STC1194-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1194-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00418-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Oscar Montoya Ram\u00edrez, Oscar Montoya Usma y Ligia Lucia Usma Porras, instauraron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el ejecutivo hipotecario con radicado 2003-0040. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, los accionantes demandaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad y vivienda digna, presuntamente vulnerados en el proceso reprochado, y, solicitaron, en consecuencia, \u00abSe otorgue UN TERMINO DE SESENTA D\u00cdAS (60) CALENDARIO y en este t\u00e9rmino se pueda, primero: hallar un lugar que remplace la vivienda digan (sic) que hemos tenido por m\u00e1s de doce (12) a\u00f1os con nuestra familia, decisi\u00f3n que permitir\u00e1 garantizar a los ni\u00f1os y adultos mayores que all\u00ed habitan, una vida digna, justa y con todas las garant\u00edas constitucionales que desde anta\u00f1o pudieron ofrecer los se\u00f1ores JOSE OSCAR MONTOYA RAMIREZ y OSCAR MONTOYA USMA y as\u00ed como LIGIA LUCIA USMA PORRAS Segundo: realizar las actividades jur\u00eddicas y organizacionales, que dieron or\u00edgenes a diferentes contratos de arrendamiento con los comerciantes de motocicletas y dem\u00e1s locales comerciales que tambi\u00e9n concurren en el lugar objeto de entrega, permitiendo con ellos evitar acciones judiciales en nuestra contra\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvieron que, ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Pereira el 23 de noviembre de 2021 presentaron acci\u00f3n de tutela para evitar ser desalojados del predio identificado con la nomenclatura Cra. 12 no. 22-67, y, solicitaron como medida provisional suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega programada para el 24 de noviembre del 2021. <\/p>\n
Informaron que, aunque el amparo fue negando, en principio les fue concedida la medida provisional solicitada y por ende se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de la entrega para esa fecha. <\/p>\n
Argumentaron que ocupan desde hace doce a\u00f1os el predio objeto de entrega en calidad de arrendatarios, y lo habitan con sus familias, entre los que se encuentran menores de edad, y que, para el 17 de enero de 2022, se program\u00f3 nuevamente fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega, oportunidad en la que no se llev\u00f3 a cabo por orden del nuevo propietario Rufino Santacoloma. <\/p>\n
Expusieron que la entrega forzada del bien les produce un estado de zozobra, que se asemeja al de una persona desplazada sin que sepan a donde se van a ubicar. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de la presente instancia solicitan medida provisional de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega programada para el 2 de febrero, la cual fue negada por auto de fecha 3 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira desestim\u00f3 el amparo constitucional por subsidiaridad al considerar que, <\/p>\n
\u00abLos interesados radicaron la tutela antes de que las accionadas resolvieran sendas peticiones orientadas a que se aplazara la entrega del inmueble (Ib., pdf.06, 07 y 16, enlace expediente digitalizado, carpeta No.1, pdf.45). Sin duda fue prematuro el ejercicio de esta herramienta constitucional. Necesario esperar el pronunciamiento de los encausados y agotar los recursos procedentes. Al respecto la CSJ expuso en reciente decisi\u00f3n (2021) 15: \u201c(\u2026) es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga (\u2026)\u201d. Tesis compartida por esta Sala de la Corporaci\u00f3n. La calidad de personas de especial protecci\u00f3n de algunos actores (Menores y tercera edad) flexibiliza el an\u00e1lisis de procedencia, mas no lo impide. La v\u00eda judicial es eficaz e id\u00f3nea para zanjar la controversia y cuentan con la asistencia de profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n
Los accionantes apelaron y rese\u00f1aron que \u00abSe hizo una valoraci\u00f3n por la flagrante violaci\u00f3n a nuestros derechos fundamentales, tales como: la dignidad, la salud, vivienda digna y debido proceso, y todos aquellos derechos que se puedan afectar y que gen\u00e9ricamente afectan nuestros m\u00e1s m\u00ednimos intereses. estos menoscabos se originaron por la finalizaci\u00f3n de un proceso judicial que no concedido a los suscritos arrendatarios una oportunidad de hacernos parte en el proceso, dada la existencia de contratos de arrendamiento, que en su cuerpo articulado permitieron la construcci\u00f3n de mejoras para la explotaci\u00f3n del objeto del contrato sobre el predio a entregar, la cual consist\u00eda en hacer locales comerciales y parqueaderos, para la explotaci\u00f3n de una actividad comercial; en el desarrollo del proceso hipotecario, no se tuvo la oportunidad de hacernos partes, as\u00ed como tampoco se realizaron las publicaciones que ordena el c\u00f3digo general del proceso frente a la etapa de remate con el fin de revisar y participar en funci\u00f3n de nuestros intereses con vocaci\u00f3n de posibles oferentes\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron no compartir los argumentos del Tribunal, porque la tutela la v\u00eda expedita para proteger sus derechos ante el cumplimiento de una orden judicial que dispuso la adjudicaci\u00f3n del bien del cual ahora se predica la entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, se advierte la inviabilidad de la salvaguarda por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
Revisado el expediente digital, evidencia la Sala que los accionantes acuden a esta v\u00eda excepcional, para obtener la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega respecto del inmueble que actualmente habitan, ubicado en la Cra. 12-No. 22-67 de la ciudad de Pereira, el cual fue rematado y adjudicado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso hipotecario con radicado 2003-0040. <\/p>\n
Pues bien, respecto de esta solicitud se advierte que, lo pretendido por los accionantes a trav\u00e9s de este amparo, es obtener un plazo de 60 d\u00edas para proceder a entregar el inmueble, plazo que, consideran suficiente para conseguir un lugar en donde habitar, circunstancia que pone en evidencia la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir lo pretendido, pues tal facultad estar\u00eda en cabeza de la funcionaria encargada de cumplir la orden impartida a trav\u00e9s de despacho comisorio para la entrega librado por el Juzgado del conocimiento, en todo caso, advertidas la limitantes impuestas por el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando de entrega de bien objeto de remate se trata. <\/p>\n
De all\u00ed que lo procurado por los recurrentes debe ser decidido por la autoridad con facultad para resolverla, debido a que la entrega proviene del remate del inmueble, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01 y reiterado en STC6853-2018. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, conviene recordar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la diligencia de entrega del predio al adjudicatario, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irremediable, esto es, que, no es viable acudir al amparo constitucional como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, por ejemplo, la entrega material, ya que \u00e9sta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente. <\/p>\n
Esta Corte ha enfatizado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC 6442-2019, reiterada en STC838-2020, STC5684-2020, STC11176-2020, STC2723-2021, STC6487-2021 y STC14292-2021, entre otras muchas). <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, la decisi\u00f3n implorada por este medio se torna improcedente, lo que conduce a confirmar la sentencia constitucional de primera instancia, puesto que, la Corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 con suficiencia las razones por las cuales no ten\u00eda vocaci\u00f3n de \u00e9xito. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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