STC1212-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1212-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2021-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de abril de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez contra los Juzgados Promiscuo del Circuito de Cisneros y Promiscuo Municipal de San Roque, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el divisorio con radicado 2018-00026-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados en el proceso se\u00f1alado, y solicit\u00f3, en concreto, \u00abrevocar el Auto Interlocutorio 123, del 16 de diciembre de 2020, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, y en su lugar, ordenar que el Proceso Divisorio sub j\u00fadice, siga su curso con la Divisi\u00f3n Material o, subsidiariamente con la venta del bien inmueble, denominado Finca el Refugio, identificado con matr\u00edculas inmobiliarias 026-1828 y 026-1829, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santo Domingo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que impuls\u00f3 el proceso cuestionado para la divisi\u00f3n del se\u00f1alado predio, del cual es due\u00f1o en un 33.33%, demanda formulada frente a Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri, propietarios, cada uno, del 16.67% y respecto de Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n, \u00e9stos con una cuota del 16.66%, respectivamente. <\/p>\n
En providencia de 12 de abril de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque admiti\u00f3 la demanda y, corrido su traslado, los se\u00f1ores Escobar Echeverri y Maya Mogoll\u00f3n guardaron silencio, mientras que Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n, adem\u00e1s de oponerse a las pretensiones, alegaron como excepciones \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio sobre el 100% del bien inmueble objeto de la demanda\u00bb, defensa, esta \u00faltima, acogida por el Juzgador a quo accionado querellado, en providencia de 8 de mayo de 2019, donde, adem\u00e1s neg\u00f3 la divisi\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, apelada esa determinaci\u00f3n, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado por omitirse poner en conocimiento de Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb reclamada por los dem\u00e1s codemandados. <\/p>\n
Complement\u00f3 que, contra esa decisi\u00f3n, Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n interpusieron una acci\u00f3n de tutela, resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 19 de junio de 2020, que accedi\u00f3 parcialmente al amparo, pues le orden\u00f3 al fallador del Circuito resolver, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, empero, sin que pudiera declarar la nulidad por la falta de traslado de \u00abla excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb, toda vez que, expres\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n, la normativa aplicable no impon\u00eda esa gesti\u00f3n y tampoco la notificaci\u00f3n personal de los codemandados, m\u00e1xime si el Juez Municipal se limit\u00f3 a declarar la procedencia del medio exceptivo referido, m\u00e1s no la pertenencia del bien en disputa. <\/p>\n
El anterior pronunciamiento fue impugnado por el ahora tutelante y esta Sala, con argumentos similares, lo confirm\u00f3 el 20 de agosto siguiente. <\/p>\n
Para acatar el mandato constitucional rese\u00f1ado, el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros emiti\u00f3 providencia el 10 de septiembre de 2020, en la cual decret\u00f3 la nulidad de lo actuado en primer grado \u00aba partir del interrogatorio a la parte demandada, debiendo rehacerse la actuaci\u00f3n correspondiente, garantizando la debida contradicci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Adelantada esa gesti\u00f3n por el despacho municipal, en providencia de 21 de octubre de 2020, de nuevo, desestim\u00f3 la divisi\u00f3n pretendida y declar\u00f3, \u00abla prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, ante la presencia de uno de los comuneros como poseedores, se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Bahena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria. Advirtiendo (\u2026) que por no haberse cumplido con los requisitos en el PAR\u00c1GRAFO 1\u00ba, del art\u00edculo 375 del CGP; NO se declara (\u2026) por el modo de prescripci\u00f3n el derecho real de dominio sobre los predios objetos de controversia. Es de advertir que solo esta prospera como medio exceptivo, m\u00e1s no como acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 el se\u00f1or Zapata L\u00f3pez, que formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra el anterior pronunciamiento porque se desconoci\u00f3 que en las \u00abzonas donde se han presentado graves conflictos de orden p\u00fablico\u00bb como en el municipio de San Roque, deben interrumpirse los \u00abt\u00e9rminos de prescripci\u00f3n\u00bb, de acuerdo con lo reglado en la Ley 1448 de 2011; adem\u00e1s, en su recurso cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n de las declaraciones de Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n, toda vez que \u00e9stos reconocieron como due\u00f1os del bien a los dem\u00e1s comuneros, y expres\u00f3 que la determinaci\u00f3n recurrida correspond\u00eda a \u00abuna decisi\u00f3n inhibitoria\u00bb, comoquiera que \u00abno decide de fondo ni la pretensi\u00f3n ni la excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el ad quem, en providencia de 16 de diciembre de 2020, s\u00f3lo se pronunci\u00f3 frente a la \u00abpresunta posesi\u00f3n\u00bb de los citados codemandados y, tras hallarla acreditada, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
En su sentir, los funcionarios accionados incurrieron en \u00abdefectos sustantivos, f\u00e1cticos, procedimentales, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb(sic), pues apreciaron de manera insuficiente el caudal probatorio, no comprendieron el alcance del auto AC8394-2016 de esta Corte, sobre \u00abla excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, y le impidieron acceder a \u00abpartici\u00f3n [a la] que [como] (\u2026) copropietario\u00bb tiene derecho, a\u00fan cuando no se reconoci\u00f3 en cabeza Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n \u00abun derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
2. Mediante auto de 25 de enero de 2022 se negaron los impedimentos de los H. Magistrados de esta Sala, doctores \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer la impugnaci\u00f3n formulada en el presente amparo constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, se\u00f1al\u00f3 que en el proceso criticado, profiri\u00f3 la providencia de 16 de diciembre de 2020, confirmando la decisi\u00f3n del a quo, determinaci\u00f3n en la cual no incurri\u00f3 en los defectos aducidos por el tutelante. <\/p>\n
Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n adujeron que los hechos expuestos en el escrito de tutela son ciertos; adem\u00e1s, indicaron coadyuvar las pretensiones del solicitante y reclamaron que se decrete la divisi\u00f3n demandada. Resaltaron que los comuneros Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria no cumplieron los requisitos contenidos en los numerales 5, 6 y 7 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso y, por tanto, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n por ellos alegada, no debi\u00f3 prosperar. <\/p>\n
Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria se opusieron a la prosperidad del amparo reclamado porque los acusados no cometieron ninguna arbitrariedad. Acotaron que \u00abla parte accionante act\u00faa con temeridad\u00bb, pues \u00e9sta sostuvo que el bien objeto del litigio no pod\u00eda ser materia de posesi\u00f3n, de acuerdo con lo reglado en la Ley 1448 de 2011; sin embargo, afirmaron, en el caso se demostr\u00f3 que esa norma no era aplicable y, con todo, el predio nunca estuvo incluido en el Registro \u00fanico de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-. <\/p>\n
Asimismo, exponen que si bien el Incoder y la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras hab\u00edan decretado unas medidas relativas, el primero, a la prohibici\u00f3n de vender y, la segunda, para iniciar el estudio de inclusi\u00f3n del bien en el registro de tierras despojadas, cautelas, en favor de Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n – otrora propietario de la fracci\u00f3n vendida al tutelante-, las mismas fueron canceladas el 27 de marzo de 2014 y el 8 de setiembre de 2015, respectivamente. <\/p>\n
Agregaron que, en todo caso, s\u00f3lo ellos habr\u00edan estado legitimados para impulsar el proceso de restituci\u00f3n previsto en la citada normatividad, pues permanecieron en el terreno desde 1996 y hasta la actualidad, soportando los hechos de violencia all\u00ed ocurridos. <\/p>\n
Complementaron que, en su criterio, la jurisdicci\u00f3n constitucional ya se pronunci\u00f3 sobre los cuestionamientos del censor, pues en la tutela otrora propuesta por ellos, en primer y segundo grado se expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abel proceso divisorio para determinar si se hab\u00eda respetado el debido proceso de todas las partes o si hab\u00eda vulnerado cualquier otro derecho fundamental; [asimismo se] esclareci\u00f3 la viabilidad de promover la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio como mecanismo para aniquilar la pretensi\u00f3n [divisoria]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, por cuanto evidenci\u00f3 el quebranto de las garant\u00edas invocadas, toda vez que <\/p>\n
\u00abes claro que el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n quien fungi\u00f3 como propietario inscrito del inmueble, adelant\u00f3 solicitudes de protecci\u00f3n de su cuota parte en el predio, as\u00ed se observa de la medida decretada por el INCODER de prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n y de la medida previa, a trav\u00e9s de la cual se inform\u00f3 el inicio del estudio de la Inclusi\u00f3n del predio como uno despojado o abandonado en raz\u00f3n de la violencia. Si bien, las anotaciones de ambas medidas fueron canceladas de manera posterior, dan cuenta de una posible situaci\u00f3n de desplazamiento y de imposibilidad de aquel para ejercer la posesi\u00f3n sobre el inmueble y, por ende, aquellas responden a medidas protectoras del Estado a dicha condici\u00f3n. <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n si bien no fue alegada de manera en\u00e9rgica en el proceso, era visible de una somera lectura del folio real del predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 026-1828 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santo Domingo, debiendo todos los intervinientes del proceso velar por la clarificaci\u00f3n de dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Es claro que la medida previa cautelar decretada sobre el inmueble por el inicio del estudio de la inclusi\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas no finaliz\u00f3, eso es, aquel no fue incluido en aquel y por tanto no es factible aplicar las consecuencias jur\u00eddicas que se regularon para dichas situaciones en la Ley 1448 de 2011, empero, s\u00ed es di\u00e1fano que por disposici\u00f3n del INCODER se orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n de los derechos de cuota del se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n, medida que estuvo vigente desde el 14 de marzo de 2012 al 27 de marzo de 2014. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pese a que el accionante no fue el sujeto a favor del cual se emitieron aquellas cautelas, se infiere que el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez se hubiera encontrado imposibilitado para ejercer la posesi\u00f3n de su cuota parte sobre el inmueble al menos durante el tiempo que estuvo vigente la medida decretada por el INCODER. Esa situaci\u00f3n debi\u00f3 ser objeto de an\u00e1lisis dentro del escenario procesal correspondiente, incluso provocado de oficio por las cognoscentes, quienes con sus deberes de decretar pruebas oficiosas debieron determinar y aclarar dicha situaci\u00f3n, puesto que aquella medida decretada en favor de Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n, estuvo vigente durante parte del per\u00edodo en el que Olga Luc\u00eda Baena y Jorge Iv\u00e1n Cardona alegaron la posesi\u00f3n. Lo anterior, porque si lo que se buscaba proteger era el derecho de dominio del precitado se\u00f1or P\u00e9rez, aquella implicaba, adem\u00e1s, la cautela de la posesi\u00f3n de su cuota parte. <\/p>\n
Pese a que los precitados alegaron que ellos se mantuvieron en el predio a\u00fan en los momentos de violencia en el municipio, que acreditaron ante la entidad correspondiente la posesi\u00f3n del predio, raz\u00f3n por la que se cancel\u00f3 la medida cautelar de inclusi\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas y por ello deb\u00edan ser los destinatarios de la protecci\u00f3n por parte del Estado -situaci\u00f3n reconocida por la Juez de segundo grado-, no puede echarse a un lado que a favor del se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n se inscribieron aquellas cautelas y que para ese entonces era uno de los copropietarios del predio, situaci\u00f3n que no puede ser desconocida por el hecho que aquellos pudieron gozar del predio en aquella \u00e9poca, aunado a que antes de la solicitud de inscripci\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas, sobre el inmueble se hab\u00eda inscrito otra cautela ordenada por el INCODER. <\/p>\n
Si bien la medida cautelar decretada por el INCODER da cuenta de la prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n de la cuota parte del se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n, de lo cual se inferir\u00eda la suspensi\u00f3n de la posesi\u00f3n que sobre aquella se efectu\u00f3, la decisi\u00f3n que gener\u00f3 dicha anotaci\u00f3n no fue allegada al proceso ni a esta instancia constitucional, desconoci\u00e9ndose el contenido y el alcance de la misma, as\u00ed como la normativa bajo la cual se decret\u00f3 y por tanto los efectos que conlleva. Aunado a lo anterior y ante la medida cautelar previa, referida al inicio del estudio de la inclusi\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas, pese a que fue cancelada posteriormente, tampoco se logr\u00f3 determinar si durante el lapso en que aquella permaneci\u00f3 vigente, el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n estuvo absolutamente imposibilitado para ejercer la posesi\u00f3n sobre su cuota parte y por tanto tambi\u00e9n debe suspenderse, en raz\u00f3n de aquella la posesi\u00f3n que alegaron Olga Luc\u00eda Baena y Jorge Iv\u00e1n Cardona. <\/p>\n
Empero, con todo lo anterior s\u00ed se advierte que, al interior del proceso, los Juzgadores omitieron develar la situaci\u00f3n que en su momento atraves\u00f3 el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n y el alcance de las medidas cautelares inscritas sobre el predio, para decidir acerca de la suspensi\u00f3n de la posesi\u00f3n de los demandantes. Lo anterior porque, al menos de la medida inscrita por orden del INCODER, se puede inferir la posibilidad de suspensi\u00f3n de aquella, durante el per\u00edodo que la medida estuvo vigente. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, en raz\u00f3n de los dem\u00e1s ataques elevados por el accionante, por la decisi\u00f3n que se acaba de motivar, resulta innecesaria pronunciaci\u00f3n al respecto, por cuanto la verificaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la posesi\u00f3n de Olga Luc\u00eda Baena y de Jorge Iv\u00e1n Cardona, son asuntos que obligan no solo a un nuevo debate probatorio al respecto sino a que se rehaga nuevamente los alegatos conclusivos y se emita la sentencia nuevamente, teniendo en cuenta dicha situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 dejar <\/p>\n
\u00absin efectos los autos proferidos el 21 de octubre y el 16 de diciembre de 2020, mediante los cuales se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. En su lugar se ordena al Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita las decisiones que considere pertinentes a fin de verificar el alcance de las medidas cautelares que recayeron sobre el predio objeto del proceso para la protecci\u00f3n de Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez y, la situaci\u00f3n posesoria durante el t\u00e9rmino que aquellas perduraron. En la pr\u00e1ctica de las pruebas que ordene para ellas, deber\u00e1 respetar el derecho de contradicci\u00f3n. Valorando aquella situaci\u00f3n, deber\u00e1 proceder a emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en su criterio, el Tribunal debi\u00f3 pronunciarse sobre todos los cuestionamientos que esgrimi\u00f3 frente a las decisiones censuradas, pues si los juzgadores accionados llegan a las mismas conclusiones, tras acatar la orden de tutela, es decir, resuelven, nuevamente, negar la divisi\u00f3n y acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por la \u00abmera supuesta posesi\u00f3n de dos (2) de los cinco (5) comuneros\u00bb, sin decretar la pertenencia del bien, tendr\u00e1 que interponer un nuevo amparo y ello contrar\u00eda el \u00abprincipio de econom\u00eda procesal y [entra\u00f1a] el desgaste del aparato jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante reprocha, concretamente, las providencias de 21 de octubre y 16 de diciembre de 2020, mediante las cuales, en la primera, la juez municipal acusada resolvi\u00f3 desestimar \u00abla pretensi\u00f3n de divisi\u00f3n material impetrada\u00bb por el solicitante y declar\u00f3 \u00abla prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb alegada por Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, advirtiendo que al no cumplirse con los presupuestos del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abno se declaraba el derecho real de dominio sobre los predios en controversia\u00bb; y, en la segunda, se confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n, al definirse la alzada interpuesta por Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n. <\/p>\n
Para definir la censura constitucional, la cual se concreta, de acuerdo con el actor, en la insuficiente valoraci\u00f3n probatoria de los accionados y en la falta de decisi\u00f3n \u00abde fondo\u00bb de la pretensi\u00f3n divisoria y de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio invocada por Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n, resulta necesario memorar lo advertido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque. <\/p>\n
Escuchada la audiencia donde se emiti\u00f3 la providencia de 21 de octubre de 2020, observa la Sala que la funcionaria, tras recibir las declaraciones de las partes y testigos, efectuar un control de legalidad, relatar los antecedentes del asunto y recibir las alegaciones de los extremos del proceso, en punto a los ataques aqu\u00ed propuestos, expuso: <\/p>\n
\u00abEn el caso a estudio, antes de decidir como corresponde, es claro que estamos frente a unos predios que est\u00e1n denominados como El Refugio (\u2026) los linderos que est\u00e1n establecidos en la demanda, ellos corresponden a una finca territorial con una extensi\u00f3n aproximada de 172 hect\u00e1reas, compuestas por dos lotes de terreno, aunque limitados separadamente formando un solo globo. Inmueble ubicado en el (\u2026) municipio de San Roque Antioquia (\u2026). Es de advertir que estos predios est\u00e1n plenamente identificados. <\/p>\n
El se\u00f1or Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez tambi\u00e9n se escuch\u00f3 en interrogatorio de parte como parte aqu\u00ed demandante, de igual manera se escuch\u00f3 en su oportunidad al se\u00f1or Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar como parte aqu\u00ed demandada. Respecto de los se\u00f1ores Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria y Olga Luc\u00eda Baena fueron escuchados en audiencia de fecha del 7 de mayo de 2020, misma prueba que se declar\u00f3 nula por no haberse dado la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Es por ello que el d\u00eda de hoy (\u2026) esta prueba se reh\u00edzo en compa\u00f1\u00eda de una de las aqu\u00ed demandadas se\u00f1ora Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n al no haber sido escuchada en audiencia anterior. <\/p>\n
En su declaraci\u00f3n los se\u00f1ores Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez, Jos\u00e9 \u00c9dgar Escoba y ahora Sara Johana Maya, manifestaron sin lugar a dudas, que no han ejercido posesi\u00f3n del predio objeto de divisi\u00f3n y reconocen en su dicho que las personas que se encuentran presentes en el mismo, son los se\u00f1ores Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n, los cuales se han valido de los medios de defensa legales para ello y que a su vez los han excluido rotundamente en su calidad de comuneros frente al predio y esto se advierte tambi\u00e9n, con una posesi\u00f3n muy fehaciente de los aqu\u00ed demandados y adem\u00e1s coherente e inequ\u00edvoca por parte de \u00e9stos. <\/p>\n
Adicionalmente, debe traerse a colaci\u00f3n lo dicho por los testigos que como ya se dijo fueron claros en afirmar, uno, que estuvo durante cierto tiempo y, el otro, que a\u00fan es cosechero del predio que se pretende dividir, ello, hago advertencia, en la fecha 7 de mayo de 2020 que fue el d\u00eda en que se realiz\u00f3 la audiencia anterior. Que han conocido como due\u00f1os desde el a\u00f1o 2006 a la se\u00f1ora Olga y al se\u00f1or Jorge. Es preciso tambi\u00e9n resaltar, que tanto el demandante en esta oportunidad como la se\u00f1ora Sara y el se\u00f1or Jorge \u00c9dgar no trajeron ning\u00fan medio de prueba para desvirtuar estos dichos, pues no ofrecieron a este despacho prueba diferente a las portadas con la presentaci\u00f3n de la demanda, por el aqu\u00ed demandado, porque como ya tambi\u00e9n qued\u00f3 advertido, el se\u00f1or Jos\u00e9 \u00c9dgar y la se\u00f1ora Sara Johana no contestaron la demanda dentro de la oportunidad. <\/p>\n
Es as\u00ed entonces que mal podr\u00eda decirse que el demandante y en este caso, los dem\u00e1s comuneros a excepci\u00f3n de la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Baena y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, han realizado actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el inmueble cuando estos mismos, en el interrogatorio, m\u00e1s a\u00fan del se\u00f1or Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez, desde el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, han manifestado que existen otros poseedores y que no es \u00e9ste quien ejerce la posesi\u00f3n material de su cuota parte. Asimismo, es claro que los demandados Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, dan cuenta de mejoras y dem\u00e1s actos positivos sobre el predio, que no se acreditan por s\u00ed mismos, pues estos actos de se\u00f1or\u00edo para la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n requieren tambi\u00e9n de otros actos. Prueba de las mejoras plantadas, el no reconocimiento de los dem\u00e1s como condue\u00f1os qued\u00f3 demostrado en el actuar procesal, como lo es entre otros los documentos que acreditan la cancelaci\u00f3n de los respectivos impuestos, negociaciones con la administraci\u00f3n de este municipio, proyectos para la plantaci\u00f3n de mejoras etc. <\/p>\n
Da lugar entonces a concluirse que la presencia de un comunero poseedor, en este caso Olga Luc\u00eda Baena y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, [traduce] que no se encuentran reunidos los presupuestos axiol\u00f3gicos que legal y jurisprudencialmente se exigen para la prosperidad de la divisi\u00f3n material del bien denominado El Refugio (\u2026), pues como qued\u00f3 expuesto, una de las partes aqu\u00ed demandadas ha ejercido actos se se\u00f1or y due\u00f1o de manera exclusiva y excluyente, respecto de los otros condue\u00f1os El ingreso al inmueble de la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda fue con uno de los que, en su memento, eran reputados como poseedores y que una vez ella ingres\u00f3 al predio y posteriormente el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n, actualmente su compa\u00f1ero permanente, no se aporta ninguna prueba de que esto se hizo con la autorizaci\u00f3n de los que en su momento tambi\u00e9n eran comuneros, asimismo se acredit\u00f3 que los actos posesorios han sido ejercidos de manera pac\u00edfica, como quiera que no consta en el expediente que hayan sido llamados a rendir cuentas o que est\u00e9n citados dentro de un tr\u00e1mite procesal adverso a la posesi\u00f3n ejercita por \u00e9stos, pues solo hasta ahora se ha dado inicio al proceso divisorio y donde \u00e9stos han sido citados. <\/p>\n
(\u2026) [S]er\u00e1 declarada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, cabe resaltar que con ella no se da el derecho real de domino a la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Baena y el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, pues corresponde a otro tipo de acci\u00f3n para que sean declarados as\u00ed. <\/p>\n
Es de advertir tambi\u00e9n que esta posici\u00f3n se discuti\u00f3 en sede de tutela de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela STC5774-2020 (\u2026) Magistrado Ponente Francisco Ternera Barrios, providencia con fecha del 20 de agosto de este a\u00f1o. Se dijo entonces, (\u2026) y es de advertir que este pronunciamiento se hizo respecto de este mismo proceso [que] \u2018(\u2026) la (\u2026) funcionaria municipal, repar\u00f3 con claridad que, a falta de las exigencias legalmente establecidas en ese proceso, no exist\u00eda prosperidad para aquella, y al final, nada podr\u00eda referir en lo concerniente a la pertenencia misma, como en efecto lo resalt\u00f3\u2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la juez municipal estim\u00f3 que esta Corte hab\u00eda avalado su postura y, con apoyo en ello, de nuevo, resolvi\u00f3 el caso negando la divisi\u00f3n peticionada y declarando como lo hab\u00eda hecho en la anterior oportunidad: <\/p>\n
\u00abLA PROSPERIDAD DE LA EXCEPCI\u00d3N DE PRESCRIPCI\u00d3N, ante la presencia de uno de los comuneros como poseedores, se\u00f1ores OLGA LUCIA BAENA MEJ\u00cdA y se\u00f1or JORGE IVAN CARDONA GAVIRIA, advirtiendo como ya se indic\u00f3 que por no haberse cumplido con los requisitos previstos en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art. 375 del C\u00f3digo General del Proceso, no se declarar\u00e1 por el modo de la prescripci\u00f3n, el derecho real de dominio sobre los predios objeto de controversia. Es de advertir que solo \u00e9sta prospera como excepci\u00f3n m\u00e1s no como acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a los argumentos del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, para confirmar el anterior pronunciamiento, se encuentra que esa funcionaria, en la determinaci\u00f3n de 16 de diciembre de 2020, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abLos inconformes apelaron (\u2026) argumentando b\u00e1sicamente que de acuerdo a la Ley 1448 de Restituci\u00f3n de Tierras y por el conflicto armado que se present\u00f3 por enfrentamientos entre el bloque Metro y el bloque Nutibara, adem\u00e1s, en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del bien inmueble objeto de litis, se anot\u00f3 una medida cautelar decretada por Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Medell\u00edn, lo que conlleva a suspender los t\u00e9rminos para la prescripci\u00f3n y por ello no se pod\u00eda computar ese per\u00edodo para el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n de Olga Luc\u00eda Baena y Jorge Iv\u00e1n Cardona. <\/p>\n
Para resolver es necesario indicar que en el plazo definido en la Ley 1448, la posesi\u00f3n se presume inexistente, en casos de personas que hayan sido propietarias o poseedoras de predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y que adem\u00e1s hayan sido despojadas de estos o se hayan visto obligadas a abandonarlos como consecuencia directa o indirecta de hechos ocurridos con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, lo que conlleva a suspender la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria o a contemplar una presunci\u00f3n de inexistencia de la posesi\u00f3n, como ya se indic\u00f3. <\/p>\n
Se advierte del estudio de t\u00edtulos que, en los certificados de tradici\u00f3n de matr\u00edcula inmobiliaria 026-1828 y 026-1829 mediante la escritura p\u00fablica 2355 del 21 de mayo de 1996 de la Notar\u00eda 4 de Medell\u00edn, registrada el 13 de septiembre de 1999, en las anotaciones 012 y 015, respectivamente, los se\u00f1ores Baena Garc\u00e9s Rafael Alberto, Cardona Valencia Luz Marina y P\u00e9rez Castrill\u00f3n Norberto de Jes\u00fas, adquirieron dicho bien, por compraventa a los se\u00f1ores Vergara L\u00f3pez Roberto de Jes\u00fas y Zapata Granda Ram\u00f3n Rodrigo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se indica en las anotaciones 014 y 017, respectivamente, en las matr\u00edculas inmobiliarias antes referidas, que el se\u00f1or Rafael Alberto Baena Garc\u00e9s, vende sus derechos de cuota a los se\u00f1ores Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria, mediante escritura 1489 del 14 de abril de 2009, de la Notar\u00eda 4 de Medell\u00edn, la cual fue registrada el 29 de abril de 2009. <\/p>\n
En las anotaciones 020 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 026-1828 y en la 021 de la matr\u00edcula inmobiliaria 026-1829, el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n, le vende su derecho al se\u00f1or Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez, mediante escritura 8722 del 19 de diciembre de 2015, de la Notar\u00eda 18 de Medell\u00edn, registrada el 03 de marzo de 2016. <\/p>\n
En las anotaciones 021 y 023 de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 026-1828 y 026-1829, respectivamente, la se\u00f1ora Luz Marina Cardona Valencia les vende a los se\u00f1ores Jos\u00e9 Edgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n, su derecho de cuota dentro de los inmuebles antes indicados, mediante escritura 904 del 05 de abril de 2017 de la Notar\u00eda 21 de Medell\u00edn, registrada el 27 de abril de 2017. <\/p>\n
De lo obrante en el plenario, esto es, testimonios recibidos e interrogatorios de parte, se demostr\u00f3 que cuando los recurrentes realizaron su compra, por un lado, no vieron antes el bien inmueble que iban a adquirir, como tampoco se realiz\u00f3 la entrega material del bien, de parte de los vendedores, luego de realizada esta, es m\u00e1s, al parecer, no fueron advertidos que los vendedores no ten\u00edan posesi\u00f3n del bien inmueble y que se hab\u00edan desentendido de \u00e9l desde hac\u00eda muchos a\u00f1os. <\/p>\n
Se prob\u00f3 tambi\u00e9n que la se\u00f1ora Olga Lucia Baena Mej\u00eda, se encuentra en posesi\u00f3n del bien desde el a\u00f1o 2006 y que su t\u00edo y su se\u00f1or padre ven\u00edan trabaj\u00e1ndolo y posey\u00e9ndolo desde el a\u00f1o 1996, que, adem\u00e1s, no conoce a los se\u00f1ores Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n y Luz Marina Cardona Valencia, lo que indica que durante el tiempo transcurrido desde su posesi\u00f3n hasta la fecha en que estos enajenaron, se desentendieron por completo del bien y solo les interesaba vender. Dichos que no fueron refutados o controvertidos con prueba alguna. <\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda, ante pregunta realizada por los ac\u00e1 recurrentes, en el interrogatorio de parte, que cuando se dieron cuenta de la medida cautelar que en el a\u00f1o 2014 decret\u00f3 la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Medell\u00edn, se presentaron ante la Unidad con todos los documentos que demostraban la propiedad y posesi\u00f3n, que daban cuenta que el se\u00f1or Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez Castrill\u00f3n no hab\u00eda sido desalojado de dicho inmueble y por ello mediante Resoluci\u00f3n 1359 del 11 de junio de 2015 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Medell\u00edn, cancel\u00f3 la protecci\u00f3n jur\u00eddica del predio por no inclusi\u00f3n de la solicitud en el registro de tierras despojadas y abandonadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si ac\u00e1 no se present\u00f3 un desplazamiento por la violencia, el bien no fue despojado ni abandonado, demuestra que no hubo imposibilidad absoluta y comprobada de poseer sus propios bienes, por lo tanto, no les es dable alegar lo que no fue comprobado, de ah\u00ed que, ese tiempo que alegan los inconformes, considera este Despacho, no tiene porqu\u00e9 descontarse as\u00ed como lo solicitan los recurrentes, toda vez que el bien no fue incluido como tierra despojada y abandonada, t\u00e9ngase en cuenta que la posesi\u00f3n se presume inexistente, en casos de personas que hayan sido propietarias o poseedoras de predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo tanto, en este evento, no sucedi\u00f3 as\u00ed como ya se indic\u00f3, pues el bien objeto de litis no fue incluido en dicho registro y de ello da cuenta la anotaci\u00f3n 18 del certificado de tradici\u00f3n de la matr\u00edcula inmobiliaria 026-1828, relacionado en el p\u00e1rrafo anterior; adem\u00e1s, ser\u00eda en otro escenario, donde los recurrentes, les corresponder\u00eda demostrarlo, porque como se indic\u00f3 en primera instancia, la prescripci\u00f3n prosper\u00f3 como medio exceptivo, m\u00e1s no como acci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al segundo planteamiento de uno de los inconformes, que la decisi\u00f3n tiene car\u00e1cter inhibitorio, no es cierto, pues la decisi\u00f3n tomada se considera de fondo, pues desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n de divisi\u00f3n impetrada y declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n como medio exceptivo y no como acci\u00f3n, ante la presencia de unos comuneros como poseedores\u00bb. <\/p>\n
2. De las anteriores consideraciones, junto con las actuaciones surtidas en el proceso criticado, se advierte que habr\u00e1 de revocarse el fallo del Tribunal Superior de Antioquia para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n solicitada por Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez, pues no se constata desafuero o arbitrariedad manifiesta en la actividad de las funcionarias accionadas que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Debe destacarse que, si bien la impugnaci\u00f3n fue propuesta exclusivamente por el accionante, quien pretende que se acceda al amparo en los t\u00e9rminos por \u00e9l se\u00f1alados, el juez constitucional no est\u00e1 limitado en segundo grado para adoptar las determinaciones pertinentes en aras de salvaguardar la Ley y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En cuanto a lo expresado, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[E]l amparo est\u00e1 basado en principios y reglas fundamentales y especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la no reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores\u00bb (CSJ. STC de 1\u00ba de febrero de 2012, exp. 00164-01; en el mismo sentido, STC1199-2021.) <\/p>\n
Ahora, descendiendo al asunto, la Corte observa que el Tribunal constitucional hall\u00f3 quebrantados los derechos invocados porque, seg\u00fan explic\u00f3, en el proceso cuestionado debieron decretarse pruebas de oficio a fin de establecer si las medidas cautelares otrora inscritas sobre el predio materia del litigio, relativas a (i) \u00abla prohibici\u00f3n de enajenar derechos inscritos\u00bb, anotada el 14 de marzo de 2012 a instancias del entonces Incoder y cancelada el 27 de marzo de 2014; y a (ii) \u201cla protecci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble\u201d, ordenada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas el 29 de diciembre de 2014 y extinguida el 8 de septiembre de 2015, ten\u00edan la virtud de interrumpir la posesi\u00f3n invocada por Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria. <\/p>\n
La Sala no comparte la anterior reflexi\u00f3n porque, en primer lugar, revisado el proceso censurado, no se encuentra que el demandante y dem\u00e1s involucrados en el asunto, hubiesen expuesto un alegato en los t\u00e9rminos estrictamente mencionados, suscitando en las funcionarias convocadas la obligaci\u00f3n de esclarecer, oficiosamente, la interrupci\u00f3n de los actos de se\u00f1or\u00edo, pues, en realidad, el demandante se limit\u00f3 a sostener que por el hecho de hallarse el predio en el municipio de San Roque -Antioquia-, lugar donde han acaecido actos de violencia, no pod\u00eda poseerse el bien conforme a la Ley 1448 de 2011 y, a su turno, Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n guardaron silencio frente a la demanda y a la contestaci\u00f3n de Olga Luc\u00eda Baena Mej\u00eda y Jorge Iv\u00e1n Cardona Gaviria. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, tampoco se considera dable arg\u00fcir que pueden estar, eventualmente, afectados los derechos de alguna persona en situaci\u00f3n de despojo protegida seg\u00fan la normativa mencionada, pues en el proceso no se ventil\u00f3 tal situaci\u00f3n en tanto que, la revisi\u00f3n de las diligencias no revela esa circunstancia; adem\u00e1s, las funcionarias, en primer y segundo grado, precisaron la relaci\u00f3n de Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n con el predio, encontrando que comenzaron a poseerlo incluso antes del 2006, sin que se acreditara la supuesta \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb referida por el Tribunal, dado que Norberto de Jes\u00fas P\u00e9rez de Castrill\u00f3n, en favor de quien se decretaron las anotadas medidas cautelares, adem\u00e1s de no habitar el inmueble, tampoco llev\u00f3 a t\u00e9rmino un proceso de restituci\u00f3n de tierras reglado en la citada norma, previa inclusi\u00f3n del bien en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (art. 76, Ley 1448 de 2011). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si bien la Ley 1448 de 2011 establece una \u00abPresunci\u00f3n de inexistencia de la posesi\u00f3n\u00bb, la misma est\u00e1 restringida, seg\u00fan el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 77, a que los actos posesorios recaigan \u00absobre el bien objeto de restituci\u00f3n\u00bb, lo cual no aconteci\u00f3 en el caso censurado, pues como lo explic\u00f3 la juez de segundo grado, el inmueble en disputa no ingres\u00f3 al mencionado Registro y en el proceso no se acredit\u00f3 el despojo o la violencia sufrida por P\u00e9rez de Castrill\u00f3n, quien, en todo caso, vendi\u00f3 su cuota parte a Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Precisado lo anterior, resta concretarle al querellante que sus dem\u00e1s cuestionamientos, referidos a la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la falta de decisi\u00f3n en el proceso cuestionado, tampoco le abren paso al auxilio reclamado. <\/p>\n
Sobre lo primero, seg\u00fan se extrae del amplio sustento de las jueces convocadas, aqu\u00e9l tuvo una actitud completamente pasiva en orden a acreditar que Olga Luc\u00eda y Jorge Iv\u00e1n no fueron poseedores del bien, esto desde el 2006 como lo relataron los testigos; o, que, en su defecto, reconocieron a los dem\u00e1s comuneros como due\u00f1os, pues fue amplio el material demostrativo para concluir que los prenombrados son quienes ejercen, de manera exclusiva, el se\u00f1or\u00edo del terreno, cuesti\u00f3n aceptada, incluso, en los interrogatorios del actor y de Jos\u00e9 \u00c9dgar Escobar Echeverri y Sara Johana Maya Mogoll\u00f3n. <\/p>\n
En torno al segundo aspecto, esto es, el hecho de negarse la divisi\u00f3n ante la procedencia de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, empero, no declararse la pertenencia del inmueble, tampoco se hallan quebrantadas las garant\u00edas del aqu\u00ed accionante, pues esta Sala en el fallo de tutela STC5774-2020 de 20 de agosto de 2020, como lo expuso la Juez Municipal, ya hab\u00eda avalado la viabilidad de invocar la mencionada defensa en el proceso divisorio cuestionado, proceder recientemente integrado al ordenamiento jur\u00eddico tras el estudio efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-284 del 25 de agosto de 2021, donde se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abDeclarar EXEQUIBLE la expresi\u00f3n \u201cSi el demandado no alega pacto de indivisi\u00f3n en la contestaci\u00f3n de la demanda, el juez decretar\u00e1, por medio de auto, la divisi\u00f3n o la venta solicitada\u201d contenida en el art\u00edculo 409 de la Ley 1564 de 2012, en el entendido de que tambi\u00e9n se admite como medio de defensa en el proceso divisorio la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, siendo prospera la \u00abexcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb, resultaba claro el fracaso de la pretensi\u00f3n divisoria, a\u00fan cuando corresponda a los poseedores, ahora, iniciar la acci\u00f3n correspondiente para obtener el derecho de dominio sobre el predio, carga no controvertida por \u00e9stos, y analizada, sin reproche, en la mencionada sentencia STC5774-2020 de 20 de agosto de 2020, de la cual se infiere que ante el incumplimiento de lo previsto en los numerales 6\u00b0 y 7\u00b0 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso (inscripci\u00f3n de la demanda e instalaci\u00f3n de valla, respectivamente), no pod\u00eda declararse la pertenencia. <\/p>\n
En consecuencia, las apreciaciones de las accionadas, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el expediente del proceso. En ese sentido, la Sala ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se revocar\u00e1 el fallo recurrido para, en su lugar, negar el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo solicitado por Carlos Eugenio Zapata L\u00f3pez <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1212-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1212-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2021-00052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}