STC1210-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1210-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2021-00368-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Administraci\u00f3n e Inversiones Comerciales S.A. -ADEINCO S.A.- le instaur\u00f3 a los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes de ejecutivo No. 02-2016-00248-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y, solicit\u00f3 en consecuencia, (i) se dejara \u00absin efecto las sentencias calendadas a septiembre 4 de 2020, dictada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali, y del 5 de noviembre de 2021, dictada por el juzgado 5 Civil del Circuito de Cali\u00bb, y (ii) Se ordenara \u00abremitir el proceso al Juzgado Tercero Civil Municipal que sigue en su orden al Juez Segundo Civil Municipal de Cali, para que falle en derecho y dentro de la oportunidad consignada en el art\u00edculo 23 de la ley 1561 de 2012\u00bb. <\/p>\n
En forma subsidiaria rog\u00f3 que \u00ablos despachos accionados resolver en derecho la situaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n teniendo en cuenta para tal efecto entre otras cosas lo reglado en el inciso primero del art\u00edculo 8 de la ley 1561 de 2012, los art\u00edculos 5, 13, 17, 18 y 23 de la misma ley, y los art\u00edculos 18 ordinal 3 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en defectos sustantivos, facticos, org\u00e1nicos y procedimentales al haberse admitido la demanda y luego definirla por ausencia de presupuestos, desconociendo que el art\u00edculo 8 de la Ley 1561 de 2012 establece: \u00abser\u00e1 competente en primera instancia, el Juez Civil Municipal del lugar donde se hallen ubicados los bienes\u00bb. <\/p>\n
Discuti\u00f3, adem\u00e1s, que no se cumplieron los t\u00e9rminos para dictar las decisiones de fondo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Tanto el Juzgado Quinto Civil del Circuito, como el Segundo Civil Municipal ambos de Cali, defendieron la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 el amparo, porque \u00absi la entidad accionante consideraba que se le estaban violentando sus derechos fundamentales con las actuaciones adelantadas por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali al no tener competencia para conocer del proceso, debi\u00f3 elevar tal reproche ante esa agencia judicial desde que se admiti\u00f3 el asunto objeto de queja, esto es, en mayo 17 del 2.016 (Anexo digital No. 32 Exp. verbal) y no esperar a que se emitiera una decisi\u00f3n de fondo en esa y en la instancia superior para exteriorizar su inconformidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abLo mismo ocurre con relaci\u00f3n a la nulidad del art\u00edculo 121 del C.G.P. tambi\u00e9n alegada por el accionante solo a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, pues si en su sentir las actuaciones adelantadas tanto por el Juzgado Segundo Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de esta localidad estaban incursas en ella, lo m\u00ednimo que debi\u00f3 hacer es proponerla antes de que se emitiera la decisi\u00f3n que pusiera fin a la controversia planteada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente tampoco observ\u00f3 defecto alguno en las decisiones de los Juzgados accionados aqu\u00ed cuestionadas, y en esa l\u00ednea concluy\u00f3, \u00abEn efecto, no fue un argumento del Juzgado Segundo Civil Municipal de esta localidad para la negativa de las pretensiones incoadas por la parte aqu\u00ed accionante, la falta de competencia del juzgado para resolver sobre el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, (\u2026) claramente el eje central de la decisi\u00f3n rebatida, fue que el camino procesal elegido para materializar el derecho sustancial no era el saneamiento de la falsa tradici\u00f3n (Anexo 5 Cdo. 4 Exp. de queja), decisi\u00f3n ratificada por el juzgado Quinto Civil del Circuito; de modo tal que se cae de su peso el argumento aducido por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante reiter\u00f3 los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto bajo estudio, el apoderado de la sociedad solicitante cuestiona las decisiones emitidas por los Juzgados Segundo Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito, ambos de Cali, en el proceso verbal para sanear la falsa tradici\u00f3n interpuesto por la entidad aqu\u00ed accionante y otros, y solicita dejar sin efecto las providencias de 4 de septiembre del 2020 y 5 de noviembre del 2021, y en consecuencia ordenar a los Juzgados accionados remitir el proceso al Juzgado que le sigue en orden para que falle en derecho y dentro de la oportunidad consignada en el art\u00edculo 23 de la Ley 1561 del 2012, porque, seg\u00fan sus afirmaciones, se incurri\u00f3 en defectos sustantivos, facticos, org\u00e1nicos y procedimentales al haberse admitido la demanda y luego definirla \u00abpor ausencia de presupuestos\u00bb. <\/p>\n
Circunscrita la Sala al estudio de la \u00faltima de las decisiones enlistadas, en tanto que fue con aqu\u00e9lla con la que se cerr\u00f3 el debate suscitado, de la revisi\u00f3n del expediente digital allegados se advierte la improcedencia de lo reclamado si se tiene en cuenta que lo all\u00ed resuelto, se ciment\u00f3 en los medios de convicci\u00f3n arrimados, y tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali indic\u00f3 que problema jur\u00eddico quedaba limitado por el siguiente planteamiento: \u00abel asunto medular que ocupa la atenci\u00f3n del Despacho se centra en determinar, en primer lugar, si los aval\u00faos de los bienes afectos al proceso superan los doscientos cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (Art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1561 de 2012), y en segundo lugar, si esa es para impedirse su declaratoria de pertenencia a trav\u00e9s de este proceso verbal especial.\u00bb <\/p>\n
A partir de lo anterior, explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conviene aclarar que la Ley 1561 del 2012 dise\u00f1\u00f3 un proceso verbal especial para que los poseedores de predios rurales que no excedan de una unidad agr\u00edcola familiar (UAF) o de predios urbanos cuyo aval\u00fao catastral no supere el equivalente a 250 salarios m\u00ednimos mensuales, promuevan la declaraci\u00f3n de pertenencia. Igualmente, previ\u00f3 que mediante este proceso verbal especial puedan sanearse \u201ct\u00edtulos que conlleven la falsa tradici\u00f3n\u201d. Y si bien es cierto que la Ley 1561 no destin\u00f3 un art\u00edculo especial para se\u00f1alar que el saneamiento de la falsa tradici\u00f3n tambi\u00e9n se predicar\u00eda de inmuebles urbanos no mayores de una UAF o predios urbanos cuyo valor no exceda de 250 salarios m\u00ednimos mensuales, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1561 prev\u00e9 que el t\u00edtulo se sanear\u00e1, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en esa ley, ello incluye las exigencias de los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba que establecen la limitante de la extensi\u00f3n y valor de los predios rural y urbano, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, advirti\u00f3 el presupuesto cuantificable (250 smmlv), para se\u00f1alar que la valoraci\u00f3n de los medios probatorios existentes, permit\u00edan establecer que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los predios objetos de la demanda fueron contemplados como uno solo en Catastro Cali, con una cabida superficiaria 1.329,67 metros cuadrados de forma rectangular; identificado con el n\u00famero predial nacional No. 76-001-01 -00-0314-0014-0001-0-00-00-0001 y n\u00famero predio A047500010000, ubicado en la Calle 21 # 1-14 Barrio El Piloto de Santiago de Cal, avaluado por el perito en la suma de $846.000.000\u00bb, y as\u00ed concluir que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tanto en el trabajo pericial \u201cidentificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de predio urbano\u201d como en el \u201caval\u00fao\u201d, se identifican los predios sobre los cuales se solicita el saneamiento de su tradici\u00f3n como una sola unidad, incluso se describen como, \u201c\u2026Los cuatro predios objeto del presente dictamen son contemplados como uno solo en Catastro Cali, con una cabida superficiaria 1.329,67 metros cuadrados de forma rectangular\u2026\u201d; asimismo, el aval\u00fao lo identifica con el mismo n\u00famero predial \u201c-01 -00-0314-0014\u201d y si bien en el mismo aval\u00fao se determina el \u00e1rea superficiaria de las diferentes matriculas mobiliarias que conforman el lote, los cierto es que el valor del predio, se itera, aportado por la misma parte actora, excede los 250 salarios m\u00ednimos mensuales de que trata el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1561 de 2012, para acceder al saneamiento de la titulaci\u00f3n a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n especial, sin que sea viable que la jurisdicci\u00f3n deba hacer los c\u00e1lculos que pretende el recurrente, quien desde un principio debi\u00f3 determinar el valor real de los predios sobre los cuales pretend\u00eda su saneamiento, m\u00e1xime si en la demanda los cuantific\u00f3 por debajo de los 250 SMLMV\u00bb <\/p>\n
Del mismo modo, frente al argumento que esgrimi\u00f3 la sociedad apelante, explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor otro lado, arguye el recurrente que la barrera de los 250 SMLMV, \u201csolo ser\u00e1 determinante para la titulaci\u00f3n de la propiedad y no para el saneamiento\u201d, sin embargo, apelando al principio de la inescindibilidad de la norma, seg\u00fan el cual, \u201clas normas jur\u00eddicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser divididas para resolver con parte de ellas y parte de otras el caso de que se trate.\u201d, reiterar\u00e1 esta Juzgadora que, la Ley 1561 prev\u00e9 que el t\u00edtulo se sanear\u00e1, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en esa ley, ello incluye las exigencias de los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba que establecen la limitante de la extensi\u00f3n y valor de los predios rural y urbano, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, resulta claro que se valoraron los criterios centrales de la acci\u00f3n apelada, con una hermen\u00e9utica que se acompasa con la sostenida por esta Sala: <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se deduce que la mencionada ley otorga al \u2018poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica\u2019 una herramienta jur\u00eddica a trav\u00e9s de la cual puede reclamar que se le otorgue t\u00edtulo de propiedad sobre el bien respecto del cual demuestre posesi\u00f3n material, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el t\u00e9rmino establecido en la ley sustancial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, de acuerdo con los art\u00edculos 3\u00b0, 4\u00b0 y 6\u00b0 de esa regulaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n del proceso verbal especial est\u00e1 supeditada de una parte, al valor catastral del inmueble objeto de usucapi\u00f3n -si se trata de uno urbano- o de su cabida \u2013si la acci\u00f3n recae sobre un predio rural-, y de otra, al cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el art\u00edculo 6\u00b0, los que guardan relaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas del bien ra\u00edz y las actuaciones judiciales y administrativas en los que est\u00e9n involucrados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, estableci\u00f3 el legislador que podr\u00e1 acudir al tr\u00e1mite especial quien pretenda adquirir el dominio de un fundo de propiedad privada cuya extensi\u00f3n superficiaria \u2018no exceda la de una (1) Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF), establecida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o por quien cumpla las respectivas funciones\u2019, en tanto si el objeto de las pretensiones est\u00e1 ubicado en una ciudad, la condici\u00f3n fijada es la de que su aval\u00fao catastral \u2018no supere los doscientos cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (250 smlmv)\u2019, pero adem\u00e1s, en virtud de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 6\u00b0, es necesario el cumplimiento de otras exigencias\u00bb (STC de 4 de octubre de 2013, exp. 17001-22-13-000-2013-00224-01, citada en STC12590-2015) (Resaltado en texto). <\/p>\n
Luego, independientemente que esta Corporaci\u00f3n comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la sociedad inconforme, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n o interpretaci\u00f3n acerca de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el Juez Civil, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de este tr\u00e1mite especial, cuyo objetivo no fue servir de instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus \u00abcompetencias\u00bb (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y, STC14731-2021 entre otras). <\/p>\n
2. Finalmente, en lo concerniente a las pretensiones dirigidas a la p\u00e9rdida de \u00abcompetencia\u00bb y a la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso alegadas por la sociedad accionante en este tr\u00e1mite excepcional, basta decir, que no se satisfacen los postulados de subsidiariedad ni residualidad porque no obra prueba en el expediente digital remitido, que hubieran sido pedidas en el escenario natural antes de cerrarse las respectivas instancias, omisi\u00f3n que acorde al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cierra la puerta para discutir lo decidido ante el juez constitucional, por verificarse incumplido el requisito de procedibilidad se\u00f1alado que caracteriza a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se ha insistido en que este tr\u00e1mite especial\u00edsimo no est\u00e1 estatuido para proveer soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el interesado no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria, postura sobre la cual la Sala ha reiterado, que <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6663-2018, citada en STC762-2021 y STC16416-2021, reiterada en STC095-2022). <\/p>\n
3. Lo dicho conlleva a la convalidaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1210-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1210-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2021-00368-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}