STC1182-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1182-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00353-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Juan Zambrano Garc\u00eda, Jair Torres Ballestas, Trafico y Movimiento S.A.S. y Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes y a los intervinientes en el ejecutivo con radicado 2019-00290. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, los accionantes pidieron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas en el proceso citado, y, solicitaron, en consecuencia, \u00abque [se] revoque la providencia de fecha 13 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla (\u2026) y en su lugar el Tribunal se disponga a revocar la providencia de fecha 08 de julio de 2021, manteniendo inc\u00f3lume el mandamiento de pago de fecha 12 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que al estar satisfecha la gesti\u00f3n a su cargo, empero no la de Bravo Trans S.A.S., pues esa compa\u00f1\u00eda se abstuvo de cancelar un saldo de diecis\u00e9is (16) cuotas, pactadas, cada una, por cincuenta y cinco mil setecientos treinta y dos d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (USD$55.732), para un total de ochocientos noventa y un mil setecientos once d\u00f3lares (USD$891.711), reclamaron que se librara el mandamiento de pago por esa \u00faltima suma, petici\u00f3n acogida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla mediante auto de 12 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el apoderado judicial, que notificada la sociedad ejecutada, formul\u00f3 reposici\u00f3n alegando lo siguiente: <\/p>\n
\u00aba) Inexistencia del T\u00edtulo Ejecutivo por no existir documento soporte en el que acredite o se tenga certeza de los pagos efectuados por el deudor. <\/p>\n
b) Excepci\u00f3n de Contrato No Cumplido, en el entendido que no se puede pedir la ejecuci\u00f3n del contrato si existen obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de los vendedores. <\/p>\n
c) Existencia de vicios redhibitorios en las acciones enajenadas. <\/p>\n
d) Imposibilidad de ejercer los derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos de las acciones transferidas. <\/p>\n
e) Errores formales en el mandamiento de pago por cuanto no se estableci\u00f3 la fecha en que deb\u00eda hacerse la conversi\u00f3n de d\u00f3lares a pesos, no estableci\u00f3 la fecha desde la cual se deb\u00edan calcular los intereses, y carece el mandamiento de pago de la inclusi\u00f3n de cuotas no causadas\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 que los demandantes se opusieron a las defensas anteriores, alegando, en s\u00edntesis, que estaba acreditado el cumplimiento de sus obligaciones y la efectiva transferencia de las acciones, cuesti\u00f3n aceptada por parte de la compradora seg\u00fan lo consignado en el mismo contrato; que la posible \u00abacci\u00f3n redhibitoria\u00bb estaba prescrita; que algunos de los cuestionamientos de la demandada deb\u00edan ser definidos de fondo en sentencia; y que lo relativo a especificar la tasa de cambio para el auto de apremio, no estaba previsto en la Ley, pues el art\u00edculo 431 del C\u00f3digo General del Proceso permite que se libre el mismo en divisa extranjera. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla en providencia de 8 de julio de 2021, revoc\u00f3 la de 12 de diciembre de 2019 y, por tanto, el mandamiento coercitivo, con lo cual, seg\u00fan los accionantes, incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues, de manera oficiosa, determin\u00f3 que no pod\u00eda establecerse la \u00abexigibilidad\u00bb de la obligaci\u00f3n en cuanto al pago del saldo pactado en cuotas, dado que \u00e9stas estaban sujetas a una condici\u00f3n, consistente en el inicio de operaciones de la Sociedad Portuaria Marinas del Caribe S.A.S, actuaci\u00f3n ausente de prueba. <\/p>\n
Formularon apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, con fundamento en que el a quo hab\u00eda desbordado su competencia, adem\u00e1s, porque en el t\u00edtulo ejecutivo se se\u00f1al\u00f3, expresamente, que de no establecerse el \u00abinicio de las operaciones\u00bb de la prenombrada compa\u00f1\u00eda, las cuotas ser\u00edan exigibles \u00abno antes de nueve (9) meses de la firma del (\u2026) contrato\u00bb; por ello, en su criterio, el juez de primer grado se equivoc\u00f3 \u00abal pretender darle el car\u00e1cter de condici\u00f3n a un plazo realmente establecido\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal Superior de Barranquilla, al desatar la alzada en prove\u00eddo de 14 de diciembre de 2021, \u00abprohij[\u00f3 la] v\u00eda de hecho\u00bb de la primera instancia, pues aunque acept\u00f3 \u00abla falencia del juzgado (\u2026) al haber revocado el mandamiento de pago [con sustento en que] (\u2026) el t\u00edtulo ejecutivo presentado (\u2026) conten\u00eda un plazo y no una condici\u00f3n, plazo que estaba vencido al momento de haber presentado la demanda\u00bb, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Sostuvo que esto \u00faltimo, lo hizo la Corporaci\u00f3n accionada so pretexto del control oficioso que deb\u00eda realizarse al t\u00edtulo, con lo cual se \u00abapart[\u00f3] de forma arbitraria (\u2026) del art\u00edculo 430 del CGP\u00bb, inciso 2\u00b0\u00bb, pues, sin que la demandada hubiese efectuado una alegaci\u00f3n al respecto, impuso \u00abun requisito inexistente en norma jur\u00eddica como lo es el deber de aportar el certificado de la Superintendencia Financiera al libelo demandatorio como requisito necesario y obligatorio para que se pudiera dictar el mandamiento de pago, situaci\u00f3n que constituye una V\u00cdA DE HECHO PROTUBERANTE, por cuanto el mencionado mandamiento de pago puede librarse en moneda extranjera, y ello no afecta en ninguna manera los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo en un proceso de la misma naturaleza\u00bb. <\/p>\n
Manifiestan que la gesti\u00f3n descrita quebranta sus prerrogativas, pues desconoce la normatividad aplicable y les impone cargas adicionales, toda vez que \u00abno es requisito legal ni procesal presentar certificado de la Superfinanciera sobre la TRM, m\u00e1xime cuando dicha tasa es un hecho notorio\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 3 de febrero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2019-00290. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto la \u00abdecisi\u00f3n [all\u00ed] adoptada (\u2026) tiene como sustento normas sustanciales y procesales que en modo alguno comporta violaci\u00f3n o amenaza a las garant\u00edas fundamentales invocadas por el accionante\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal convocado envi\u00f3 el acceso virtual del expediente censurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los accionantes a trav\u00e9s de apoderado judicial, cuestionan concretamente, el pronunciamiento de 13 de diciembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la providencia de 8 de julio de 2021, mediante la cual el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla en providencia de 8 de julio de 2021 revoc\u00f3 el mandamiento de pago y dispuso el archivo del expediente, pues, aseguran, en esa decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 la normativa aplicable, adem\u00e1s que les impuso un requisito \u00abinexistente\u00bb para la emisi\u00f3n de la orden coercitiva. <\/p>\n
Revisada la citada providencia, se observa, como lo advirtieron los peticionarios en el escrito tutelar, que la Corporaci\u00f3n accionada, acogi\u00f3, de entrada su censura, en cuanto a que se hallaba acreditada la exigibilidad de las cuotas cobradas, aspecto sobre el cual expuso: <\/p>\n
\u00ab[E]ncontramos que los ejecutantes manifiestan y acreditan, haber suscrito con el demandante un contrato de compraventa de acciones societarias, por un precio de DOS MILLONES DE D\u00d3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$2.000.000), de los cuales manifiestan haber recibido el pago de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) en dos contados, y doce (12) tractomulas avaluadas en DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000), para un total de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000); quedando el demandado obligado a pagar el saldo, en dieciocho (18) cuotas de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS D\u00d3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$55.732), las cuales ser\u00edan exigibles a partir del inicio de operaciones de la SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE S.A.S., pero en todo caso \u201c(\u2026) los pagos se har\u00edan exigibles no antes de nueve (9) meses contados a partir de la firma del contrato de compraventa de acciones de fecha 19 de septiembre de 2017, pero nunca despu\u00e9s de dieciocho (18) meses contados a partir de la firma del mencionado contrato\u2026\u201d; que en cumplimiento de ello, el demandado pag\u00f3 la primera cuota en marzo 22 de 2019, y la segunda cuota en abril 23 de 2019, omitiendo cancelar las diecis\u00e9is (16) cuotas subsiguientes, presentando un saldo insoluto de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE D\u00d3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$891.711). <\/p>\n
A pesar de lo expuesto, el Tribunal estim\u00f3 que deb\u00eda mantenerse la decisi\u00f3n del a quo porque no hab\u00eda lugar a librar el mandamiento de pago, puesto que, trat\u00e1ndose de una obligaci\u00f3n pactada en moneda extranjera, debi\u00f3 aportarse \u00abel certificado expedido por la Superintendencia Financiera, que d\u00e9 cuenta de la tasa representativa del mercado\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, comenz\u00f3 por indicar que la demandada hab\u00eda alegado la \u00abinexistencia del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb al no establecerse \u00abla tasa representativa del mercado aplicable\u00bb, luego de lo cual el Tribunal cit\u00f3 el art\u00edculo 28 de la Ley 9 de 1991 y el 3\u00b0 del Decreto 1735 de 1993, as\u00ed como el canon 79 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 8 de 2000 del Banco de la Rep\u00fablica y precis\u00f3 que, de acuerdo con esa normativa, <\/p>\n
\u00abaquellas obligaciones que no correspondan a operaciones de cambio, que se estipulen en moneda extranjera, ser\u00e1n pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contra\u00eddas, salvo que las partes hayan pactado una fecha o tasa de referencia distinta\u00bb. <\/p>\n
Enseguida y, para el caso bajo su conocimiento, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[P]ara efectos judiciales, respecto del pago de obligaciones pactadas en moneda extranjera, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 874 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 28 de la Ley 9 de 1991, y el art\u00edculo 80 de la Resoluci\u00f3n Nro. 8 de 2000, \u201cPara los efectos previstos en esta resoluci\u00f3n, se entiende por \u00abtasa de cambio representativa del mercado\u00bb la de las operaciones de compra y venta de divisas que calcula y certifica la Superintendencia Bancaria con base en la informaci\u00f3n disponible, conforme a la metodolog\u00eda establecida por el Banco de la Rep\u00fablica. Para el c\u00e1lculo de dicha tasa se deber\u00e1n excluir las operaciones de ventanilla y las de derivados\u2026\u201d, reglamentaci\u00f3n que implica, en aquellos casos en que el pago de la obligaci\u00f3n haya sido pactado en moneda extranjera y se pretenda su cobro a trav\u00e9s de la jurisdicci\u00f3n, que el demandante deba aportar el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, que d\u00e9 cuenta de la tasa representativa del mercado, en la fecha en que fue contra\u00edda la obligaci\u00f3n, o en aquella estipulada por los contratantes si as\u00ed lo hubieren convenido, a efectos de determinar el valor en pesos de la deuda, para efectos de librar el mandamiento de pago; anexo que la parte actora no acompa\u00f1\u00f3 a la demanda, y tampoco al descorrer el traslado del recurso de reposici\u00f3n; omisi\u00f3n \u00e9sta que impide determinar con la claridad que exige el art.422 del C.G.P., el monto de la obligaci\u00f3n, y que por ende, imped\u00eda librar el mandamiento de pago solicitado; de manera que ser\u00e1 esta la raz\u00f3n por la cual se confirmar\u00e1 el auto apelado, sin que resulte necesario abordar los dem\u00e1s temas del recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Para definir el presente asunto, corresponde se\u00f1alar preliminarmente a los peticionarios, que contrario a sus aseveraciones, el juez natural, en primer y segundo grado, s\u00ed tiene la \u00abpotestad-deber\u00bb, incluso oficiosamente, de revisar los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y establecer si se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles, pues a pesar de lo reglado en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Sala ha insistido, en m\u00faltiples ocasiones, en que <\/p>\n
\u00abese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem (\u2026). [L]a hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb (CSJ, STC18432-2016, citada y reiterada en STC4808-2017 y STC13992-2021, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, justamente, es a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n que se formula en contra del mandamiento de pago que se pueden cuestionar los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que, se reitera, el l\u00edmite impuesto en la norma, impida al juez la revisi\u00f3n oficiosa, quien conserva la potestad para hacerlo, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) (\u2026)\u201d. (CSJ 290-2021) <\/p>\n
3. Ahora, al margen de lo anterior, estudiada la argumentaci\u00f3n del Tribunal enjuiciado para mantener la decisi\u00f3n del a quo, esto es, la revocatoria del mandamiento de pago, la Sala concluye la procedencia de la protecci\u00f3n constitucional solicitada, pues, en realidad, a los tutelantes les fue impuesta una carga ajena al ordenamiento jur\u00eddico, lo cual va en detrimento de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, se observa que, si bien la Corporaci\u00f3n acusada argument\u00f3 que la deuda materia del cobro, contra\u00edda en d\u00f3lares, deb\u00eda pagarse en pesos, seg\u00fan lo devel\u00f3 de los art\u00edculos 874 del C\u00f3digo de Comercio, 28 de la Ley 9 de 1991, 3\u00b0 del Decreto 1735 de 1993 y 79 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 8 de 2000 del Banco de la Rep\u00fablica, por cuanto las obligaciones de las partes no obedec\u00edan a \u00aboperaciones de cambio\u00bb, ninguna de las preceptivas aducidas restringe la emisi\u00f3n de un mandamiento coercitivo a la existencia del \u00abcertificado expedido por la Superintendencia Financiera, que d\u00e9 cuenta de la tasa representativa del mercado\u00bb. <\/p>\n
Esa exigencia tampoco puede derivarse del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 431 del C\u00f3digo General del Proceso y, tampoco puede imponerse como un anexo forzoso de la demanda, pues al tratarse la TRM de un \u00abindicador financiero\u00bb es un \u00abhecho notorio\u00bb que \u00abno requiere (\u2026) prueba\u00bb, conforme al inciso final del art\u00edculo 167 y al art\u00edculo 180 \u00eddem. <\/p>\n
Sobre ese \u00faltimo aspecto, esta Corte, en un caso sobre la liquidaci\u00f3n en d\u00f3lares de una pensi\u00f3n, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[D]ebe subrayarse que [la liquidaci\u00f3n] se har\u00e1 teniendo en cuenta la tasa de cambio representativa del mercado a la fecha del pago, seg\u00fan la consulta realizada en la p\u00e1gina web del Banco de la Rep\u00fablica, la cual, por constituir un hecho notorio no requiere de prueba, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 180 del C.G.P., aplicable a los juicios del trabajo y de la seguridad en virtud del art\u00edculo 145 del C.P.T. y de la S.S., de conformidad con el cual todos los indicadores econ\u00f3micos nacionales se consideran hechos notorios\u00bb (SL4975-2018). <\/p>\n
Por tanto, si la Corporaci\u00f3n acusada consideraba seg\u00fan las normas que refiri\u00f3, que el mandamiento de pago no pod\u00eda librarse en d\u00f3lares porque deb\u00eda establecerse el valor de la TRM \u00aben la fecha en que fue contra\u00edda la obligaci\u00f3n, o en aquella estipulada por los contratantes si as\u00ed lo hubieren convenido, a efectos de determinar el valor en pesos de la deuda\u00bb, y si estimaba que conforme al art\u00edculo 80 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 8 de 2000 del Banco de la Rep\u00fablica1, el rese\u00f1ado certificado de la Superintendencia Financiera era un anexo necesario, bien pudo disponer la modificaci\u00f3n del apremio coercitivo para que el a quo lo ajustara, previa verificaci\u00f3n del indicador econ\u00f3mico mencionado por las v\u00edas establecidas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, se encuentra la vulneraci\u00f3n endilgada, pues el Tribunal Superior de Barranquilla incurri\u00f3 en un defecto procedimental al sacrificar el derecho sustancial sobre las formas, ya que, se reitera, impuso una exigencia excesiva impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
Sobre el anotado defecto, esta Sala, citando a la Corte Constitucional, ha indicado que se configura, <\/p>\n
\u00abcuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16); tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
(\u2026) [Adem\u00e1s, el] defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CSJ. STC17282-2021). <\/p>\n
Resta se\u00f1alar que el auxilio ser\u00e1 otorgado para que la Corporaci\u00f3n acusada desate, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo con apoyo en las consideraciones aqu\u00ed expuestas, con independencia, claro est\u00e1, de todo an\u00e1lisis que pueda realizar la sala censurada, sobre el cumplimiento de los requisitos formales del t\u00edtulo. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela promovida por Juan Zambrano Garc\u00eda, Jair Torres Ballestas, Tr\u00e1fico y Movimiento S.A.S. y Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por la Magistrada Vivian Victoria Saltar\u00edn Jim\u00e9nez, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, previa recepci\u00f3n del expediente objeto de censura, deje sin efecto el prove\u00eddo de 14 de diciembre de 2021 y, en su lugar, resuelva la apelaci\u00f3n a su cargo, nuevamente, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de la misma. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita el expediente objeto de censura al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLa TRM ser\u00e1 calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informaci\u00f3n disponible y la reglamentaci\u00f3n expedida por el Banco de la Rep\u00fablica. (\u2026) En aquellos casos en que no se pueda calcular la TRM de acuerdo con los criterios que se\u00f1ale el Banco de la Rep\u00fablica, la TRM del d\u00eda corresponder\u00e1 a la \u00faltima tasa calculada y certificada, por la Superintendencia Financiera de Colombia\u00bb <\/p>\n
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STC1182-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1182-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00353-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la tutela formulada por Juan Zambrano Garc\u00eda, Jair Torres […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}