STC1199-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00257-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Javier Romero Amador contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda compulsiva en procura de hacer efectivo un pagar\u00e9, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 (rad. 2014-00049), quien, con decisi\u00f3n de 16 de diciembre de 2015, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, producto de la apelaci\u00f3n formulada por la contraparte, con sentencia de 30 de septiembre de 2021, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, incurriendo en m\u00faltiples irregularidades \u2013v. gr. inadecuada valoraci\u00f3n probatoria, desconocimiento de precedentes, incongruencia\u2013, en tanto \u00abes falso de toda falsedad y contrario a la realidad de lo acontecido que: el pago de la suma de dinero incorporada en el pagar\u00e9 estaba condicionado al uso y goce del veh\u00edculo por parte de los deudores; en momento alguno se dispuso as\u00ed y literalmente tampoco aparece consignada tal condici\u00f3n en el t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que se \u00abrevoque la sentencia proferida por LA SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso con n\u00famero de radicaci\u00f3n No. 20178-31-03-001-2014-00049-01, por existir claras y protuberantes incongruencias procesales y serias omisiones judiciales que conllevaron a decisiones injustas que vulneran ostensiblemente el derecho sujeto de esta protecci\u00f3n, tal como lo detallamos a trav\u00e9s de todo este escrito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo que inici\u00f3 el gestor (rad. 2014-00049), por revocar el fallo estimatorio de primer grado que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n; y, en su lugar, acceder a la excepci\u00f3n derivada del \u00abnegocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo\u00bb, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revoc\u00f3 la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, dentro del compulsivo que promovi\u00f3 el aqu\u00ed pretensor, tras encontrar acreditada la excepci\u00f3n formulada por los demandados, con ocasi\u00f3n del \u00abnegocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reproches propuestos en la apelaci\u00f3n, con fundamento en que la resoluci\u00f3n del a quo \u00abhizo total abstracci\u00f3n de las excepciones planteadas, concretamente, no se resolvi\u00f3 sobre la excepci\u00f3n derivada del negocio que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo\u00bb, la autoridad de segundo grado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, medular es recabar en la causal de oposici\u00f3n a la acci\u00f3n cambiaria derivada del negocio jur\u00eddico que origin\u00f3 la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo, dado que es la defensa de la parte ejecutada, lo que excepcionalmente puede afectar las condiciones de literalidad, incorporaci\u00f3n y autonom\u00eda del t\u00edtulo valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el acreedor y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 784 del C. de Co. <\/p>\n
Es di\u00e1fano que para la prosperidad de la excepci\u00f3n fundada en el negocio causal o subyacente le correspond\u00eda a la demandada probar las caracter\u00edsticas y las consecuencias jur\u00eddicas que en raz\u00f3n a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el car\u00e1cter aut\u00f3nomo y la exigibilidad propia del derecho de cr\u00e9dito incorporado en un t\u00edtulo valor, pues los principios de los t\u00edtulos valores est\u00e1n dirigidos a garantizar la seguridad jur\u00eddica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligaci\u00f3n y la posibilidad [de] que el cr\u00e9dito incorporado sea susceptible de la libre ley de circulaci\u00f3n de los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
Atendiendo los alcances del recurso, se duele Wilson Jos\u00e9 Ib\u00e1\u00f1ez Romero de no haber el juzgado originario realizado un exhaustivo an\u00e1lisis de los medios probatorios recaudados y de las excepciones propuestas que, de haberlo hecho, hubiera declarado la procedencia de la excepci\u00f3n derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo y su falta de exigibilidad, en raz\u00f3n a las obligaciones rec\u00edprocas pactadas por las partes seg\u00fan lo consignado en el pagar\u00e9, lo que conllevaba que al haber privado el ejecutante a los ejecutados del uso y goce del veh\u00edculo, relevaba a los \u00faltimos de cancelar las cuotas pactadas, como tambi\u00e9n, al no encontrarse acreditados los gastos fiscales, tributarios y dem\u00e1s, no debi\u00f3 librarse el mandamiento de pago. <\/p>\n
Frente a la excepci\u00f3n derivada del negocio jur\u00eddico que origin\u00f3 la creaci\u00f3n y transferencia del t\u00edtulo fincada en las obligaciones rec\u00edprocas de las partes en el pagar\u00e9, debe anotarse que si bien es cierto el documento que se present\u00f3 y que sirvi\u00f3 de base para expedir la orden de pago se denomin\u00f3 pagar\u00e9, tambi\u00e9n lo que el mismo no contiene un contrato de mutuo, pues innegable es que los demandados no recibieron una suma de dinero, sino que la misma es la contraprestaci\u00f3n de los derechos de propiedad y posesi\u00f3n que tiene el acreedor sobre el automotor de placas EYW-419, por lo que se est\u00e1 frente a una venta condicionada. <\/p>\n
En complemento el art\u00edculo 709 del C. de Co, se\u00f1al\u00f3 que el pagar\u00e9 adem\u00e1s de contemplar los requisitos generales de todo t\u00edtulo valor, descritas en el art. 621 ejusdem, debe contener: a) la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, b) el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, c) la indicaci\u00f3n de ser pagadero a la orden o al portador y d) la forma de vencimiento. <\/p>\n
A su vez, el art. 2221 del C.C. relata que el mutuo o pr\u00e9stamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo g\u00e9nero y calidad. Posteriormente, el art. 2223 ib\u00eddem, aduce que si se han prestado cosas fungibles que no sean dineros, se deber\u00e1n restituir igual cantidad de cosas del mismo g\u00e9nero y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo, pero sino fuere posible y no le exige el acreedor, podr\u00e1 el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese sentido, expuso que \u00absi al elaborarse el pagar\u00e9 objeto de recaudo no se recibi\u00f3 suma alguna de dinero, sino el uso y goce de los derechos de propiedad y posesi\u00f3n sobre la camioneta de placas EYW-419, que deb\u00edan ejercer los ejecutados, pero que realimente hoy ejerce exclusivamente el ejecutante, por la que los demandados se obligaron a pagar la suma de $126.000.000.oo, lo cierto es que no podr\u00eda exig\u00edrseles dicha suma, sino con esa condici\u00f3n\u00bb; de modo que, verificadas las probanzas adosadas a esa causa, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs significativo el hecho [de] que Jaime Javier Romero Amador, en el interrogatorio de parte dijera: \u00ab[\u2026] en el a\u00f1o 2013 les vend\u00ed a los mencionados se\u00f1ores una camioneta Nissan Fontier modelo 2013, por la suma de $126.000.000.oo, pagaderos en 60 cuotas de $2.100.000.oo pesos mensuales cada una a partir de marzo de ese a\u00f1o, con ocasi\u00f3n del incumplimiento de los se\u00f1alados obligados de los compromisos a que hice referencia instaur\u00e9 la acci\u00f3n ejecutiva que nos ocupa [\u2026]\u00bb. Posteriormente, cuando se le indag\u00f3 sobre los pormenores del negocio jur\u00eddico que dio origen al t\u00edtulo valor, respondi\u00f3: \u00ab[\u2026] el objeto del t\u00edtulo valor, concretamente un pagar\u00e9 que aceptaron incondicionalmente los deudores, fue la venta de la camioneta Nissan Frontier a que hice alusi\u00f3n en la respuesta anterior, venta que se acord\u00f3 para cancelar a plazos en el t\u00e9rmino de 60 meses, con cuotas mensuales de $2.100.000.oo pesos cada una, de las cuales cancelaron 10 cuotas correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2013, he (sic) incumplieron total y absolutamente las que se generaron desde enero de 2014 en adelante hasta la presente [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Cuando se le increp\u00f3 que explicara los motivos de suspensi\u00f3n del uso y goce de la camioneta a los ejecutantes, arguy\u00f3 que \u00ab[\u2026] dentro del documento, t\u00edtulo valor que suscribieron las partes, se estableci\u00f3 expresamente que el veh\u00edculo automotor que se daba en venta estar\u00eda en poder de los deudores siempre y cuando se encontraran al d\u00eda con sus obligaciones fijadas en ese t\u00edtulo valor, espec\u00edficamente en lo referente por se\u00f1alar una al pago de las obligaciones de las cuotas mensuales acordadas; en virtud a que los deudores incumplieron reiteradamente el pago de las cuotas mencionadas se hizo la solicitud de devoluci\u00f3n del respectivo automotor, procedimiento que se hizo en total acuerdo con uno de los deudores, concretamente con el se\u00f1or Wilson Ib\u00e1\u00f1ez\u00bb. <\/p>\n
Por las razones que anteceden, el ad quem consider\u00f3 que no era posible ejecutar el pago de la suma convenida, comoquiera que los convocados ya no detentaban la posesi\u00f3n del automotor que origin\u00f3 el negocio, ya que \u00abentre las partes hubo un negocio causal que origin\u00f3 la firma del llamado pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, que no fue otro, como otrora se afirm\u00f3, la existencia de un contrato de compraventa condicionado, por lo que al no disfrutarse de la cosa fungible no estar\u00edan obligados al pago. Consecuencialmente (\u2026), se deduce que al corresponder la ejecuci\u00f3n al ejercicio de la \u00abacci\u00f3n cambiaria\u00bb derivada de tal t\u00edtulo otorgado por los demandados a favor del actor, era procedente la excepci\u00f3n derivada del negocio jur\u00eddico, porque este fue el que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo, conforme al n\u00fam. 12 del art. 784 del C. de Co., contra el ejecutante, por haber sido parte en ese negocio, supuesto que abarca varias posibilidades, entre ellos la existencia o ineficacia del contrato, la nulidad absoluta o relativa, la simulaci\u00f3n o el incumplimiento de obligaciones, entre otros\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el colegiado reiter\u00f3 que \u00absi bien en la CL[\u00c1]USULA QUINTA se anot\u00f3 que los deudores pod\u00eda[n] usar y disfrutar durante todo el plazo estipulado la camioneta (\u2026), siempre y cuando estuvieran al d\u00eda, que al no estarlo, llev\u00f3 al ejecutante a privarlos del uso del automotor, lo cierto es que ese hecho determin\u00f3 el incumplimiento por parte del acreedor del contrato celebrado, pues para seguir cancelando las sumas, aquellos deb\u00edan tener como contraprestaci\u00f3n el uso y goce del veh\u00edculo como lo asegur\u00f3 el recurrente, no siendo el proceso ejecutivo el escenario para discutir sobre las diferencias que surjan con ocasi\u00f3n al documento que aunque denominaron pagar\u00e9, no es otro que un contrato de venta condicionada. De no entenderlo as\u00ed, el ejecutante se quedar\u00eda con el veh\u00edculo y adicionalmente con el valor del cr\u00e9dito por la cuant\u00eda determinada en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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