STC1230-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1230-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00238-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Mar\u00eda Elida Pedraza instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Barrancabermeja y a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 68081312100120160010001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 que se ordene al Tribunal accionado suspender la diligencia de entrega del predio \u00abBuenos Aires\u00bb y que proceda a morigerar la sentencia proferida en el proceso en comento (11 noviembre de 2021), en el sentido de reconocerle la calidad de segundo ocupante a Santos Pedraza (q.e.p.d.), con el fin que se les otorgue a su n\u00facleo familiar una compensaci\u00f3n y un predio por equivalencia. <\/p>\n
En sustento adujo que Jos\u00e9 Antonio Lobo Le\u00f3n inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tierras respeto de predio \u00abBuenos Aires\u00bb ubicado en la vereda Caracol\u00ed, jurisdicci\u00f3n del municipio de Aguachica (Cesar), asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja. Precis\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite su difunto esposo, Santos Pedraza, ejerci\u00f3 oposici\u00f3n; sin embargo, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia en la que le neg\u00f3 la calidad de segundo ocupante y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio a los solicitantes. A juicio de la gestora, dicha decisi\u00f3n est\u00e1 viciada por defecto f\u00e1ctico, toda vez que en el expediente no se prob\u00f3 la mala fe de Santos Pedraza, que hubiera sido art\u00edfice del desplazamiento de los solicitantes o que se hubiera aprovechado para adquirir el predio; adem\u00e1s, no fueron analizadas las condiciones socioecon\u00f3micas del n\u00facleo familiar del actor, quienes tambi\u00e9n son v\u00edctimas de desplazamiento forzado. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que tiene 75 a\u00f1os de edad y se encuentra enferma, por lo que en su caso debe aplicarse un enfoque diferencial de protecci\u00f3n a la mujer desplazada. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, no se hab\u00eda recibido respuesta de las accionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que el Tribunal accionado incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente constitucional. <\/p>\n
Reiteradamente la Sala ha precisado que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa un accionante que pretende cuestionar un proceso judicial en el cual no actu\u00f3 como parte, tercero o interviniente; sin embargo, trat\u00e1ndose del proceso de restituci\u00f3n de tierras, tal regla debe flexibilizarse en raz\u00f3n a que el Juez que decide ese tipo de causas, una vez presentada una oposici\u00f3n, tiene el deber de verificar si el opositor y su n\u00facleo familiar tienen la calidad de segundos ocupantes, para en consecuencia disponer las medidas de protecci\u00f3n a las que haya lugar. Mem\u00f3rese que el reconocimiento de este grupo poblacional no ha sido legislativo, sino jurisprudencial (C-330 de 2016), garant\u00eda que corresponde a \u00abla materializaci\u00f3n jur\u00eddica de uno de los \u00abPrincipios Pinheiro\u00bb, el n\u00famero 17, que entre otras cosas demanda del Estado la garant\u00eda para que los segundos ocupantes tengan \u00abacceso a recursos jur\u00eddicos, como la posibilidad de obtener una reparaci\u00f3n\u00bb (STC15856-2021). <\/p>\n
Luego, si el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras debe garantizar los derechos de los segundos ocupantes y, en consecuencia, \u00ablas medidas a su favor deben otorgarse por una sola vez y por n\u00facleo familiar\u00bb (C-330 de 2016), puede afirmarse que as\u00ed los integrantes del \u00abn\u00facleo familiar\u00bb del opositor no hayan sido participes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, est\u00e1n legitimados para promover el amparo constitucional, habida cuenta que sus derechos tambi\u00e9n se ven afectados con la decisi\u00f3n que se profiera. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, comoquiera que la aqu\u00ed accionante acredit\u00f3, con el registro civil de matrimonio, su calidad de esposa del difunto opositor Santos Pedraza, lo cual la hace parte integrante de su n\u00facleo familiar, puede afirmarse que tiene legitimidad para censurar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal accionado en el proceso de restituci\u00f3n de tierras en comento, m\u00e1xime que en la sentencia objeto de censura expresamente se consign\u00f3: \u00ab[c]on esas previas previsiones y advertencias, se aplica entonces el Tribunal a auscultar la singular situaci\u00f3n de quien funge aqu\u00ed como opositor, precisando en todo caso que ante el reciente fallecimiento de SANTOS PEDRAZA, la conclusi\u00f3n sobre el an\u00e1lisis aplicar\u00eda respecto de sus familiares\u00bb (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
Ahora bien, dilucidado lo anterior, es preciso se\u00f1alar que la sentencia proferida por el Tribunal est\u00e1 viciada por indebida motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que la autoridad judicial, al analizar si el opositor y su n\u00facleo familiar ten\u00edan la calidad de segundos ocupantes, no aplic\u00f3 las reglas que para tal fin estableci\u00f3 la Corte Constitucional. T\u00e9ngase en cuenta que en la sentencia C-330 de 2016 se sostuvo que: <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el hecho calificado, o la buena fe exenta de culpa al momento de ocupar el predio, lo primero que debe resaltarse es que esta constituye la regla general, que debe observarse en la gran mayor\u00eda de los casos, pues es la decisi\u00f3n adoptada por el Legislador en defensa de las v\u00edctimas, y en consideraci\u00f3n a la magnitud del despojo, la usurpaci\u00f3n y el abandono forzado de los predios, derivados del conflicto armado interno. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en casos excepcionales, marcados por condiciones de debilidad manifiesta en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia, y siempre que se trate de personas que no tuvieron que ver con el despojo, el juez deber\u00e1 analizar el requisito con flexibilidad o incluso inaplicarlo, siempre al comp\u00e1s de los dem\u00e1s principios constitucionales a los que se ha hecho referencia y que tienen que ver con la equidad, la igualdad material, el acceso a la tierra por parte de la poblaci\u00f3n campesina, o la protecci\u00f3n de comunidades vulnerables. De no ser as\u00ed, las decisiones podr\u00edan tornarse en fuente de las mismas injusticias que se pretenden superar (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
En el caso concreto la colegiatura convocada, para se\u00f1alar que el opositor no pod\u00eda ser reconocido como tal, aludi\u00f3 a que no estaba acreditada la buena fe exenta de culpa, en raz\u00f3n a que Santos Pedraza admiti\u00f3 que supo de la delicada situaci\u00f3n de orden p\u00fablico en la regi\u00f3n, que estaba enterado la incursi\u00f3n guerrillera en el predio \u00abBuenos Aires\u00bb y el robo de ganado que implic\u00f3 su inmediato abandono por cuenta de los miembros de la familia Lobo Le\u00f3n y el desplazamiento de estos para asentarse en el casco urbano del municipio de Aguachica. <\/p>\n
Al tiempo, para evaluar si dicho opositor y su n\u00facleo familiar pod\u00edan tener la calidad de segundos ocupantes, acudi\u00f3 a los mismos argumentos para as\u00ed establecer que ellos, aunque no incidieron en el despojo, tuvieron provecho de ello, raciocinio con el cual desconoci\u00f3 el criterio de flexibilizaci\u00f3n que le impon\u00eda: i. establecer si en el caso concreto no era exigible la buena fe exenta de culpa; ii. analizar las condiciones socioecon\u00f3micas del opositor y su n\u00facleo familiar; y iii. seguir las reglas establecidas por la Corte Constitucional para establecer un criterio diferencial entre los segundos ocupantes que se encuentran en situaci\u00f3n ordinaria y tuvieron que ver o se aprovecharon del despojo, frente a los que enfrentan alguna condici\u00f3n de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relaci\u00f3n, ni tomaron provecho del despojo, dentro de las cuales se encuentran: <\/p>\n
Primero: \u00abLos par\u00e1metros para dar una aplicaci\u00f3n flexible o incluso inaplicar el requisito de forma excepcional deben ser de tal naturaleza que (i) no favorezcan ni legitimen el despojo (armado o pretendidamente legal) de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las v\u00edctimas; (ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la tierra y (iii) no puede darse para quienes tuvieron una relaci\u00f3n directa o indirecta con el despojo\u00bb. <\/p>\n
Segundo: \u00abLa compensaci\u00f3n econ\u00f3mica persigue fines de equidad social. Y se basa en los derechos de los segundos ocupantes, derivados de los principios Pinheiro y, principalmente, del principio 17, en el principio de igualdad material, en los derechos fundamentales a la vivienda digna y el m\u00ednimo vital, y en los art\u00edculos que promueven el acceso a la tierra y el fomento del agro (art\u00edculos 64 y 64 CP). Aunque sin \u00e1nimo de exhaustividad, son estas las normas que deben guiar la aplicaci\u00f3n flexible del requisito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tercero: La vulnerabilidad procesal debe ser asumida por los jueces de tierras a partir de su papel de directores del proceso. El apoyo de la Defensor\u00eda del Pueblo y la facultad de decretar pruebas de oficio, siempre que existan suficientes elementos que permitan suponer que estas son necesarias para alcanzar la verdad real (\u2026) <\/p>\n
Los jueces de tierras deben tomar en consideraci\u00f3n la situaci\u00f3n de hecho de los opositores dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras para asegurar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Esta obligaci\u00f3n es independiente de qu\u00e9 tipo de segundo ocupante se encuentra en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Cuarto. Existe, para algunos intervinientes, la percepci\u00f3n de que los contextos de violencia eliminan cualquier posibilidad de desvirtuar la ausencia de relaci\u00f3n con el despojo, debido a que si la violencia, el despojo y el abandono eran hechos notorios en algunas regiones, nadie puede alegar que no conoc\u00eda el origen espurio de su derecho, o que actu\u00f3 siquiera de buena fe simpe. <\/p>\n
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Los contextos descritos hacen parte de los medios de construcci\u00f3n de la premisa f\u00e1ctica, es decir, de los elementos a partir de los cuales los jueces establecen los hechos materiales de cada caso, y deber\u00e1n ser valorados en conjunto con los dem\u00e1s elementos probatorios. Por ello, a trav\u00e9s del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba, ser\u00e1n los jueces quienes determinen, caso a caso, si es posible demostrar el hecho. <\/p>\n
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Para ciertas personas vulnerables, en t\u00e9rminos de conocimientos de derecho y econom\u00eda, puede resultar adecuada una carga diferencial, que podr\u00eda ser la buena fe simple, la aceptaci\u00f3n de un estado de necesidad, o incluso una concepci\u00f3n amplia (transicional) de la buena fe calificada. <\/p>\n
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Quinto. Adem\u00e1s de los contextos, los precios irrisorios, la violaci\u00f3n de normas de acumulaci\u00f3n de tierras, o la propia extensi\u00f3n de los predios, son criterios relevantes para determinar el est\u00e1ndar razonable, en cada caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Sexto. La aplicaci\u00f3n diferencial o inaplicaci\u00f3n del requisito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00ba Superior, exige una motivaci\u00f3n adecuada, transparente y suficiente, por parte de los jueces de tierras. Aunque, en general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivaci\u00f3n, en este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensi\u00f3n de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
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S\u00e9ptimo. Los jueces deben establecer si proceden medidas de atenci\u00f3n distintas a la compensaci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de Tierras y la caracterizaci\u00f3n que esta efect\u00fae acerca de los opositores constituyen un par\u00e1metro relevante para esta evaluaci\u00f3n. Sin embargo, corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada. <\/p>\n
En el caso concreto, el Tribunal, pese a haber establecido que el opositor no tuvo incidencia en el despojo y advertir que, antes de dictar sentencia, \u00e9l hab\u00eda fallecido, no analiz\u00f3 si su n\u00facleo familiar estaba integrado por personas de especial protecci\u00f3n constitucional, es decir, omiti\u00f3 su deber de analizar integralmente el caso y motivar debidamente la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, en la cual soslay\u00f3 que la aqu\u00ed accionante es mujer, tiene 75 a\u00f1os de edad, es v\u00edctima de desplazamiento forzado, as\u00ed como no expuso las razones por las cuales, bajo esas circunstancias, hab\u00eda lugar o no a reconocer sus derechos como segunda ocupante, proceder con el cual vulner\u00f3 su derecho al debido proceso. <\/p>\n
Por lo expuesto, se conceder\u00e1 el amparo invocado y en consecuencia se dejar\u00e1 sin valor y efecto el ordinal segundo de la sentencia calendada el 11 de noviembre de 2021, \u00fanicamente en lo que tiene que ver con no reconocimiento de los derechos de segundos ocupantes; adem\u00e1s, se le ordenar\u00e1 al Tribunal accionado que, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a emitir sentencia complementaria en la que se pronuncie sobre el reconocimiento o no de los derechos de los segundos ocupantes, conforme a los lineamientos expuestos en este fallo. <\/p>\n
De otro lado, no hay lugar a acceder a la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del predio Buenos Aires, toda vez que esa decisi\u00f3n es consecuencia del reconocimiento de derechos efectuado a quienes iniciaron el proceso de restituci\u00f3n de tierras, decisi\u00f3n frente a la cual no se advierte reparo alguno <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la protecci\u00f3n suplicada por Mar\u00eda Elida Pedraza. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS el ordinal segundo de la sentencia calendada el 11 de noviembre de 2021, emitida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 68081312100120160010001, \u00fanicamente en lo referente al no reconociendo de derechos de segundos ocupantes. En su lugar, se ORDENA al Tribunal accionado que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a emitir sentencia complementaria en la que se pronuncie sobre el reconocimiento o no de los derechos de los segundos ocupantes, conforme a los lineamientos expuestos en este fallo. <\/p>\n
De otro lado, se NIEGA la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del predio Buenos Aires, por las razones expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1230-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1230-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00238-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la salvaguarda que Mar\u00eda Elida Pedraza instaur\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}