STC1231-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1231-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00266-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de la misma urbe, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La aseguradora accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de fondo emitida en segunda instancia en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que Margarita D\u00edaz Leal y otros, promovieron contra David Gerardo Ucros Mart\u00ednez y Rosana Mercedes Ochoa Molina, identificado con el radicado No. 2018-00416, asunto donde interviene como llamada en garant\u00eda de los demandados. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia en lo que respecta a condenas impuestas a [Seguros] Bol\u00edvar\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que debido a la muerte de los ocupantes del veh\u00edculo de placa KFT-698, con ocasi\u00f3n de la colisi\u00f3n con el rodante de placa QHI-392 de propiedad de Rosana Mercedes Ochoa, conducido por David Gerardo Ucr\u00f3s, el cual estaba asegurado, los familiares de las v\u00edctimas demandaron a los prenombrados para reclamar los perjuicios que les caus\u00f3 el accidente, proceso dentro del cual, la se\u00f1ora Ochoa y el se\u00f1or Ucr\u00f3s \u00abconfesaron que el veh\u00edculo no hab\u00eda sido usado para transporte particular, sino para el servicio de una empresa llamada Ucr\u00f3s Travel, que el veh\u00edculo hab\u00eda sido adquirido para ese fin y que nunca hab\u00eda tenido un fin particular\u00bb, uso que, dice, no era acorde con los amparos establecidos en la p\u00f3liza, la cual cubr\u00eda uso de veh\u00edculo particular. <\/p>\n
Sostiene que el uso comercial del veh\u00edculo alter\u00f3 el estado del riesgo y tuvo como consecuencia la terminaci\u00f3n del contrato de seguro en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio, lo cual advirti\u00f3 al interrogar a los prenombrados y expuso en los alegatos de conclusi\u00f3n; empero, el asunto se defini\u00f3 de fondo con sentencia del 14 de abril de 2021 del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, accediendo a las pretensiones, pero sin condenar a la aseguradora, pero porque el conductor del veh\u00edculo amparado no contaba con licencia de conducci\u00f3n al momento del accidente, decisi\u00f3n que apelaron ambos extremos procesales, oportunidad donde la aseguradora reiter\u00f3, que el contrato de seguro hab\u00eda terminado porque no se le inform\u00f3 sobre la alteraci\u00f3n del estado del riesgo. <\/p>\n
Finalmente afirma, que prove\u00eddo del 9 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00absoslay\u00f3 por completo ese argumento\u00bb, al confirmar el sentido de los decidido por el juzgador cognoscente, pero modificar el monto de las condenas y ordenar su pago hasta el monto asegurado, cuando el proceder adecuado del ad quem debi\u00f3 ser, asegura, pronunciarse sobre las dem\u00e1s defensas de m\u00e9rito, dentro de las que estaba la de terminaci\u00f3n del contrato de seguro, e incluso, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n\u00bb se concluyera que no se aleg\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de seguro, al encontrarse probada una causa para ello, debi\u00f3 reconocerse oficiosamente, \u00abas\u00ed nadie la hubiera alegado\u00bb, conforme lo establece el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, explica, ello emerg\u00eda del an\u00e1lisis de la p\u00f3liza \u00abque muestra que el contrato de seguro cubr\u00eda el uso particular del veh\u00edculo\u00bb, y, la prueba de confesi\u00f3n, circunstancias que hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
b. Carlos Eduardo Gonz\u00e1lez Bustos, quien dijo ser apoderado especial de David Gerardo Ucros y Rosana Mercedes Ochoa, se opuso a la solicitud de protecci\u00f3n, al no estar demostrado dentro del proceso criticado que el veh\u00edculo asegurado estuviera destinado a prestar un servicio p\u00fablico o de transporte de pasajeros, o que se hubiera agravado el estado del riesgo en la forma se\u00f1alada en el art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
c. Jos\u00e9 Ismael Moreno Auzaque, quien afirm\u00f3 ser mandatario judicial de los demandantes dentro del proceso cuestionado, expuso que en el presente asunte se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, porque la aseguradora omiti\u00f3 pedir la adici\u00f3n de la sentencia de primera instancia, lo que imped\u00eda al Superior manifestarse sobre un tema que no fue objeto de alzada, y si bien se neg\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por aqu\u00e9lla contra lo decidido, esa negativa debi\u00f3 atacarse mediante el recurso de queja, y adem\u00e1s, tampoco se intent\u00f3 la apelaci\u00f3n adhesiva. <\/p>\n
De otro lado se\u00f1al\u00f3, que al fallo cuestionado no le falt\u00f3 motivaci\u00f3n, porque la situaci\u00f3n alegada en este escenario no fue puesta a consideraci\u00f3n del Tribunal a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, ni deb\u00eda emitirse pronunciamiento oficioso al respecto. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que modific\u00f3 el fallo del 14 de abril anterior del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de la misma ciudad, para entonces, mantener la decisi\u00f3n de acceder a las pretensiones, pero modificar el monto de las condenas y ordenar a la mencionada aseguradora pagar las mismas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que Margarita D\u00edaz Leal y otros promovieron contra David Gerardo Ucros y otra, decurso donde la aqu\u00ed accionante intervino como llamada en garant\u00eda de los demandados, pues seg\u00fan criterio de \u00e9sta, en la citada decisi\u00f3n de segunda instancia se omiti\u00f3 resolver sobre la terminaci\u00f3n del contrato de seguro, pese a que estaba probada la agravaci\u00f3n del riesgo sin su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el escrito de tutela, el expediente digital del proceso cuestionado, y, los informes presentados, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, la sociedad actora dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. Lo anterior, porque si el descontento de la aseguradora llamada en garant\u00eda se soporta, en que nada dijo el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 frente a la terminaci\u00f3n del contrato de seguro debido a la agravaci\u00f3n del riesgo sin la respectiva notificaci\u00f3n a la aseguradora, conforme lo previsto por el legislador en el art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio, le correspond\u00eda exponer sus inconformidades dentro del proceso cuestionado, y solicitar la adici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, al tenor del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, para que dicha Colegiatura determinara si era procedente a\u00f1adir alguna consideraci\u00f3n frente al mencionado respecto, bien como resultado del an\u00e1lisis de las dem\u00e1s excepciones propuestas dentro del proceso, o en su defecto, de forma oficiosa, por hallarse probados los hechos que constituyen esa excepci\u00f3n, tal y como reclama la accionante en este escenario, pero al as\u00ed no haber procedido \u00e9sta, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que los quejosos ha desaprovechado debido a su incuria, lo que entonces deja a la inconforme sometida a las consecuencias adversas de su descuido. <\/p>\n
5. La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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