STC1217-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1217-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00315-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Archila Garc\u00eda contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abpropiedad\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdej[ar] sin efecto la sentencia de 28 de julio de 2021 y\/o en su defecto proceda a modular la sentencia resolviendo la situaci\u00f3n del opositor con enfoque diferencial a la luz de la calidad de v\u00edctima de la situaci\u00f3n de Colombia y la buena fe exenta de culpa, de acuerdo con el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, particularmente, las sentencias C-740 de 2003, C-795 de 2015 y C-327 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Hilda Reina Bautista, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicado 2017-00064), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n del predio denominado \u00abLa Esperanza\u00bb, ahora dividido en dos llamados \u00abEl Progreso Parcela 18\u00bb y \u00abMonteblanco 2\u00bb, ubicados en la vereda Llana Caliente\/Marcito del municipio de San Vicente de Chucur\u00ed (Santander), distinguidos con folios inmobiliarios Nros. 320-14003 y 320-20771, tr\u00e1mite en el que, entre otros, Gustavo Archila Garc\u00eda, fungi\u00f3 como opositor. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 28 de julio de 2021, el Tribunal criticado desestim\u00f3 las oposiciones, declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa de los contendientes, por lo que neg\u00f3 la compensaci\u00f3n y orden\u00f3 la entrega de los predios a la reclamante; determinaci\u00f3n corregida el 12 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios suasorios allegados al tr\u00e1mite, toda vez que, en su calidad de opositor del predio denominado \u00abel progreso parcela 18\u00bb demostr\u00f3 que tambi\u00e9n fue v\u00edctima del conflicto armado, pues \u00ablleg\u00f3 al Municipio de San Vicente de Chucur\u00ed en el a\u00f1o 2007 porque se vio forzado a irse junto con su familia del Municipio de Sabana de Torres, debido a las continuas exigencias econ\u00f3micas que ten\u00eda que soportar por parte de grupos armados al margen de la ley\u00bb, situaci\u00f3n que se corrobor\u00f3 en la etapa administrativa, as\u00ed como en el interrogatorio rendido por su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el Tribunal no atendi\u00f3 que \u00ab[\u00e9l] y su esposa son personas campesinas, con arraigo al campo desde que nacieron, con un insuficiente grado de escolaridad -como se observa de la caracterizaci\u00f3n-, pues se criaron en ambientes donde el acceso y la calidad de educaci\u00f3n es exigua\u00bb; adem\u00e1s, porque, en su sentir, no fue flexible en la carga probatoria, contrario sensu, \u00abimpuso cargas que resultan irracionales y exorbitantes dado la particularidad del caso concreto\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el colegiado encausado \u00abse limit\u00f3 a considerar la declaraci\u00f3n rendidas en la etapa judicial por [\u00e9l] y su esposa Sara Rinc\u00f3n Rueda y reprochar su falta de diligencia en la negociaci\u00f3n, sin morigerar la valoraci\u00f3n de la Buena Fe Exenta de Culpa al tener calidad de v\u00edctimas y de campesinos sin conocimientos t\u00e9cnicos sobre los requisitos legales de los contratos, pues sin duda adquirieron el predio con la finalidad de solucionar sus propias necesidades generadas por el desplazamiento\u00bb; adem\u00e1s que, no se le pod\u00eda exigir el conocimiento de la reclamante, menos de los hechos victamizantes que aqu\u00e9lla indic\u00f3. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que tambi\u00e9n existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, comoquiera que, \u00abno fue posible determinar si la se\u00f1ora Hilda Reina Bautista fue o no adjudicataria- lo que si es cierto es que no se encuentra inscrita en el Registro del Folio de Matr\u00edcula\u00bb; sumado a que, se dej\u00f3 de valorar que los opositores no tuvieron relaci\u00f3n directa ni indirecta con los hechos victimizantes, que tambi\u00e9n son v\u00edctimas de desplazamiento, son adultos mayores con poca facilidad para expresarse por tener niveles b\u00e1sicos de educaci\u00f3n; que estaban imposibilitados para descubrir el error o falsedad en el t\u00edtulo del predio reclamado \u00abporque la posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n de Hilda Reina Bautista y los hechos victimizantes que padeci\u00f3 eran imposible descubrirlos\u00bb. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que tampoco se valor\u00f3 debidamente los negocios registrados en el certificado de libertad del fundo, pues, se dej\u00f3 de lado que los mismos fueron efectuados \u00abentre iguales, campesinos de la regi\u00f3n que buscaron beneficiarse de las facilidades que otorg\u00f3 el Estado para acceder a la tierra y que cada uno de ellos cumpli\u00f3 con los requisitos y condiciones contenidos en el ordenamiento jur\u00eddico y exigidos por el Incora\u2026 de manera que\u2026 \u00c1lvaro Bayona (q.e.p.d.) y Ernesto Jim\u00e9nez Chinchilla, tambi\u00e9n tuvieron su arraigo campesino, sin propiedades en el territorio nacional y cumpliendo todas las prerrogativas como lo demuestra la Resoluci\u00f3n n\u00b0 1038 de 24 de junio de 1994 proferida por el Incora\u00bb; que, para su caso concreto, no se pod\u00eda desvirtuar la compra que hizo del predio, pues cumpli\u00f3 con todos los requisitos legales, sumado a que, se desconoci\u00f3 el contenido de las sentencia C-740 de 2003 y C-327 de 2020. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que \u00abno era el llamado a realizar las averiguaciones que permitieran descubrir el error o la falsedad en la tradici\u00f3n del predio en el momento de su adquisici\u00f3n, pues ni siquiera la Agencia Nacional de Tierras tras ser requerida por el juzgado para que suministrara informaci\u00f3n sobre las actuaciones adelantadas por la reclamante, pudo encontrar documentos que acreditaran los tr\u00e1mites realizados por la se\u00f1ora Hilda Reina Bautista para la adjudicaci\u00f3n del predio ante el Incora\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que el estrado judicial \u00abomiti\u00f3 analizar, ponderar y valorar las pruebas recabadas tanto en la etapa administrativa como judicial del proceso de restituci\u00f3n, las cuales, apuntalaban a que [\u00e9l] es v\u00edctima de la situaci\u00f3n de violencia y el conflicto armado interno y, por ende, deb\u00eda ser tratado con el enfoque diferencial que dicha condici\u00f3n impone y flexibilidad su carga probatoria como opositor de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria. <\/p>\n
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2. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga manifest\u00f3 que se conforme lo expuso en el concepto que en su momento rindi\u00f3 en el proceso, \u00abpara mitigar el impacto que la sentencia impugnada producir\u00eda en el opositor -hoy accionante- podr\u00eda haberse reconocido el valor de las mejoras por \u00e9l introducidas en el predio, al tenor de los dispuesto en el literal j) del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011. No obstante, la \u201cposici\u00f3n mayoritaria\u201d de la Sala accionada, en esta y otras decisiones, ha sido ligar el reconocimiento del valor de las mejoras a la demostraci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, que procede para el reconocimiento de la compensaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 98 de la misma Ley\u00bb. <\/p>\n
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3. La Agencia Nacional de Tierras pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar lo pretendido no versa sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por dicha autoridad. <\/p>\n
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4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD indic\u00f3 que lo pretendido por el gestor es dejar sin efecto la sentencia proferida el 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal encausado, raz\u00f3n por la que inst\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
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5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, considera la Corte que esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 28 de julio de 2021, concluy\u00f3 que estaban reunidos los presupuestos que contempla la ley 1448 de 2011 para conceder, como medida de reparaci\u00f3n, la restituci\u00f3n del del predio denominado \u00abLa Esperanza\u00bb, ahora dividido en dos llamados \u00abEl Progreso Parcela 18\u00bb y \u00abMonteblanco 2\u00bb, ubicados en la vereda Llana Caliente\/Marcito del municipio de San Vicente de Chucur\u00ed (Santander); desestimar la oposici\u00f3n que formul\u00f3, entre otros, el promotor del amparo; y negar la compensaci\u00f3n por \u00e9l deprecada, al no encontrar demostrada su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
En tal providencia el Tribunal, tras destacar la naturaleza jur\u00eddica del predio y la calidad de la reclamante, destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 si para la \u00e9poca en que se adujo que ocurrieron aqu\u00ed el abandono y despojo, el predio cuya restituci\u00f3n se reclama ya era de naturaleza \u201cfiscal\u201d (lo que de suyo descartaba de entrada que fuere por entonces pasible de \u201cposesi\u00f3n\u201d o de propiedad \u201cprivada\u201d), la pretensi\u00f3n deb\u00eda entonces enfilarse bajo el \u00fanico supuesto que restaba cual era que la aqu\u00ed reclamante HILDA REINA BAUTISTA era \u201cocupante\u201d. Tanto m\u00e1s si se repara que al final de cuentas, con todo y lo privado que fuera el terreno en un comienzo, seg\u00fan se explic\u00f3, lo cierto es que ella lleg\u00f3 all\u00ed por permisi\u00f3n y disposici\u00f3n del INCORA y justamente con el puntual prop\u00f3sito de que el bien le fuere luego adjudicado atendido el r\u00e9gimen parcelario que por entonces se gobernaba en la Ley 135 de 1961. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de violencia suscitada en el municipio de San Vicente de Chucur\u00ed (Santander), zona en la que est\u00e1 ubicada la heredad objeto del litigio, analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, de cara al abandono forzado y el despojo del bien, consignando que: <\/p>\n
\u2026En fin: atendida la franca semejanza que comportan todas esas versiones y probanzas, hilando una cosa tras otra, se va forjando consistentemente la tesis de que, efectivamente y tal cual se aleg\u00f3, con ocasi\u00f3n de los acontecimientos a los que se vio enfrentada HILDA y ocurridos hacia finales de 1993 (que incluso significaron la violenta muerte de su hermano BENJAM\u00cdN adem\u00e1s de las amenazas por supuestamente ser colaboradora de la guerrilla y la zozobra que le provoc\u00f3 quedar en medio de semejante escenario de conflicto), se gener\u00f3 en ella y su familia un justificado temor; tanto, que de inmediato se propici\u00f3 la dejaci\u00f3n del predio y su negociaci\u00f3n para desplazarse definitivamente de all\u00ed primero hacia el casco urbano de San Vicente de Chucur\u00ed y luego hacia otros lugares para as\u00ed preservar su vida e integridad personal, tanto suya como de sus hijos, quedando as\u00ed y de ese modo, completamente impedida para ejercer el uso, goce y contacto directo con el terreno que otrora ten\u00eda. <\/p>\n
Precisase sobre ese particular que para entenderla como desplazada, no era necesario que la salida del bien supusiere irremediablemente el necesario traslado a \u201cotra\u201d localidad. Pues que la H. Corte Constitucional ha se\u00f1alado repetidamente, en torno de lo que indica el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 60 la Ley 1448 de 2011, que no es imprescindible que tenga que abandonar de una vez por todas y para siempre, s\u00ed o s\u00ed, el municipio o regi\u00f3n en el que ocurrieron sus victimizaciones pues tal ser\u00eda peregrina exigencia que desconocer\u00eda la naturaleza misma en que pueden ocurrir las cosas pues muchos ser\u00e1n los factores que, por una causa o por otra, justifiquen la decisi\u00f3n de quedarse o regresar al mismo sector. Por modo que ese mero hecho ni por asomo quiebra su condici\u00f3n de v\u00edctimas. Am\u00e9n que siendo francos se radic\u00f3 ya no en el sector rural del cual ven\u00eda sino en el \u201ccasco urbano\u201d, que de suyo supondr\u00eda situarse de alguna forma en un espacio poco m\u00e1s tranquilo. <\/p>\n
Por modo que a partir del particular blindaje demostrativo con que se revisten las manifestaciones de la solicitante de tierras -al cual valdr\u00eda a\u00f1adir las especiales medidas diferenciadas que suponen un trato preferente para las v\u00edctimas- sumado con esas otras probanzas antes vistas, inclusive el claro contexto de violencia rondante en San Vicente de Chucur\u00ed, ser\u00edan factores que servir\u00edan con suficiencia, de sobra incluso, para tener por comprobado, y per se, aquel indispensable hilo conductor entre los hechos victimizantes y el abandono y cesi\u00f3n del terreno a prop\u00f3sito que, en situaciones como la de marras, era casi de sentido com\u00fan que de all\u00ed saliere. Justo cual hizo. <\/p>\n
Lo que adem\u00e1s concordar\u00eda con esa regla de experiencia que indica que, con conocimiento de causa, nadie se arriesgar\u00eda a soportar vej\u00e1menes semejantes que han sufrido otros en un contexto similar. Por manera que no rayar\u00eda contra la naturaleza de las cosas y antes bien se compasar\u00eda derechamente con ella, que ante el manifiesto y constante peligro que comportaba un escenario tan impresionante como ese, prefiriese ella dejar atr\u00e1s todo antes que padecer en carne propia esas mismas agresiones que fat\u00eddicamente ya hab\u00edan tocado a su propio hermano; no fuera a ser que le pasare lo mismo. Por puro instinto de conservaci\u00f3n si se quiere calificar as\u00ed. <\/p>\n
Fuerza concluir entonces, al amparo de todas estas reflexiones, que las complejas situaciones padecidas por HILDA, tanto por la manera en que ocurrieron como por el entorno violento que para entonces rondaba la zona y hasta teniendo en consideraci\u00f3n qui\u00e9nes las perpetraron, f\u00e1cilmente encuadrar\u00edan en hechos propios del \u201cconflicto armado interno\u201d pero m\u00e1s que eso, que fueron estos los que derechamente y a su turno, provocaron ese alegado desplazamiento. <\/p>\n
Desde luego que su salida e incluso la cesi\u00f3n de la que habl\u00f3, no devinieron propiamente porque, fortuitamente, de un momento a otro o de manera espont\u00e1nea cuanto sorpresiva, repentinamente le surgi\u00f3 de la nada ese ins\u00f3lito e inusitado inter\u00e9s o deseo de irse de all\u00ed, porque s\u00ed. Al fin y al cabo no se tiene noticia de que, por fuera de la comentada situaci\u00f3n de violencia padecida, hubiere mediado suceso que tuviere influjo para provocar esa tan dr\u00e1stica decisi\u00f3n. Sin dejar de se\u00f1alar que tampoco resultar\u00eda muy consecuente que alguien decidiere sin m\u00e1s, abandonar y ceder un terreno que por entonces constitu\u00eda la forma de proveerse el techo \u201cpropio\u201d y el cual explotaba econ\u00f3micamente a trav\u00e9s de diferentes actividades, para, a despecho de semejante beneficio, ins\u00f3litamente dejarlo todo atr\u00e1s y colocarse voluntariamente en esa lastimosa situaci\u00f3n. Sencillamente carece de sentido. <\/p>\n
Se comprueba as\u00ed que no existi\u00f3 libertad para quedarse ni para ceder. Pues una y otra fueron menguadas, reiterase, a consecuencia del conflicto armado. <\/p>\n
Por manera que el panorama antes visto refleja que el pretenso asenso dado por HILDA al efectuar ese negocio, result\u00f3 efectivamente viciado por el fen\u00f3meno de la \u201cfuerza\u201d anejo con el conflicto. Lo que de suyo implica la invalidez del se\u00f1alado convenio, justamente por la falta de consentimiento que lo hace anulable. Tanto m\u00e1s, al tenor de las especiales presunciones que aplican para este linaje de asuntos, particularmente, la prevista en el literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
No estar\u00eda de m\u00e1s referir que, en todo caso, y en la medida en que aparece que el predio ac\u00e1 solicitado fue luego adjudicado por el entonces INCORA (una vez tuvo en su dominio el predio) a favor de \u00c1LVARO BAYONA y ESPERANZA CASTELLANOS DE BAYONA mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 1038 de 24 de junio de 1994 con base en la cual incluso se dio apertura al folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 320- 14003 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Vicente de Chucur\u00ed, ser\u00eda tambi\u00e9n de rigor aplicar la presunci\u00f3n de que trata el numeral 3 del art\u00edculo 77 de la Ley por la que se tiene por nulo el acto que legalice una situaci\u00f3n jur\u00eddica contraria a las garant\u00edas previstas en pro de la v\u00edctima. Justo como ocurre en este evento si se atiende que est\u00e1n aqu\u00ed dados los supuestos para ello toda vez que, por una parte, HILDA era la \u201cocupante\u201d del terreno; igualmente, que debi\u00f3 dejarlo en abandono por hechos relacionados con el conflicto y, finalmente, que luego de ello se produjo la formalizaci\u00f3n de la propiedad a favor de un tercero que, por eso mismo, acab\u00f3 afectando de manera injusta la leg\u00edtima expectativa de hacerse ella due\u00f1a por v\u00eda de la adjudicaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 lo relativo a la formalizaci\u00f3n de la propiedad, destacando que: <\/p>\n
\u2026antes de cualquier consideraci\u00f3n es de tener en cuenta que, aun cuando el citado predio es ahora de naturaleza privada, no es menos palmario que en armon\u00eda con lo que antes se dijo, resulta claro que la eventual formalizaci\u00f3n de la propiedad debe atender el car\u00e1cter p\u00fablico de otrora. Por modo que el aspecto en ciernes debe determinarse a la luz de las exigencias requeridas para legalizar esa previa ocupaci\u00f3n atendiendo tanto las disposiciones vigentes para entonces como las que ahora regulan esos temas. <\/p>\n
Bajo ese entendido, debe ahora llamarse la atenci\u00f3n en que, de no haberse sucedido esos acotados hechos victimizantes, era harto probable que en su momento HILDA REINA BAUTISTA hubiere resultado beneficiada con la titulaci\u00f3n del terreno en los t\u00e9rminos que por entonces refer\u00edan los art\u00edculos 81 y 119 de la Ley 135 de 1961 (vigente para esos tiempos) a cuyo prop\u00f3sito bastar\u00eda con advertir que all\u00ed lleg\u00f3 por expresa autorizaci\u00f3n del INCORA como todos a uno lo convienen (lo que de suyo supone que contaba con la vocaci\u00f3n de ser sujeto de reforma agraria) y justamente para esos fines de adjudicarle el bien con otros veinti\u00fan parceleros sino que, cual arriba se vio, ella se aplic\u00f3 desde el comienzo a aprovechar el fundo en las condiciones exigidas por la normatividad y tambi\u00e9n cumpliendo con el trabajo comunal. <\/p>\n
Partiendo de tal supuesto, que por s\u00ed solo ser\u00eda bastante para concluir que tambi\u00e9n ahora tendr\u00eda derecho que la entidad competente le titulare el predio, por supuesto que completar\u00eda los presupuestos reclamados para el efecto, restar\u00eda entonces confrontar las normas pertinentes para disponer esa soluci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, debe advertirse que si bien con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley 135 de 1961, que para la \u00e9poca del abandono era la que entonces reg\u00eda la situaci\u00f3n y teniendo en cuenta que en su caso cuanto aplicaba era el sistema de titulaci\u00f3n por v\u00eda del r\u00e9gimen parcelario de que trata el CAP\u00cdTULO XIV atendido el origen \u201cprivado\u201d del predio (arts. 54, 61, 62, 63, 70 y particularmente el 80) y no propiamente el de adjudicaci\u00f3n gratuita de bienes bald\u00edos a favor de \u201ccolonos\u201d (art. 29, mod. art. 10 Ley 30 de 1988), ciertamente tendr\u00eda ella derecho a la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n para que una vez inscrita constituyere \u201c(\u2026) t\u00edtulo suficiente de dominio y prueba de la propiedad (\u2026)\u201d, pero a la par quedar\u00eda sujeta al cumplimiento de todas y cada una de las restricciones, condiciones y obligaciones contempladas en los art\u00edculos 81, 82 y 83 de la dicha normatividad, entre otras, el \u201cpago\u201d de la parcela. Por supuesto que, con todo y las prerrogativas, facilidades y beneficios, al final se trataba de una \u201cventa\u201d a favor del parcelario. <\/p>\n
Sin embargo, no puede dejarse al margen que se est\u00e1 aqu\u00ed en un di\u00e1fano escenario de justicia transicional que por tal impone de suyo la imperiosa necesidad de tener muy en consideraci\u00f3n tanto la particular naturaleza de esta acci\u00f3n cuanto los loables fines que con ella se persiguen, entre ellos, que la formalizaci\u00f3n de la propiedad a su favor es \u201c(\u2026) una figura especial para garantizar el restablecimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddico formal de la v\u00edctima con el predio respecto del cual solicita la restituci\u00f3n, es decir la titulaci\u00f3n de la propiedad efectiva sobre la tierra (\u2026) implica la garant\u00eda jur\u00eddica de formalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de la v\u00edctima con el predio objeto de la solicitud, a partir de la titulaci\u00f3n efectiva de la propiedad sobre la tierra (\u2026)\u201d (Subrayas del Tribunal); visiones que para el concreto caso de la ac\u00e1 solicitante exigen de suyo atenuar el rigor de las mentadas reglamentaciones para que esa garant\u00eda fundamental de la solicitante no solo para recuperar su derecho sobre el inmueble perdido por causa del conflicto sino para m\u00e1s all\u00e1 obtener su titulaci\u00f3n, no vaya a resultar malhadada de entrada so pretexto de aplicarse a rajatabla a lo que menciona la Ley. <\/p>\n
Por manera que atendidos esos par\u00e1metros que son los que deben servir de norte para tomar la decisi\u00f3n, bien pronto debe convenirse que no cabe someter a la aqu\u00ed reclamante a tan gravosas limitaciones cuanto que m\u00e1s bien otorgar a su favor la propiedad (por ejemplo sin tener que pagar por el predio ni sujetar que solo debe venderlo previa autorizaci\u00f3n de la entidad), para lo cual, incluso bastar\u00eda con acudir a las normas vigentes que regulan casos an\u00e1logos o semejantes, cual sucede por ejemplo con el Decreto Ley 902 de 2017 que apenas si exige para conceder la titulaci\u00f3n gratuita, no tanto mirar la previa naturaleza del predio (si fue habido por la entidad por compra o se trata de bien bald\u00edo), cuanto m\u00e1s bien las condiciones del sujeto. Pues es de eso de lo que ac\u00e1 tambi\u00e9n se trata; de favorecer al campesino sin tierra. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los antecedentes antes vistos permiten descubrir que HILDA REINA BAUTISTA ostenta y a\u00fan ahora lo hace, las condiciones y requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 4\u00b0 del mentado Decreto para tener derecho la tierra y sobre todo, a su \u201cformalizaci\u00f3n a t\u00edtulo gratuito\u201d, ha de ser esa soluci\u00f3n la que aqu\u00ed se privilegie. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 la normatividad y jurisprudencia, de cara a la buena fe exenta de culpa alegada por el actor, precisando que: <\/p>\n
\u2026Ninguno se esforz\u00f3 por demostrar que, por ejemplo, hicieron averiguaciones acerca de las personas que con anterioridad tuvieron relaci\u00f3n con el bien y las razones por las que ya no estaban all\u00ed. N\u00f3tese a ese respecto que cuando fue llamado a declarar GUSTAVO ARCHILA GARC\u00cdA para que justamente comentare las gestiones previas ejecutadas con miras a hacerse con el predio objeto del asunto, desprevenidamente manifest\u00f3 que \u201c(\u2026) ninguna, porque llegu\u00e9 ah\u00ed, yo ven\u00eda de Sabana de Torres, all\u00e1 yo ten\u00eda finca, la vend\u00ed y me vine para San Vicente, all\u00e1 llegu\u00e9 por un tal EFRA\u00cdN PICO, que tiene finca all\u00e1 en esa vereda y \u00e9l fue el que nos guio para nosotros comprar esa finca (\u2026) nosotros nos conocimos y nos gust\u00f3 la parcela y nosotros llegamos a un acuerdo para comenzar a negociar ese terreno (\u2026)\u201d. A su vez, su c\u00f3nyuge SARA RINC\u00d3N RUEDA refiri\u00f3 llanamente que \u201c(\u2026) estaba un se\u00f1or EFRA\u00cdN, EFRA\u00cdN PICO, que es vecino, vecino ah\u00ed, en eso mi esposo hab\u00eda negociado un carro con \u00e9l y le cont\u00f3 que le toca, que ten\u00eda que venir a donde viv\u00eda. Que quer\u00eda, que hab\u00eda vendido y que quer\u00eda conseguir por ah\u00ed una tierrita, pero no sab\u00eda, no sab\u00eda d\u00f3nde, entonces el se\u00f1or PICO lo ubic\u00f3, le dijo: \u2018yo s\u00e9 d\u00f3nde venden una tierrita, que don ERNESTO JIM\u00c9NEZ la vende\u2019, que \u2018tal\u2019 que \u2018esto\u2019 (\u2026) don EFRA\u00cdN nos ubic\u00f3 all\u00e1 con esa finca, pues nos pusimos en contacto con don ERNESTO CHINCHILLA y fuimos muy negociamos, fuimos y miramos, despu\u00e9s fuimos y la pase\u00e1bamos, despu\u00e9s negociamos y as\u00ed (\u2026)\u201d (Subrayas del Tribunal). <\/p>\n
Bastante cuanto transcrito se deja para prestamente comprender que ni por asomo se acredit\u00f3 lo que en el punto era debido. Pues sin perjuicio de reiterar que lo concerniente con las actividades adoptadas en aras de verificar la real situaci\u00f3n del predio, era asunto cuya demostraci\u00f3n no podr\u00eda encontrarse en las meras palabras de los opositores, desde que, por supuesto, en s\u00ed mismas consideradas carecen por entero de cualquier fuerza persuasiva, GUSTAVO y SARA acabaron admitiendo que no hicieron indagaci\u00f3n alguna porque para ellos fue bastante que el predio se lo recomendara EFRA\u00cdN PICO y que al ir a observar el terreno fue de su gusto. Y hasta ah\u00ed. <\/p>\n
No corre mejor suerte la oposici\u00f3n intentada por MAURICIO SALAZAR DUARTE, quien expres\u00f3 respecto a la adquisici\u00f3n de una porci\u00f3n del terreno aqu\u00ed solicitado, que \u201c(\u2026) eso fue un acuerdo y amistosamente \u00e9l lo hizo de buena fe, nos vendi\u00f3 las dos hect\u00e1reas y nos dijo bueno, nosotros le pedimos el favor porque pasamos por un corral, entonces nosotros dijimos: \u2018don ERNESTO: \u00bfpor qu\u00e9 no hace el favor y nos vende ese pedazo?\u2019, entonces dijimos que de pronto la registradur\u00eda no lo pod\u00eda registrar el pedacito, entonces dijo \u2018bueno, yo le vendo dos hect\u00e1reas\u2019 y de acuerdo se hizo as\u00ed el acuerdo, nos vendi\u00f3 dos hect\u00e1reas. Cuando don GUSTAVO ARCILA, cuando compr\u00f3 (\u2026) don ERNESTO vendi\u00f3 a don GUSTAVO y el que nos hizo la escritura fue GUSTAVO ARCHILA y \u00e9l nos la dio porque \u00e9l actu\u00f3 de buena fe y nos dijo \u2018h\u00e1gale esa escritura que yo le vend\u00ed dos hect\u00e1reas\u2019 (\u2026)\u201d. De igual forma su progenitora refiri\u00f3 que \u201c(\u2026) cuando mi hijo fue propietario de la parcela (\u2026) pas\u00e1bamos por un caminito. El vecino nos dec\u00eda que no, que la finca de nosotros no ten\u00eda ese derecho, nos toc\u00f3 qu\u00e9 pedir, \u00e9l dijo: \u2018si quiere les vendo\u2019, dije: \u2018pues v\u00e9ndanos para nosotros tener el camino\u2019 (\u2026) en esa \u00e9poca la parte, la finca n\u00famero Monte Blanco 17 era en esa \u00e9poca, eran socios con \u00d3MAR ROJAS y un hijo m\u00edo. A\u00fan yo estaba con \u00e9l, con mi hijo, ando con mi hijo y en esa \u00e9poca ellos hab\u00edan arreglado as\u00ed como tal estaba, pero a no, que ya \u00d3MAR ROJAS era el otro compartidario de MAURICIO SALAZAR; \u00e9l me vendi\u00f3 a m\u00ed. Cuando \u00e9l me fue a vender a m\u00ed, le dije: \u2018don \u00d3MAR: usted se da de cuenta los problemas que ha habido porque nosotros pasamos por ah\u00ed y usted es \u00e9l que est\u00e1 ac\u00e1, entonces es \u00e9l que tiene que mirar\u2019, entonces dijo \u2018no, yo ya arregl\u00e9 eso\u2019, entonces dijo: \u2018bueno don \u00d3MAR, yo le compro, pero con una condici\u00f3n me entrega a paz y salvo, porque no quiero problemas con nadie\u2019 (\u2026) Entonces, cuando yo estaba por all\u00e1 en una reuni\u00f3n en Sabana, cuando me llamaron, \u00d3MAR \u2018v\u00e9ngase do\u00f1a MARIELA que ya est\u00e1 listo para hacer los papeles\u2019, est\u00e1bamos con mi hijo, dije: \u2018\u00bfpero ustedes ya llamaron a GUSTAVO?\u2019, dijo: \u2018s\u00ed, ya lo lamamos\u2019 y nosotros vamos a ir; ellos van a salir\u2019. Nos comunicamos con don GUSTAVO, nos venimos en \u00e9l, nos fuimos en el mismo carro para San Vicente y ah\u00ed entonces ellos hablaron, me dijeron \u2018bueno do\u00f1a MARIELA hacemos los papeles y tal\u2019. Nosotros firmamos y don GUSTAVO tambi\u00e9n firm\u00f3 (\u2026) En el dos mil cuatro fue que adquir\u00ed esas dos hect\u00e1reas a MAURICIO SALAZAR y a \u00d3MAR ROJAS, a\u00fan ellos por un documento que nos lo vendi\u00f3 don ERNESTO JIM\u00c9NEZ, por el paso de la finca de nosotros, de mi hijo MAURICIO y \u00d3MAR, ellos (\u2026) son due\u00f1os desde un principio de esa finca, \u00d3MAR ROJAS me vendi\u00f3 a m\u00ed en el dos mil once, que ah\u00ed fue que (\u2026) don GUSTAVO nos hizo la escritura. Yo le compr\u00e9 la parte a \u00d3MAR ROJAS y \u00d3MAR ROJAS, como \u00e9l me vend\u00eda, yo le dije: \u2018don \u00d3MAR: yo le compro la finca pero me da los papeles a paz y salvo, porque yo no quiero problemas\u2019. No s\u00e9 c\u00f3mo har\u00edan ellos, yo estaba por all\u00e1 en Sabana cuando me llamaron que fuera que ya hac\u00eda las escrituras, don ERNESTO pues \u00e9l tambi\u00e9n vive (\u2026) viv\u00eda o vive (\u2026) en Sabana de Torres; nos vinimos, entonces \u00e9l mismo me trajo, vinimos a San Vicente y \u00e9l nos hizo las Escrituras (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En fin: no se acredit\u00f3 lo que era aqu\u00ed exigido, por lo que deb\u00edan \u201cprobar\u201d lo alegado -lo que no hicieron-, en contrario resultaron fue admitiendo que sin realizar alguna clase de indagaci\u00f3n, terminaron negociando y adquiriendo la porci\u00f3n de terreno; nada m\u00e1s. Obviamente que de tan tibia manera ni por asomo colmaba la requerida prueba sobre la especial buena fe aqu\u00ed requerida; misma que exig\u00eda, it\u00e9rase, la cabal verificaci\u00f3n de que no estaba en condiciones id\u00f3neas de conocer qu\u00e9 pudo suceder respecto de ese bien, concretamente, ese puntual hecho violento que implic\u00f3 en su momento p\u00e9rdida del derecho por cuenta de la solicitante. Y nada de ello se logr\u00f3; a la verdad, ni se intent\u00f3. <\/p>\n
Para rematar, el mero hecho de precederle a su derecho de dominio un acto producido por el INCORA, no implicaba de suyo que los adquirentes se ubicaren en lugar de c\u00f3modo privilegio que de alguna manera les significarse acaso un tratamiento benevolente o excepcional que por eso solo les dispensare del deber de acreditar la invocada buena fe exenta de culpa, con todo lo que ello implica. Nada de eso. Pues por fuera de que la prueba de esa categor\u00eda no se presume ni se sobrentiende cuanto que reclama cabal comprobaci\u00f3n como desde un comienzo se enfatiz\u00f3, a la verdad no existe raz\u00f3n f\u00e1ctica ni jur\u00eddica atendible para que en este espec\u00edfico caso y por ese motivo, se quiebre tan exigente postulado. No. De su cargo estaba probar irrefragablemente esa condici\u00f3n, justo como estar\u00eda compelido a hacerlo cualquiera que funja de opositor. No hay aqu\u00ed excepci\u00f3n ni tendr\u00eda por qu\u00e9 haberla. Pero al final nada probaron. <\/p>\n
Tampoco las declaraciones aportadas apuntalan esas alegaciones pues a la postre nada dicen en torno de esas previas gestiones averiguativas cuanto suficientes de los opositores para hacerse con los respectivos predios que en realidad era cuanto importaba acreditar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda. <\/p>\n
De d\u00f3nde no puede sino seguirse que incumplieron en ese aspecto el exigente deber probatorio que repetidamente se reliev\u00f3. Pues su comportamiento no califica propiamente de diligente cuanto que al contrario, m\u00e1s bien de desidioso y hasta descuidado. <\/p>\n
Traduce que como nada probaron acerca de esa reclamada extrema \u201cdiligencia\u201d, subsecuentemente no merecen la compensaci\u00f3n autorizada por la Ley; recompensa reservada \u00fanicamente para quien demuestre cabalmente que su derecho no tiene m\u00e1cula. Por ende, que la nefasta consecuencia que ahora se sucede aparece como el natural resultado de su propia indolencia. <\/p>\n
Luego, de cara a la calidad de segundo ocupante alegada por el promotor, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
En el informe de caracterizaci\u00f3n presentado respecto de GUSTAVO ARCHILA GARC\u00cdA y SARA RINC\u00d3N RUEDA se constat\u00f3 que aquel para entonces era mayor de 66 a\u00f1os, pensionado, que habitaba en un predio diferente al solicitado en restituci\u00f3n ubicado en la zona urbana del municipio de Sabana de Torres en el cual resid\u00eda junto con su c\u00f3nyuge SARA RINC\u00d3N RUEDA cuya edad era de 68 adem\u00e1s sus hijos NELSY de 37 a\u00f1os -quien presentaba una discapacidad mental- y JUAN DAVID de 16 a\u00f1os. En la correspondiente entrevista se manifest\u00f3 que el fundo ac\u00e1 reclamado estaba al cuidado de un mayordomo y que se dedicaba al pastoreo de ganado. Respecto de los ingresos del n\u00facleo familiar se determin\u00f3 que proven\u00edan de una pensi\u00f3n de una entidad estatal en la que labor\u00f3 GUSTAVO, equivalente a $3.500.000.oo adem\u00e1s de la explotaci\u00f3n del predio aqu\u00ed reclamado que le reportaba una suma de $1.000.000.oo, los cuales eran utilizados para suplir las necesidades b\u00e1sicas del n\u00facleo familiar y al pago de cuotas de cr\u00e9ditos financieros por valor de $2.800.000.oo. Se se\u00f1al\u00f3 que no eran beneficiarios de programas sociales del Estado. Asimismo, se acot\u00f3 que GUSTAVO ostentaba la calidad de propietario respecto de otros predios tal cual se confirm\u00f3 con el dato suministrado por la Superintendencia de Notariado y Registro. De acuerdo con todo ello, los funcionarios encargados de esa gesti\u00f3n, concluyeron que dicho hogar no se encontraba en situaci\u00f3n de pobreza multidimensional, pues apenas si presentaba un 10% de privaciones por bajo nivel educativo. <\/p>\n
En fin: que no s\u00f3lo no padecen de carencias que los ubiquen en esa infausta posici\u00f3n de \u201cvulnerables\u201d ni se sigue que vayan a resultar afectados sus derechos a la \u201cvivienda digna\u201d ni al \u201cm\u00ednimo vital\u201d como tampoco la p\u00e9rdida del terreno les dejar\u00eda expuestos a quedar en lastimosas condiciones. Nada de eso. De d\u00f3nde, no puede ofrecer duda entonces que no cabe verles como \u201cocupantes secundarios\u201d que tengan derecho a medidas de atenci\u00f3n. It\u00e9rase que reconocimiento semejante \u00fanicamente tiene cabida en tanto se trate de personas que adem\u00e1s de tener alguna condici\u00f3n especial de debilidad, residieren en el inmueble objeto de restituci\u00f3n o por lo menos de all\u00ed pendiere su congrua subsistencia. Lo que no es del caso conforme acaba de verse. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas que regulan el proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas, valor\u00f3 las pruebas recaudadas, concluyendo que eran insuficientes para acoger su oposici\u00f3n; por el contrario, encontr\u00f3 que tales medios de convicci\u00f3n daban cuenta de la existencia de los actos de violencia del que fue v\u00edctima la solicitante y su n\u00facleo familiar, que produjo su desplazamiento y la venta forzada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el tutelante no indag\u00f3 por la situaci\u00f3n real de predio al momento de efectuar la compra, de ah\u00ed que tampoco acreditaba la buena fe exenta de culpa, por lo que no era merecedor de la compensaci\u00f3n; asimismo, porque de lo evidenciado se encuentra que el gestor no reside en el fundo objeto de litis, adem\u00e1s, cuenta con otros predios de donde deriva su sustento, as\u00ed como el ingreso por cuenta de una pensi\u00f3n que para ese momento era de $3.500.000, por lo que tampoco se acredit\u00f3 su calidad de segundo ocupante. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que no podr\u00eda ser de otra forma la conclusi\u00f3n, pues la Corte ha indicado, sobre los procesos del linaje que aqu\u00ed se analiza, que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00 y STC11957-2015, 7 sep. rad. 01947-00). <\/p>\n
Luego, una vez agotada la tramitaci\u00f3n judicial, en la que se haya permitido la participaci\u00f3n de todos los interesados, as\u00ed como la exposici\u00f3n de sus puntos de vista, sin que se advierta un desconocimiento flagrante del derecho aplicable o las pruebas recaudadas, deber\u00e1 estarse al fallo emanado, sin que la intervenci\u00f3n constitucional sea procedente. <\/p>\n
M\u00e1xime cuando el sentenciador, como se advierte en el caso bajo estudio, efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria considerando el contexto en que ocurrieron los hechos victimizantes y la disposici\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n, especialmente que, como consecuencia de dichos actos de violencia, la reclamante y su familia no tuvieron opci\u00f3n diferente que abandonar sus propiedades, a fin de salvaguardar su integridad personal, al punto que uno de sus hermanos fue asesinado; de la misma manera se procedi\u00f3 a ponderar las garant\u00edas del opositor, empero, tal situaci\u00f3n no pudo ser acreditada, en descr\u00e9dito de una buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Es importante traer a la memoria que la buena fe exenta de culpa, conforme a la Corte Constitucional: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras\u2026 se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011. (CC C-330\/16). <\/p>\n
Refulge que el Alto Tribunal, como garante de prerrogativas esenciales, fij\u00f3 como derrotero que al opositor le resulta insuficiente demostrar que, en su convicci\u00f3n profunda, actu\u00f3 con probidad o lealtad, evaluaci\u00f3n que valga la pena mencionarlo deber\u00e1 hacerse caso por caso seg\u00fan las condiciones personales de aqu\u00e9l, sino que deber\u00e1 exhibir un comportamiento prudente exigible de cualquier persona puesta en sus mismas condiciones objetivas. Sin duda se trata de un est\u00e1ndar diferencial, que debe ser examinado dentro del contexto de violencia que deriv\u00f3 en el despojo y constituye el sustrato de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, atendiendo lo relatado, la buena fe subjetiva no es m\u00e1s que la legalidad y honradez con la que el opositor efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico de los predios objeto de restituci\u00f3n, siendo consciente que al efectuar dicho acto no estaba actuando con violencia, fraude o dolo, acci\u00f3n de donde se deriva el derecho reclamado; a su vez, la buena fe objetiva exige un comportamiento encaminado a evitar un aprovechamiento injusto, expresado en las verificaciones que se esperan de un sujeto con formaci\u00f3n, experiencia y comprensi\u00f3n equiparable al del opositor; situaciones que necesariamente deben ser probadas al interior del juicio, pues se debe desvirtuar que su conducta, para adquirir las heredades no advert\u00edan la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o ni de obtener alg\u00fan tipo de aprovechamiento indebido en menoscabo de su contraparte. <\/p>\n
Este estudio contextual, de cara al caso concreto y a la buena fe exenta de culpa pretendida por el opositor, sirvi\u00f3 al Tribunal para evaluar los elementos subjetivos y objetivos de su oposici\u00f3n, concluyendo que, de un lado, el comprador no indag\u00f3 los antecedentes del fundo al efectuar el negocio jur\u00eddico de venta, lo que era suficiente para descartar la buena fe subjetiva, interpretaci\u00f3n que no se advierte contraevidente, cerr\u00e1ndose la prosperidad de la tutela en este punto espec\u00edfico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la buena fe exenta de culpa debe ser debidamente acreditada por el tercero que pretenda hacer valer su titularidad de los fundos objeto de restituci\u00f3n, que al estar debidamente probada, ser\u00eda digno de una compensaci\u00f3n conforme lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, lo que ac\u00e1 no qued\u00f3 probado seg\u00fan la valoraci\u00f3n efectuado por el sentenciador, sin que se adviertan yerros superlativos que constituyan una v\u00eda de hecho, no procede la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Lo mismo sucede frente a la pretendida protecci\u00f3n como segundo ocupante, en tanto el juzgador hizo una evaluaci\u00f3n de los elementos para su configuraci\u00f3n, descart\u00e1ndola; esto debido a que, si bien atendi\u00f3 a sus condiciones especiales, lo cierto es que qued\u00f3 probado que su subsistencia proviene, especialmente, de la pensi\u00f3n que percibe, adem\u00e1s, cuenta con otras propiedades, quedando desvirtuada su condici\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
3. Lo anterior, se torna suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
10 <\/p>\n
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STC1217-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1217-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00315-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Archila Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61100\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}