STC1223-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1223-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00412-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ederly Ospina Alvis contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos que originaron la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dar respuesta a su petici\u00f3n, en la que pretendi\u00f3 \u00abse requiera al defensor de familia \u201cICFB\u201d de forma oficiosa para que se [le] siga brindando el acompa\u00f1amiento y defensa t\u00e9cnica\u00bb, asimismo, para que \u00abse presuma al se\u00f1or Carlos Albino Var\u00f3n por la inasistencia de pr\u00e1ctica de prueba de ADN ya que\u2026 se le ha notificado en debida forma\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ederly Ospina Alvis, en representaci\u00f3n de su menor hija, promovi\u00f3 demanda de investigaci\u00f3n de paternidad contra Carlos Albino Var\u00f3n; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, quien el 2 de mayo de 2019 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, al tiempo que decret\u00f3 la prueba de ADN. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la promotora que el 25 de octubre de 2021 formul\u00f3 petici\u00f3n al despacho encausado, con el fin de que se le d\u00e9 informaci\u00f3n respecto del referido proceso, sin embargo, \u00absiendo aun todav\u00eda 3 de diciembre de 2021, no se [le] ha notificado la contestaci\u00f3n de fondo, como tampoco el tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Destac\u00f3 que a la fecha el estrado judicial ha emitido diversas citaciones para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, sin embargo, el demandado no ha acudido; que conforme a la ley 721 de 2001 \u00abexisten medios de pruebas alternativos para tomar la decisi\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable y declararlo padre de la menor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que ha actuado con apego a la ley, pues la citaci\u00f3n para la prueba de ADN se ha librado a diferentes direcciones del demandado suministrado por la promotora, todas ellas erradas, seg\u00fan se las constancias de la empresa 4-72; que no puede aplicar la presunci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando no existe acreditaci\u00f3n de que el demandado efectivamente se haya enterado de la fecha en que se le cita para la prueba de ADN y por ende se puede tener como renuente, sumado a que, se debe procurar la prueba de ADN; que en cuanto al acompa\u00f1amiento del Defensor de Familia, la demanda fue formulada por dicho funcionario, quien ha actuado durante todo el proceso; que con auto de 2 de diciembre de 2021 cit\u00f3 para el d\u00eda 15 siguiente, la practica de la prueba de ADN y se dispuso requerir a los entes a efectos de obtener las respuestas y datos de ubicaci\u00f3n del demandado, as\u00ed como le dio respuesta al derecho de petici\u00f3n de la gestora; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que debe haber un pronunciamiento de fondo dentro de un plazo razonable por parte de los juzgados, dado que tienen el deber legal de tramitar los asuntos sometidos a su conocimiento con celeridad, con mayor raz\u00f3n si est\u00e1n de por medio derechos fundamentales de menores de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que con auto de 2 de diciembre de 2021 el despacho dio tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de la promotora, ordenando oficiar a Coomeva EPS y a Flora Magdalena S.A. con el fin de que informen la direcci\u00f3n laboral o de domicilio, bien sea f\u00edsica o electr\u00f3nica, al igual que abonados telef\u00f3nicos de contacto y dem\u00e1s informaci\u00f3n del demandado, adem\u00e1s que fij\u00f3 el 15 de diciembre de 2021 para toma de la prueba de ADN. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n no procede en actuaciones judiciales, que \u00abla solicitud de informaci\u00f3n y emisi\u00f3n de sentencia elevada por la accionante evidentemente es en realidad una solicitud de car\u00e1cter judicial o jurisdiccional que por su naturaleza se encuentran sujeta al procedimiento propio del juicio promovido en su contra; y en ese sentido, no se materializa la violaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, lo que se declarar\u00e1 en la parte resolutiva de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante reprocha que el Juzgado criticado no haya emitido una debida respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3, encaminada a que se impartiera tr\u00e1mite al juicio de investigaci\u00f3n de paternidad que promovi\u00f3 a favor de su menor hija. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la petici\u00f3n de la gestora no est\u00e1 encaminada a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del Juzgado, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso, comoquiera que, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, con auto de 2 de diciembre de 2021 el estrado judicial orden\u00f3 oficiar de manera inmediata a Coomeva EPS y a Flota Magdalena S.A. con el fin de que informen la direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica de Var\u00f3n Mendieta, as\u00ed como los dem\u00e1s datos de ubicaci\u00f3n que tengan registrados; de la misma manera fij\u00f3 para el 15 de diciembre siguiente la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN. <\/p>\n
De la misma manera, le indic\u00f3 a la promotora que \u00abla ley ha establecido un procedimiento a cumplir en el tr\u00e1mite y por ello se debe adelantar con sujeci\u00f3n a este, y que las pruebas se recaudaran en la oportunidad procesal pertinente y la sentencia se emite luego de cumplido el procedimiento que establece el art. 386 del C. G. del P., el cual a la fecha se la seguido con apego a la normatividad citada y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb, decisi\u00f3n notificada por estado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la promotora que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que resuelva sobre dicha solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo expresado, se impone confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1223-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1223-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00412-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}