STC1213-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1213-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02391-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra el fallo proferido el 30 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Beatriz Barona de Ortiz contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral con radicado interno 83138. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital e igualdad, presuntamente vulnerados en el proceso se\u00f1alado, y solicit\u00f3 que se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la (\u2026) [sentencia] SL3788-2021\u00bb y se le imponga a la accionada \u00abque [le] reconozca (\u2026) el derecho que tiene (\u2026) [como] co-beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge LUIS FERNANDO ORTIZ RESTREPO\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar sus reparos, sostuvo que el 3 de julio de 1965 contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Luis Fernando Ortiz Restrepo, con quien procre\u00f3 cuatro hijos, a la fecha mayores de edad, uno de ellos fallecido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que convivi\u00f3 con el prenombrado hasta 1988, cuando fue \u00abobligada a dejar el hogar por amenazas de muerte por parte de su c\u00f3nyuge\u00bb, luego de lo cual, en sentencia de 28 de julio de 1989, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decret\u00f3 la separaci\u00f3n de cuerpos de los consortes. <\/p>\n
Expuso que tras el fallecimiento de Ortiz Restrepo, ocurrido el 4 de marzo de 2000 pidi\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes como beneficiaria de aqu\u00e9l, no obstante, Colpensiones le neg\u00f3 tal reclamaci\u00f3n y, por ello, impuls\u00f3 el juicio ordinario laboral aqu\u00ed reprochado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que a ese asunto fue convocada Mar\u00eda Elena Fl\u00f3rez Angulo, compa\u00f1era permanente del causante y, posteriormente, surtidas las etapas correspondientes, el Juzgado Sexto Laboral de Cali, en sentencia de 24 de noviembre de 2017, resolvi\u00f3 condenar a la entidad all\u00ed demandada a pagar un (1) salario m\u00ednimo mensual vigente por el se\u00f1alado concepto, \u00aben proporci\u00f3n de 53,4% a favor de Beatriz y el 46,96% a favor de Mar\u00eda Elena\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que impetr\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la aqu\u00ed accionada, en sentencia SL3788-2021, resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
En su criterio, la Sala especializada de esta Corte quebrant\u00f3 sus prerrogativas, como quiera que aplic\u00f3 \u00fanicamente el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, para determinar que ella no pod\u00eda ser beneficiaria del causante al no haber convivido con \u00e9ste al menos (2) a\u00f1os antes de su fallecimiento, con lo cual releg\u00f3 el principio de \u00abinescindibilidad de la ley\u00bb, pues debi\u00f3 tener en cuenta lo reglado en el canon 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese a\u00f1o, que precept\u00faa la p\u00e9rdida del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando al momento del deceso los consortes no conviven, \u00absalvo que [la esposa] se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque \u00e9ste abandon\u00f3 el hogar sin justa causa o le impidi\u00f3 su acercamiento o compa\u00f1\u00eda\u00bb y, en su caso, la separaci\u00f3n ocurri\u00f3 por los malos tratos que le propinaba Ortiz Restrepo, lo cual demostr\u00f3 con \u00abdeclaraciones extrajuicio\u00bb aportadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
Tras citar jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y de la Corte Constitucional sobre la salvedad legal antes transcrita, acota que tiene setenta (70) a\u00f1os y no cuenta con ingresos econ\u00f3micos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto no lesion\u00f3 los derechos de la tutelante, pues su decisi\u00f3n \u00abno fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente\u00bb. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R. I.S.S. expres\u00f3 su ausencia de legitimaci\u00f3n para pronunciarse sobre este amparo, pues fue Colpensiones la convocada en el proceso materia de censura. <\/p>\n
Colpensiones manifest\u00f3 que la tutela no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no quebrant\u00f3 las prerrogativas de la solicitante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n solicitada, toda vez que estim\u00f3 vulneradas las garant\u00edas de la tutelante con el fallo aqu\u00ed censurado, pues, seg\u00fan adujo, debi\u00f3 aplicarse el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, pero teniendo en consideraci\u00f3n la situaci\u00f3n de maltrato sufrida por la tutelante que le impidi\u00f3 continuar conviviendo con el causante, ello, conforme se resolvi\u00f3 en las sentencias STP10491-2019 y STP1455-2021 de esa Sala y en la SU108-2020 de la Corte Constitucional, donde se estableci\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de esa norma est\u00e1 mediada \u00abpor la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia material, igualdad y no discriminaci\u00f3n, y solidaridad\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3, entonces, que la accionada, adem\u00e1s de abstenerse de resolver el caso bajo la perspectiva de g\u00e9nero, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) omiti\u00f3 el estudio de la justa causa recalcada en la demanda de casaci\u00f3n por Beatriz Barona de Ortiz, para justificar la no convivencia con el causante a la fecha de su deceso. As\u00ed, a pesar de que la demandante aleg\u00f3 que se separ\u00f3 de cuerpos de su esposo Luis Fernando Ortiz Restrepo debido al maltrato f\u00edsico y verbal que este le inflig\u00eda, y que por esta raz\u00f3n no convivi\u00f3 con el mismo hasta el d\u00eda de su muerte, la autoridad inadvirti\u00f3 completamente este suceso, desconociendo as\u00ed los lineamientos legales, constitucionales y jurisprudenciales que se han erigido sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia SL37882021 del 11 de agosto de 2021 emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral [y] ORDENAR a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el t\u00e9rmino de doce (12) d\u00edas concedidos al Magistrado Ponente y quince (15) d\u00edas a la Sala, siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, expida una nueva providencia en la que se estudie y resuelva en su integridad el cargo uno propuesto en la demanda de casaci\u00f3n presentada por Beatriz Barona de Ortiz, conforme a las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Magistrado Ponente de la sentencia SL3788-2021 aqu\u00ed censurada, quien expuso que en esa providencia se resolvieron los dos cargos propuestos por la tutelante por la v\u00eda directa. Anot\u00f3 que, para definir el asunto, se aplic\u00f3 la \u00abversi\u00f3n original\u00bb del art\u00edculo 47 de la Ley 1993, teniendo en cuenta que esa era la norma vigente a la fecha del fallecimiento del causante -4 de marzo de 2020-, proceder respaldado en la jurisprudencia de la Sala especializada y, asimismo, en sede de tutela, en casos asimilables, entre otros, en el fallo STC7086-2019. <\/p>\n
Destac\u00f3 que dicho canon no contemplaba la salvedad aducida por la querellante, pues la misma est\u00e1 consignada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 30 del Acuerdo 049 de 1990, r\u00e9gimen \u00abque no (\u2026) regula el asunto\u00bb; no obstante, expuso que el art\u00edculo 25 de dicho Acuerdo, s\u00ed se tuvo en cuenta, pero para estudiar \u00abla densidad de semanas de cotizaci\u00f3n para dejar causado el derecho pensional\u00bb, atendiendo a la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, como viene haci\u00e9ndolo la Sala otros asuntos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el litigio resultaba improcedente analizar lo concerniente a \u00abla convivencia simult\u00e1nea\u00bb con la esposa y la compa\u00f1era permanente, porque el precepto aplicable no lo contemplaba (art. 47, Ley 100 de 1993), adem\u00e1s resalt\u00f3 que no se incurri\u00f3 en discriminaci\u00f3n hacia la accionante, <\/p>\n
\u00abtoda vez que la separaci\u00f3n legal de Beatriz Barona y su c\u00f3nyuge Luis Fernando Ortiz Restrepo, como se dijo, fue aprobada por (\u2026) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia de 31 de julio de 2018, lo que no fue materia de discusi\u00f3n teniendo en cuenta la v\u00eda por la que se dirigieron los cargos \u2013directa-; tampoco fue acreditado en el plenario que tal supuesto hubiere ocurrido a consecuencia del maltrato f\u00edsico y verbal que hipot\u00e9ticamente el causante le inflig\u00eda, y que tal circunstancia fuese la raz\u00f3n por la que no convivi\u00f3 con \u00e9l hasta el d\u00eda de su muerte, para la posible configuraci\u00f3n de una \u00abjusta causa\u00bb de la separaci\u00f3n, dado que tal situaci\u00f3n solo se pod\u00eda ventilar por la senda f\u00e1ctica. <\/p>\n
Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n, se entendiera que el primer cargo se orient\u00f3 por la v\u00eda indirecta, la recurrente \u00fanicamente soport\u00f3 su dicho con base en las declaraciones extra juicio rendidas por Harold Enrique L\u00f3pez Gait\u00e1n y Hern\u00e1n Antonio Sierra L\u00f3pez, que solo se pueden examinar cuando se acredita un yerro de car\u00e1cter ostensible, protuberante o manifiesto, en alg\u00fan medio de convicci\u00f3n calificado, como son el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n ocular, seg\u00fan la restricci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 (CSJ SL1982-2020)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De las pruebas allegadas se concluye el fracaso del amparo demandado, por cuanto no se constata arbitrariedad manifiesta en la gesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acusada al emitir la sentencia SL3788-2011; por tanto, se revocar\u00e1 el fallo impugnado, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Se memora que la peticionaria formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral en el asunto censurado, por cuanto esa autoridad hab\u00eda resuelto revocar la providencia del Juzgado Sexto Laboral de Cali para, en su lugar, negarle a la tutelante el porcentaje de la pensi\u00f3n de sobrevivientes all\u00ed reconocido y otorgarle a Mar\u00eda Elena Fl\u00f3rez Angulo, compa\u00f1era permanente del causante, dicha prestaci\u00f3n en un 100%. <\/p>\n
Como lo indic\u00f3 la Sala accionada, la promotora interpuso la censura extraordinaria en dos cargos por la v\u00eda directa. As\u00ed, advirti\u00f3, en el primero, que en segunda instancia se desconoci\u00f3, <\/p>\n
\u00abque en este caso, se configur\u00f3 la salvedad contenida en el num. 1 del art\u00edculo 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese a\u00f1o, que precept\u00faa que se pierde el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00absalvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque \u00e9ste abandon\u00f3 el hogar sin justa causa o le impidi\u00f3 su acercamiento o compa\u00f1\u00eda\u00bb, toda vez que la separaci\u00f3n con el causante se debi\u00f3 a que \u00abLE DABA MALTRATO TANTO VERBAL COMO F\u00cdSICO\u00bb <\/p>\n
Y, en el segundo cargo, adujo la \u00abinfracci\u00f3n directa, por \u00abno aplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb, motivo por el cual, sostuvo, el juez de segundo grado no reconoci\u00f3 los intereses moratorios previstos en esa norma. <\/p>\n
Para definir el primer ataque, la accionada expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal consider\u00f3 que en virtud a que la muerte del afiliado Luis Fernando Ortiz Restrepo que ocurri\u00f3 el 4 de marzo de 2000, la normatividad aplicable al caso era el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, por encontrarse vigente para esa \u00e9poca; no obstante, aplic\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y, se remiti\u00f3 a lo consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, por no encontrar acreditados los requisitos para la causaci\u00f3n del derecho conforme la ley en menci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, coligi\u00f3 que de acuerdo a la normatividad que regulaba el asunto y en armon\u00eda con la jurisprudencia laboral de esta Corte, le correspond\u00eda a Mar\u00eda Elena Fl\u00f3rez Angulo el derecho a la prestaci\u00f3n, en calidad de compa\u00f1era permanente, por acreditar la convivencia real y efectiva con el causante; adem\u00e1s, descart\u00f3 la posibilidad de la aqu\u00ed recurrente, de acceder a la pensi\u00f3n, en raz\u00f3n a que la norma vigente aplicable al caso, no contempl\u00f3 la distribuci\u00f3n proporcional del monto de la mencionada prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, entre c\u00f3nyuge y compa\u00f1era permanente en la hip\u00f3tesis de convivencia simult\u00e1nea con el pensionado, como s\u00ed lo consagr\u00f3 la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
La censura muestra su inconformidad con lo razonado por el sentenciador, al considerar que incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n normativa que le endilga, en tanto no tuvo en cuenta lo consagrado en el art. 53 de la CN y en el num. 1 del art. 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese a\u00f1o, en el sentido de que la separaci\u00f3n con el fallecido se debi\u00f3 a que \u00able daba maltrato tanto verbal como f\u00edsico\u00bb, lo que configura la salvedad contenida en la \u00faltima norma citada, que establece la p\u00e9rdida de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Dada la v\u00eda de puro de derecho por la que se dirigen los cargos, no se discute que: i) Luis Fernando Ortiz Restrepo falleci\u00f3 el 4 de marzo de 2000 (f.\u00b033) ii) que contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Beatriz Barona de Ortiz el 3 de julio de 1965 (f.\u00b029), pero que se decret\u00f3 la separaci\u00f3n indefinida, mediante decisi\u00f3n judicial de 28 de julio del 1989 y que fruto de esa uni\u00f3n tuvieron descendientes; iii) que el causante convivi\u00f3 con Mar\u00eda Elena Fl\u00f3rez Angulo, desde 1986 hasta el fallecimiento y, procrearon a Mar\u00eda Camila Ortiz Fl\u00f3rez y Mar\u00eda Fernanda Ortiz Fl\u00f3rez, ambas mayores de edad; y, iv) que Colpensiones neg\u00f3 a la recurrente la pensi\u00f3n de sobrevivientes en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 294709 de 22 de agosto de 2014 (f.\u00b0cd 78)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Enseguida, advirti\u00f3 que el ad quem acert\u00f3 al aplicar al asunto la Ley 100 de 1993, toda vez que la misma estaba vigente al momento de la muerte del causante -4 de marzo de 2020- e, igualmente, respald\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 758 de ese a\u00f1o, para determinar que, de acuerdo con ese \u00faltimo r\u00e9gimen, el causante hab\u00eda dejado causada la pensi\u00f3n de sobrevivientes, intelecci\u00f3n que consider\u00f3 correcta dado \u00abel principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, avalado por la jurisprudencia de esa Sala. <\/p>\n
En punto al cuestionamiento de la tutelante, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal no se equivoc\u00f3 en su decisi\u00f3n, como quiera que aplic\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1 del Decreto 758 de ese a\u00f1o, solo en cuanto a las semanas requeridas para el nacimiento del derecho pensional, pues es el art. 47 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, el precepto legal que contiene las exigencias para determinar la calidad de beneficiarios de la prestaci\u00f3n, el cual requiere que la c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente del causante acredite m\u00ednimo 2 a\u00f1os de convivencia con anterioridad al fallecimiento, salvo que haya procreado uno o m\u00e1s hijos con aquel durante ese lapso. <\/p>\n
Cumple decir, que si bien en r\u00e9gimen de la pluricitada Ley 100 de 1993, la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite tiene prelaci\u00f3n sobre la compa\u00f1era permanente en caso de convivencia simult\u00e1nea, la esposa debe demostrar tal requisito, puesto que a la luz de dicha normativa no es dable otorgar la prestaci\u00f3n de manera compartida (CSJ SL4099-2017). <\/p>\n
De ah\u00ed que, el ad quem estim\u00f3 que, quien cumpl\u00eda con el mencionado requisito era la compa\u00f1era permanente del causante mas no Beatriz Barona de Ortiz, dado que no conviv\u00eda con el de cujus desde que se dispuso la separaci\u00f3n indefinida de cuerpos, mediante decisi\u00f3n judicial de 28 de julio de 1989, esto es, m\u00e1s de 10 a\u00f1os a la fecha del fallecimiento, \u00e9poca en la que inici\u00f3 la convivencia de aquel con Mar\u00eda Elena Fl\u00f3rez Angulo (CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De suerte que el ad quem, no incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n directa del num. 1 del art. 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de ese a\u00f1o, toda vez que la norma que regula el asunto, en cuanto a la exigencia de establecer qui\u00e9n es la beneficiaria de la prestaci\u00f3n es el art. 47 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, como de manera acertada lo consider\u00f3 el sentenciador de segundo grado. <\/p>\n
En cuanto a los intereses moratorios, el Tribunal tambi\u00e9n acert\u00f3 al estimar que no eran dables, como quiera que el derecho principal no se reconoci\u00f3 en cabeza de la recurrente y lo accesorio sigue la suerte de lo principal\u201d. <\/p>\n
De la argumentaci\u00f3n transcrita no se revela desafuero, pues, como lo advirti\u00f3 la accionada al impugnar, la querellante se limit\u00f3 a formular los cargos por la \u00abv\u00eda directa\u00bb, refutando, particularmente, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, dado que, en su criterio, el ad quem, debi\u00f3 atender al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 30 del Acuerdo 049 de 1990, en cuanto a la salvedad all\u00ed inserta; censura suficientemente resuelta por la Sala especializada, al indicar que el Tribunal no hab\u00eda errado cuando acudi\u00f3 al primer precepto normativo mencionado, porque en vigencia del mismo ocurri\u00f3 la muerte de Luis Fernando Ortiz Restrepo -4 de marzo de 2000-. <\/p>\n
Por lo expuesto, sostuvo la acusada, era necesario acreditar un m\u00ednimo de dos (2) a\u00f1os de convivencia anteriores al deceso del causante, pero ello no acaeci\u00f3 respecto de la accionante, como quiera que se aport\u00f3 al asunto la decisi\u00f3n judicial de 28 de julio de 1989, con la cual se decret\u00f3 la separaci\u00f3n de cuerpos de los consortes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la solicitante no expuso, como correspond\u00eda, \u00abpor la v\u00eda indirecta\u00bb, un cargo dirigido a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria de la antedicha determinaci\u00f3n jurisdiccional o la apreciaci\u00f3n de las \u00abdeclaraciones extrajuicio\u00bb que, afirma, dan cuenta de los posibles hechos de violencia cometidos por su esposo y que le impidieron seguir conviviendo con \u00e9l luego de 1988, no puede endilgarse a la Sala accionada el quebranto de sus garant\u00edas, ya que \u00e9sta defini\u00f3 razonadamente las acusaciones contenidas en la demanda de casaci\u00f3n, result\u00e1ndole ajenas las quejas ahora ventiladas por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Sobre el cumplimiento de la t\u00e9cnica exigida a los demandantes en sede de casaci\u00f3n, esta Sala, en asuntos constitucionales, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abDel an\u00e1lisis precedente no se extrae irregularidad lesiva de prerrogativas fundamentales, pues como la actora no hizo uso del remedio rese\u00f1ado de manera correcta, la Sala encartada no pod\u00eda revisar de fondo los reparos a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador de segunda instancia. <\/p>\n
El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ, STC8583-2019, criterio reiterado en STC15185-2021 y STC13995-2021, entre otras). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ, STC304-2021). <\/p>\n
2. Resulta necesario advertir que esta Sala, en casos equiparables al aqu\u00ed estudiado, ha avalado la aplicaci\u00f3n de la norma vigente al momento de la muerte del causante para determinar qui\u00e9nes son sus beneficiarias. <\/p>\n
As\u00ed, en sentencia STC7086-2019, expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[L]a la r\u00e9plica de la impugnante (que tambi\u00e9n formul\u00f3 en sede de casaci\u00f3n) relacionada con el desconocimiento del precedente horizontal de la Sala o el trato diferencial respecto de otros asuntos en los que se admiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 en favor de la beneficiaria de la pensi\u00f3n, no concuerdan en un aspecto esencial y que es el que finalmente encuadra la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada en los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, la fecha del fallecimiento del causante (13 de diciembre de 1999), que en este evento, tal como lo explic\u00f3 la acusada, condiciona la aplicaci\u00f3n de una u otra normativa. <\/p>\n
En los casos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por la tutelante, los decesos de los pensionados ocurrieron en vigencia de la Ley 797 de 2003, luego, considerando tal circunstancia, es claro que dichos escenarios difieren del ac\u00e1 examinado, puesto que la aplicaci\u00f3n retroactiva en ese espec\u00edfico punto no resultaba viable seg\u00fan lo decantado por la misma Sala que jurisprudencialmente fij\u00f3 sus efectos\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y, en el mismo sentido, recientemente, en el fallo STC144-2022, al revocar el amparo concedido en primer grado, expuso: <\/p>\n
\u00ab[L]a decisi\u00f3n en cita no luce caprichosa o arbitraria, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder a las pretensiones, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para el momento del deceso de Rebolledo Olarte, la disposici\u00f3n legal que reg\u00eda la materia, otorgaba prelaci\u00f3n del derecho a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Marlene Barrio Barranco para ser beneficiaria de dicha prestaci\u00f3n, sobre los de aquella persona con quien paralelamente el causante conviv\u00eda. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario resultan razonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Sobre esto, la Sala en un asunto similar, tambi\u00e9n avalando la aplicaci\u00f3n de la normatividad vigente a la fecha del deceso del causante, acot\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, si bien la promotora manifest\u00f3 en el escrito de tutela que tiene 76 a\u00f1os, que se encuentra en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta e indefensi\u00f3n \u00abpor razones de tipo econ\u00f3mico\u00bb, as\u00ed como de salud, pues padece \u00abhipertensi\u00f3n arterial y artrosis\u00bb, tales circunstancias no logran demostrar que la tardanza en el ejercicio del mecanismo tuvo origen en razones jur\u00eddicamente v\u00e1lidas que hagan procedente el estudio de fondo de la acci\u00f3n constitucional, m\u00e1s a\u00fan cuando no se aprecia en la demarcada decisi\u00f3n un desatino que haga procedente la misma, comoquiera que all\u00ed se explic\u00f3, con suma claridad, por qu\u00e9 no era procedente acudir al Acuerdo 049 de 1990 a fin de acoger alguna de las causales de p\u00e9rdida o extinci\u00f3n del derecho con sus salvedades all\u00ed estipuladas, que jur\u00eddicamente justificara la separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges por la presencia de alg\u00fan motivo imputable al causante, y, que frente a la intelecci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, norma aplicable al asunto por estar vigente al momento del fallecimiento de aqu\u00e9l, la Sala de Casaci\u00f3n acusada observ\u00f3 el precedente vigente para ese momento, lo cual descarta de tajo la vulneraci\u00f3n alegada\u00bb (CSJ. STC3115-2020, subraya en texto). <\/p>\n
3. Finalmente, se impone advertir que en este asunto no resulta aplicable la sentencia SU108 de 2020 de la Corte Constitucional, sustento de la providencia impugnada, pues el caso que all\u00ed se observ\u00f3, difiere del ahora presentado, toda vez que, en aqu\u00e9l, la reclamante s\u00ed formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n con cargos por la \u00abv\u00eda indirecta\u00bb reprochando la apreciaci\u00f3n probatoria realizada frente a la \u00abjusta causa\u00bb aducida por ella para justificar la no convivencia con el causante al momento de su muerte y, con todo, se comprob\u00f3, fehacientemente, que los all\u00ed consortes \u00abpreservaron el sentido de corresponsabilidad en relaci\u00f3n con el hogar conformado y la comunidad de vida que tuvieron\u00bb, aspectos distintos de la queja aqu\u00ed estudiada. <\/p>\n
4. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo recurrido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, y en su lugar, y, en su lugar se NIEGA el amparo solicitado por Beatriz Barona de Ortiz contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1213-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1213-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02391-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra el fallo proferido el 30 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}