STC1215-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1215-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00236-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vilma Edit, Libardo y Jaime Humberto Mart\u00ednez Leguizamo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicitaron se le ordene dar \u00abrespues[ta] de fondo a sus peticiones\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Al interior del juicio de interdicci\u00f3n Leonor Leguizamo de Mart\u00ednez (q.e.p.d.), se adelant\u00f3 una \u00abrendici\u00f3n provocada de cuentas\u00bb, que el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, en el tr\u00e1mite, el 12 de junio de 2018 no aprob\u00f3 dichas cuentas. <\/p>\n
2.2. El 8 de julio de 2021 el Tribunal, en sede de alzada, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio, orden\u00e1ndole al a quo \u00abrealizar el estudio de las cuentas presentadas para determinar si las aprueba o no, seg\u00fan lo explicado en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
2.3. Refieren los accionantes que el 24 de noviembre de 2021 formularon petici\u00f3n al colegiado querellado, con el fin de que les informen \u00abcuanto tiempo tiene el se\u00f1or juez, para resolver la orden dada\u2026 el 8 de julio de 2021\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda exista respuesta al respecto. <\/p>\n
2.4. Agregaron que es pertinente que se les indique que t\u00e9rmino tiene el despacho de primer grado, pues \u00abexiste INEXPLICABLE, TOTAL y EXTREMADA DEMORA del juzgado segundo de familia de Bucaramanga, en emitir fallo definitivo y de fondo al respecto, siendo aprovechada dicha demora por particulares quienes ILEGALMENTE, sin NING\u00daN control de ley, afectan el debido proceso de interdicci\u00f3n y [sus] derechos herenciales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el proceso objeto de queja, qued\u00f3 definido desde el 8 de julio de 2021, momento en el que resolvi\u00f3 la alzada interpuesta; destac\u00f3 que dio respuesta a las peticiones de los promotores, sin embargo, de cara \u00abcon el tiempo que tomar\u00e1 el Juez Segundo de Familia de Bucaramanga para resolver de fondo el asunto; es una respuesta que [le] es imposible emitir, y que es adem\u00e1s ajena a [sus] funciones legales y constitucionales\u00bb; remiti\u00f3 copia del referido prove\u00eddo, as\u00ed como de la respuesta a la petici\u00f3n y su respectivo env\u00edo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga remiti\u00f3 relaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el juicio fustigado, as\u00ed como el link para consulta de dicho proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar refiri\u00f3 que se atiene a lo probado y lo dispuesto en la norma. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familia \u2013 Regional Santander pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, sumado a que las pretensiones constitucionales est\u00e1n dirigidas contra el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, los accionantes reprochan que la Corporaci\u00f3n criticada no haya emitido una debida respuesta a la petici\u00f3n que impetraron, encaminada a que les informaran el tiempo con el que cuenta el fallador de primera instancia para cumplir lo dispuesto en el auto de 8 de julio de 2021, al interior del juicio que de jurisdicci\u00f3n voluntaria Leonor Leguizamo de Mart\u00ednez con radicado 68001-31-10-002-2010-00660. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la petici\u00f3n de los gestores no est\u00e1 encaminada a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del Tribunal, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n endilgada, comoquiera que, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, con oficio de 2 de febrero de 2022 el Tribunal les inform\u00f3 a los promotores que su \u00abcompetencia\u2026 est\u00e1 limitada a resolver los asuntos de car\u00e1cter ordinario y constitucional que la ley y la Carta Pol\u00edtica se\u00f1alan. No hace parte de las funciones, regladas, como se dijo, el hecho de comunicar a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia en cu\u00e1nto tiempo un funcionario -externo al despacho- debe resolver de fondo las pretensiones que le son puestas en conocimiento. Por lo anterior, no es posible atender su requerimiento. Se les sugiere que, en lo sucesivo, presenten ante el juez de la causa sus pedimentos, comoquiera que, a la fecha, no hay ning\u00fan asunto en el que ustedes ostenten la calidad de parte que sea del resorte de competencia de esta Magistrada\u00bb, oficio que remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico de los promotores el d\u00eda 3 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que resuelva sobre dicha solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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