STC1229-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1229-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00197-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, la promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas promovi\u00f3 proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Gustavo Guzm\u00e1n Cubillos, tr\u00e1mite en el que las partes formularon objeciones a los inventarios y aval\u00faos all\u00ed presentados. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 20 de enero de 2021, se acogieron la totalidad de objeciones que plante\u00f3 la demandada y, parcialmente, las que formul\u00f3 el actor, por lo que dentro del activo se incluyeron dos inmuebles, identificados con folio inmobiliario 50C-431297 y 50N-704726; mientras que en el pasivo se enlist\u00f3: <\/p>\n
\u2026 partida primera hipoteca constituida a favor de la Caja de Vivienda Popular, por valor de $36\u2019765.331, \u201cpagada por\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas\u201d, 2.2. partida segunda\u2026, cr\u00e9dito por concepto de alimentos a cargo de\u2026 Gustavo Guzm\u00e1n Cubillos, a favor de\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas por valor de $49\u2019011.498, denunciadas ambas partidas por la demandante, 2.3. Partida tercera, correspondiente al pago de impuesto predial por valor de $5\u2019877.000, denunciada por el demandado. <\/p>\n
2.3. Contra a esa decisi\u00f3n el demandado formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo revocada con auto del 25 de agosto de 2021, para en su lugar, excluir de los inventarios y aval\u00faos \u00ablas partidas del pasivo representadas en la hipoteca constituida a favor de la Caja de Vivienda Popular\u2026, por valor de $36\u2019765.331, y el cr\u00e9dito de alimentos a cargo de\u2026 Gustavo Guzm\u00e1n Cubillos, a favor de\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas por valor de $49\u2019011.498\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el Tribunal criticado \u00abfundament\u00f3 su fallo, sin apreciar las pruebas\u00bb aportadas, las cuales demostraban que fue ella quien pag\u00f3 la hipoteca constituida a favor de la Caja de Vivienda Popular, como lo dan cuenta \u00ablas consignaciones soporte del pago\u00bb, por lo que \u00abno se entiende\u2026como [el Tribunal] decide en su fallo excluir dicha partida\u00bb; y que, como dicha autoridad lo esgrimi\u00f3, dicho cr\u00e9dito \u00abno es un pasivo sino una recompensa o compensaci\u00f3n a [su] favor\u00bb, comoquiera que su \u00abex c\u00f3nyuge\u2026 increment\u00f3 parte de su patrimonio con este bien inmueble que fue pagado \u00fanica y exclusivamente por [ella]\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, en lo que ata\u00f1e a la obligaci\u00f3n alimentaria, que tambi\u00e9n fue excluida, destac\u00f3 que el monto de tal cr\u00e9dito corresponde a lo que fue aprobado dentro del proceso de alimentos que adelant\u00f3 en favor de sus hijos (hoy mayores de edad), contra su ex c\u00f3nyuge; que sus hijos \u00abnunca le revocaron la representaci\u00f3n legal que ven\u00eda ejerciendo [en su condici\u00f3n de] progenitora ante el juzgado [que conoce del prenotado asunto], ni tampoco asumieron su propia representaci\u00f3n\u00bb, por lo que dicha acreencia qued\u00f3 en su cabeza y, por tanto, \u00abtiene todo el derecho de reclamar dicha acreencia en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y, si es el caso, responderle posteriormente a sus hijos\u2026 si ellos as\u00ed se lo solicitan\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Jos\u00e9 Rodrigo Navarro Jaramillo, quien dijo fungir como apoderado judicial de Gustavo Guzm\u00e1n Cubillos, sin que allegara mandato que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1 dijo que \u00abse estar\u00e1 a lo actuado en el expediente, al considerar que [sus] actuaciones\u2026 se encuentran ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 25 de agosto de la anualidad anterior, que revoc\u00f3 la dictada el 20 de enero de 2021, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que se impon\u00eda la exclusi\u00f3n de dos de los pasivos que inventari\u00f3 la demandante en el juicio criticado, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Reprocha el demandado la inclusi\u00f3n en el pasivo, del rubro\u2026 de la \u201cHipoteca a la Caja de Vivienda Popular pagada por\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n\u2026 por valor de $36.765.331\u201d, a su juicio, no se trata de un pasivo social, porque seg\u00fan su perspectiva la obligaci\u00f3n se cubri\u00f3 con los c\u00e1nones de arrendamiento del inmueble sobre el cual se constituy\u00f3 la hipoteca, frutos recibidos por la ex c\u00f3nyuge, tal como ella lo admiti\u00f3 en el interrogatorio absuelto en la audiencia del 8 de marzo de 2018, y no entreg\u00f3 el 50% correspondiente al derecho del recurrente. <\/p>\n
4.2 Relevantes para resolver tales reparos, obran en la actuaci\u00f3n, los siguientes elementos de juicio: <\/p>\n
– El v\u00ednculo matrimonial de las partes y la sociedad conyugal constituida por virtud de lo previsto en el art\u00edculo 180 del C.C., estuvo vigente entre el 24 de marzo de 1984 y el 8 de febrero 2012 cuando uno y otra se disolvieron por sentencia del Juzgado Dieciocho de Familia, seg\u00fan consta en la copia del registro civil de matrimonio\u2026 <\/p>\n
– De las anotaciones Nos. 3 y 4 del Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n, correspondiente al inmueble inscrito con matr\u00edcula No. 50C-431297, inventariado en la partida primera del activo, se establece la sociabilidad del bien, adquirido por la ex c\u00f3nyuge Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas mediante compraventa realizada a la Caja de la Vivienda Popular con Escritura P\u00fablica No. 2837 del 1\u00ba de agosto de 1997 de la Notar\u00eda Doce del C\u00edrculo de esta ciudad, y la hipoteca constituida a favor de la entidad vendedora por valor de $6\u2019790.000, a trav\u00e9s del mismo instrumento (\u2026). <\/p>\n
– En certificaci\u00f3n de paz y salvo expedida por la Caja de la Vivienda Popular el 31 de octubre de 2016, se indica \u201cconsultada la base de datos del aplicativo Cartera y el movimiento individual de cuenta, se encontr\u00f3 que a el (la) RINCON VARGAS BLANCA MARGARITA\u2026, se le adjudic\u00f3 el inmueble ubicado en la KR 59 62B 29 AP 201, B 2 DE GUALI, cuyo cr\u00e9dito 100 del plan CD-20, fue cancelado en su totalidad el 5 de julio de 2005 seg\u00fan recibo No. 311130 y los pagos realizados desde el a\u00f1o 1991 hasta el 2005 fueron por valor de $36.765.331\u201d. <\/p>\n
– Autorizaci\u00f3n otorgada el 27 de mayo de 1999 por\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas a la inmobiliaria ERNESTO SIERRA & CIA LTDA, para arrendar el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 50C-431297. <\/p>\n
– Seg\u00fan manifestaci\u00f3n realizada por la apoderada de la demandante, al descorrer el traslado del recurso\u2026, Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas pag\u00f3 la deuda hipotecaria con su salario devengado como maestra de primaria, y con el pago parcial de sus cesant\u00edas, solicitado al Fondo Prestacional del SED en el mes de abril de 2005. <\/p>\n
– En la audiencia adelantada el 8 de marzo de 2018, con motivo del tr\u00e1mite de las objeciones propuestas a los inventarios y aval\u00faos\u2026, Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas, preguntada puntualmente frente al pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria, dijo haber asumido sola esa obligaci\u00f3n, el demandado no aport\u00f3 para la deuda, en una ocasi\u00f3n le pidi\u00f3 prestado porque \u201cno tuve\u201d, y a los tres d\u00edas, dice, le estaba cobrando, es cierto que la inmobiliaria \u201cErnesto Sierra & Compa\u00f1\u00eda Ltda.\u201d administr\u00f3 el inmueble objeto de la hipoteca durante un tiempo, pero nunca acord\u00f3 con el demandado destinar ese rubro a pagar la deuda hipotecaria, tampoco le entreg\u00f3 al ex c\u00f3nyuge la mitad de los c\u00e1nones, \u201cporque era para sobrevivir, para ver por los ni\u00f1os\u201d, y al preguntarle si, de acuerdo con su respuesta, hab\u00eda tomado la parte de los c\u00e1nones correspondiente a\u2026 Gustavo Guzm\u00e1n Cubillos, en pago de la cuota alimentaria a su cargo, respondi\u00f3 \u201cs\u00ed, porque como no aportaba nada, yo ten\u00eda que arregl\u00e1rmelas, siempre me las tuve que arreglar\u201d, no hubo acuerdo verbal, fue \u201clucha m\u00eda\u201d, el arriendo era de los m\u00e1s baratos, el primer arrendatario pagaba aproximadamente $320.000, siempre estuvo arrendado \u201chasta que lo termin\u00e9 de pagar\u201d, luego se fue a vivir al inmueble con sus tres hijos. <\/p>\n
– Consignaciones realizadas entre los a\u00f1os 1996 a 2000 por la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA RINC\u00d3N VARGAS, a favor de la Caja de la Vivienda Popular. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
5.1 No se discute el car\u00e1cter social de la deuda con garant\u00eda hipotecaria constituida sobre el inmueble inscrito con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-431297, a favor de la Caja de la Vivienda Popular, pues, en efecto se adquiri\u00f3 en vigencia de la sociedad conyugal de las partes y, la benefici\u00f3, incrementando el patrimonio social; pero ese cr\u00e9dito no estaba vigente al momento de disolverse el v\u00ednculo conyugal, como consecuencia de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio decretado en sentencia del 8 de febrero de 2012, porque, seg\u00fan consta en certificaci\u00f3n expedida por la entidad acreedora el 31 de octubre de 2016, esa deuda se pag\u00f3 en su totalidad el 5 de julio del a\u00f1o 2005, siete a\u00f1os antes de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso, luego, bajo las voces del art\u00edculo 1821 del C.C. no podr\u00eda inventariarse como un pasivo social una deuda ya inexistente al momento de disolverse la sociedad conyugal. <\/p>\n
El art\u00edculo 1821 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201cdisuelta la sociedad, se proceder\u00e1 inmediatamente a la confecci\u00f3n de un inventario y tasaci\u00f3n de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el t\u00e9rmino y forma prescritos para la sucesi\u00f3n por causa de muerte\u201d, interpretado en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, consagraci\u00f3n de la libre administraci\u00f3n de bienes durante la vigencia del matrimonio y de la sociedad conyugal, no deja margen de duda, el patrimonio social a liquidar se fija en el momento de disolverse aquella, con el inventario y tasaci\u00f3n de los bienes y deudas existentes para entonces, y no antes, porque durante el matrimonio, cada uno de los c\u00f3nyuges administra libremente los bienes. <\/p>\n
5.2 El razonamiento de la\u2026 ex c\u00f3nyuge y lo dicho por\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n, da a entender que la reclamaci\u00f3n se orienta a reclamar una recompensa por haberse pagado la deuda con dineros propios, no obstante, para demostrar ese supuesto, no se arrim\u00f3 prueba alguna, m\u00e1s all\u00e1 del dicho de la actora, quien asegura haber pagado la suma adeudada con sus salarios y cesant\u00edas parciales como docente, liquidadas por el \u201cFondo Prestacional del SED con fecha de Abril (sic) de 2005\u201d, es decir, en vigencia del matrimonio, y ello, bajo las previsiones del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1781 del C.C., seg\u00fan el cual forman parte del haber social \u201clos salarios y emolumentos de todo g\u00e9nero de empleos y oficios devengados durante el matrimonio\u201d, conlleva en l\u00ednea de principio es a inferir que su pago se hizo con dineros sociales. <\/p>\n
5.3 El reclamo aqu\u00ed son los pagos que, a decir de\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas, hizo a la deuda social, sin la ayuda de su ex c\u00f3nyuge entre los a\u00f1os 1991 a 2005 hasta saldarla, por valor de $36\u2019765.331, argumento refutado por el demandado, a vuelta de indicar que dicha obligaci\u00f3n se pag\u00f3 con dineros sociales, pues, asegura, seg\u00fan confesi\u00f3n de la ex c\u00f3nyuge en el interrogatorio de parte absuelto por ella en audiencia del 8 de marzo de 2018, dijo que destin\u00f3 los c\u00e1nones de arrendamiento a cubrir la deuda hipotecaria. <\/p>\n
5.4 En este punto, cumple decir, que no ha de confundirse el pasivo social, con el pasivo a cargo de uno de los c\u00f3nyuges o a cargo de la sociedad conyugal y viceversa, t\u00e9cnicamente conocido como recompensas o compensaciones, mecanismo jur\u00eddico previsto para restablecer el equilibrio econ\u00f3mico, cuando hay desplazamiento de valores a favor o en contra de la sociedad conyugal, a favor o en contra de los c\u00f3nyuges o de terceros, que no encuentran explicaci\u00f3n o causa en el trabajo, ni en las relaciones de solidaridad exigibles entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros; como s\u00ed la tienen por ejemplo los gastos generados para el sostenimiento de los hijos comunes o, en general, los negocios que pudieran calificarse como sociales. <\/p>\n
El fundamento de las recompensas radica de modo general, en la proscripci\u00f3n del enriquecimiento sin causa en los negocios jur\u00eddicos, principio aplicable a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, seg\u00fan lo previsto en los art\u00edculos 1825 y 1826 del C\u00f3digo Civil, el primero, cuando autoriza a sumar al haber social las deudas de los c\u00f3nyuges para con la sociedad, ante la eventual sustracci\u00f3n de valores del patrimonio social que pasan a enriquecer el patrimonio propio de los c\u00f3nyuges y, conforme a la segunda disposici\u00f3n, se autoriza a excluir de la masa social las especies o cuerpos ciertos propios, cuando por destinaci\u00f3n contractual, por ministerio legal o de hecho, ingresaron y enriquecieron la sociedad conyugal, como cuando bienes adquiridos por herencia, ingresan a la sociedad conyugal. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo dicho nos lleva a considerar necesario para el reconocimiento de una recompensa, la demostraci\u00f3n de los siguientes supuestos: 1) el desplazamiento patrimonial de la sociedad conyugal al patrimonio de los c\u00f3nyuges o del patrimonio de \u00e9stos al patrimonio social; 2) el empobrecimiento de uno de los patrimonios a costa del otro; 3) el enriquecimiento de uno de los dos patrimonios a expensas del otro. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La certificaci\u00f3n expedida por la Caja de la Vivienda Popular indica que el cr\u00e9dito hipotecario \u201cfue cancelado en su totalidad el 5 de julio de 2005, seg\u00fan recibo No. 311130 y los pagos realizados desde el a\u00f1o 1991 hasta el 2005 fueron por valor de $36.765.331\u201d, sin embargo, esta prueba, no es id\u00f3nea para soportar la recompensa reclamada, tampoco los recibos de pago realizados entre los a\u00f1os 1996 a 2000, porque no son por s\u00ed solos, evidencia del enriquecimiento de la sociedad conyugal a expensas del patrimonio propio de la ex c\u00f3nyuge, no hay forma de determinar con estas pruebas con qu\u00e9 dineros se cubri\u00f3 la obligaci\u00f3n, y tampoco la interesada en la inclusi\u00f3n de la partida alleg\u00f3 constancia o alg\u00fan otro documento del que, eventualmente, pudiera establecerse que fue con los salarios o cesant\u00edas que, afirma, destin\u00f3 al pago de la deuda hipotecaria, y en todo caso, de haber sido as\u00ed, tampoco obra prueba de que fueron emolumentos causados antes de que la sociedad conyugal naciera a la vida jur\u00eddica, esto, en vista de que la deuda hipotecaria se constituy\u00f3 y sald\u00f3 en vigencia del v\u00ednculo matrimonial. <\/p>\n
Respecto a la obligaci\u00f3n alimentaria incluida por la actora en los pasivos de los inventarios y aval\u00faos, destac\u00f3 el Tribunal accionado que: <\/p>\n
Se constata en este caso con la prueba documental allegada por la demandante, la existencia del proceso ejecutivo por alimentos instaurado en su momento por\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas, en representaci\u00f3n de sus hijos Carolina Elizabeth, Laura Marcela y Juan Pablo Guzm\u00e1n Rinc\u00f3n (q.e.p.d.), para entonces menores de edad, en contra del progenitor; obra igualmente, el mandamiento de pago librado por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 el 15 de julio de 2003, y la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n emitida el 12 de junio de 2004; dicha actuaci\u00f3n la tramita actualmente el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1, y con auto del 11 de agosto de 2015, descontados los abonos efectuados por el ejecutado por valor de $35.240.000, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito hasta la fecha de la sentencia de exoneraci\u00f3n proferida en el Juzgado Quinto de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 el 20 de agosto de 2014, por valor de $49.011.498, suma a la cual asciende la partida incluida. <\/p>\n
6.4 Aunque desde la l\u00f3gica y las previsiones normativas y jurisprudenciales sobre la materia, el Tribunal encuentra razonable la argumentaci\u00f3n de\u2026 Blanca Margarita Rinc\u00f3n Vargas para considerar que le asiste legitimaci\u00f3n para incluir en el inventario el pasivo de marras, en cuanto sostiene que fue quien durante a\u00f1os asumi\u00f3 sola la manutenci\u00f3n de sus hijos, debido a que el padre se sustrajo del cumplimiento de sus deberes econ\u00f3micos y asistenciales, al punto que debi\u00f3 demandarlo ejecutivamente, y esa alegaci\u00f3n no fue cuestionada por el demandado, otras razones impiden admitir la partida en la forma como fue inventariada, pues, adem\u00e1s de que dicha obligaci\u00f3n est\u00e1 siendo ejecutada en proceso separado\u2026, no es claro cu\u00e1nto eventualmente le corresponder\u00eda a la demandante sobre los $49.011.498 a los cuales asciende la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada el 11 de agosto de 2015, considerando que se han realizado abonos a la deuda, y el mandamiento de pago comprende el cobro de las cuotas futuras, causadas m\u00e1s all\u00e1 de la mayor\u00eda de edad de los alimentarios, y en esa medida Carolina Elizabeth y Laura Marcela Guzm\u00e1n Rinc\u00f3n pueden ver afectados sus intereses con cualquier decisi\u00f3n que sobre el particular se adopte en este tr\u00e1mite liquidatorio, am\u00e9n de que las cuotas adeudadas por alimentos a favor de quien fue Juan Pablo Guzm\u00e1n Rinc\u00f3n (q.e.p.d.), vendr\u00edan a formar parte de la masa sucesoral del alimentante, involucrando ello una controversia y un an\u00e1lisis que, por su naturaleza, no puede dilucidarse en este escenario, sin perjuicio de la acciones\u2026 que se puedan solicitar desde el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n con respecto a los derechos de alimentante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan la constituci\u00f3n de la sociedad conyugal y concluy\u00f3 que dos de las acreencias que enlist\u00f3 la demandante en sus inventarios, no reun\u00edan los requisitos para ser incluidas como pasivos sociales, comoquiera que, de un lado, la deuda hipotecaria fue saldada con anterioridad a la disoluci\u00f3n de la referida sociedad y, adem\u00e1s, tampoco pod\u00eda ser reconocida como compensaci\u00f3n en favor de la tutelante, por cuanto no se demostr\u00f3 que dicho cr\u00e9dito se hubiese saldado con recursos de su patrimonio propio, que no del conyugal. <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1\u00eda a la obligaci\u00f3n alimentaria, estim\u00f3 el Tribunal que los elementos de juicio allegados al proceso criticado no permit\u00edan concluir que la actora fuese titular de la totalidad de dicho cr\u00e9dito, pues lo cierto es que parte de las cuotas all\u00ed comprendidas, se causaron con posterioridad a la data en que los hijos comunes alcanzaron la mayor\u00eda de edad, momento desde el que, por mandato legal, asumieron su propia representaci\u00f3n legal, situaci\u00f3n que imped\u00eda la inclusi\u00f3n de la anotada partida en los pasivos de la sociedad conyugal, en la forma en que fue inventariada por la quejosa. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Finalmente, cabe a\u00f1adir que para el recaudo de las obligaciones alimentarias, que pregona insatisfechas la gestora del amparo, el ordenamiento jur\u00eddico contempla otras v\u00edas procesales, de las cuales, vale anotar, han hecho uso los beneficiaros del citado cr\u00e9dito, teniendo en cuenta que promovieron el correspondiente proceso ejecutivo contra su alimentante, escenario en el que, a trav\u00e9s de medidas cautelares, pueden perseguir los bienes de su deudor (entre ellos, los eventuales gananciales que le puedan corresponder en el juicio cuestionado por v\u00eda constitucional), con miras a asegurar el pago de su acreencia. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC1229-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1229-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00197-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Blanca Margarita Rinc\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}