STC1184-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1184-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00642-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, honra y buen nombre, presuntamente transgredidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que tras no recibir respuesta a una petici\u00f3n que elev\u00f3 ante Datacr\u00e9dito, Procr\u00e9dito y Comfenalco, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de esas entidades para que borraran los datos negativos que figuraban a su nombre, asunto adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, despacho que declar\u00f3 la improcedencia del amparo por hecho superado, argumentando que las referidas entidades enviaron un informe en el cual indicaban que el reclamante \u00abno registraba datos negativos\u00bb, lo que en su sentir es \u00abfalso\u00bb, porque sigue apareciendo en las centrales de riesgo con informaci\u00f3n negativa. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que no se tuvo en cuenta la aplicaci\u00f3n de la Ley 2157 de 2021, seg\u00fan la cual deber\u00eda estar \u00abintegralmente borrado de todas las centrales de datos negativos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3, que el amparo radicado n\u00ba 2021-01013 iniciado por el actor, fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n el 5 de diciembre de 2021; asimismo, dijo remitirse a los fundamentos plasmados en la decisi\u00f3n adoptada en sede de instancia. <\/p>\n
Fenalco Antioquia destac\u00f3 que despu\u00e9s de realizar la correspondiente b\u00fasqueda en la base de datos de \u00abPROCR\u00c9DITO\u00bb, se observ\u00f3 que el querellante no posee informaci\u00f3n crediticia, raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Experian Colombia S.A. \u2013 Datacr\u00e9dito, comunic\u00f3 que en la \u00abhistoria de cr\u00e9dito\u00bb del quejoso consultada el 14 de diciembre de 2021, se ve reflejada la obligaci\u00f3n n\u00ba 14073524 adquirida por aqu\u00e9l con Claro Soluciones M\u00f3viles, la cual se encuentra abierta, vigente y reportada, por lo que no pod\u00eda proceder a la eliminaci\u00f3n del dato negativo, pues versa sobre una situaci\u00f3n actual de impago. <\/p>\n
Comfenalco Antioquia, sostuvo que no tiene en sus registros obligaci\u00f3n alguna de parte del suplicante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, neg\u00f3 la salvaguarda, tras argumentar que \u00abpara el demandante, el informe que presentaron las entidades vinculadas en el tr\u00e1mite de la tutela no daba lugar a la conclusi\u00f3n de hecho superado que se tom\u00f3 en las dos sentencias de tutela cuestionadas; sin embargo, con las actuaciones realizadas en el escrito de tutela no se se\u00f1al\u00f3 y menos a\u00fan se demostr\u00f3 la ocurrencia de un fraude, por lo que no se cumple el requisito para revisar por v\u00eda de tutela una decisi\u00f3n adoptada en una sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el asunto de correcci\u00f3n de datos negativos del demandante en centrales de riesgo, ya fue sometido a la jurisdicci\u00f3n constitucional y en doble instancia se dio un pronunciamiento en que se coincide que no existe la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del quejoso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Recurri\u00f3 el tutelante, quien manifest\u00f3 que se omiti\u00f3 el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte Constitucional, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, \u201cEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Con todo, se tiene presente, que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje; as\u00ed, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, se advierte que no se abordar\u00e1 el estudio del reproche planteado por Luis Guillermo Bol\u00edvar Cano, habida cuenta que no se est\u00e1 en presencia de ninguna de las excepciones anotadas; adem\u00e1s, porque su objetivo es, atacar el sentido mismo de la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza por \u00e9l iniciada contra Comfenalco y Procr\u00e9dito tr\u00e1mite al que fue vinculado Datacr\u00e9dito Experian Colombia, por la presunta vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n, ante la supuesta ausencia de una respuesta de fondo a la petici\u00f3n que elev\u00f3 ante esas entidades para que eliminaran sus reportes negativos de las correspondientes bases de datos. <\/p>\n
No obstante, cabe destacar que al revisar el expediente digital, se evidenci\u00f3 que el juzgado aqu\u00ed accionado, en la sentencia de 10 de noviembre de 2021, consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abT\u00e9ngase en cuenta que el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 46 del Decreto 2591 de 1991 dispone de forma especial y concreta para el caso de la acci\u00f3n de tutela que persigue una protecci\u00f3n en el \u00e1mbito del derecho fundamental al habeas data; y expone de forma expresa que la tutela contra particulares con ese prop\u00f3sito solo ser\u00e1 procedente cuando se hubiese hecho la solicitud en ejercicio del habeas data a la entidad privada contra la cual se esgrime la pretensi\u00f3n constitucional. Eso devela que el actor Luis Guillermo Bol\u00edvar Cano ten\u00eda una m\u00ednima carga probatoria que cumplir para que se pudiese abrir el debate de fondo respecto a si el dato negativo deb\u00eda permanecer o no en las bases de datos de Procr\u00e9dito y Datacr\u00e9dito. Como m\u00ednimo el actor debi\u00f3 acreditar que agot\u00f3 ese requisito de procedibilidad y que intent\u00f3, previo a este mecanismo iusfundamental, solicitar la rectificaci\u00f3n o correcci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
El asunto no amerita un desgaste argumentativo muy complejo en tanto en la primera instancia se abord\u00f3 esta tem\u00e1tica y la no acreditaci\u00f3n del agotamiento de la reclamaci\u00f3n prejudicial (no haber presentado la petici\u00f3n ante las entidades) ante las mismas entidades fue ratio decidendi de la providencia objeto de revisi\u00f3n en impugnaci\u00f3n. No existen argumentos para desvirtuar las conclusiones del a quo; en efecto, el se\u00f1or Bol\u00edvar Cano no solo no acredit\u00f3 haber remitido la solicitud que habilitar\u00eda la procedencia del an\u00e1lisis de fondo, sino que manifest\u00f3 no tener prueba de ello, por lo que es evidente que su escrito inicial carece de ese requisito que, como ya se dijo, es indispensable para abrir el debate que podr\u00eda suscitarse en torno al fondo del asunto. <\/p>\n
A lo anterior debe agregarse que ning\u00fan reparo ni concreto, ni abstracto, fue presentado por la parte actora, quien solo expuso su intenci\u00f3n de \u201capelar\u201d, sin que pueda evidenciarse un aspecto de censura a la decisi\u00f3n de primera instancia. Aun as\u00ed, y haciendo un an\u00e1lisis riguroso de lo resuelto, no queda otra salida que avalar el criterio bajo el cual se entiende que lo pretendido es improcedente hasta tanto no se cumpla con la carga pre-judicial que contempla la norma constitucional, la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tampoco se demostr\u00f3 el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, por cuanto no se halla acreditado un proceder ilegal del fallador acusado, t\u00e9ngase en cuenta que la inconformidad del querellante no constituye el \u00abfraude\u00bb que pretende predicar; por tanto, es inviable la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-627 de 2015 atr\u00e1s citada, al no configurarse ninguno de los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela respecto de otras de igual linaje. <\/p>\n
2. Con todo, y acorde a lo comunicado por el Juzgado querellado quien inform\u00f3 que el amparo con radicado n\u00ba 2021-01013, fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n el 5 de diciembre de 2021, el petente podr\u00e1 solicitar a esa Corporaci\u00f3n la revisi\u00f3n del fallo controvertido, y, en caso de ser necesario, hacer uso del mecanismo de insistencia. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u00ab[C]omo el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00 reiterada en la STC10390-2021). <\/p>\n
3. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001. <\/p>\n
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