STC1218-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1218-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00185-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sergio Augusto Rodr\u00edguez Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos que originaron la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se disponga \u00abla anulaci\u00f3n de los autos de fechas\u2026 26 de octubre de 2021, proferidos en el tr\u00e1mite de la demanda ejecutiva de alimentos radicado bajo el n\u00b0 2021-00227\u00bb. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sergio Augusto, Deisy Carolina y Yonatan Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, presentaron una primera demanda ejecutiva de alimentos en contra de Jos\u00e9 Heriberto Rodr\u00edguez P\u00e9rez, ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, con fundamento en una copia de la conciliaci\u00f3n celebrada el 8 de agosto de 2011; que el 5 de octubre de 2020 dicha autoridad inadmiti\u00f3 el libelo inicial, tras considerar que dicho documento debe \u00aballegarse con nota de ser primera copia\u00bb; el 25 de enero siguiente, se rechaz\u00f3 la demanda (2020-00130). <\/p>\n
2.2. Luego, Sergio Augusto, Deisy Carolina y Yonatan Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, promovieron otra demanda ejecutiva de alimentos en contra de Jos\u00e9 Heriberto Rodr\u00edguez P\u00e9rez, que tras ser remitida por competencia, le fue asignada al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, autoridad que el 27 de septiembre de 2021 inadmiti\u00f3 la demanda al considerar, entre otras, que el poder y la demanda no estaban dirigidos a ese despacho; el acta de conciliaci\u00f3n allegada como t\u00edtulo contiene sellos de autenticaci\u00f3n, se\u00f1alando que debe llegar el original o la nota de ser la primera copia; adem\u00e1s, para aclarar los hechos y las pretensiones, en cuanto a los meses, el valor de la cuota, los intereses que legalmente corresponden, los valores para cada uno de los hijos; allegar registro civil de nacimiento del actor y constancias de estudios aludidas en el ac\u00e1pite de documentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 25 de octubre de 2021 el estrado judicial rechaz\u00f3 la demanda, tras advertir que no se aclararon los hechos y pretensiones, pues se insiste en presentar como pretensiones un cuadro que contiene la liquidaci\u00f3n, empero no expresa cada una de las pretensiones; que los intereses superaban el 2% mensual y para esta clase de procesos el C\u00f3digo Civil es claro en indicar el porcentaje que se debe aplicar; no indic\u00f3 la cuant\u00eda conforme lo dispone el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso; y, los certificados de estudios allegados datan del a\u00f1o 2019, es decir, carecen de actualidad. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, quebrantan sus garant\u00edas de primer grado, toda vez que el estrado judicial rechaz\u00f3 la demanda \u00abcon otros argumentos inclusive exigiendo[les] que las constancias de estudio deben estar actualizadas, yerro en que incurre nuevamente el despacho por cuanto no es posible que para un juicio ejecutivo exija copias de estudio. No observa la liquidaci\u00f3n para determinar que si esta echa mes por mes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el juzgado encausado \u00abcada vez [les] dilata el tr\u00e1mite de la demanda con argumentos que no exige la ley, liquidaciones que no son necesarias para el tr\u00e1mite del proceso, en cuanto en el curso del proceso se [debe] hacer la liquidaci\u00f3n, cada vez plantea nuevas teor\u00edas las que [les] est\u00e1n afectando gravemente por cuanto [son] estudiantes y no t[ienen] recursos para el costo de [su] estudio, vivienda, alimentaci\u00f3n, ya que [sus] progenitores son separados m\u00e1s de 10 a\u00f1os y [su] progenitor no [les] colabora en nada, no obstante tener los recursos necesarios para asumir su responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el promotor no hizo uso de los recursos ordinarios procedentes contra los autos mediante los cuales se rechaz\u00f3 las demandas; indic\u00f3 que las actuaciones est\u00e1n acorde a la normatividad aplicable al caso concreto; remiti\u00f3 link de consulta de los expedientes 2020-00130 y 2021-00227. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues, de un lado, el auto que rechaz\u00f3 la inicial demanda data de 25 de enero de 2021, y la salvaguarda presentada el 4 de noviembre siguiente, es decir, m\u00e1s de 8 meses despu\u00e9s; y, por otro lado, porque contra el auto que rechaz\u00f3 por segunda vez la demanda, esto es, el de 25 de octubre de 2021 el promotor no formul\u00f3 los remedios ordinarios pertinentes para censurar dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora manifestando que \u00abel proceso ejecutivo de alimentos es de \u00fanica instancia y no procede el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
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2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona los autos de i). 25 de enero de 2021 por medio del cual el Juzgado accionado rechaz\u00f3 la demanda formulada al interior del juicio 2020-00130; y, ii). 25 de octubre de 2021, a trav\u00e9s del cual el estrado querellado rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva de alimentos con radicaci\u00f3n 2021-00227; pues, en sentir del quejoso, la autoridad accionada inadmite su libelo, para luego rechazarlo, imponiendo cargas innecesarias para dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
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2. En cuanto al primer reproche, concluye esta Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha del prove\u00eddo censurado (25 de enero de 2021); y la data de interposici\u00f3n de la demanda de amparo que ahora ocupa a la Corte (4 de noviembre de 2021), transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino superior al de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
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2. Ahora en cuanto al segundo de los reproches, tambi\u00e9n surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que critica, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso1, el cual no agot\u00f3 frente a dicho prove\u00eddo, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos; sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, pues lo cierto es que debe agotar el pronunciamiento ante el fallador natural, a trav\u00e9s del referido remedio horizontal. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria; de ah\u00ed que no sea de recibo los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n
Asimismo, frente a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n
\u2026 y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada entre otras, STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez… <\/p>\n
5 <\/p>\n
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