STC1192-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1192-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00406-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Jairo Elver Urrego Osorio, formul\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Banco Agrario de Colombia, Datacr\u00e9dito Experian SA, Cifin Transunion y la Superintendencia de Industria y Comercio, y citados los intervinientes en el proceso con radicado No. 2016-00354-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, buen nombre, la honra y por fraude procesal y, solicit\u00f3 en consecuencia, conminar al Banco Agrario y al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 a levantar la medida cautelar de embargo que pesa sobre sus ingresos en el litigio No. 20160035400, y, que, adem\u00e1s, que le sea actualizada la informaci\u00f3n correspondiente ante las centrales de riesgo Datacr\u00e9dito y Cifin Transuni\u00f3n. <\/p>\n
2. Adujo que el Banco Agrario promovi\u00f3 ejecutivo en su contra y requiri\u00f3 como garant\u00eda del pago de la obligaci\u00f3n, el embargo de sus ingresos salariales. Por ello, procedi\u00f3 a cancelar lo debido, sin embargo, manifiesta que a\u00fan persiste dicha medida cautelar y el reporte negativo ante las centrales de riesgo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 expuso que \u00aben el referido proceso en el cuaderno No. 2 se decretaron medidas cautelares, sin que ninguna se haya perfeccionado ni materializado, pues al parecer esas no fueron diligenciada por la parte interesada, raz\u00f3n por la cual no se libraron oficios de levantamiento de medidas cautelares ordenadas en la decisi\u00f3n que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, con relaci\u00f3n a la eliminaci\u00f3n de su nombre en las centrales de riesgo no compete a dicho despacho ejecutar tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio solicit\u00f3 ser desvinculada del presente amparo por cuanto no se cumple con el presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues las presuntas vulneraciones denunciadas son ajenas al accionar de esta dicha entidad. <\/p>\n
Cifin Transunion aleg\u00f3 que no tiene facultad ni competencia para modificar o levantar los embargos que decretan las autoridades competentes. Por lo tanto, \u00abno es viable condenar a nuestra entidad en su rol de operador de la informaci\u00f3n, pues los datos reportados por la fuente y que se registran a nombre de la parte accionante son responsabilidad de la fuente y no del operador\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 Sala Civil Familia, neg\u00f3 el amparo, tras encontrar que, \u00abno se logra evidenciar que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del accionante, pues, tras revisar las documentales y actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo identificado con radicado No. 2016-00354-00, se verifica que el accionante, demandado al interior del coercitivo en menci\u00f3n, no ha concurrido en ning\u00fan momento a la defensa de sus intereses ante la agencia judicial aqu\u00ed convocada, ni mucho menos ha elevado petici\u00f3n tendiente al levantamiento de la cautela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El solicitante reiter\u00f3 que no se ha tenido en cuenta la ley de borr\u00f3n y cuenta nueva, lo cual vulnera las prerrogativas invocadas porque a\u00fan registra un reporte de embargo, obligaci\u00f3n que ya fue pagada voluntariamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, establece que la acci\u00f3n de tutela es la herramienta expedita para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades judiciales y los particulares, cuya aspecto subsidiario y residual no consiste en sustituir a los jueces funcionalmente competentes, ni los mecanismos ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el evento en estudio, solicit\u00f3 el accionante puntualmente, conminar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 para que levante la medida cautelar de embargo que pesa sobre sus ingresos en el litigio No.2016003540. <\/p>\n
No obstante, esta Corporaci\u00f3n observa que lo pedido en esta acci\u00f3n constitucional, no ha sido formulado por el solicitante ante el Juzgado que conoce del proceso, por lo tanto, el juez de tutela no puede intervenir en el asunto que por competencia le corresponde zanjar al juzgador natural. <\/p>\n
Lo anterior encuentra sustento en que esta especial acci\u00f3n no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que concierne proferir al competente, dado su eminente car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n tiene decantado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01, STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00 reiterado en STC-173-2022). <\/p>\n
Por lo tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche propuesto, dado el car\u00e1cter residual de este mecanismo extraordinario que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos en el interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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