STC1205-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1205-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04514-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Walter Borr\u00e9 Vega, Nury Cecilia Troncoso de Borr\u00e9, Cathy Isabel Borr\u00e9 Troncoso, Sebasti\u00e1n Javier Ayazo Borr\u00e9, Yira Cecilia Borr\u00e9 Troncoso \u2013en nombre propio y en representaci\u00f3n de W.M. y J.L.A.B.\u2013 y Guido Javier Borr\u00e9 Troncoso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil de Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, \u00abintimidad\u00bb e igualdad, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, se desprende que los gestores iniciaron un proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Salud Total EPS S.A., Maternidad Bocagrande Ltda. \u2013 en liquidaci\u00f3n y otros, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena (rad. 2013-00133), en el que se denegaron las peticiones de \u00abaclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y reforma de la demanda\u00bb por ser extempor\u00e1neas; determinaci\u00f3n confirmada por el ad quem con auto de 18 de marzo de 2019, raz\u00f3n por la cual presentaron \u00absolicitud de ilegalidad\u00bb, que tambi\u00e9n se despach\u00f3 desfavorablemente con prove\u00eddo de 3 de abril siguiente. <\/p>\n
Inconformes, radicaron acci\u00f3n de tutela contra esas resoluciones \u2013puntualmente, contra las dictadas los d\u00edas 24 de abril de 2018, 18 de marzo y 3 de abril de 2019\u2013, la cual fue negada por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil con sentencia STC8236-2019, 21 jun., rad. 2019-01823 en primera instancia, y por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, al resolver la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, relataron que el estrado a quo no convoc\u00f3 a audiencia inicial y, por el contrario, celebr\u00f3 la diligencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, practicando interrogatorio a las partes \u00abcon un procedimiento derogado\u00bb, aunado a que \u00ablegitim\u00f3 el decreto y la pr\u00e1ctica de la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el demandado BENJAM\u00cdN RODR\u00cdGUEZ YANCES sobre la atenci\u00f3n m\u00e9dica \u2013 sanitaria que le prest\u00f3 a la se\u00f1ora YIRA CECILIA BORR\u00c9 TRONCOSO, sin que previamente esta \u00faltima haya dado su autorizaci\u00f3n para ello\u00bb. Por ello, recurrieron en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; pero, al desatar las defensas, se mantuvo lo resuelto. <\/p>\n
Con posterioridad, requirieron la nulidad de los autos precitados con fundamento en la sanci\u00f3n prevista en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso; pero, con decisi\u00f3n de 27 de septiembre de 2019 esta se rechaz\u00f3 de plano, criterio ratificado el 11 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena al proveer la alzada, \u00ablo cual conllev\u00f3 a la violaci\u00f3n en reca l\u00ednea del principio constitucional de la leg\u00edtima confianza (\u2026) y se apart\u00f3 del procedimiento vigente legalmente establecido en los art\u00edculos 372 y 625, numeral 2, literal a) del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) [as\u00ed como] la sentencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidieron, en compendio, que se dejen sin valor ni efecto todas las actuaciones acaecidas en el asunto de la referencia; especialmente \u00abla audiencia del art\u00edculo 101 del C.P.C. convocada y celebrada bajo la direcci\u00f3n del JUEZ S\u00c9PTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA\u00bb, \u00abdeclarar la nulidad de pleno derecho de las pruebas de interrogatorios practicados dentro de la audiencia del 101 del C.P.C.\u00bb, \u00abrevocar la providencia de fecha junio 11 de 2021, notificada por estado de junio 15 de 2021, emitida por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, por los motivos y razones expuestos\u00bb y \u00abdeclarar la nulidad procesal (\u2026) establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena alleg\u00f3 enlace de acceso al expediente digitalizado. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa localidad adujo que \u00aben el caso concreto no ha habido vulneraci\u00f3n alguna a los derechos del accionante, teniendo en cuenta que las decisiones que se cuestionan a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, sean de 1\u00aa y 2\u00aa instancia se encuentran ajustadas a legalidad sin que se avizore, en manera alguna, que se le hayan conculcado a los accionantes, derechos fundamentales como el del debido proceso, intimidad, igualdad y el del acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso declarativo que promovieron los libelistas (rad. 2013-00133), por confirmar los prove\u00eddos con los cuales el fallador de primer grado decret\u00f3 varias pruebas y rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad, respectivamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los autos de 21 de mayo y 27 de septiembre \u2013a quo\u2013 y 11 de junio \u2013ad quem\u2013, todos de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del tribunal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Hechos probados. <\/p>\n
2.1. Los accionantes, por conducto de su apoderado judicial, presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Salud Total EPS S.A. y otras entidades, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, quien, con auto de 2 de julio de 2013, inadmiti\u00f3 el tr\u00e1mite (f. 666, cd. ppal. 4). <\/p>\n
2.2. Con decisi\u00f3n de 23 de julio siguiente, se admiti\u00f3 el libelo y se dispuso correr traslado a la parte convocada, por el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas (f. 674, \u00eddem). <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo de 24 de febrero de 2014, se estableci\u00f3 que \u00abuna vez notificado el auto admisorio de la demanda a la totalidad [de] los demandados y vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda a todos \u00e9stos, el Juzgado proceder\u00e1 a pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n de la demanda presentada por el demandado BENJAM\u00cdN RODR\u00cdGUEZ YANCE a que se refiere el apoderado de la parte demandante mediante escritos precedentes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 400 del C. de P.C.\u00bb (f. 813, cd. ppal. 5). <\/p>\n
2.4. Al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado por el extremo convocante, a trav\u00e9s de determinaci\u00f3n de 15 de mayo de esa calenda mantuvo lo resuelto (f. 820, \u00eddem). <\/p>\n
2.5. El 24 de abril de 2018, el juzgado deneg\u00f3 la solicitud de \u00abreforma, aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la demanda\u00bb, presentada por el mandatario judicial de los gestores (f. 911, \u00edd.). <\/p>\n
2.6. A trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 10 de octubre de ese a\u00f1o, se dirimi\u00f3 la impugnaci\u00f3n horizontal propuesta por los aqu\u00ed solicitantes, dejando en firme lo resuelto; y, en consecuencia, se concedi\u00f3 la vertical ante el superior (f. 932, \u00edd.). El ad quem confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado (f. 5, cd. apelaci\u00f3n tribunal). <\/p>\n
2.7. El 29 de enero de 2019, se fij\u00f3 el 20 de febrero de esa anualidad como fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. All\u00ed se agotaron las etapas: \u00abconciliatoria, interrogatorio de las partes, resoluci\u00f3n de excepciones previas y saneamiento del proceso y fijaci\u00f3n del litigio\u00bb (f. 939, \u00edd.). <\/p>\n
2.8. Con auto de 21 de mayo de 2019, el despacho decret\u00f3 varias pruebas y cit\u00f3 a la diligencia prevista en el canon 373 del C\u00f3digo General del Proceso para el 29 de agosto de 2019, en atenci\u00f3n al literal a) del numeral 1 de la norma 625 ib\u00eddem, que prev\u00e9 lo concerniente al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: \u00absi no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando confirme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive. En el auto que las ordene, tambi\u00e9n convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente C\u00f3digo. A partir del auto que decrete pruebas se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n\u00bb (f. 947, \u00edd.). <\/p>\n
2.10. Con posterioridad, el procurador judicial de los actores requiri\u00f3 nuevamente la nulidad de lo actuado (f. 1013, \u00edd.). Mediante resoluci\u00f3n de 27 de septiembre de esa calenda, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena la rechaz\u00f3 de plano (f. 1037, \u00edd.), habida cuenta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se advierte que el demandante ya habr\u00eda planteado las mismas irregularidades al despacho con anterioridad y el Juzgado tuvo lugar a pronunciarse en la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n del numeral segundo de la providencia de 31 de julio de 2019, sobre i) la aplicaci\u00f3n del CGP y la incidencia del apoyo motivacional del Tribunal, Corte Suprema y el mismo Juzgado del C\u00f3digo General del Proceso en esa aplicaci\u00f3n (sic); ii) la falta de competencia por la configuraci\u00f3n del supuesto normativo del art. 121 del CGP y iii) la nulidad de las actuaciones posteriores a tal plazo. Concluyendo que i) no hay lugar a dar aplicaci\u00f3n al CGP a pesar del apoyo considerativo en las providencias; ii) tampoco [la] falta de competencia por no ser el c\u00f3mputo del a\u00f1o desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio sino desde el auto de pruebas con base al art\u00edculo 625 del CGP como de la sentencia T-341-2018 de la Corte Constitucional y iii) en consecuencia no podr\u00eda haberse configurado nulidad alguna\u00bb. <\/p>\n
2.11. Con auto de la misma data, esto es, del 27 de septiembre de 2019 (f. 1039, \u00edd.), la c\u00e9lula cognoscente resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n formulada por el apoderado judicial de los demandantes contra uno de los ordinales del prove\u00eddo de 31 de julio de ese a\u00f1o, a trav\u00e9s del cual tambi\u00e9n se hab\u00eda dirimido la impugnaci\u00f3n horizontal contra la decisi\u00f3n de 21 de mayo anterior. Al efecto, mantuvo en firme lo resuelto, reiterando, una vez m\u00e1s, que \u00abtal como se mencion\u00f3 en la providencia recurrida, en el presente asunto no es aplicable en la forma como se\u00f1ala el recurrente el art\u00edculo 121 del CPG referente a la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica del funcionario al cumplimiento del plazo de 1 a\u00f1o para proferir sentencia, por lo expresado en el art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.12. Nuevamente, el mandatario judicial de los convocantes solicit\u00f3 adici\u00f3n de la anterior determinaci\u00f3n, porque \u00abse abstuvo de pronunciarse sobre las motivaciones (\u2026) delineadas en el recurso ordinario de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto de fecha julio 31 de 2019\u00bb (f. 1043, \u00edd.). Seguidamente, present\u00f3 apelaci\u00f3n contra el primer auto proferido el 27 de septiembre, esto es, el que rechaz\u00f3 de plano las solicitudes de nulidad (f. 1046, \u00edd.). <\/p>\n
2.13. Con decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 2019, el juzgado neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n (f. 1052, \u00edd.). En la misma data, tambi\u00e9n concedi\u00f3, en efecto devolutivo, la alzada propuesta contra el auto de 27 de septiembre que, se itera, rechaz\u00f3 de plano la nulidad. Mediante auto de 6 de diciembre de ese a\u00f1o, se corrigi\u00f3 la anterior resoluci\u00f3n, en el sentido de indicar que \u00abel apelante es el apoderado de la parte demandante\u00bb (f. 1057, \u00edd.). <\/p>\n
2.14. A trav\u00e9s de providencia de 5 de octubre de 2020, se cit\u00f3 a las partes a la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso (f. 1064, \u00edd.). Con auto de 26 de noviembre posterior, el estrado dej\u00f3 sin efectos el anterior prove\u00eddo porque \u00abse halla pendiente de realizar el dictamen pericial solicitado por el especialista en Ginecolog\u00eda ye l solicitado por los demandados Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances y Salud Total EPS, tambi\u00e9n a trav\u00e9s de la Universidad de Cartagena con intervenci\u00f3n de un especialista en Ginecolog\u00eda y Perinatolog\u00eda\u00bb. (sin foliar, cd. ppal. 6, hoja 1 digital). Al proveer la impugnaci\u00f3n horizontal propuesta por la apoderada de la contraparte, el despacho dej\u00f3 en firme su determinaci\u00f3n y, una vez m\u00e1s, neg\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia (sin foliar, \u00eddem, hoja 5 digital). <\/p>\n
2.15. Con auto de 11 de junio de 2021 (f. 7, cd. segunda instancia), la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvi\u00f3 sobre la apelaci\u00f3n propuesta contra los autos (i) de 21 de mayo de 2019 \u2013que decret\u00f3 pruebas y convoc\u00f3 a la audiencia del canon 373 del CGP\u2013 y (ii) de 27 de septiembre del mismo a\u00f1o \u2013que rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad\u2013, dejando en firme esas providencias. Lo anterior, porque: <\/p>\n
\u00abse destaca que los restantes reparos formulados contra la providencia de 27 de mayo de 2019, a la saz\u00f3n fustigada, denotan en s\u00edntesis, que lo perseguido por el recurrente es la exclusi\u00f3n de diversas pruebas decretadas, porque a su juicio se erigen en una violaci\u00f3n al debido proceso y en suma, una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Yira Borr\u00e9, empero, la Sala estima que ello no constituye ab initio una situaci\u00f3n que pueda ser desatada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si de manera previa no se ha surtido en aquella instancia y bajo los herramientas procesales pertinentes, una discusi\u00f3n sobre las supuestas nulidades probatorias aducidas por el recurrente\u00bb <\/p>\n
Y en cuanto a la p\u00e9rdida de competencia, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn otro aspecto, una vez estudiados los reparos formulados contra la providencia de 27 de septiembre de 2019, queda en evidencia que la alegada falta de competencia del juzgador no puede ser acogida en esta sede, pues adem\u00e1s de los m\u00faltiples memoriales, incidentes, y solicitudes de nulidad que reposan en el expediente, situaciones que ser\u00edan justificativas del retraso, lo cierto es que si bien el articulo 625 num. 1 lit a) precept\u00faa: Para los procesos ordinarios y abreviados: a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando conforme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive. En el auto en que las ordene, tambi\u00e9n convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y 1 CSJ. Civil. Sentencia 231 de 13 de diciembre de 2020, expediente 6426, reiterada en sentencia 039 de 16 de mayo de 2008, expediente 00723, y 1\u00ba de junio de 2010, expediente 00611. RADICADO \u00daNICO: 13001-31-03-004-2013-00133-02 DEMANDANTE: WALTER BORR\u00c9 VEGA Y OTROS DEMANDADO: SALUD TOTAL EPS Y OTROS P\u00e1gina 5 de 6 juzgamiento de que trata el presente c\u00f3digo. A partir del auto que decrete pruebas se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n. En el estado en que se encuentra el proceso, no es posible aplicar en conjunto las normas del C.G.P, ya que, en esencia, si bien se profiri\u00f3 auto que decreta pruebas, lo cierto es que este al ser impugnado no se encuentra ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
2.16. As\u00ed mismo, el apoderado de los censores formul\u00f3 ante el ad quem, nuevamente, dos solicitudes de adici\u00f3n contra la citada providencia, las cuales se dirimieron con auto de 5 de agosto de 2021, de forma desfavorable. <\/p>\n
3. Precisi\u00f3n preliminar. <\/p>\n
En primer lugar, en lo que respecta a los reproches encaminados a enervar la legalidad de varias actuaciones surtidas en el declarativo de la referencia \u2013espec\u00edficamente, las decisiones sobre el rechazo de la reforma de la demanda, la aptitud legal de uno de los apoderados de la contraparte para comparecer, as\u00ed como el despacho desfavorable de una \u00absolicitud de ilegalidad\u00bb\u2013, relieva la Sala que en estos eventos no solo se pretermite el t\u00e9rmino prudencial para acudir al amparo \u2013pues esas resoluciones datan de antes del 2019\u2013, sino que, adem\u00e1s, esos embates ya hab\u00edan sido previamente expuestos por los peticionarios mediante otra acci\u00f3n de tutela; dirimida por esta Corporaci\u00f3n con sentencia STC8236-2019, 21 jun., rad. 2019-01823 \u2013confirmada en segunda instancia y excluida de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional1\u2013, en la cual se explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n
En efecto, los acontecimientos en que se funda el reproche de los tutelantes, para alegar en esta Sede como de vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales, tendr\u00edan origen en las decisiones de fecha 16 de enero y 31 de agosto de 2015; la primera, por la cual el juez cognoscente neg\u00f3 el pedimento de declarar la nulidad o ineficacia del poder al estimar que aunque en el documento se hizo alusi\u00f3n a un poder general, acto seguido se detall\u00f3 que el mismo se confiri\u00f3 para que se asumiera la defensa de los intereses del demandado dentro del proceso de responsabilidad seguido en su contra y por tanto en esto \u00faltimo se determin\u00f3 su especialidad; y, la segunda que resolvi\u00f3 no reponer la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la acci\u00f3n constitucional la impetr\u00f3 s\u00f3lo hasta el 10 de junio de 2019, esto es, despu\u00e9s de que transcurriera m\u00e1s de 3 a\u00f1os y medio desde que se emiti\u00f3 el \u00faltimo pronunciamiento en menci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Superado ese t\u00f3pico, se advierte que los impulsores de la s\u00faplica tambi\u00e9n se duelen de que no les fuera aceptada la reforma de la demanda cuando en su sentir, la misma proced\u00eda hasta antes del se\u00f1alamiento de la audiencia inicial. De lo anterior, si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, la Corte se ocupar\u00e1 \u00fanicamente de la que dict\u00f3 su superior, toda vez que \u00e9sta fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en este asunto. <\/p>\n
3.1. A partir del examen de la providencia a trav\u00e9s de la cual el Tribunal de Cartagena decidi\u00f3 confirmar el auto de 24 de abril de 2018 por medio del cual se tuvo por extempor\u00e1nea la presentaci\u00f3n de la reforma de la demanda, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de sus derechos, toda vez que los miramientos que all\u00ed plasm\u00f3 no pueden considerarse irracionales o antojadizos, pues la colegiatura demandada motiv\u00f3 de manera suficiente las razones de su determinaci\u00f3n, oportunidad en la que ofreci\u00f3 respuesta a los argumentos que los libelistas utilizaron para fundamentar su postura. <\/p>\n
El Tribunal, para decidir, se ubic\u00f3 en el momento en el cual se hab\u00eda presentado la solicitud de reforma de la demanda, y lo cotej\u00f3 con la etapa procesal en la que la misma se dio, lo que a su vez enmarc\u00f3 con la normatividad aplicable al asunto para cuando se presentaron las excepciones previas; as\u00ed lo identific\u00f3: \u00abEl recurrente presenta solicitud de Reforma a la Demanda mediante memorial allegado al Despacho el 12 de Marzo del 2018. A efectos de verificar la temporalidad de dicha solicitud, se tiene que el art\u00edculo 89 del C.P.C. establece: \u201cEn los procesos de conocimiento, antes de resolver sobre las excepciones previas que no requieran pr\u00e1ctica de pruebas, o antes de la notificaci\u00f3n del auto que las decrete.\u201d <\/p>\n
Ya frente a la particularidad del caso, la colegiatura destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abTeniendo en cuenta que mediante memorial de 26 de noviembre del 2013 la apoderada del demandado BENJAMIN RODRIGUEZ YANCES present\u00f3 escrito de excepciones previas. Al mismo se le dio traslado mediante auto del 03 de mayo del 2017, el apoderado de la parte demandante se pronunci\u00f3 sobre las mismas mediante memorial del 10 de mayo del 2017; y mediante auto de fecha 05 de junio del 2017 y notificado mediante estado No. 39 del 20 de junio del 2017, se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba. Claro es entonces que la oportunidad procesal para solicitar la Reforma a la demanda en el presente proceso era antes de esa fecha (20 de junio del 2017)\u00bb. <\/p>\n
\u00abRespecto a la aludida Nulidad Absoluta del poder otorgado por uno de los demandados, debe precisarse que dicha situaci\u00f3n ya fue debatida en el proceso mediante autos de fecha 16 de enero del 2015 y 31 de agosto del 2015. Y es que en verdad, tal como lo se\u00f1alan dichos autos, aunque el poder aportado el 24 de septiembre del 2013, diga \u00ab(…) otorg\u00f3 poder general, amplio y suficiente (…)\u00bb, lo cierto es que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de documento se encuentra que es conferido para una determinada actuaci\u00f3n, ya m\u00e1s adelante dice claramente \u00ab(…) para que asuma la defensa de mis intereses dentro del asunto de la referencia.\u201d por lo que no era necesario elevar a escritura p\u00fablica dicho instrumento, ya que la palabra general no se refer\u00eda a las atribuciones para varios asuntos, sino facultades generales para el proceso de la referencia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es innecesario pronunciarse respecto de la presunta nulidad por ausencia de poder, y dem\u00e1s pretensiones del apoderado recurrente, pues como se explic\u00f3 el poder otorgado a la apoderada del demandado Benjam\u00edn Rodr\u00edguez Yances, no se encuentra viciado de Nulidad Absoluta, y de ello deviene que todas las dem\u00e1s peticiones resultan improcedentes\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora, muy a pesar de que los impulsores de la queja aleguen que el recurso se resolvi\u00f3 de plano, sin admitirse previo a su resoluci\u00f3n, lo cierto es que ese reparo lo formul\u00f3 al juez de segundo grado quien en prove\u00eddo de 3 de abril del a\u00f1o que avanza, le explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abRespecto a la solicitud de ilegalidad, debe expresarse que el tr\u00e1mite del recurso de Apelaci\u00f3n se tramit\u00f3 conforme al art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso, normatividad aplicable al presente caso, y que establece \u201cSi el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, as\u00ed lo decidir\u00e1 en auto; en caso contrario resolver\u00e1 de plano y por escrito el recurso (…)\u201d. Es as\u00ed como, no es posible acceder a la ilegalidad solicitada, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 359 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se encuentra derogado, por lo que aplicar el tr\u00e1mite establecido all\u00ed constituir\u00eda un error en el procedimiento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) En ese sentido, la argumentaci\u00f3n expuesta no es producto de un subjetivo criterio del juzgador, caso en el que ser\u00eda procedente el amparo, sino que, por el contrario, se soport\u00f3 no s\u00f3lo bajo su juicio razonable de lo desarrollado en el proceso sino adem\u00e1s con la observancia del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n de la ley adjetiva vigente, para concluir finalmente que el C\u00f3digo General del Proceso, era el estatuto aplicable para el momento en el que se interpuso el recurso resuelto\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resulta clara la inviabilidad de someter nuevamente controversias que ya fueron zanjadas a escrutinio de la justicia constitucional, toda vez que \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otras, en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01). <\/p>\n
4. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
4.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su providencia, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que a la postre representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
6. Caso concreto. <\/p>\n
6.1. Al revisar la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mantuvo en firme los autos de 21 de mayo y 27 de septiembre de 2019, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa localidad: (i) decret\u00f3 varias pruebas y convoc\u00f3 a la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso y (ii) rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta con fundamento en la p\u00e9rdida de competencia prevista en el canon 121 ib\u00eddem; se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en tanto la citada resoluci\u00f3n incurri\u00f3 en los defectos de incongruencia y falta de motivaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reproches contenidos en el recurso de apelaci\u00f3n que presentaron los aqu\u00ed inconformes, fundados en la necesidad de que \u00abse decrete como prueba el informe t\u00e9cnico allegado con la demanda y la declaraci\u00f3n de parte de quienes concurren como sujetos pasivos del proceso en consideraci\u00f3n a que fueron solicitadas y aportadas en el escrito inaugural (\u2026), [as\u00ed como] la exclusi\u00f3n de una serie de pruebas que fueron decretadas por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, ya que a su juicio son nulas de pleno, entre las razones destaca que se viola el derecho fundamental a la intimidad de la paciente, se decretaron pruebas aun cuando fueron allegadas aparentemente de manera extempor\u00e1nea y otras rayan con el debido proceso de las actuaciones judiciales\u00bb y \u00abque se declare la nulidad procesal de la providencia de 31 de julio de 2019 por haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o sin que se haya dictado sentencia de primera instancia\u00bb, el colegiado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl recurrente en uno de los reparos manifiesta que, en auto de 27 de mayo de 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena deneg\u00f3 decretar como prueba el informe t\u00e9cnico y las declaraciones de parte de los demandados. No obstante, se avizora que, en la citada providencia, se decretaron como pruebas \u201ctodos los documentos aportados con la demanda\u201d, de tal suerte que aflora el fracaso del reproche planteado, en consideraci\u00f3n a que no se hace necesario que la providencia recurrida se haga especial alusi\u00f3n al informe t\u00e9cnico, principalmente cuando es evidente que tal pieza procesal fue aportada como documento en el escrito inaugural. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, en relaci\u00f3n a las declaraciones de parte de quienes concurren como extremo pasivo del litigio, el censor se duele de que no fueron decretados en su totalidad en el auto que abre a pruebas, sin embargo, se comparte el criterio del a quo, al determinar que si el recurrente pretermiti\u00f3 efectuar el interrogatorio al se\u00f1or RODRIGUEZ YANCE y al representante legal de SALU[D] TOTAL EPS S.A. en el transcurso de la audiencia de la que habla el art\u00edculo 101 del c\u00f3digo de procedimiento civil, no puede pretender que tal prueba sea decretada nuevamente si con anterioridad en su instante ha sido evacuada. <\/p>\n
Ahora bien, se destaca que los restantes reparos formulados contra la providencia de 27 de mayo de 2019, a la saz\u00f3n fustigada, denotan en s\u00edntesis que lo perseguido por el recurrente es la exclusi\u00f3n de diversas pruebas decretadas, porque a su juicio se erigen en una violaci\u00f3n al debido proceso y en suma, una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Yira Borr\u00e9, empero, la Sala estima que ello no constituye ab initio una situaci\u00f3n que pueda ser desatada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si de manera previa no se ha surtido aquella instancia y bajo las herramientas procesales pertinentes, una discusi\u00f3n sobre las supuestas nulidades probatorias aducidas por el recurrente\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Seguidamente, en relaci\u00f3n con los reparos dirigidos contra el prove\u00eddo de 27 de septiembre de 2019, se\u00f1al\u00f3 que \u00abqueda en evidencia que la alegada falta de competencia del juzgador no puede ser acogida en esta sede, pues adem\u00e1s de los m\u00faltiples memoriales, incidentes y solicitudes de nulidad que reposan en el expediente, situaciones que ser\u00edan justificativas del retraso, lo cierto es que si bien el art\u00edculo 625 n\u00fam. 1 lit. a) precept\u00faa [que] \u00absi no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando conforme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive\u00bb (\u2026). En el estado en que se encuentra el proceso, no es posible aplicar en conjunto las normas del C.G.P., ya que, en esencia, si bien se profiri\u00f3 auto que decreta pruebas, lo cierto es que este al ser impugnado no se encuentra ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, reliev\u00f3 que \u00abaun as\u00ed, la legislaci\u00f3n anterior contempla tambi\u00e9n que \u00aben todo caso, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia de segunda instancia, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Juzgado o Tribunal (\u2026)\u00bb. Sin embargo, no es esta una nulidad ni de pleno derecho, ni aquellas de las que resultan insaneables de manera que, si el censor no las propuso en t\u00e9rmino, como aqu\u00ed acontece, no pueden ahora tener la virtualidad de viciar el proceso\u00bb. <\/p>\n
6.2. Aunado a ello, al verificar las solicitudes de adici\u00f3n que los peticionarios allegaron frente a la anterior resoluci\u00f3n, por conducto de su procurador judicial, el tribunal ad quem estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs as\u00ed como revisada minuciosamente el punto que solicita el recurrente se adicione, se encuentra que fueron puntos objeto de pronunciamiento dentro de la sentencia (sic) proferida, como se vislumbra dentro del prove\u00eddo \u201cel recurrente en uno de sus reparos manifiesta que, en auto de 27 de mayo de 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena deneg\u00f3 decretar como prueba el informe t\u00e9cnico y las declaraciones de parte de los demandados. No obstante, se avizora que en la citada providencia se decretaron como pruebas todos los documentos aportados con la demanda, de tal suerte que aflora el fracaso del reproche planteado, en consideraci\u00f3n a que no se hace necesario que la providencia recurrida se haga especial alusi\u00f3n al informe t\u00e9cnico, principalmente cuando es evidente que tal pieza procesal fue aportada como documento en el escrito inaugural (\u2026). Siendo entonces IMPROCEDENTES las peticiones elevadas por el apoderado recurrente, se resolver\u00e1 en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
6.3. Con todo, deviene di\u00e1fano para esta Corporaci\u00f3n que, con las referidas determinaciones, el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en las mencionadas causales de procedencia excepcional del amparo, comoquiera que, pese a los reiterativos memoriales del apoderado de los censores, a trav\u00e9s de los cuales se expusieron las que \u2013en su criterio\u2013 constituyen irregularidades en la tramitaci\u00f3n del declarativo de responsabilidad civil extracontractual, dado el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n entre el antiguo estatuto procesal civil y el actual C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como la presunta falta de adecuaci\u00f3n del sub ex\u00e1mine, el ad quem no explic\u00f3 de manera suficiente por qu\u00e9 no eran de recibo tales pedimentos. <\/p>\n
En ese orden, aunque la controversia tambi\u00e9n se suscita en torno a la eventual pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 de la actual codificaci\u00f3n adjetiva para dictar la sentencia que ponga fin a la primera instancia, y aun cuando esa situaci\u00f3n se puso de presente en varias ocasiones, el tribunal acogi\u00f3 las consideraciones del juzgado en cuanto a que, como no estar\u00eda en firme el auto que decreta las pruebas \u2013esto es, el de 21 de mayo de 2019, cuya apelaci\u00f3n se resolvi\u00f3 precisamente con la providencia confutada\u2013, la causa no se ajustaba a la previsi\u00f3n del canon 625, n\u00fam. 1, lit. a), ejusdem, que dispone su adelantamiento conforme al C\u00f3digo General del Proceso, \u00aba partir del auto que decrete pruebas\u00bb. <\/p>\n
A m\u00e1s de ello, como colof\u00f3n se recalc\u00f3 que, en todo caso, aun cuando para el tribunal no hab\u00eda operado el tr\u00e1nsito legislativo, los recurrentes no esgrimieron en t\u00e9rmino la mentada nulidad prevista en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013pues \u00abno es esta una nulidad ni de pleno derecho, ni aquellas de las que resultan insaneables de manera que, si el censor no las propuso en t\u00e9rmino, como aqu\u00ed acontece, no pueden ahora tener la virtualidad de viciar el proceso\u00bb\u2013, aspecto que tambi\u00e9n se aviene abiertamente contradictorio; ya que, como premisa, se enuncia que la foliatura se adelanta con base en las pautas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero, seguidamente se afirma que los solicitantes dejaron fenecer la oportunidad prevista en la actual normativa para deprecar la enunciada sanci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo las circunstancias expuestas, no se resolvi\u00f3 de fondo la inconformidad procesal \u2013esto es, desde cu\u00e1ndo se predicar\u00eda el alegado tr\u00e1nsito legislativo en esa causa y las incidencias sobre el t\u00e9rmino para finalizar la instancia\u2013, ni se aclar\u00f3 el decurso que deb\u00eda seguir la tramitaci\u00f3n a partir de la citada resoluci\u00f3n; por lo que, contrario a las expectativas leg\u00edtimas de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia, la Sala convocada en nada dirimi\u00f3 la controversia que se someti\u00f3 a su definici\u00f3n. <\/p>\n
6.4. De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada y, en consecuencia, se invalidar\u00e1n los prove\u00eddos de 11 de junio y 5 de agosto de 2021, respectivamente, proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el asunto analizado, para que dicte determinaci\u00f3n a que haya lugar, teniendo en cuenta las irregularidades advertidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los convocantes. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto los autos proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 11 de junio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del radicado 2013-00133. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada corporaci\u00f3n judicial que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver: expediente T7760728 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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STC1205-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1205-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04514-00 (Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Walter Borr\u00e9 Vega, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}