STC1190-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1190-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02763-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Juan Gonzalo \u00c1ngel Valencia y Yaneth Sabrina Ram\u00edrez Espinosa instauraron contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso No. 2004-00568-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en nombre propio, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, y requirieron, ordenar al \u00abJuzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 responder en debida forma a la petici\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inicial se pueden extraer los siguientes hechos relevantes. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 conoce del ejecutivo promovido por el Banco Colmena BSCS -hoy Banco Caja Social-, contra los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
Desde el a\u00f1o 2011 se ha intentado llevar a cabo el remate del bien objeto del litigio, y desde el 2014 hasta la fecha, la audiencia de remate se ha reprogramado 18 veces. <\/p>\n
Bajo dicho panorama, presentaron derecho de petici\u00f3n el 10 de septiembre de 2021, solicitando el desistimiento t\u00e1cito, sin que se les haya dado respuesta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que, es improcedente el derecho de petici\u00f3n para obtener impulso procesal, y que, adicionalmente, la solicitud impetrada por los promotores fue resuelta el 30 de noviembre de 2021 \u00abse les indic\u00f3 que al haber efectuado la petici\u00f3n en causa propia no se tramitar\u00eda la misma ya que dada la cuant\u00eda del asunto las partes deben actuar por conducto de apoderado judicial\u00bb. Finalmente, advirti\u00f3 que no procede el desistimiento t\u00e1cito ya que el proceso no ha permanecido inactivo en secretaria por 2 a\u00f1os. <\/p>\n
El apoderado de la entidad ejecutante solicit\u00f3 negar el auxilio, pues el proceso ha cumplido con el tr\u00e1mite legalmente establecido, y son los accionantes, los que a trav\u00e9s de dilaciones no han permitido que se lleve a cabo la diligencia de remate. <\/p>\n
El Coordinador de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, afirm\u00f3 que el requerimiento impetrado por \u00c1ngel Valencia y Sabrina Ram\u00edrez fue resuelto mediante auto de 30 de noviembre de 2021. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que la solicitud de desistimiento t\u00e1cito, es un asunto inherente al juicio, lo que torna inadecuado el amparo constitucional al derecho de petici\u00f3n. Especific\u00f3 que \u00abno es factible predicar la vulneraci\u00f3n de la evocada prerrogativa, por cuanto las solicitudes elevadas ante la entidad y la promotora, conciernen a una gesti\u00f3n o actuaci\u00f3n propia del rese\u00f1ado diligenciamiento que se disciplina por las normas previstas en la Ley en comento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Loa accionantes alegaron que \u00abla petici\u00f3n que se present\u00f3 hace parte del proceso judicial y esto implica que la \u00fanica voz que puede escucharse sea la de un profesional del derecho. Pero ya se ha tratado con el juzgado y se ha revelado que no contamos con un abogado que nos represente, porque aceptaron la renuncia de nuestro apoderado y quedamos desamparados. \u00bfPor qu\u00e9 no tenemos abogado? Porque no tenemos los recursos para soportar los honorarios de uno y cre\u00edmos que un juez debe guiarse por la garant\u00eda de un proceso y los derechos de los usuarios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. <\/p>\n
El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Sala ha reiterado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras, STC3077-2021 y STC12833-2021). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
2. Ahora bien, igualmente observa la Corte que lo solicitado por los accionantes qued\u00f3 superado con la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, puesto que en auto de 30 de noviembre de 2021 les puso de presente a los interesados \u00abque al haber efectuado la petici\u00f3n en causa propia no se tramitar\u00eda la misma, ya que dada la cuant\u00eda del asunto las partes deben actuar por conducto de apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Se puede corroborar de la informaci\u00f3n allegada en esta instancia y del expediente electr\u00f3nico constitucional, que la presente acci\u00f3n de tutela fue notificada el 13 de diciembre de 2021 y antes de ello, ya hab\u00eda cesado la presunta vulneraci\u00f3n, en tanto que, mediante el referido auto (30 nov. 2121), ya se hab\u00eda dado respuesta a lo solicitado, por lo que se encuentra realmente superado el hecho que motiv\u00f3 la presente reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Finalmente y frente a lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n referente a que, \u00abla petici\u00f3n que se present\u00f3 hace parte del proceso judicial y esto implica que la \u00fanica voz que puede escucharse sea la de un profesional del derecho. Pero ya se ha tratado con el juzgado y se ha revelado que no contamos con un abogado que nos represente, porque aceptaron la renuncia de nuestro apoderado y quedamos desamparados. \u00bfPor qu\u00e9 no tenemos abogado? Porque no tenemos los recursos para soportar los honorarios de uno y cre\u00edmos que un juez debe guiarse por la garant\u00eda de un proceso y los derechos de los usuarios\u00bb, debe decirse que, por tratarse de hechos nuevos, no procede resolver en tal sentido, vale decir, porque son eventos que no fueron invocados en la tutela, frente a los cuales los implicados en este asunto no tuvieron oportunidad de ejercer contradicci\u00f3n, por lo que tal planteamiento es tard\u00edo en esta instancia. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021 y STC12825-2021). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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