STC1201-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1201-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00529-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por el Conjunto Residencial Avalon Hills Condominio, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo bajo radicado 2020-00072, as\u00ed como a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en la sentencia emitida por el Juzgado accionado el 18 de noviembre de 2021. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que formul\u00f3 demanda ejecutiva contra Titularizadora Colombiana S.A., la cual le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, quien, mediante sentencia del 24 de febrero de 2020, declar\u00f3 probadas parcialmente las excepciones \u00abDOBLE COBRO, COBRO DE LO NO DEBIDO, TEMERIDAD Y MALA FE, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n por las cuotas de administraci\u00f3n desde Noviembre de 2015 en adelante\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n, la parte demandada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, sobre el cual se adhiri\u00f3 el apoderado del accionante. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, al resolver el recurso revoc\u00f3 el fallo impugnado, para en su logar, \u00abDECLARAR FUNDADA la excepci\u00f3n de DOBLE COBRO formulada por la ejecutada\u00bb, y dispuso la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, el Juzgado censurado \u00abincurri\u00f3 en contradicci\u00f3n evidente y grosera entre los fundamentos normativos y el contenido de su decisi\u00f3n\u00bb, pues consider\u00f3 que no tuvo en cuenta sus argumentos expuestos en el escrito de apelaci\u00f3n adhesiva. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 \u00abRevocar en sede de tutela las decisiones tomadas por el juez accionado de manera ilegal e inconstitucional, procediendo a declarar no probadas ninguna de las excepciones propuestas por el ejecutado\u2026y a cambio ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma como lo ordeno (sic) el mandamiento de pago primigenio\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 pidi\u00f3 declarar infundada la acci\u00f3n de tutela, pues \u00abla sentencia proferida en el asunto en comento est\u00e1 debidamente fundada en criterios objetivos, que atienden a la ley sustancial y lo dispuesto para la materia por la jurisprudencia, sin que se evidencien las falencias que acusa el actor, por lo que, el simple desacuerdo con aquella no las convierte en vulneradora de los derechos fundamentales que ahora se reclaman\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que en su despacho curs\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario entre la Titularizadora Colombiana Hitos S.A., contra Gilberto Vladimir Nicolopulus Arcay, bajo radicado 2012-00450, y en el mismo, aprob\u00f3 la diligencia de remate mediante auto del 19 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que el 17 de julio de 2015, recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ch\u00eda, \u00abexpedido dentro del proceso ejecutivo N\u00b0 2015-0359 adelantado por la ahora accionante en contra de Vladimir Nicolopulus, comunicando el embargo de remanentes, solicitud que se atendi\u00f3 con prove\u00eddo del 20 de agosto de ese mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso cuestionado, y destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar \u00aben lo que respecta a la decisi\u00f3n proferida por este Despacho el pasado 24 de febrero de 2020, como quiera que el desacuerdo se encuentra en la sentencia proferida el pasado 18 de noviembre de 2021, por el Juzgado Primero Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Bancolombia S.A., consider\u00f3 que la presente solicitud de amparo, no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, neg\u00f3 el amparo con fundamento en que, \u00abescrutando esos razonamientos del juzgador accionado a la luz de los criterios que invoc\u00f3 y los que permite el principio del debido proceso, no opina la Sala que aquellos puedan tacharse en el contexto constitucional en que se los est\u00e1 analizando, pues as\u00ed quepan objeciones de car\u00e1cter conceptual al argumento, jam\u00e1s podr\u00eda perderse de vista que el n\u00facleo de la determinaci\u00f3n est\u00e1 en afirmar que una obligaci\u00f3n no puede cobrarse dos veces, en los t\u00e9rminos que lo trata de hacer el conjunto ejecutante, es algo bastante razonable, pues la l\u00f3gica y en cierta mediad la ley conducen a esa conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien consider\u00f3 que el fallo constitucional tambi\u00e9n est\u00e1 vulnerando sus derechos fundamentales, e insisti\u00f3 en que el Juzgado accionado debi\u00f3 tener en cuenta los argumentos que plante\u00f3 en la apelaci\u00f3n adhesiva, para ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme al auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la sentencia atacada del 18 de noviembre de 2021, observa la Sala, que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 luego de hacer un an\u00e1lisis probatorio, legal y jurisprudencial, determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a seguir adelante con la ejecuci\u00f3n tras encontrar probadas las excepciones alegadas por el ejecutado. <\/p>\n
Para ello, luego de argumentar por qu\u00e9 no se encontraban probadas las excepciones de prescripci\u00f3n y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, destac\u00f3 que situaci\u00f3n diferente ocurr\u00eda con las excepciones de doble cobro y cobro de lo no debido \u00abdado que en efecto se acredit\u00f3 mediante copias que obran en la actuaci\u00f3n, el proceso ejecutivo que por las mismas obligaciones se tramita contra los propietarios registrados del inmueble ante el Juzgado 10 Civil Municipal de Ch\u00eda, bajo rad. 2015-0359 (fols. 81, 82, 120 a 161\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, rese\u00f1\u00f3 que \u00abel t\u00edtulo ejecutivo en estos asuntos lo constituye el certificado que para ese efecto se alleg\u00f3 originalmente para el proceso que se adelanta ante el Juzgado 1\u00b0 Civil Municipal de Ch\u00eda, no siendo posible se expidan tantos certificados, pues ello representa, a no dudarlo, un DOBLE COBRO, de lo cual tradicionalmente se ha ocupado el legislador, cuando menos en materia de escrituras p\u00fablicas, en las que impone la obligaci\u00f3n de ser primera copia la que presta m\u00e9rito ejecutivo\u2026\u00bb (\u00c9nfasis extexto). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, resalt\u00f3 que \u00abla actora, por conducto de su procurador judicial, olvida que no es permitido predicar dos o m\u00e1s t\u00edtulos ejecutivos sobre una misma obligaci\u00f3n, siendo que para su intereses, el propio representante legal ya hab\u00eda emitido el t\u00edtulo ejecutivo que se encuentra obrando en el tr\u00e1mite ejecutivo que adelanta ante el Juzgado 1\u00b0 Civil Municipal de Ch\u00eda, de donde se pretend\u00eda extender solidariamente tales obligaciones a la aqu\u00ed ejecutada, debi\u00f3 entonces haberla incluido en tal tr\u00e1mite o en su defecto desistir de aqu\u00e9l para que con el desglose del t\u00edtulo ejecutivo se aportara a esta nueva actuaci\u00f3n, mas no en la forma en que se hizo, certificando doble vez, con fuerza ambos de t\u00edtulo ejecutivo, lo que puede constituir un fraude a la ley, dado que ese tr\u00e1mite est\u00e1 vigente y procura as\u00ed la misma ejecuci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, destac\u00f3 que \u00abSi lo que pretende es hacer efectiva la ejecuci\u00f3n ante la imposibilidad de lograrlo en el inicial tr\u00e1mite, \u00e9ste no debi\u00f3 continuarse, pues dentro de las pretensiones de aqu\u00e9l est\u00e1n las obligaciones que se sigan causando a futuro, debiendo entonces una nueva certificaci\u00f3n, de ser del caso, emitir de manera clara y explicativa la actualizaci\u00f3n de tales rubros que han podido resulta impago o inejecutables\u00bb (\u00c9nfasis extexto). <\/p>\n
Para la Corte, los argumentos expuestos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 son l\u00f3gicos, consistentes y claros y est\u00e1n exentos del capricho, el descuido o de un juicio contraevidente, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juez de instancia, resulta como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una tercera instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n y, por ello, resulta forzosa la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En esas condiciones, los cuestionamientos del gestor no permiten derruir la sentencia criticada, toda vez que la sola divergencia conceptual no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020, reiterada en STC15420-2021, entre otras). <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que el Conjunto Residencial Avalon Hills Condominio se duele, porque el Juzgado accionado no tuvo en cuenta sus argumentos planteados en el escrito de apelaci\u00f3n adhesiva, pero lo cierto, es que en la providencia que se cuestiona, el Juzgado realiz\u00f3 un detallado y razonable an\u00e1lisis probatorio y normativo de los motivos por los que s\u00ed se encontraban fundadas las excepciones de \u00abDoble Cobro y Cobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
4. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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