STC1222-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1222-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00293-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Puentes \u00c1vila contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n allegados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. C\u00e9sar Augusto Puentes \u00c1vila formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva (2021-00247), por la presunta lesi\u00f3n de las garant\u00edas superiores consagradas en los art\u00edculos 29 y 230 de la Carta Pol\u00edtica ocurrida dentro del ejecutivo 2020-00042. <\/p>\n
2.2. La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de aquella ciudad, quien el 30 de septiembre de 2021 emiti\u00f3 fallo desestimatorio. <\/p>\n
2.3. Dicha decisi\u00f3n fue impugnada por el gestor, siendo confirmada el 12 de noviembre siguiente por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva. <\/p>\n
3. El actor acusa a las autoridades cognoscentes de incurrir en un defecto f\u00e1ctico por cuanto, seg\u00fan dice, no conformaron debidamente el contradictorio pues no notificaron la iniciaci\u00f3n de aquel resguardo a los demandados en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
Adicionalmente se queja de que las sentencias son \u00abincongruentes\u2026 al no integrar dentro de sus argumentos o consideraciones la soluci\u00f3n y protecci\u00f3n al derecho fundamental\u2026 estableciendo si existi\u00f3 o no la afectaci\u00f3n al derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
4. Por tal raz\u00f3n, solicita \u00abla anulaci\u00f3n de todo lo actuado con posterior a la admisi\u00f3n de la tutela en primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistrada del Tribunal Superior de Neiva, ponente de la sentencia de tutela de segundo grado, solicit\u00f3 declarar improcedente el presente resguardo habida consideraci\u00f3n que desatiende \u00ablos presupuestos jurisprudenciales formales previstos para el estudio v\u00eda constitucional de las sentencias emitidas por los \u00f3rganos jurisdiccionales, as\u00ed como los excepcionales para el estudio en sede constitucional de las providencias dictadas en el marco de acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de C\u00e9sar Augusto Puentes \u00c1vila dentro de la acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple (2021-00247), supuestamente por no haber integrado en debida forma el contradictorio con la vinculaci\u00f3n de las personas demandadas en el ejecutivo 2020-00042 y por no haber establecido si en dicha actuaci\u00f3n ordinaria existi\u00f3 afectaci\u00f3n a sus derechos constitucionales. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a lo dicho precedentemente, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, el querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC4314-2018, reiterado en STC7107-2018) <\/p>\n
3.3. Al revisar los medios de convicci\u00f3n acopiados, la Sala concluye que no se demostr\u00f3 trasgresi\u00f3n alguna por parte del Tribunal Superior de Neiva en el amparo cuestionado habida consideraci\u00f3n que, en dicho tr\u00e1mite, se efectu\u00f3 el enteramiento a las personas y autoridades pertinentes, que no son otras que aquellas vinculadas al proceso ejecutivo 2020-00042, es decir, al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, as\u00ed como a la parte demandada en tal asunto y dem\u00e1s intervinientes, de all\u00ed que no se observe alguna omisi\u00f3n atribuible al tribunal. <\/p>\n
3.4. Ahora, frente al reproche acerca de la \u00abfalta de congruencia\u00bb de los fallos de primera instancia, debe indicar la Corte que tales argumentos no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia SU 627 de 2015 de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la salvaguarda contra decisiones de similar naturaleza: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo anterior en la medida en que el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo <\/p>\n
3.5. Al margen de lo anterior, el promotor puede acudir por intermedio de los funcionarios competentes ante la Corte Constitucional, a donde deber\u00e1 ser remitido el expediente de tutela, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante dicha Corporaci\u00f3n, lo cierto es que Puentes \u00c1vila a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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