STC1181-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1169-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00258-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Marta Elena Montoya Restrepo contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, y a las partes e intervinientes en el amparo constitucional con radicado 2021-00268. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y al \u00abprincipio de solidaridad\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el citado asunto, y, solicit\u00f3 en consecuencia, \u00abque se revoque la sentencia dentro del radicado 202100268 proferida por el tribunal (\u2026) y en consecuencia se le ordene a la DIAN que anule el proceso de cobro coactivo, mientras se [le] otorgan soluciones de pago acordes a [su] calidad de desplazada\u00bb. <\/p>\n
Expuso que en anterior oportunidad, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello, en raz\u00f3n a que dicha entidad administrativa inici\u00f3 en su contra un tr\u00e1mite \u00absancionatorio\u00bb por incumplir su obligaci\u00f3n de declarar renta, asunto en el cual el 1\u00ba de agosto de 2017 se le impuso una multa de $464.052.000 y, tras ello, con resoluci\u00f3n de 2 de julio de 2021, liquidada la deuda, inici\u00f3 la ejecuci\u00f3n por $628.209.000. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, posteriormente, le fueron embargados tres (3) inmuebles, uno (1) de \u00e9stos secuestrado por el mencionado despacho municipal -comisionado para ese efecto-, predio que fue rematado por la \u00abirrisoria suma de 17 millones de pesos\u00bb. <\/p>\n
Todo lo anterior ocurri\u00f3 sin tener en cuenta que ella y su familia est\u00e1n incluidos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, pues \u00abparte de una de las bandas GDO de Bello, denominada como el MESA, al negar[se] a pagar extorsiones de grandes sumas de dinero y por denunciarlos ante las autoridades competentes\u00bb, los obligaron a \u00abdesplazarse\u00bb a Estados Unidos desde marzo de 2017. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la tutela anteriormente propuesta fue resuelta de manera favorable por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello en sentencia de 1\u00b0 de septiembre de 2021, y, en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto la actuaci\u00f3n de la Dian y las medidas cautelares decretadas frente a sus bienes. <\/p>\n
Sin embargo, impugnado el anterior pronunciamiento, el Tribunal ahora querellado, en fallo de 19 de enero de 2022, lo revoc\u00f3 y, en su lugar, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n convocada, por cuanto, seg\u00fan sostiene, esa misma autoridad defini\u00f3 otro caso igual al suyo, con rad. 2020-00078, otorgando los derechos reclamados; adem\u00e1s, advirti\u00f3 que su reproche cumpl\u00eda con los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad echados de menos por la autoridad aqu\u00ed accionada y adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 la jurisprudencia constitucional, en torno a \u00ablas obligaciones de las personas en calidad v\u00edctimas de la violencia y desplazados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El juzgado convocado remiti\u00f3 acceso virtual al expediente materia de queja. <\/p>\n
La DIAN se opuso al resguardo, relatando los antecedentes el auxilio criticado. Asegur\u00f3 que el mismo no prosperaba por cuestionarse un fallo de igual naturaleza y advirti\u00f3 que la solicitante incurri\u00f3 en \u00abtemeridad\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal censurado expres\u00f3 que resolvi\u00f3 el asunto a su cargo, atendiendo a la normatividad y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte Constitucional, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, \u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Con todo, se tiene presente, que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje; as\u00ed, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto resulta claro el fracaso de esta acci\u00f3n extraordinaria, pues la solicitante reprocha, concretamente, el fallo emitido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 19 de enero de 2022, en sede de impugnaci\u00f3n, dentro de la tutela por ella formulada contra la Dian y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello; por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al interponerse respecto de otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas por la jurisprudencia constitucional, antes citada, se presenta en este caso. <\/p>\n
Ante este panorama, advierte la Sala que lo intentado por la accionante a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, es controvertir decisiones de la misma categor\u00eda proferidas por el Juez constitucional de segunda instancia, para en su lugar, proteger las garant\u00edas fundamentales invocadas al no haberse accedido con la solicitud de \u00ablevantamiento de medidas cautelares sobre unos predios\u00bb, hechos que tornan abiertamente improcedente la protecci\u00f3n aqu\u00ed invocada, porque no se configuran los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia emitida por los funcionarios accionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que ante una posible irregularidad o desafuero cometido por los jueces de tutela al emitir sus fallos en esta especial jurisdicci\u00f3n, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo a\u00fan no se ha enviado para tal finalidad. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Marta Elena Montoya Restrepo contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001. <\/p>\n
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