STC1214-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1214-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Melquisedec Forigua D\u00edaz contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso verbal de inexistencia y\/o nulidad de contratos de compraventa de bien inmueble, radicado 2020-00391. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la informaci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el proceso se\u00f1alado, y, solicit\u00f3 \u00abordenarle al Juzgado Civil del Circuito de Funza que responda de fondo y congruentemente, a) a cada una de las medidas cautelares solicitadas en el escrito presentado junto con la demanda, y b) a los escritos presentados el 9 de octubre de 2020, 19 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021\u00bb y, asimismo, que \u00abenv\u00ede los correspondientes oficios sobre cada medida concedida a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, o en su defecto, me los env\u00ede a mi correo para posteriormente cumplir con esa carga\u00bb. <\/p>\n
En sustento de la queja, expuso que impuls\u00f3 el proceso relacionado contra Netty Yolima P\u00e9rez, Diego Mauricio Torres G\u00f3mez, Andr\u00e9s Ernesto Quevedo Sandoval y Claudia Johana Quevedo Sandoval, toda vez que, a pesar de ser propietario del inmueble identificado con matr\u00edcula N\u00b0 50N-20345444, ubicado en Cota -Cundinamarca-, los demandados se transfirieron el dominio del mismo, mediante escrituras y poderes falsos. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la demanda fue admitida por el Juzgado Civil del Circuito de Funza mediante auto de 6 de octubre de 2020 y all\u00ed se le impuso prestar cauci\u00f3n previa resoluci\u00f3n de las medidas cautelares exigidas, y, luego de cumplir la carga mencionada, junto con el traslado de la demanda a los demandados, le solicit\u00f3 al Juzgado, en tres oportunidades, esto es, el 9 de octubre y 19 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021, pronunciarse sobre las cautelas pretendidas, sin embargo, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo, no hab\u00eda recibido respuesta. <\/p>\n
Relata que requiere el decreto de las medidas exigidas, por cuanto ante las falsedades presentadas, es posible que \u00abse realice una tercera venta que dificulte o incluso imposibilite el retorno del bien a su leg\u00edtimo propietario, lo cual [le] causar\u00eda un perjuicio irremediable\u00bb, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que es un adulto mayor de 89 a\u00f1os de edad, con un estado delicado de salud. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza, expres\u00f3 que en auto de 4 de noviembre de 2021 atendi\u00f3 los reclamos del memorialista, pues all\u00ed \u00abse ordena (entre otras) el emplazamiento de los demandados conforme fuera solicitado por el demandante y se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda, allegada la p\u00f3liza correspondiente par a tal fin\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 el amparo reclamado, dado que estim\u00f3 la ocurrencia de un hecho superado, pues, \u00abse observa que, con la respuesta al reclamo constitucional, el se\u00f1or Juez Civil del Circuito de Funza, trajo al presente tr\u00e1mite, copia del auto calendado 4 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s del cual adopt\u00f3 diversas decisiones, entre ellas, resolvi\u00f3 en torno a las medidas cautelares solicitadas por el demandante, cesando as\u00ed la omisi\u00f3n que dio origen a la formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, con apoyo en que la vulneraci\u00f3n denunciada persiste porque nada prueba que se hubiesen emitido los oficios correspondientes para la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares, consistentes en la inscripci\u00f3n de la demanda. A\u00f1adi\u00f3 que comprende \u00abla carga laboral que tiene la rama judicial y que el tiempo a destinar por proceso es limitado, pero hay que entender que en este caso el demandante, persona de la tercera edad, fue v\u00edctima de un delito por el que perdi\u00f3 la propiedad y posesi\u00f3n de un bien, con un poder falso y que existe un riesgo inminente de que los demandados vuelvan a transferir el inmueble y se pierda la efectividad de una eventual sentencia, una vez inscritas esas cautelas ya habr\u00eda m\u00e1s tranquilidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes allegados, se establece la procedencia del amparo solicitado, y, en consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En efecto, como lo aleg\u00f3 el solicitante Melquisedec Forigua D\u00edaz, la demanda verbal de inexistencia y\/o nulidad de contratos de compraventa de bien inmueble, fue admitida el 6 de octubre de 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, y en el mismo auto le impuso notificar a los demandados y prestar cauci\u00f3n previa a la resoluci\u00f3n de las medidas cautelares, consistentes, entre otras, en la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50N-20345444, respecto del cual el accionante aleg\u00f3 la existencia de transferencias fraudulentas. <\/p>\n
De igual manera, el actor acredit\u00f3 la presentaci\u00f3n de tres memoriales, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico dirigido al despacho accionado, los d\u00edas 9 de octubre y 19 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021, con los cuales pretend\u00eda (i) demostrar el enteramiento del asunto a los demandados de quienes conoc\u00eda su lugar de notificaci\u00f3n, (ii) la orden de emplazamiento en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s; y (iii) el \u00abdecreto y pr\u00e1ctica\u00bb de la medida cautelar comentada, teniendo en cuenta la p\u00f3liza judicial allegada. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Funza, al contestar este amparo, expuso que emiti\u00f3 el 4 de noviembre de 2021, la providencia mediante el cual tuvo por notificados a dos (2) de los demandados, accedi\u00f3 al emplazamiento de los dem\u00e1s convocados y decret\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Pese a lo descrito, nada evidencia la expedici\u00f3n de los oficios necesarios para proceder a materializar la cautela ordenada, pues ello no se extrae de los soportes enviados por la autoridad denunciada y, aunque en esta instancia constitucional, se le requiri\u00f3 en dos oportunidades mediante mensaje de datos, para que acreditara tal gesti\u00f3n, ninguna respuesta se recibi\u00f3. <\/p>\n
Por tanto, raz\u00f3n le asiste al accionante cuando manifiesta que a\u00fan no puede predicarse la ocurrencia de un hecho superado, pues, en estrictez, la materializaci\u00f3n o pr\u00e1ctica de las medidas cautelares s\u00f3lo puede surtirse a trav\u00e9s de los oficios que debe expedir el despacho denunciado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el fin de las medidas cautelares no es otro que garantizar el resultado del proceso y si en el caso se han alegado tradiciones fraudulentas respecto del rese\u00f1ado predio -por lo cual se pretende que se declaren \u00abinexistentes o nulos\u00bb los negocios sustento de ellas-, la inscripci\u00f3n de la demanda surge necesaria a efectos de respaldar las decisiones finales sobre los reclamos del accionante. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las medidas cautelares esta Sala ha precisado que \u00e9stas no constituyen fines en s\u00ed mismas, <\/p>\n
\u00abpues son instrumentos accesorios e id\u00f3neos dispuestos por la legislaci\u00f3n procesal para mantener un estado de hecho transitorio con miras a asegurar el cumplimiento de providencias ulteriores de car\u00e1cter definitivo. Sobre su naturaleza jur\u00eddica, [se] ha anotado: <\/p>\n
(\u2026) En l\u00ednea de principio, las medidas cautelares encuentran su raz\u00f3n de ser en la urgencia de evitar un da\u00f1o, provocado con ocasi\u00f3n del retardo de una providencia jurisdiccional de car\u00e1cter definitivo, y en la necesidad de hacer eficaz el funcionamiento de la justicia\u201d (SC. Sentencia de 14 de agosto de 1961). <\/p>\n
No constituyen un litigio aut\u00f3nomo, con pretensiones sujetas a una decisi\u00f3n espec\u00edfica y propia. Son recursos accesorios brindados por la ley procedimental con la finalidad de asegurar los resultados de una s\u00faplica principal, manteniendo, transitoriamente, un estado de hecho. (SC. Sentencia de 16 de mayo de 1967). <\/p>\n
Su caracter\u00edstica m\u00e1s significativa, seg\u00fan la Sala (\u2026), no es la de constituir un fin en s\u00ed mismas, sino un medio adecuado e id\u00f3neo para el cumplimiento de providencias posteriores cuyo resultado \u00fatil, garantizan (Sentencia de 14 de agosto de 1961. En id\u00e9ntico sentido: CSJ. SC. Sentencia de 4 de febrero de 2013, SCT. 19598 de 21 de noviembre de 2017)\u00bb (CSJ, STC1788-2020). <\/p>\n
Por tanto, se insiste, mientras no se expidan los oficios reclamados por el tutelante, no puede tenerse por superado el motivo de la vulneraci\u00f3n, pues se encuentra afectado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del peticionario, garant\u00eda sobre la cual esta Corte ha precisado que, <\/p>\n
\u00abes un derecho fundamental, protegido por la Carta Pol\u00edtica y el ordenamiento legal de la Naci\u00f3n. Se trata de un servicio p\u00fablico a cargo del Estado, cuyo objeto es hacer efectivos los derechos, obligaciones, garant\u00edas y libertades de los ciudadanos, con el fin de \u201c(\u2026) realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional (Art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 270 de 1996)\u00bb (CSJ, STC E-2020-01042-00). <\/p>\n
De igual modo, procede el amparo porque la demora del despacho acusado en expedir los oficios rese\u00f1ados no se encuentra justificada, pues ninguna explicaci\u00f3n se brind\u00f3 en torno a ello. <\/p>\n
Sobre la tardanza injustificada, esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026)\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00)\u00bb (CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00). <\/p>\n
2. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, otorgar la protecci\u00f3n demandada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, y en su lugar, y, en su lugar CONCEDE el amparo solicitado por Melquisedec Forigua D\u00edaz. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Funza que en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a expedir los oficios correspondientes en el caso censurado, respecto de las medidas cautelares decretadas en auto de 4 de noviembre de 2021, inform\u00e1ndole de ello al accionante. Por secretar\u00eda, rem\u00edtase copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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