STC1216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00893-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Gregorio Torregroza Palacio contra los Juzgados Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la nombrada ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado 2012-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el proceso se\u00f1alado, y solicita, \u00abdejar sin efecto las decisiones adoptadas por los juzgados accionados que declaran activo el proceso (\u2026) [y] en su lugar, ordenar a que se declare el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar sus reparos, manifiesta que Citibank Colombia S.A., inici\u00f3 en su contra el 16 de octubre de 2013 proceso ejecutivo, en el que se dispuso continuar la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago y, tras ello, se enviaron las diligencias al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, despacho que en providencia de 18 de julio de 2018, accedi\u00f3 a la entrega de ciertos dep\u00f3sitos judiciales reclamados por el Banco ejecutante. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que a partir de ese momento, el proceso permaneci\u00f3 paralizado hasta la \u00abintrascendente\u00bb petici\u00f3n que alleg\u00f3 la demandante \u00abel d\u00eda domingo 8 de noviembre de 2020 ante el correo institucional del Juzgado (\u2026) para efectos de interrumpir la sanci\u00f3n de declaratoria de desistimiento t\u00e1cito que estaba a escasos d\u00edas de configurarse\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, con el memorial mencionado, dicho sujeto procesal demand\u00f3 \u00abOficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablico de Barranquilla, para que informe si la parte demandada (\u2026) posee alg\u00fan bien inmueble a su nombre que sea susceptible de embargo\u00bb, lo que fue negado con auto de 13 de noviembre siguiente, porque, como deb\u00eda saberlo el abogado del banco, esa informaci\u00f3n pod\u00eda obtenerla a trav\u00e9s de un derecho de petici\u00f3n, en concordancia con el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 1\u00b0 de febrero de 2021, pidi\u00f3 que se decretara la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, conforme al literal b) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, en su criterio, el asunto estaba paralizado desde el 18 de julio de 2018, sin que los plazos consagrados en esa norma se hubiesen interrumpido ante la \u00abinocua\u00bb solicitud de su contraparte. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, en auto de 19 de febrero de 2021, desestim\u00f3 su reclamaci\u00f3n y, aunque apel\u00f3 ese pronunciamiento, el mismo fue ratificado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, el 28 de septiembre siguiente, funcionaria que err\u00f3 \u00aben la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para la configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb y al concluir que \u00abla solicitud del demandante resulta trascendente frente al objeto de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, advierte que el fin \u00faltimo de la Entidad ejecutante es \u00abmantener \u201cactivo\u201d un proceso con actuaciones que a final de cuentas, no buscan garantizar la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb y, por tal motivo ha continuado reclamando que se oficie a Instrumentos P\u00fablicos, pedimento finalmente acogido por el Juez Municipal en auto 21 de septiembre de 2021 y respecto del cual impuls\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, a\u00fan no resueltos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto, seg\u00fan expuso, no incurri\u00f3 en lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, toda vez que, en su decisi\u00f3n de 28 de septiembre de 2021, consider\u00f3 que \u00ablas actuaciones desplegadas por el demandante interrumpieron el t\u00e9rmino para que operara el desistimiento t\u00e1cito al interior del coercitivo, (\u2026) teniendo en cuenta la normatividad y jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal desestim\u00f3 el amparo reclamado, dado que no encontr\u00f3 arbitrariedad en la actuaci\u00f3n reprochada, pues \u00ablo \u00fanico evidente es una diferencia de criterio planteada por el accionante, que impide al juez constitucional imponer a los operadores connaturales una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, contrario a lo sostenido por el a quo constitucional, se establece la procedencia del amparo reclamado, por tanto, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
El tutelante reprocha, concretamente, la negativa de los despachos querellados a aceptar el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb que invoc\u00f3 en el proceso ejecutivo adelantado en su contra, petici\u00f3n finalizada en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, en providencia de 28 de septiembre de 2021, en la que, luego de ocuparse de los antecedentes y destacar los argumentos del recurrente, aqu\u00ed accionante, expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[S]e vislumbra que la resistencia del demandado al auto impugnado, se fundamenta en que el proceso se ha encontrado inactivo por m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que el \u00faltimo memorial presentado por el ejecutante y el auto calendado 13 de noviembre de 2020 tengan la vocaci\u00f3n de interrumpir tal t\u00e9rmino, pues la actuaci\u00f3n desplegada por el actor no fue apta para impulsar el proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, debe anotarse que, revisado el plenario, se encuentran como \u00faltimas actuaciones las siguientes: <\/p>\n
– Auto del 18 de julio de 2018 mediante el cual se orden\u00f3 la entrega de dep\u00f3sitos judiciales a la parte demandante. <\/p>\n
– Memorial allegado el 04 de noviembre de 2020, presentado por el ejecutante, solicitando oficiar a instrumentos p\u00fablicos para que informara si la parte demandante \u201cposee alg\u00fan bien inmueble a su nombre que sea susceptible de embargo\u201d. <\/p>\n
-Auto fechado 13 de noviembre del mismo a\u00f1o, mediante el cual el Juez A quo deniega la solicitud presentado por el actor. <\/p>\n
– Memorial presentado por el demandado el d\u00eda 01 de febrero de 2021, solicitando la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
De lo anterior, se extrae que el proceso entr\u00f3 en inactividad desde el d\u00eda 18 de julio de 2018, fecha desde que se empezar\u00eda a contar el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales terminar\u00edan el 18 de julio de 2020. <\/p>\n
No obstante, deviene imperioso recordar que durante el a\u00f1o anterior hubo suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales, desde el d\u00eda 16 de marzo hasta el 30 de junio posterior, raz\u00f3n por la que de conformidad Decreto 564 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, durante dicho lapso se suspendieron \u201clos t\u00e9rminos procesales de inactividad para el desistimiento t\u00e1cito previstos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d y aquellos solo se reanudar\u00edan \u201cun mes despu\u00e9s, contado a partir del d\u00eda siguiente al del levantamiento de la suspensi\u00f3n que disponga el Consejo Superior de la Judicatura.\u201d De esta forma, el levantamiento de los t\u00e9rminos ocurri\u00f3 el d\u00eda 01 de julio de 2020, por lo tanto, para los efectos descritos, los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 ib\u00eddem, se reanudaron el 01 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Teniendo en cuenta ello, el t\u00e9rmino de los dos a\u00f1os para el desistimiento t\u00e1cito fenec\u00eda el d\u00eda 18 de diciembre de 2021, raz\u00f3n por la que la solicitud presentada por el demandante fue allegada previo a su configuraci\u00f3n. (Subraya fuera de texto). <\/p>\n
Sentado a ello, corresponde estudiar si la petici\u00f3n allegada por el ejecutante, ten\u00eda la vocaci\u00f3n de impulsar el proceso e interrumpir el desistimiento t\u00e1cito, en los t\u00e9rminos ense\u00f1ados por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STC11191-2020 M.P. OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE. <\/p>\n
Ahora, la solicitud del demandante de oficiar a Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, fue presentada con el fin que la mencionada entidad informase si el demandado \u201cposee alg\u00fan bien inmueble a su nombre que sea susceptible de embargo\u201d, de lo que se denota que su intenci\u00f3n era la b\u00fasqueda de bienes que fuesen objeto de medida cautelar, que son el medio por excelencia para lograr la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n adeudada y para que las sentencias judiciales se hagan cumplir de manera efectiva. <\/p>\n
Es por ello que la solicitud presentada por la demandante resulta trascendente frente al objeto de la ejecuci\u00f3n, pues no puede perderse de vista que la pretensi\u00f3n de aquel se ve materializada a trav\u00e9s de las cautelas, camino \u00f3ptimo para conducir el proceso a su finalidad. <\/p>\n
Aunado a ello, se precisa que, aunque ella fue despachada desfavorablemente por un requisito de tr\u00e1mite previo, por ser una actuaci\u00f3n desplegada por el demandante, a la luz del articulo 317 ej\u00fasdem, aquella s\u00ed logra interrumpir el t\u00e9rmino para el desistimiento t\u00e1cito, de manera que aquel no se encuentra configurado en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
De las consideraciones transcritas la Sala evidencia en primer lugar, que como lo expuso el querellante, la juzgadora del circuito acusada err\u00f3 al contabilizar los t\u00e9rminos en el proceso censurado para la declaratoria del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb -lit. b), num. 1, art. 317 del C.G.P.-, pues teniendo como \u00faltima actuaci\u00f3n la providencia de 18 de julio de 2018, donde se dispuso la entrega de ciertos t\u00edtulos, refiri\u00f3 que los dos (2) a\u00f1os previstos en la citada norma -incluyendo la interrupci\u00f3n decretada en raz\u00f3n de la pandemia por el virus Covid-19-, finalizaban el 18 de diciembre de 2021, cuando esa data correspond\u00eda es al 18 de diciembre de 2020, por tanto, resultaba tempestiva la solicitud del querellante -1\u00b0 de febrero de 2021-. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, se constata que la falladora censurada, aunque apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en la sentencia STC11191-2020, en realidad, no comprendi\u00f3 su alcance y efectos, pues estim\u00f3 que el interregno contenido en el literal b) del numeral 1\u00b0, art\u00edculo 317 \u00eddem, se hab\u00eda suspendido con el pedimento realizado por el banco demandante el 4 de noviembre de 2020, con el cual busc\u00f3 que el a quo oficiara a Instrumentos P\u00fablicos para que averiguara por los bienes del deudor, reclamo intrascendente, si se tiene en cuenta que el ejecutante pod\u00eda obtener esa informaci\u00f3n directamente, a trav\u00e9s de derecho de petici\u00f3n, como se le indic\u00f3 en prove\u00eddo de 13 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Se resalta, esta Sala estableci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon normativo en cita, determinando que s\u00f3lo las actuaciones relevantes en el proceso pueden dar lugar la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretaci\u00f3n de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[D]ado que el desistimiento t\u00e1cito consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, busca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para [que] se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u201d. <\/p>\n
\u201cEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cComo en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el supuesto de que el expediente \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u00bb, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla en el \u00abproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u00bb, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la \u00absecretar\u00eda del juzgado\u00bb por un (1) a\u00f1o sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podr\u00e1 afectar el conteo de la anualidad con el \u00abemplazamiento\u00bb exigido para integrar el contradictorio\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d. <\/p>\n
\u201cLo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (\u2026)\u00bb (subrayas propias). <\/p>\n
Dicha postura ya hab\u00eda sido expuesta por la Sala en providencia STC4021-2020, donde se especific\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho\u201d. <\/p>\n
Simples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio v\u00e1lido de impulso procesal\u201d. <\/p>\n
Ciertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuaci\u00f3n que efectu\u00e9 la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser \u00fatiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento t\u00e1cito de su proceso y, especialmente, con relaci\u00f3n a la mora en la definici\u00f3n de la contienda\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisi\u00f3n de fondo en la controversia, el expediente lleva a\u00f1o y medio paralizado en la secretar\u00eda del despacho, la simple petici\u00f3n de copias por escrito o la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n, no pueden ser tenidas como v\u00e1lidas para interrumpir el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 del C.G.P. <\/p>\n
Ello, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que as\u00ed lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes de impedir la tardanza que tanto afecta a la administraci\u00f3n de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por id\u00f3neos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento t\u00e1cito\u00bb (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Por tanto, no todo escrito interrumpe el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito; as\u00ed, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la suspensi\u00f3n, seg\u00fan lo advirti\u00f3 la Sala en pasada oportunidad, \u00abse logra \u00fanicamente con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido\u00bb (CSJ, STC4206-2021) y, en este caso, la petici\u00f3n elevada por el banco ejecutante no ten\u00eda tal m\u00e9rito, pues se percibe que con ella s\u00f3lo se pretend\u00eda provocar un pronunciamiento sobre una solicitud inane, dado que, se insiste, bien pod\u00eda el demandante acudir, de manera directa, a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y reclamar la informaci\u00f3n de su inter\u00e9s sobre los bienes del ejecutado. <\/p>\n
Ahora, aunque podr\u00eda decirse que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque, en la actualidad, se tramitan recursos frente al pronunciamiento de 21 de septiembre de 2021, en el que el a quo censurado accedi\u00f3 a oficiar a Instrumentos P\u00fablicos para la finalidad mencionada -atendiendo a la nueva petici\u00f3n que elev\u00f3 el banco con ese prop\u00f3sito-, se encuentra que esa gesti\u00f3n resulta irrelevante e igualmente tard\u00eda. <\/p>\n
En efecto, los datos pretendidos por el demandante pudieron ser reclamados por \u00e9l mismo, a trav\u00e9s de los \u00abcanales electr\u00f3nicos\u00bb dispuestos por la entidad correspondiente, antes de que se superaran los dos (2) a\u00f1os previstos en el literal b), numeral 1\u00b0, art\u00edculo 317 \u00eddem; adem\u00e1s, se reitera, la gesti\u00f3n solicitada no entra\u00f1a, en s\u00ed misma, la posibilidad de cautelar un inmueble en espec\u00edfico y proceder a su remate para el efectivo pago de la obligaci\u00f3n, actuaciones que s\u00ed permitir\u00edan tener por interrumpido el rese\u00f1ado lapso. <\/p>\n
En consecuencia, se evidencia el quebranto al debido proceso del solicitante, pues las funcionarias convocadas se alejaron de la normatividad y jurisprudencia aplicable a casos como el presente. Sobre tal prerrogativa, se ha se\u00f1alado que constituye \u00abun conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (CSJ SC, 5 may. 2011 Rad. 00063-01, reiterada el 5 mar. 2015, exp. ATC1153-2015, ATC de 20 de enero de 2016, exp. 2015-00817-01); garant\u00eda igualmente definida por la Corte Constitucional como <\/p>\n
\u00abel conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicci\u00f3n y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garant\u00eda de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos\u00bb (C.C. Sentencia C-034 de 2014, citada por esta Sala en STC8932-2019). <\/p>\n
2. En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia recurrida para conceder la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado por Gregorio Torregroza Palacio. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin efectos las providencias de 21 y 28 de septiembre de 2021, emitidos por las funcionarias de primer y segundo grado, respectivamente, y todas las decisiones posteriores dictadas en el caso criticado para que, en su lugar, la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente objeto de censura, defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n contra el auto de 19 de febrero anterior, teniendo en cuenta los argumentos expresados en este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita el expediente objeto de censura, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1216-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1216-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00893-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61099\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}