00f3n monetaria el lucro cesante futuro\u201d, toda vez que \u201cno puede considerarse que se sufre perjuicio por concepto de desvalorizaci\u00f3n monetaria respecto de ventajas econ\u00f3micas esperadas, (seg\u00fan nuestro C\u00f3digo Civil, de la \u2018\u2026ganancia o provecho que deja de reportarse\u2026\u2019), que no se encuentran en el patrimonio del afectado y que se presume ingresar\u00e1n a \u00e9ste en el futuro\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Desde otra perspectiva, el impugnante se\u00f1al\u00f3 que la sentencia cuestionada conden\u00f3 a los demandados a pagar a los actores el lucro cesante, y por ende, los oblig\u00f3 \u201ca anticipar un capital por un per\u00edodo indemnizable que todav\u00eda no se ha causado\u201d, con lo cual los conden\u00f3 \u201ca pagar dos veces lo mismo, por cuanto el pago anticipado del capital se hace con fundamento en unas tablas de matem\u00e1tica financiera que tienen un componente inflacionario que mi mandante debe nuevamente asumir al tener que pagar la correcci\u00f3n monetaria sobre el lucro cesante futuro\u201d. <\/p>\n
Sobe el particular explic\u00f3 que esa entrega anticipada, brinda a la v\u00edctima la posibilidad de \u201cprotegerse de la desvalorizaci\u00f3n monetaria colocando a producir el capital recibido\u201d y que, por lo mismo, \u201cno tiene ning\u00fan asidero legal que adicionalmente al monto del lucro cesante ya actualizado en virtud del componente inflacionario de las tablas utilizadas, se condene a pagar otra vez la correcci\u00f3n monetaria, puesto que se est\u00e1 condenando a pagar dos veces el mismo rubro, lo que ciertamente es antijur\u00eddico e injusto\u201d. <\/p>\n
Previa reproducci\u00f3n de un segmento de un fallo de esta Corporaci\u00f3n alusivo al punto aqu\u00ed tratado, el recurrente solicit\u00f3 casar la sentencia y modificarla, en el sentido de \u201celiminar la correcci\u00f3n monetaria sobre el ingreso de la v\u00edctima y excluirla del lucro cesante futuro\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, seg\u00fan el cual \u201c[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho\u201d, como se dijo al despacharse el cargo anterior, no es norma sustancial y, por ende, su quebranto carece de sentido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Como quiera que ese fue el \u00fanico precepto que se denunci\u00f3 violado en el cargo auscultado, es ostensible la falla t\u00e9cnica de la acusaci\u00f3n, en tanto que soportada en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, no indic\u00f3 ninguna norma del advertido linaje -sustancial-, lo que era imperativo, seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 de la obra en cita. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Debe a\u00f1adirse que no resulta acertada la raz\u00f3n expresada por el recurrente para haber invocado el mandato legal antes mencionado, esto es, que \u201ccon apoyo\u201d en \u00e9l fue que \u201cse admiti\u00f3 en nuestro pa\u00eds la correcci\u00f3n monetaria de obligaciones dinerarias\u201d, pues la Corte ha precisado, desde anta\u00f1o, que ese fen\u00f3meno \u201ctiene un profundo contenido de equidad\u201d (CSJ, SC del 24 de enero de 1990, G.J., t. CC, p\u00e1gs. 7 a 29), aserci\u00f3n reiterada y, si se quiere, ampliada en la actual visi\u00f3n que de ese fen\u00f3meno ha efectuado, como lo expres\u00f3 en el fallo que, por su importancia, se reproduce con cierta amplitud: <\/p>\n
Es criterio decantado, con arreglo a moderna y acerada doctrina, que la correcci\u00f3n monetaria, en s\u00ed misma considerada, no constituye un factor adicional del da\u00f1o, como en el pasado se sostuvo por un sector de la jurisprudencia -incluida la colombiana- y la dogm\u00e1tica del ramo (da\u00f1o emergente), toda vez que ella, en estrictez, no es m\u00e1s que lo que denota su significado sem\u00e1ntico: la mera actualizaci\u00f3n de una determinada suma de dinero, sin que ese ajuste, per se, entra\u00f1e alteraci\u00f3n o mutaci\u00f3n objetiva del quantum primigenio, pues la operaci\u00f3n de indexar conduce, necesariamente, a una cifra que equivale cualitativamente al monto que se indexa, en cuanto reconstruye o restaura la capacidad adquisitiva del dinero, la que se puede ver minada por el transcurso implacable del tiempo, sobre todo en econom\u00edas sometidas a un proceso sostenido de car\u00e1cter inflacionario. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, resulta adamantino que la correcci\u00f3n monetaria no se compagina con la arquitectura indemnizatoria que, ab antique, es propia de la responsabilidad civil, sea ella contractual o extracontractual, pues su prop\u00f3sito es uno muy otro al de reparar el da\u00f1o causado por el infractor. Con ella, tan s\u00f3lo se pretende preservar inc\u00f3lume el poder adquisitivo del dinero, sin agregarle nada a la obligaci\u00f3n misma, lo que significa que, en puridad, la indexaci\u00f3n es un concepto que se ubica en la periferia de aquella problem\u00e1tica. En palabras de la doctrina especializada, acogida por esta Corte en las postrimer\u00edas de la pasada centuria, \u2018No estamos aqu\u00ed frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la \u00f3rbita del derecho monetario, en donde la indexaci\u00f3n se produce en raz\u00f3n de haber perdido la moneda poder adquisitivo. \u00a1S\u00f3lo eso, y nada m\u00e1s que eso!\u2019 (Luis Moisset De Espan\u00e9s; Ram\u00f3n Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos. Inflaci\u00f3n y Actualizaci\u00f3n Monetaria. Buenos Aires. Ed. Universidad. P\u00e1g. 116). <\/p>\n
Sobre este mismo particular, ha precisado la Sala que si \u2018la labor de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley a cargo del juzgador solamente rinde verdaderos frutos, cumpliendo a cabalidad su cometido, cuando lo conducen a decisiones razonables y justas, es decir, cuando hace de la ley un instrumento de justicia y equidad, t\u00f3rnase forzoso sentar que, justamente, ante la ausencia de norma expresa que proh\u00edje la correcci\u00f3n monetaria en nuestra legislaci\u00f3n y dado que la inestabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds y el creciente deterioro del poder adquisitivo del dinero son circunstancias reales y tangibles que no pueden pasar desapercibidas al juez a la hora de aplicar los preceptos legales que adoptan como regla general en la materia, el principio nominalista, el cual, de ser aplicado ciegamente conducir\u00eda a graves e irreparables iniquidades, ha concluido la Corte, que ineludibles criterios de justicia y equidad imponen condenar al deudor a pagar en ciertos casos, la deuda con correcci\u00f3n monetaria\u2019 (Se subraya; G.J. t. CCLXI, Vol. I, 280). Es por ello por lo que esa \u2018recomposici\u00f3n econ\u00f3mica lo \u00fanico que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada \u2018correcci\u00f3n monetaria\u2019 (G.J, ts. CLXXXIV, p\u00e1g. 25, y CC P\u00e1g. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento (cas. civ. de 8 de junio de 1999; exp: 5127\u2019, lo que quiere significar que \u2018el fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios m\u00e1s elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales\u2019, ya que \u2018la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda\u2019 (se subraya y resalta; cas. civ. de 9 de septiembre de 1999; exp. 5005; Vid: cas. civ. de 28 de junio de 2000; exp: 5348 (CSJ, SC del 18 de mayo de 2005, Rad. n. \u00b0 0832-01; doble subraya fuera del texto). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El defecto formal detectado, provoca el hundimiento de la acusaci\u00f3n e impide a la Corte escudri\u00f1ar en el fondo las inconformidades del censor. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SOCIEDAD M\u00c9DICO QUIR\u00daRGICA DEL TOLIMA S.A. <\/p>\n
-CL\u00cdNICA TOLIMA S.A.- <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
Cimentado en el primero de los motivos enlistados en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 el fallo combatido de ser directamente violatorio, por falta de aplicaci\u00f3n, del canon 422 del C\u00f3digo Civil, \u201cal haber condenado a la parte demandada a pagar indemnizaci\u00f3n al hijo del causante hasta la edad de 25 a\u00f1os de edad\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 el recurrente: <\/p>\n
1. En la sentencia generadora de su inconformidad, se conden\u00f3 al pago del lucro cesante futuro para el hijo del se\u00f1or G\u00f3mez Rond\u00f3n, hasta cuando cumpla la edad de 25 a\u00f1os, sin explicar las razones para ello. <\/p>\n
2. Esa previsi\u00f3n desconoci\u00f3 el mandato del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 27 de 1977, que redujo la mayor\u00eda de edad a los 18 a\u00f1os, como quiera que seg\u00fan ese mandato, la obligaci\u00f3n alimentaria del padre cesa en ese momento, por lo que no hay raz\u00f3n para que la condena impuesta supere tal l\u00edmite de tiempo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El criterio jurisprudencial que aboga por la referida extensi\u00f3n no es aplicable en este caso, como quiera que Juli\u00e1n David G\u00f3mez Prada, al momento del fallecimiento de su padre, no estudiaba, como quiera que apenas ten\u00eda 8 meses de edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. En el cargo auscultado su proponente denunci\u00f3 el quebranto directo del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil, precepto que perdi\u00f3 efectos jur\u00eddicos por mandato del art\u00edculo 119 de la Ley 1306 de 2009, conforme el cual \u201c[q]uedan derogados los art\u00edculos 261; 428 a 632 del C\u00f3digo Civil\u201d (se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
3. No siendo viable a la Corte buscar el precepto que en ese \u00faltimo ordenamiento jur\u00eddico reemplaz\u00f3 la norma se\u00f1alada como vulnerada por el impugnante, porque ello implicar\u00eda completar el cargo en uno de sus elementos esenciales, no hay c\u00f3mo evaluar el acierto o desacierto de la inconformidad del censor, en tanto que se carece del referente normativo para establecer la transgresi\u00f3n directa reprochada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El cargo, por consiguiente, naufraga. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por violar indirectamente los art\u00edculos 1602, 1603 y 2352 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas del proceso. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n refiri\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. De entrada, el censor puso de presente el alcance limitado del cargo, toda vez que con \u00e9l pretende infirmar la sentencia combatida \u00fanicamente en cuanto hace a las determinaciones contenidas en \u201clos numerales 1.13 y 1.14 de [su] parte resolutiva\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Previa transcripci\u00f3n de las normas presuntamente vulneradas, el impugnante atribuy\u00f3 al ad quem el yerro consistente en haber concluido que los contratos celebrados, de un lado, por Salud Total S.A. E.P.S. y, de otro, por la Sociedad de Cirujanos del Tolima Limitada y la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, \u201cno constituyen fundamento\u201d para que la primera \u201cpueda reclamar las sumas a que se vea condenada como consecuencia de las actuaciones\u201d de las precitadas demandadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al respecto explic\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tercer par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula segunda del primero de los mencionados acuerdos de voluntad, establece \u201ccon certeza que precisamente la finalidad de esa cl\u00e1usula es servir de fundamento a la repetici\u00f3n que la ley le confiere a quien es condenado por la actuaci\u00f3n de otro, tal como lo dispone el art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
Luego de transcribir la referida previsi\u00f3n contractual, el censor a\u00f1adi\u00f3 que ella \u201ctiene como finalidad conferir a Salud Total S.A. E.P.S. el derecho de repetir en contra del contratista -Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Ltda.-, por las condenas judiciales que tenga que pagar como consecuencia del servicio prestado por \u00e9l o por su personal, hip\u00f3tesis \u00e9sta que fue la que se verific\u00f3 en este caso por el Tribunal\u201d. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que fue \u201ctan detallada la regulaci\u00f3n de las partes que en esa misma cl\u00e1usula se convino la posibilidad del llamamiento en garant\u00eda al contratista en cualquier supuesto en que \u00e9ste o su personal pudieran ocasionar una eventual condena\u201d a la cocontratante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consider\u00f3 como un \u201c[g]rave error\u201d del Tribunal haber estimado que ese espec\u00edfico pacto \u201ccontiene una prestaci\u00f3n distinta a la que regula como \u2018obligaci\u00f3n axiol\u00f3gica\u2019 el llamamiento en garant\u00eda\u201d, toda vez que la estipulaci\u00f3n contempl\u00f3 \u201cel derecho a que SALUD TOTAL sea reembolsada cuando por actuaciones de la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Ltda., se vea condenada, entre otros, en un proceso judicial\u201d, raz\u00f3n por la cual la inferencia del ad quem desconoci\u00f3 \u201cel alcance preciso de esa prueba documental, intentando darle a una cl\u00e1usula absolutamente clara, un contenido que ni siquiera la sentencia misma pudo explicar\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tild\u00f3 de trascedente el precedente yerro, como quiera que fue a consecuencia de \u00e9l que el sentenciador de segunda instancia neg\u00f3 a Salud Total S.A. E.P.S. \u201cel derecho que tiene al reembolso por la condena que fue proferida en su contra por actuaciones de la referida sociedad de cirug\u00eda\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A su turno, el Tribunal ignor\u00f3 la cl\u00e1usula segunda del contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito por la precitada demandada y la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, como quiera que no apreci\u00f3 que en ella se estableci\u00f3 \u201cque \u2018EL CONTRATISTA y\/o LOS PROFESIONALES que presten el servicio m\u00e9dico objeto del presente contrato, ser\u00e1n responsables ante LA ENTIDAD por la calidad del servicio as\u00ed como por la idoneidad y profesionalismo del personal que lo presten (sic) (\u2026)\u2019\u201d. <\/p>\n
De esa estipulaci\u00f3n \u201cresulta claro\u201d que, si la segunda de las accionadas atr\u00e1s citadas \u201cfuese responsable, como en este caso, de un da\u00f1o a uno de los usuarios, \u00e9sta ser\u00eda igualmente responsable ante SALUD TOTAL, lo cual no es nada m\u00e1s ni nada menos que un acuerdo contractual que confiere a mi mandante el derecho de reclamar el reembolso de aquellos pagos que por la conducta de la mencionada sociedad m\u00e9dica, tenga que hacer a los usuarios y sus causahabientes\u201d, de conformidad con el art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Como en el caso anterior, el ad quem ignor\u00f3 dicho pacto de los contratantes, y en tal virtud, neg\u00f3 el derecho de reembolso impetrado por la recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En definitiva, el impugnante solicit\u00f3 reconocer la prosperidad del cargo y, como consecuencia de ello, casar el fallo recurrido en lo que refiere a las determinaciones adoptadas en los numerales 1.13 y 1.14 de su parte resolutiva para, en reemplazo de ellas, condenar a la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- a reembolsar a Salud Total S.A. E.P.S. las sumas de dinero que se vea obligada a pagar a los actores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los errores de hecho con virtualidad de ocasionar el quiebre de una sentencia de instancia en casaci\u00f3n, exigen la preterici\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de uno o varios elementos de juicio; que ese desatino lleve al juzgador a obtener conclusiones f\u00e1cticas manifiestamente contraevidentes; y que, como consecuencia de ello, se vulnere, como m\u00ednimo, una norma sustancial que haya sido, o debido ser, base esencial de la providencia recurrida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el cargo cuyo an\u00e1lisis emprende la Sala, el censor denunci\u00f3 la indebida ponderaci\u00f3n, por parte del Tribunal, de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos celebrados, de un lado, por Salud Total S.A. E.P.S. y, de otro, por la Sociedad de Cirujanos del Tolima Limitada y la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, toda vez que mutil\u00f3 su contenido, como quiera que no observ\u00f3 que de ellos, en particular, de sus cl\u00e1usulas segunda, surg\u00eda el derecho de aqu\u00e9lla para obtener de \u00e9stas el reembolso de los dineros a que fue condenada en el presente proceso, dislate f\u00e1ctico que ocasion\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1603 y 2352 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Siendo ello as\u00ed, forzoso es colegir que el cargo a nada conduce, puesto que los dos primeros preceptos atr\u00e1s mencionados, no son normas sustanciales y el \u00faltimo, no fue, ni puede ser, base esencial del fallo cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre lo primero, es del caso insistir en que ninguno de los aludidos preceptos -art\u00edculos 1602 y 1603 del C\u00f3digo Civil- prev\u00e9 efectos jur\u00eddicos concretos en una situaci\u00f3n espec\u00edfica, como la Corte lo ha predicado en multitud de providencias. <\/p>\n
Al respecto, para citar \u00fanicamente las m\u00e1s recientes, la Sala tiene dicho que \u201cel art\u00edculo \u20181602 (\u2026) es el hontanar mismo de toda la teor\u00eda contractual, consagratoria quiz\u00e1 de la m\u00e1s grande met\u00e1fora de tal ordenamiento, en cuanto que para vivificar la fuerza de lo que se pacta se equipara nada menos que con el concepto de ley, (\u2026) norma que por el mismo grado de abstracci\u00f3n no consagra en principio derechos subjetivos concretos\u2019 y el 1603 \u2018tampoco es sustancial, pues es meramente descriptivo de la forma como deben cumplirse los contratos (CSJ AC280-2021 de 8 de feb. Rad. 2013-00031-02)\u201d (CSJ, SC 4139 del 27 de octubre de 2021, Rad. n.\u00b0 2015-00164-01; se subraya); y que \u201c[t]ampoco se satisfizo la aludida exigencia formal en el cuarto y \u00faltimo embate, referido a \u2018la violaci\u00f3n directa de una ley sustancial\u2019, porque los art\u00edculos all\u00ed se\u00f1alados, valga destacar, 1602 y 1603 del C\u00f3digo Civil, carecen de linaje sustancial\u201d (CSJ, AC 280 del 8 de febrero de 2021, Rad. n.\u00b0 2013-00031-02; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre lo segundo, se encuentra: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Reza el art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil: <\/p>\n
Las personas obligadas a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados por las que de ellas dependen, tendr\u00e1n derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de \u00e9stas, si los hubiere, y si el que caus\u00f3 el da\u00f1o lo hizo sin orden de la persona a quien deb\u00eda obediencia, y era capaz de cometer delito o culpa, seg\u00fan el art\u00edculo 2346. <\/p>\n
3.2.2. Los llamamientos en garant\u00eda que Salud Total S.A. E.P.S. hizo, por una parte, a la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada, y por otra a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, estuvieron fincados en los contratos de prestaci\u00f3n de servicios que la primera ajust\u00f3 con cada una de las \u00faltimas. <\/p>\n
En esas convenciones se estableci\u00f3, por igual, que las contratistas, esto es, las llamadas en garant\u00eda, prestar\u00edan los servicios contratados con total y absoluta autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
Dispone el contrato ajustado con la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada (fls. 3 a 14, cd. 6) que \u201cLA CONTRATISTA (\u2026) prestar\u00e1 los servicios de salud a los afiliados de LA ENTIDAD con plena autonom\u00eda cient\u00edfica, t\u00e9cnica y administrativa, siendo sus resultados ajenos a la responsabilidad de LA ENTIDAD\u201d (cl\u00e1usula segunda, inciso segundo; se subraya); y que \u201c[e]l presente contrato es un contrato de PRESTACI\u00d3N DE SERVICIOS, de naturaleza comercial, que excluye en todo la relaci\u00f3n laboral, relaci\u00f3n alguna de mandato, de dependencia o de representaci\u00f3n, de tal forma que EL CONTRATISTA no estar\u00e1 sujeto a reglamentos, ni a otros factores de subordinaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se generar\u00e1 entre \u00e9l y SALUD TOTAL ninguna clase de relaci\u00f3n o v\u00ednculo laboral\u201d (cl\u00e1usula cuarta; se subraya). <\/p>\n
A su turno, en el contrato pactado con la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- se estipul\u00f3: \u201cEL CONTRATISTA prestar\u00e1 los servicios de salud a los afiliados de LA ENTIDAD con plena autonom\u00eda cient\u00edfica, t\u00e9cnica y administrativa\u201d (cl\u00e1usula octava; se subraya); y que \u201c[e]l presente contrato es de naturaleza comercial, de tal manera que EL CONTRATISTA prestar\u00e1 los servicios contratados con plena autonom\u00eda e independencia y con sus propios medios y personal\u201d (cl\u00e1usula novena; se subraya). <\/p>\n
3.2.3. Traduce lo anterior que, conforme el nexo negocial que uni\u00f3 a la llamante en garant\u00eda y a las llamadas, ninguna de \u00e9stas puede considerarse dependiente de aqu\u00e9lla, y mucho menos, obligada a guardarle obediencia en la forma como lo consagra el art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2.4. Flore de ello, que la precitada norma no disciplina la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre Salud Total S.A. E.P.S., de un lado, y las personas jur\u00eddicas Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, de otro, raz\u00f3n por la cual el Tribunal, de admitirse en gracia de discusi\u00f3n que hubiere cometido los desafueros probatorios que se le endilgaron, no pudo violar el precitado art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En las advertidas condiciones, el cargo no puede prosperar. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en la primera causal de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 el quebranto directo de los art\u00edculos 1579 y 2352 del C\u00f3digo Civil cuando, en la sentencia combatida, se concluy\u00f3 que ni la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, ni la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada, ni el doctor Hernando \u00c1vila Molina, \u201cest\u00e1n obligados a reembolsar a Salud Total S.A. E.P.S. las sumas a las cuales fue condenada como consecuencia de la muerte del se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez Rond\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En respaldo de la censura, su autor expuso: <\/p>\n
1. El error del ad quem consisti\u00f3 en considerar que \u201centre la IPS y el m\u00e9dico que efectivamente causaron el da\u00f1o y la EPS a la cual se encontraba afiliada la v\u00edctima, no existe relaci\u00f3n de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
2. Puso de presente que la responsabilidad atribuida a Salud Total S.A. E.P.S. fue \u201cconsecuencia de la conducta desplegada\u201d por los otros tres demandados, atr\u00e1s relacionados, y que, por lo mismo, no obedeci\u00f3 a una \u201cactuaci\u00f3n directa suya\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con tal base, advirti\u00f3 que si aquella no fue la causante del da\u00f1o, est\u00e1 habilitada para recuperar el dinero que tenga que pagar de los responsables del perjuicio, por aplicaci\u00f3n de las normas atr\u00e1s invocadas, en tanto que conforme lo en ellas previsto \u201ces claro (i) que existe acci\u00f3n de repetici\u00f3n para el sujeto que paga una condena como consecuencia de un da\u00f1o causado por quienes debe responder y (ii) que en el evento de solidaridad, el deudor que paga se subroga en los derechos del acreedor contra los dem\u00e1s codeudores\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Puntualiz\u00f3 que, \u201cdejando de lado cualquier referencia a las pruebas del expediente, el Tribunal se equivoc\u00f3 de manera flagrante al desconocer las normas generales de la responsabilidad cometida por varios sujetos, y las normas que regulan los reembolsos que entre estos tiene que darse cuando uno o algunos de ellos han sido obligados al pago\u201d. <\/p>\n
5. Destac\u00f3 la importancia de un pronunciamiento de fondo sobre el particular, \u201cpues es claro que si bien respecto del paciente tanto la EPS como la IPS y los m\u00e9dicos est\u00e1n llamados a responder, no es menos cierto que en aplicaci\u00f3n de las reglas b\u00e1sicas de la responsabilidad civil y de las obligaciones, tambi\u00e9n el causante directo del da\u00f1o tiene que responder frente a quienes, como consecuencia de su actuar, se vieron condenados\u201d, relaci\u00f3n interna de los responsables que puede dilucidarse a la luz de \u201cla figura del llamamiento en garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El censor pidi\u00f3 casar la sentencia confutada, en cuanto hace a las decisiones contenidas en los numerales 1.12 a 1.14 de su parte resolutiva y acceder a los llamamientos en garant\u00eda que Salud Total S.A. E.P.S. hizo a la Sociedad Medico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y el doctor Hernando \u00c1vila Molina. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Antes de abordar el estudio del cargo, en concreto, es necesario sentar las premisas que siguen a exponerse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Seg\u00fan voces del art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201c[q]uien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnizaci\u00f3n del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de una sentencia, podr\u00e1 pedir la citaci\u00f3n de aqu\u00e9l, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relaci\u00f3n\u201d (se subraya), previsi\u00f3n que, en l\u00edneas generales, qued\u00f3 consignada en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso, estatuto en el que, valga destacarlo, no se contempl\u00f3 la denuncia del pleito, que el primero de esos ordenamientos s\u00ed consagraba. <\/p>\n
Al respecto, en tiempo pr\u00f3ximo, la Sala observ\u00f3 que, \u201ccon miras a precisar que en este fen\u00f3meno pod\u00edan caber todas aquellas situaciones en que existe una relaci\u00f3n de garant\u00eda, proveniente de ley o de convenci\u00f3n, que habilite al llamante a convocar a un tercero que le proteja y pague por \u00e9l o le reembolse lo que erog\u00f3 por raz\u00f3n de la condena, se incluyeron en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil dos normas \u2013art\u00edculos 54 y 57- para abarcar un mismo fen\u00f3meno, que hoy en el C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo a lo dicho, qued\u00f3 en un solo precepto, en el que, adem\u00e1s, figura la posibilidad de que un demandado llame en garant\u00eda a otro demandado, figura denominada demanda de coparte (art. 64)\u201d (CSJ, SC 1304 del 27 de abril de 2018, Rad. n.\u00b0 2000-00556-01; se subraya). <\/p>\n
2. Superada, entonces, la diferencia que en ata\u00f1o se hizo de las mencionadas figuras -denuncia del pleito y llamamiento en garant\u00eda-, as\u00ed como que la condici\u00f3n de demandado del llamado, no impide la aplicaci\u00f3n de la segunda de tales herramientas, es del caso memorar vieja doctrina jurisprudencial, conforme la cual: <\/p>\n
(\u2026) como el vocablo mismo as\u00ed lo indica, para que proceda el llamamiento en garant\u00eda requi\u00e9rese que la haya; es decir, que exista un afianzamiento que asegura y proteja al llamante contra alg\u00fan riesgo, seg\u00fan la definici\u00f3n que de garant\u00eda de la Real Academia Espa\u00f1ola. O, en otras palabras, que el llamado en garant\u00eda, por ley o por contrato, est\u00e9 obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que est\u00e9 obligado, en la misma forma, al \u2018reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia\u2019, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 del C. de P. Civil. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ejemplos de derecho legal son m\u00faltiples. Estos, entre otros: el deudor solidario que es demandado para pagar el monto de un perjuicio (Arts. 1579 y 2344 del C.C.); el codeudor solidario demandado por obligaci\u00f3n que no es posible cumplir por culpa de otro codeudor (Art. 1583-3 ib\u00eddem); el codeudor de obligaci\u00f3n indivisible que paga la deuda (Art. 1587 ib\u00eddem); el comprador que sufre evicci\u00f3n que al vendedor debe sanear (Art. 1893 ib\u00eddem). Y de derecho contractual, se tiene el caso cl\u00e1sico de la condena en perjuicios al demandado, por responsabilidad civil contractual o aquiliana, que tiene amparados con p\u00f3liza de seguros (CSJ, SC del 28 de septiembre de 1977, G.J., t. CLV, p\u00e1g. 254; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En la primera de las providencias atr\u00e1s invocadas, contentiva del m\u00e1s reciente estudio sobre el llamamiento en garant\u00eda, se a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
En fallo de casaci\u00f3n, siguiendo de cerca al maestro Hernando Devis Echand\u00eda, dijo la Corte: \u2018A t\u00e9rminos de lo establecido por los art\u00edculos 54 a 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con el llamamiento en garant\u00eda, que en sentido amplio se presenta siempre que entre la persona citada y la que la hace citar exista una relaci\u00f3n de garant\u00eda, o con la denuncia del pleito que a esto tambi\u00e9n equivale, la relaci\u00f3n procesal en tr\u00e1mite recibe una nueva pretensi\u00f3n de parte que, junto con la deducida inicialmente, deben ser materia de resoluci\u00f3n en la sentencia que le ponga fin\u2019 (SC del 13 de noviembre de 1980). <\/p>\n
En efecto, el citado autor explicaba que <\/p>\n
\u2018con alguna frecuencia ocurre que una de las partes -demandante o demandada- tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnizaci\u00f3n del perjuicio o la restituci\u00f3n del pago que llegue a soportar como resultado, por existir entre \u00e9l y ese tercero una relaci\u00f3n de garant\u00eda, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) est\u00e1 obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acci\u00f3n de otra persona. En otras ocasiones, el derecho a citar al tercero proviene de una relaci\u00f3n jur\u00eddica distinta, existente entre los dos, respecto a la cosa materia del litigio, como cuando el tenedor demandado en reivindicaci\u00f3n denuncia al verdadero poseedor en cuyo nombre tiene el inmueble. Esa citaci\u00f3n puede prevenir (sic) tambi\u00e9n de la pretensi\u00f3n excluyente de un tercero sobre la misma cosa\u2019. <\/p>\n
Agrega que esa garant\u00eda puede ser de dos clases: \u2018real, cuando consiste en responder por el goce y disfrute de un derecho real que ha sido transferido por el garante al garantizado y que, por tanto, tiene siempre un origen contractual, como sucede en la evicci\u00f3n de que responde el vendedor al comprador; o garant\u00eda personal, cuando se trata de responder por obligaciones personales, como la de indemnizar perjuicios o de restituir lo pagado, de modo que puede originarse directamente en la ley, como el caso del patr\u00f3n que responde por los da\u00f1os causados a terceros por su empleado o dependiente y queda con derecho a repetir contra \u00e9ste, o un contrato, como el caso del fiador que es obligado a pagar por su fiado y queda con derecho a repetir contra \u00e9l\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Refrendando esa posici\u00f3n, en fecha m\u00e1s reciente proclam\u00f3: <\/p>\n
\u2018El llamamiento en garant\u00eda es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, existe una relaci\u00f3n legal o contractual de garant\u00eda que lo obliga a indemnizarle al citante el \u2018perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia\u2019 que se dicte en el proceso que genera el llamamiento. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal del llamamiento en garant\u00eda, previsto en el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no es otra que la de la econom\u00eda, pues lo que se procura es hacer valer en un mismo proceso, las relaciones legales o contractuales que obligan al tercero a indemnizar, sin perjuicio, claro est\u00e1, de las garant\u00edas fundamentales del proceso, que en manera alguna se ven conculcadas. Por tal raz\u00f3n, la Corte ha sostenido que \u2018El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garant\u00eda requiere como elemento esencial que por raz\u00f3n de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago\u2019 (Sent. de 11 de mayo de 1976). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, sea que el llamamiento en garant\u00eda lo proponga una u otra parte, lo significativo es que \u00e9ste comporta el planteamiento de la llamada pretensi\u00f3n rev\u00e9rsica, o la \u2018proposici\u00f3n anticipada de la pretensi\u00f3n de regreso\u2019 \u2026, o el denominado \u2018derecho de regresi\u00f3n\u2019 o \u2018de reversi\u00f3n\u2019, como lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relaci\u00f3n sustancial de garant\u00eda que obliga al tercero frente a la parte llamante, \u2018a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia\u2019 (art\u00edculo 57). De modo que, de acuerdo con la concepci\u00f3n que sobre el llamamiento en garant\u00eda establece el texto legal antes citado, la pretensi\u00f3n que contra el tercero se formula es una pretensi\u00f3n de condena eventual (in eventum), es decir, que ella s\u00f3lo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasi\u00f3n de esa contingencia de la sentencia, \u2018se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago\u2019, como lo ha dicho la Corte (CSJ, SC 1304 del 27 de abril de 2018, Rad. n.\u00b0 2000-00556-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, debe enfatizarse que la relaci\u00f3n de garant\u00eda que habilita el llamamiento de que se trata, puede tener causa en la ley y\/o en el contrato, lo primero, cuando sin mediar convenci\u00f3n, una norma positiva consagra en favor del llamante, el derecho de reclamar del llamado la indemnizaci\u00f3n del perjuicio que experimenta o el reembolso, total o parcial, del pago que tuviere que hacer como consecuencia de una sentencia judicial; y lo segundo, cuando el referido derecho, y por consiguiente, el correlativo deber, surgen de una convenci\u00f3n, sin que sea necesario, valga aclararlo, pacto expreso de lo uno o lo otro, siendo suficiente que en el acuerdo de voluntades se consagre el afianzamiento referido por la Corte en los fallos expuestos. <\/p>\n
2. Sentados los anteriores lineamientos generales, ins\u00edstese en que, como se dijo al resolverse el cargo anterior, los llamamientos en garant\u00eda que Salud Total S.A. E.P.S. hizo a la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- se soportaron en los contratos de prestaci\u00f3n de servicios que entre ellas se celebraron. <\/p>\n
2.1. Fue as\u00ed como, en cuanto hace a la primera, que la citante solicit\u00f3 \u201cacept[ar] el llamamiento en garant\u00eda\u201d, \u201cd[ar] aplicaci\u00f3n a lo establecido por la(\u2026) cl\u00e1usula(\u2026) segunda del contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud\u201d y que, como consecuencia de ello, \u201cse condene\u201d a aqu\u00e9lla \u201ca pagar a\u201d la segunda, \u201ctodas las sumas de dinero que por todo concepto hubiese y tenga eventualmente que incurrir SALUD TOTAL S.A. E.P.S. (\u2026), para atender el proceso a que alude la referencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sustento de esos pedimentos reprodujo, en lo que estim\u00f3 pertinente, la mencionada cl\u00e1usula y asever\u00f3 que de ella \u201cse deduce el derecho que le asiste (\u2026) de llamar[la] en garant\u00eda\u201d; que \u201c[l]a relaci\u00f3n de las E.P.S. con las I.P.S, ES UNA RELACI\u00d3N DE TIPO CONTRACTUAL, ya que las EPS., deben prestar los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud previo contrato con una o varias I.P.S.\u201d; y que en \u201cla cl\u00e1usula segunda del contrato (\u2026) se delimita la responsabilidad de las partes\u201d, de modo que la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada asumi\u00f3 \u201cla responsabilidad por la calidad del servicio as\u00ed como por la idoneidad y profesionalismo de los profesionales que los preste[n]\u201d, al igual que la \u201cque legalmente le corresponde, incluyendo perjuicios patrimoniales, morales y fisiol\u00f3gicos que puedan derivarse de los actos y omisiones, tanto del personal m\u00e9dico y param\u00e9dico a los cuales [se] encomiende la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, como de su personal administrativo\u201d (fls. 17 a 23, cd. 6). <\/p>\n
2.2. En el llamamiento efectuado a la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, se elev\u00f3 id\u00e9ntica solicitud a la atr\u00e1s relacionada, haciendo referencia a la cl\u00e1usula segunda del contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud que la llamante convino con la prenombrada entidad; y la sustentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, es muy similar a la que se dej\u00f3 comentada en precedencia (fls. 15 a 23, cd. 5). <\/p>\n
2. La sentencia combatida en casaci\u00f3n, neg\u00f3 los referidos llamamientos, con respaldo en los siguientes argumentos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El formulado en contra de la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada, porque \u201cpara la Sala, es claro que del contrato que ata a las partes, llamante y llamada en garant\u00eda, denominado \u2018contrato para la prestaci\u00f3n de servicios de salud modalidad de pago por honorarios\u2019 ( fl 2 a 14 cdno 6), si bien se previene en el inciso 3 de la cl\u00e1usula segunda (2), bautizada \u2018garant\u00eda de calidad\u2019, la facultad de llamar en garant\u00eda a la sociedad contratista, SOCITOLIMA LTDA., es igualmente certero que la posibilidad de que la entidad SALUD TOTAL EPS, pueda repetir contra el contratista -como se observa en el inciso 3 de la cl\u00e1usula segunda (2)- no habilita a la sociedad llamante en garant\u00eda para reclamar de la contratista el monto o valor de indemnizaci\u00f3n alguna, o, en su caso, el reembolso de lo pagado con ocasi\u00f3n del presente proceso, puesto que tal posibilidad de repetici\u00f3n est\u00e1 vinculada con la bautizada \u2018garant\u00eda de calidad\u2019 que alude a la obligaci\u00f3n del contratista de prestar el servicio contratado con calidad, idoneidad y profesionalismo del personal contratado, prestaci\u00f3n bien distinta a la que se regula como obligaci\u00f3n axiol\u00f3gica del llamamiento en garant\u00eda; raz\u00f3n por la cual, \u00e9ste otro llamamiento de SALUD TOTAL EPS, ser\u00e1 desestimado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Y el planteado en frente de la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, puesto que el acuerdo de voluntades que con ella se suscribi\u00f3, \u201cno supone en ning\u00fan sentido que, la sociedad llamada en garant\u00eda est[\u00e9] obligada a reembolsar total o parcialmente el pago que tuviere que hacer la E.P.S. demandada con ocasi\u00f3n del presente asunto de responsabilidad m\u00e9dica\u201d. <\/p>\n
1. De lo expuesto se colige la indebida formulaci\u00f3n del cargo en estudio, en lo tocante con las dos llamadas en garant\u00eda atr\u00e1s identificadas, toda vez que si la desestimaci\u00f3n de la convocatoria que a tal t\u00edtulo se les hizo, deriv\u00f3 de que el ad quem no hall\u00f3 en los contratos aducidos como base de los llamamientos, que Salud Total S.A. E.P.S. tuviese el derecho a obtener de ellas el reembolso de las sumas de dinero a que fue condenada en este proceso y, correlativamente, de que a cargo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y de la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- existiese tal deber, esa es cuesti\u00f3n que no puede dilucidarse a la luz de la causal primera de casaci\u00f3n, que fue la invocada en la acusaci\u00f3n, en tanto que supone revisar si en verdad hubo entre llamante y llamada un nexo obligacional de esas caracter\u00edsticas, exploraci\u00f3n de naturaleza f\u00e1ctica que, por ende, solo puede hacerse bajo la \u00e9gida de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El cargo, por consiguiente, naufraga, en cuanto ata\u00f1e a las mencionadas sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Queda por ver la situaci\u00f3n del otro llamamiento en garant\u00eda efectuado al doctor Hernando \u00c1vila Molina, en relaci\u00f3n con el cual son necesarias las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. Diverso fue el sustento de la anterior solicitud, toda vez que en ella, por una parte, se admiti\u00f3 que entre el nombrado y \u201cSALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S no existe una relaci\u00f3n contractual\u201d (se subraya) y, por otra, se afirm\u00f3 que esta \u00faltima puede \u201cllamar en garant\u00eda al mencionado profesional, basada en lo dispuesto por el art\u00edculo 2341 del C.C., que en su tenor literal expresa: \u2018El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro, es obligado a la indemnizaci\u00f3n sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido\u2019\u201d. <\/p>\n
En sustento de ese planteamiento, la llamante adujo que \u201csiendo el Dr. HERNANDO \u00c1VILA MOLINA, el profesional que realiz\u00f3 los procedimientos quir\u00fargicos que cuestionan los demandantes (\u2026), ser\u00eda este m\u00e9dico el llamado a responder extracontractualmente por los presuntos perjuicios causados a los demandantes (\u2026), toda vez que los actos m\u00e9dicos que causaron el presunto da\u00f1o que se imputa a la EPS que represent\u00f3, fue[ron] efectivamente ejecutado[s] por [\u00e9]l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que, \u201c[r]especto de la obligaci\u00f3n existente por parte de quien realice el da\u00f1o, el art\u00edculo 2343 del C\u00f3digo Civil determina: \u2018Es obligado a la indemnizaci\u00f3n el que hizo el da\u00f1o y sus herederos\u2026\u2019\u201d, por lo que el citado galeno es \u201cquien debe responder por los eventuales perjuicios causados en los procedimientos realizados al se\u00f1or FRACISCO JAVIER G\u00d3MEZ ROND\u00d3N (Q.E.P.D.) y no SALUD TOTAL S.A. EPS-S teniendo [\u00e9]sta el derecho a repetir lo pagado en caso de una sentencia por los actos m\u00e9dicos realizados por el Dr. HERNANDO \u00c1VILA MOLINA\u201d. <\/p>\n
En \u00faltimas solicit\u00f3 que, en virtud del llamamiento y \u201cen la medida que se condene solidariamente o conjuntamente [a] SALUD TOTAL S.A. EPS-S[,] el juez de la causa debe condenar al Doctor (\u2026) HERNANDO \u00c1VILA MOLINA [a] pagar a [la] EPS que represento la suma de dinero que \u00e9sta tuviere que pagar a los demandantes en caso de una eventual condena en su contra\u201d, imposici\u00f3n que versar\u00e1 sobre \u201ctodas las sumas de dinero que por todo concepto\u201d aquella tenga que asumir \u201cpara atender el proceso a que alude la referencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal opt\u00f3 por despacharlo \u201cadversamente, como quiera que la E.P.S. llamante no acredit\u00f3, debiendo hacerlo, el v\u00ednculo contractual o el soporte legal que justificara tal llamamiento en garant\u00eda al cirujano demandado, \u00c1vila Molina; es decir, no existe nexo convencional y no se conoce norma alguna, que en el caso presente obligue(\u2026) al m\u00e9dico que practic\u00f3 la inicial cirug\u00eda al paciente fallecido, para indemnizar a SALUD TOTAL EPS, o reembolsar a la misma, total o parcialmente[,] la cantidad de dinero [a] que sea condenada en esta sentencia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el cargo auscultado su proponente enrostr\u00f3 al sentenciador de segunda instancia el quebranto directo de los art\u00edculos 1579 y 2352 del C\u00f3digo Civil y precis\u00f3 que el error cometido consisti\u00f3 en que esa Corporaci\u00f3n \u201cconsider\u00f3 que entre la IPS y el m\u00e9dico que efectivamente causaron el da\u00f1o y la EPS a la cual se encontraba afiliada la v\u00edctima, no existe relaci\u00f3n de garant\u00eda\u201d (se subraya). <\/p>\n
Adelante observ\u00f3 que el ad quem no aplic\u00f3 los citados preceptos, seg\u00fan los cuales \u201ces claro (i) que existe acci\u00f3n de repetici\u00f3n para el sujeto que paga una condena como consecuencia de un da\u00f1o causado por quienes deben responder y (ii) que en el evento de solidaridad, el deudor que paga se subroga en los derechos del acreedor contra los dem\u00e1s codeudores\u201d. <\/p>\n
4. Siendo ello as\u00ed, como en el caso del cargo anterior, se constata que ninguna de esas normas fue base esencial, o debi\u00f3 serlo, del fallo impugnado, como pasa a dilucidarse: <\/p>\n
6.4.1. Dispone el art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil, en lo que aqu\u00ed resulta pertinente poner de presente, que: <\/p>\n
El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda (se subraya). <\/p>\n
Como con absoluta nitidez se aprecia, para que la subrogaci\u00f3n de que habla la norma opere en favor de uno de los codeudores solidarios, es indispensable que \u00e9l haya pagado la deuda o la haya extinguido por uno de los medios equivalentes al pago. <\/p>\n
Tal exigencia acompasa con los lineamientos generales de la subrogaci\u00f3n, explicados por la Corte en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La subrogaci\u00f3n, (\u2026), a voces del Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, vig\u00e9sima primera edici\u00f3n, Tomo II, pp. 1912, es la \u2018Acci\u00f3n y efecto de subrogar o subrogarse\u2019, es decir, \u2018Sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra\u2019. Esta percepci\u00f3n trasluce plena de conformidad con lo plasmado en el art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil (el c\u00f3digo de comercio no introdujo definici\u00f3n alguna sobre el particular), en cuanto que es considerada como \u2018la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga\u2019, desplazamiento que puede sobrevenir por ministerio de la ley o por acuerdo ajustado entre el acreedor primigenio y el tercero que satisface la prestaci\u00f3n debida. <\/p>\n
Pothier la defini\u00f3 como: Una ficci\u00f3n de derecho por la cual el acreedor es considerado ceder sus derechos, acciones, privilegios e hipotecas a aquel de quien recibe lo que se le debe (Introduction \u00e1 la contume d\u00b4Orleans, t. 20, n\u00b0 66; Trait\u00e9 des obligations, n\u00b0, 559). <\/p>\n
Noci\u00f3n a la que se sumaron otros autores al decir: <\/p>\n
\u2018Para que pueda hablarse de subrogaci\u00f3n es preciso un pago hecho por quien, no siendo deudor, o al menos no \u00fanico o principal deudor, tenga derechos de regreso contra el deudor principal o el codeudor, para recuperar en todo o en parte la suma desembolsada. Es, pues, necesario un acuerdo de las partes interesadas, o una disposici\u00f3n legal, que d\u00e9 derecho a la subrogaci\u00f3n\u2019 (Jorge Giorgi, Teor\u00eda de las obligaciones en el Derecho Moderno, Madrid Editoral Reus, S.A., Volumen VII, pag. 183). <\/p>\n
Y, ciertamente, los art\u00edculos 1667 y 1668 del C\u00f3digo Civil Colombiano, en su orden, contemplan las hip\u00f3tesis de la subrogaci\u00f3n tanto la que proviene de un pacto de los interesados como aquella que surge por la sola disposici\u00f3n de la ley. La \u00faltima de las normas citadas consagra: <\/p>\n
\u2018Se efect\u00faa la subrogaci\u00f3n por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos se\u00f1alados por las leyes (\u2026.)\u2019. <\/p>\n
Por manera que, en l\u00ednea de principio, una vez efectuado el pago la subrogaci\u00f3n se produce y, con ello, connatural a dicha instituci\u00f3n, sobreviene la sustituci\u00f3n del inicial acreedor; bajo esa perspectiva, quien satisface la contraprestaci\u00f3n respectiva asume la posici\u00f3n de quien fuera en un comienzo su titular (CSJ, SC 17494 del 14 de enero de 2015, Rad. n. \u00b0 2007 00144 01; se subraya). <\/p>\n
Con otras palabras, sin pago o extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n solidaria, no hay subrogaci\u00f3n, es decir, no se produce ning\u00fan efecto para los codeudores solidarios. <\/p>\n
En este orden de ideas, f\u00e1cil es comprender que el comentado precepto no era, ni es, aplicable en el caso sub lite, en tanto que no estando acreditado el pago o la extinci\u00f3n, por parte de Salud Total S.A. EP.S., de las condenas solidarias impuestas en la sentencia de segunda instancia, no ha operado en favor de ella la subrogaci\u00f3n prevista en dicha norma y, por lo mismo, ninguna acci\u00f3n puede ejercer en contra de los otros deudores solidarios, menos la de repetir la suma pagada en proporci\u00f3n a las cuotas que a ellos corresponda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En lo que hace al art\u00edculo 2352 del C\u00f3digo Civil, es del caso reiterar las apreciaciones que se dejaron plasmadas al resolverse el cargo anterior, pues si como se consign\u00f3 en el propio llamamiento en garant\u00eda, no existe ning\u00fan v\u00ednculo contractual entre Salud Total S.A. E.P.S. y el doctor Hernando \u00c1vila Molina, menos posibilidad hay de identificar una relaci\u00f3n de dependencia o subordinaci\u00f3n de \u00e9l hac\u00eda aqu\u00e9lla, y por lo mismo, que el referido precepto est\u00e9 llamado a gobernar el eventual nexo obligacional de los dos, del que pudiera derivarse el derecho de la llamante a obtener del citado llamado el resarcimiento de los perjuicios por ella sufridos o el reembolso de las sumas de dinero a que fue condenada en esta controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En este orden de ideas, el cargo no prospera. <\/p>\n
LAS COSTAS <\/p>\n
El fracaso de la totalidad de los cargos propuestos por los tres recurrentes en casaci\u00f3n, determina que las costas del recurso extraordinario deban ser asumidas por ellos, as\u00ed: <\/p>\n
La Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.- y Hernando \u00c1vila Molina en favor de los actores. Como \u00e9stos guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado de las demandas presentadas en nombre de aqu\u00e9llos, se fija la suma de $3.000.000.oo como agencias en derecho a cargo de cada una de las precitadas recurrentes. <\/p>\n
Salud Total S.A. E.P.S. en favor de los llamados en garant\u00eda Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. -Cl\u00ednica Tolima S.A.-, Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y Hernando \u00c1vila Molina. Como los dos primeros guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda presentada en nombre de la llamante, se fija la suma de $3.000.000.oo como agencias en derecho para cada uno de ellos. En cambio, como el doctor Hernando \u00c1vila Molina replic\u00f3 en tiempo el libelo sustentatorio de la impugnaci\u00f3n de que se trata, se fija la suma de $6.000.000.oo como agencias en derecho en favor de \u00e9l. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil \u2013 Familia, en el proceso plenamente identificado en el inicio del presente fallo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de los recurrentes, conforme lo indicado en la parte final de las consideraciones de este prove\u00eddo. La Secretar\u00eda de la Sala practique las correspondientes liquidaciones. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC042-2022 (2008-00283-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC042-2022 Radicaci\u00f3n N.\u00b0 73001-31-03-006-2008-00283-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}