STC1196-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1196-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n actuando en nombre y representaci\u00f3n de su hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes Aranda contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo \u2013Tolima, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y terceros intervinientes en el proceso de alimentos No. 2010-000153-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la protecci\u00f3n a los menores, igualdad y m\u00ednimo vital de su hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes Aranda, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado, al no haber tramitado en debida forma el proceso de alimentos donde fij\u00f3 como cuota alimentaria el 40% de todos los ingresos que percibiera el demandado Dick Laurence Puentes Acosta. <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que en el citado asunto tramitado ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Guamo, el demandado tiene la calidad de secretario del despacho en provisionalidad, y all\u00ed curs\u00f3 el proceso que culmin\u00f3 con una sentencia en la que se fij\u00f3 la cuota alimentaria referida. <\/p>\n
La pagadur\u00eda de la Rama Judicial o el \u00c1rea de Talento Humano, nunca dieron cabal cumplimiento a la sentencia proferida, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos a fin de cobrar los dineros que le dejaron de descontar al padre de su hija. <\/p>\n
De igual manera, radic\u00f3 incidente contra Luis \u00c1lvaro Bernal Vergara y Diego Hernando Quezada como director de Talento Humano y Pagador de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9, porque no acataron la orden de embargo, que fue rechazado de plano porque los citados fueron vinculados al proceso de alimentos, y como en audiencia de 20 de mayo de 2021 desisti\u00f3 de la demanda, no era procedente dar tr\u00e1mite a dicho pedimento. <\/p>\n
Considera que, no se puede predicar la existencia de cosa juzgada respecto de la Direcci\u00f3n Seccional – Pagadur\u00eda, porque en el pleito ejecutivo de alimentos se desvincul\u00f3 a la citada dependencia, y contra esa decisi\u00f3n no formul\u00f3 ning\u00fan recurso, adem\u00e1s desisti\u00f3 de las pretensiones de la demanda; y contrario a lo resuelto, si debe tramitarse el incidente, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art. 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Director Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia de Ibagu\u00e9 como vinculado contest\u00f3 que, la joven Aranda garz\u00f3n cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad del 12 de noviembre de 2021, y el se\u00f1or Puentes Acosta, se encuentra desvinculado de la Rama Judicial desde el 31 de agosto de 2020, adem\u00e1s dijo que se configura una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, porque no es el competente para fijar cuotas alimentarias. <\/p>\n
El se\u00f1or Dick Laurence Puentes Acosta, en calidad de vinculado respondi\u00f3 que su hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes desde el 21 de noviembre de 2021 cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 de manera directa promover la acci\u00f3n de tutela, y agreg\u00f3 que en audiencia de 20 de mayo de 2021 la progenitora de Mar\u00eda Jos\u00e9, desisti\u00f3 de las pretensiones de la demanda, habi\u00e9ndole entregado todos los t\u00edtulos judiciales. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Guamo, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el interior del proceso ejecutivo de alimentos No. 2016-000073-00, dijo que como la demandante desisti\u00f3 de las pretensiones de la demanda, seg\u00fan lo previsto por el art. 128 del C\u00f3digo General del Proceso, no pod\u00eda proponer un incidente con base en los motivos existentes al tiempo de su iniciaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Espinal, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo, tras considerar que existe falta de legitimaci\u00f3n por activa, al respecto dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a lo afirmado por la se\u00f1ora Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n, al momento de interponer la presente acci\u00f3n de tutela, su hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes Aranda ya hab\u00eda cumplido la mayor\u00eda de edad, de esa suerte, la sala advierte que no puede estudiar de fondo el amparo deprecado, toda vez que la accionante, Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n, no es titular de los derechos reclamados, al unison\u00f3 del art. 10 del decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, argumentando que, en lugar de haber negado el amparo implorado, el juez de tutela debi\u00f3 vincular a Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes Aranda al tr\u00e1mite, para que se hiciera parte en el asunto, o bien pudo haberla reconocido como agente oficiosa porque su hija no cuenta con el tiempo disponible para adelantar esta clase de actuaciones, y agreg\u00f3 que en este caso no puede comparecer pues su disponibilidad de tiempo es limitada porque se encuentra estudiando medicina, y reside en la ciudad de Tunja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, se advierte el fracaso de la impugnaci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado. <\/p>\n
Lo anterior obedece al hecho de que revisado el expediente, advierte la Corte que para la fecha en que se radic\u00f3 la acci\u00f3n de tutela en reparto el 2 de diciembre de 2021 (derivado No. 01 expediente electr\u00f3nico ), la joven Mar\u00eda Jos\u00e9 Puentes Aranda hab\u00eda cumplido 18 a\u00f1os, pues seg\u00fan registro civil de nacimiento visto en el derivado No. 007-02 del expediente, alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 12 de noviembre de ese a\u00f1o, por tanto, pod\u00eda acudir a este mecanismo excepcional de manera directa y en nombre propio o a trav\u00e9s de apoderado judicial, para solicitar el amparo de sus garant\u00edas fundamentales presuntamente vulneradas. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que si bien es cierto que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dispone que: \u00abla acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona\u00bb, condiciona su legitimaci\u00f3n a quien sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no a los terceros; no es menos cierto que, tambi\u00e9n establece que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
El citado canon normativo es desarrollo de la regla prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a la acci\u00f3n de tutela solo puede acudir el \u00abvulnerado o amenazado\u00bb en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia expuesta por esta corte, ha precisado: <\/p>\n
\u00abSea lo primero advertir que (\u2026) seg\u00fan su registro civil de nacimiento, para la fecha de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ya era mayor de edad, motivo por el cual su progenitora no est\u00e1 legitimada para promover la petici\u00f3n del amparo en su nombre, pues reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que uno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante; am\u00e9n que la actora no dijo actuar como agente oficioso de \u00e9ste, ni demostr\u00f3 que aqu\u00e9l se encontrara en alguna situaci\u00f3n que le impidiera impetrar el amparo de sus derechos fundamentales\u00bb1. <\/p>\n
M\u00e1xime cuando se implement\u00f3 el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el Decreto 491 de 2020, as\u00ed como con los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los cuales, se crearon unas cuentas de correo electr\u00f3nico para instaurar acciones de tutela, por lo que s\u00f3lo se requiere tener acceso a internet para presentarla; y a fin de efectuar el seguimiento, se puede hacer desde cualquier dispositivo m\u00f3vil con acceso a esta herramienta tecnol\u00f3gica en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial en \u00abconsulta proceso\u00bb, sin tener que acudir de manera presencial a una sede judicial. <\/p>\n
2. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 31 ago. 2005, rad. 2005-00799-01 <\/p>\n
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