STC1221-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1221-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00122-00 <\/p>\n
Acumulada n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00156-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso verbal para rendici\u00f3n provocada de cuentas que, junto con Luis Alberto e Hip\u00f3lito, promovieron contra Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n, con radicado No. 2019-00302. <\/p>\n
Solicitan entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, \u00abDECLARAR la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa, celebrado el d\u00eda 9 de noviembre de 2016, entre Apolinar Sandoval P\u00e9rez (q.e.p.d.) como promitente vendedor y Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n como promitente compradora (\u2026) declarar la inexistencia o nulidad absoluta del estricto denominado \u201cdocumento privado\u201d y en coherencia y concordancia la inexistencia de la transacci\u00f3n sobre derechos ajenos contenidos en el documento allegado por la demandada como fuente de derechos y obligaciones\u00bb, y en consecuencia, \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos la sentencia proferida el d\u00eda 25 de noviembre de 2021\u00bb por la Colegiatura\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aducen en compendio, que el 9 de noviembre de 2016, su fallecido progenitor Apolinar Sandoval P\u00e9rez, prometi\u00f3 en venta a Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n un terreno de \u00ab136,9 hect\u00e1reas\u00bb, de un predio de mayor extensi\u00f3n de \u00ab294 hect\u00e1reas 4.066 mts2\u00bb identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 314-30966; que el 16 de diciembre el mismo a\u00f1o aqu\u00e9l le otorg\u00f3 poder especial a la mencionada promitente compradora para enajenar el predio denominado \u00ablote No. 1 M.I. 314-71796 \u00e1rea 220.8 hect\u00e1reas\u00bb; que el d\u00eda 29 del mismo mes y a\u00f1o, Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n vendi\u00f3 100 hect\u00e1reas del precitado terreno al municipio de Piedecuesta, Santander, por $1.283\u00b4250.000; y que mediante documento privado de 2 de enero de 2017, se \u00abpretendi\u00f3\u00bb transar sobre la propiedad del predio \u00ablote uno M.I. 314-71796\u00bb, sobre el valor de venta al municipio de Piedecuesta por la suma de $1.283\u00b4250.000,oo, contrato de transacci\u00f3n que es \u00abinexistente\u00bb. <\/p>\n
Sostienen que por lo expuesto iniciaron el referido juicio, para que se rindieran cuentas sobre la \u00faltima negociaci\u00f3n, pretensi\u00f3n que fue negada el 16 de febrero de 2021 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, y confirmada el 25 de noviembre siguiente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial, sin tener en cuenta, dicen, que la promesa de venta sobre el predio de mayor extensi\u00f3n est\u00e1 viciada de nulidad absoluta al no haber identificado los linderos de la porci\u00f3n del bien que se prometi\u00f3 en venta, sino los del globo del predio mayor extensi\u00f3n; y, que la transacci\u00f3n antes se\u00f1alada es \u00abineficaz, inexistente o nula, al pretender transigir sobre derechos ajenos o derechos que no existen\u00bb, ya que Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n \u00abal no ostentar ni ser titular de ning\u00fan derecho sobre el predio rural \u201clote uno M.I. 314-71796\u201d objeto de mandato especial, no tiene capacidad para transigir sobre los valores que recibi\u00f3 por la venta de las 100 hect\u00e1reas al municipio de Piedecuesta\u00bb, ya que, explican, \u00abno existe un contrato de compraventa elevado a escritura p\u00fablica que muestre la tradici\u00f3n del bien ra\u00edz denominado Lote 1 M. I. 314-71796\u201d a favor de Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n. Lo que existe es la tradici\u00f3n hecha por Apolinar (tradente) a favor del municipio de Piedecuesta (adquirente), tradici\u00f3n realizada por la mandataria debidamente autorizada por el mandante, entendi\u00e9ndose como si la hubiera hecho el propio mandante\u00bb, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
2. Una vez asumido, el tr\u00e1mites, el 25 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la salvaguarda, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa; sin embargo, por auto del 2 de febrero de los corrientes, en atenci\u00f3n a la solicitud elevada por el magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo en Sala de Decisi\u00f3n de esa misma data, se acept\u00f3 acumular a la presente acci\u00f3n el amparo con radicado No. 11001-02-03-000-2022-00156-00, teniendo en cuenta que el mismo se dirige contra las autoridades judiciales aqu\u00ed tambi\u00e9n denunciadas, respecto del mismo proceso, y, con la misma finalidad de la que se est\u00e1 tramitando en este Despacho, ello de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el canon 1\u00ba del Decreto 1834 del mismo a\u00f1o que se\u00f1ala: \u00abLas acciones de tutela que persigan la protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o de un particular se asignar\u00e1n, todas, al despacho judicial que, seg\u00fan las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas\u00bb (resalte fuera de texto). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3, que el actor olvida \u00abconvenientemente\u00bb que el proceso cuestionado \u00abes para determinar si se deben o no rendir cuentas\u00bb, y el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas arroj\u00f3, que \u00abentre la demandada y los accionantes que obran en favor de su difunto padre, no quedaban dineros pendientes de entregar al finado luego de la serie de negocios en los que ellos intervinieron y que entre ellos dos se hab\u00edan saldado las cuentas desde antes del fallecimiento del progenitor de los tutelantes\u00bb. <\/p>\n
b). El Tribunal Superior de Bucaramanga por intermedio del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n criticada se\u00f1al\u00f3, que la misma emergi\u00f3 del \u00aban\u00e1lisis detenido de las circunstancias f\u00e1cticas del caso y los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, los ciudadanos Germ\u00e1n y Basilio Sandoval Ram\u00edrez cuestionan a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que mantuvo inc\u00f3lume lo definido el 16 de enero de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, de negar sus aspiraciones dentro del proceso verbal de rendici\u00f3n provocada de cuentas que adelantaron junto con otros frente a Martha D\u00edaz Gualdr\u00f3n, pues seg\u00fan su dicho, existe causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso ya que, de los argumentos que sustentan las solicitudes de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que los gestores no comparten, la Colegiatura convocada hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el decurso cuestionado y precis\u00f3, que los reparos del extremo aqu\u00ed accionante, all\u00e1 demandante, con lo decidido por el juez cognoscente, consist\u00edan en que \u00abla demandada no era propietaria del inmueble que transfiri\u00f3 mediante la compraventa del 29 de diciembre de 2016, pues all\u00ed actu\u00f3 en nombre y representaci\u00f3n de Apolinar Sandoval P\u00e9rez, por lo que la facultad a favor de los demandantes para exigir cuentas deviene del art\u00edculo 2181 del C\u00f3digo Civil; no puede confundirse la parte promitente compradora y el comprador; (ii) la promesa de compraventa no puede tenerse como un contrato principal y desechar de ese modo el mandato, del que emana la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, m\u00e1xime cuando el documento contentivo de aqu\u00e9lla fue aportado al proceso de forma irregular, en oposici\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso; (iii) los testimonios no pueden constituirse como un medio probatorio para probar la existencia de contratos solemnes; y, (iv) la transacci\u00f3n del 2 de noviembre de 2017 no cumple los requisitos de ley, pues la demandada no es propietaria ni poseedora ni titular de los derechos que all\u00ed dijo transar\u00bb. <\/p>\n
Frente a esas quejas, que en buena medida se asemejan con las expuestas en este escenario, el ad quem comenz\u00f3 por precisar, cu\u00e1l es el objeto del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, lo cual sustent\u00f3 en pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios, para en seguida se\u00f1alar, que \u00aben la especie que se analiza, para el Tribunal es di\u00e1fano que entre los extremos de dicha relaci\u00f3n negocial existi\u00f3 un acuerdo de transacci\u00f3n, con alcance definitivo, por el que se renunci\u00f3 a cualquier reclamaci\u00f3n derivada de dicho mandato y de los restantes actos jur\u00eddicos en los que participaron, bajo diversas calidades, Apolinar Sandoval P\u00e9rez y MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Este documento, entonces, se refiere a dos de los actos jur\u00eddicos que surgieron de la particular relaci\u00f3n negocial que se dio entre Apolinar Sandoval P\u00e9rez y MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N, puntalmente, los contratos de promesa de compraventa del 9 de noviembre de 2016 y de compraventa inserto en la escritura p\u00fablica n\u00famero N\u00b0 3102 del 29 de diciembre de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Piedecuesta; relacionados ambos, de modo inescindible, con el mandato especial del 16 de diciembre de 2016, comoquiera que en el acto preparatorio Apolinar Sandoval P\u00e9rez prometi\u00f3 constituir u otorgar dicha facultad y la aqu\u00ed demandada suscribi\u00f3 la compraventa como mandataria de aqu\u00e9l y en los t\u00e9rminos indicados en el referido mandato\u00bb. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, el Tribunal coligi\u00f3 que, \u00abninguna duda reviste el acuerdo transaccional suscrito el 2 de enero de 2017 por Apolinar Sandoval P\u00e9rez y MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N, de cara a su validez, efectos y alcances, visto que se encuentran reunidos a cabalidad los requisitos necesarios para ello, si en cuenta se tiene que dicho acuerdo constituye y hace manifiesta la voluntad de las partes de finiquitar la relaci\u00f3n negocial surgida entre ellos, a ra\u00edz de los contratos de promesa de compraventa del 9 de noviembre de 2016 y de compraventa plasmado en la escritura p\u00fablica N\u00b0 3102 del 29 de diciembre de 2016; tambi\u00e9n, en ese acto se convino en establecer la suma que a la fecha adeudaba MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N a Apolinar Sandoval P\u00e9rez, fijando la forma y el plazo para su pago, renunciando a la acci\u00f3n rescisoria -lesi\u00f3n enorme y a cualquier reclamaci\u00f3n futura relacionada con el objeto de la transacci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se advierte por la Sala que el referido acto jur\u00eddico dispositivo est\u00e9 afectado por alg\u00fan vicio que desdiga de su validez, comoquiera que ambos contratantes eran capaces -no hay prueba ni alegato en contrario-, el objeto es id\u00f3neo, es decir, no es il\u00edcito y contrario a la ley ni al orden p\u00fablico, ni tampoco se presenta alguna circunstancia que permita inferir o establecer error, fuerza o dolo en su otorgamiento\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante agreg\u00f3, que \u00abla transacci\u00f3n no muestra hechos distintos o contrarios a lo que prueban los actos jur\u00eddicos que surgieron de la relaci\u00f3n negocial existente entre MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N y Apolinar Sandoval P\u00e9rez, pues la relaci\u00f3n del contenido de los contratos de promesa de compraventa del 9 de noviembre de 2016 y de compraventa del 29 de diciembre del mismo a\u00f1o, concuerda con lo que en esos actos jur\u00eddicos se plasm\u00f3, incluso se hace menci\u00f3n a la constituci\u00f3n del mandato del segundo a la primera, para que venda o se venda las hect\u00e1reas que \u00e9l vendi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Luego precis\u00f3, en cuanto al reparo de los recurrentes seg\u00fan el cual, la transacci\u00f3n no es v\u00e1lida porque la demandada no era la titular del dominio del inmueble transferido en compraventa el 26 de diciembre de 2016, que \u00e9sta \u00aball\u00ed actu\u00f3 en nombre y representaci\u00f3n de Apolinar Sandoval P\u00e9rez, interesa memorar que en el tan mencionado arreglo transaccional no se alude en modo alguno al derecho de dominio del inmueble objeto de los tan mencionados contratos -el preparatorio y la compraventa-, sino que dicho acuerdo se refiere a las obligaciones que surgieron a ra\u00edz de la promesa de compraventa del 9 de noviembre de 2016 y de compraventa del 29 de diciembre del mismo a\u00f1o, en particular, el pago del precio faltante a cargo de la aqu\u00ed demandada. <\/p>\n
Para finalmente colegir, que \u00abpara la Sala emerge di\u00e1fana la concreci\u00f3n de la segunda de las excepciones propuestas por la parte demandada, en virtud de la validez del acuerdo de transacci\u00f3n fechado al 2 de enero de 2017, por el que las partes involucradas en el contrato de mandato del 16 de diciembre de 2016 -MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N y Apolinar Sandoval P\u00e9rez-, del que devendr\u00eda la eventual obligaci\u00f3n para la demandada de rendir las cuentas que por esta v\u00eda se le reclaman, acordaron finiquitar, con efectos de cosa juzgada, la pluralidad de v\u00ednculos jur\u00eddicos surgidos entre ellos, renunciando a cualquier reclamaci\u00f3n posterior. (\u2026) De consiguiente, el disenso jer\u00e1rquico no prospera, por lo que se mantendr\u00e1 el fallo acusado, aunque con apoyo en las razones aqu\u00ed consignadas por la Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n de la Colegiatura convocada se enmarcada en el puntual prop\u00f3sito del juicio cuestionado, el cual era determinar si la convocada judicialmente estaba obligada a rendir cuentas por la negociaci\u00f3n de unos predios en comento, frente a lo cual encontr\u00f3, que los intervinientes en ese negocio hab\u00edan celebrado contrato de transacci\u00f3n sobre dicha situaci\u00f3n, el cual cont\u00f3 con el lleno de requisitos legales para su existencia y validez, por lo que, en \u00faltimas, no exist\u00eda la obligaci\u00f3n de rendir la cuentas, lo que impon\u00eda desestimar lo reclamado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por los actores no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n de los medios de prueba se ajusta a la normativa llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de las acciones de tutela referenciadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1221-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1221-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00122-00 Acumulada n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00156-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- ANTECEDENTES 1. Los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61103"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61103\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}