STC1239-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1239-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00697-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 2 de diciembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Jorge Dau Chamatt contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal, ambos de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la libertad, debido proceso, defensa y \u00abpatrimonio\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar el auto de\u2026 25 de octubre de 2021\u2026 y el auto de\u2026 11 de noviembre de 2021\u00bb, en consecuencia, \u00abse levante la sanci\u00f3n de arresto y multa impuesta\u00bb. <\/p>\n
2.1. Robinson Villadiego Osorio promovi\u00f3 una anterior tutela contra el distrito de Cartagena, al considerar que la accionada comprometi\u00f3 sus derechos fundamentales al expedir la resoluci\u00f3n 0058 de 2017, que orden\u00f3 el desalojo de su vivienda por motivos de \u00abcalamidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2018, el Juzgado Noveno Civil Municipal del Cartagena concedi\u00f3 el amparo que se reclam\u00f3, por lo que dispuso \u00absuspender condicionalmente el numeral primero de la resoluci\u00f3n 0277 del 18 de enero de 2018, hasta que se le garantice al\u2026 [actor], un subsidio de arrendamiento acorde al estatus socioecon\u00f3mico que viene disfrutando; as\u00ed mismo los gastos de mudanza en que se incurra por efectos de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, Robinson Villadiego Osorio formul\u00f3 incidente de desacato, que fue decidido con determinaci\u00f3n del 25 de octubre de 2021, a trav\u00e9s del cual se sancion\u00f3 con \u00abmulta equivalente a tres\u2026 salarios m\u00ednimos mensuales vigentes y arresto por el t\u00e9rmino de tres\u2026 d\u00edas\u00bb, a William Jorge Dau Chamatt, en su condici\u00f3n de alcalde del distrito de Cartagena, decisi\u00f3n que se confirm\u00f3, en sede de consulta, con prove\u00eddo del 11 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que solicit\u00f3 a los estrados accionados \u00abrevisar el fallo de tutela de\u2026 6 de febrero de 2018 y en consecuencia se declare que el mismo se encuentra cumplido por haber mutado las circunstancias que le dieron origen\u00bb, comoquiera que \u00abcontinuar [indefinidamente] con un pago de subsidio de arriendo, sin entrar a considerar el desarrollo y particularidades del proceso penal que dio origen a la decisi\u00f3n, constituye una clara violaci\u00f3n al debido proceso del distrito de Cartagena, pues se estar\u00eda imponiendo una condena anticipada al ente territorial\u2026\u00bb, autoridades que hicieron caso omiso a su solicitud. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena expres\u00f3 que el amparo resultaba improcedente, \u00aben la medida que se pretende darle a esta acci\u00f3n constitucional una suerte de instancia adicional a la del incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de esa localidad rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
3. Robinson Villadiego Osorio defendi\u00f3 la legalidad del tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el resguardo al considerar que exist\u00edan \u00abaspectos f\u00e1cticos relevantes que\u2026 han debido ser abordadas con amplitud por el juez de primer grado a la hora de tramitar el desacato, para\u2026 establecer si en las actuales circunstancias es posible cumplir el fallo de tutela de 6 de febrero de 2018 en la forma en que fue proferido\u00bb, espec\u00edficamente, las circunstancias que han acontecido en el juicio penal que se sigue por las construcciones irregulares de las que fue damnificado el accionante en el juicio constitucional criticado, toda vez que \u00abaunque se trate de actuaciones diferentes con pronunciamientos independientes, s\u00ed tienen una correlaci\u00f3n que ha debido ser analizada en profundidad\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que el referido aspecto \u00abexig\u00eda ser adecuadamente esclarecido, porque mantener la misma medida cautelar en sede constitucional, a pesar de su posible revocatoria en el juicio penal, podr\u00eda hacer que adquiriera un car\u00e1cter indefinido, sin justificaci\u00f3n alguna, situaci\u00f3n que incluso podr\u00eda afectar la planificaci\u00f3n del presupuesto de las entidades territoriales y el manejo de los recursos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, revoc\u00f3 \u00ablos autos dictados el 25 de octubre de 2021 y el 11 de noviembre de 2021\u00bb; y orden\u00f3 al juzgado municipal accionado que \u00abpreviamente a resolver el referido incidente, revise la orden de amparo contenida en la sentencia de 6 de febrero de 2018 y brinde una argumentaci\u00f3n suficiente en torno a los aspectos aqu\u00ed ventilados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Robinson Villadiego Osorio, en resumen, manifest\u00f3 que en el fallo de primera instancia se omiti\u00f3 hacer una verificaci\u00f3n de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones adoptadas en incidentes de desacato. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta que lo pretendido por el tutelante era \u00abatacar el sentido y contenido del fallo de tutela de fecha 6 de febrero de 2018\u00bb, circunstancia que determinaba la \u00abimprocedibilidad formal y sustancial de la\u2026 tutela\u2026, por tratarse claramente de una acci\u00f3n contra una sentencia que ya hab\u00eda definido, a su vez, una acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones censuradas y, adicionalmente, destac\u00f3 que el a quo constitucional se \u00abextralimit\u00f3\u00bb, al \u00absugerir posible sentido de las decisiones que debe adoptar el Juez [Noveno] Civil Municipal dentro del incidente de desacato\u00bb criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero resaltar que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00) <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, ha de destacarse que se verifica en el sub lite el cumplimiento los requisitos generales de procedibilidad, en la medida en que est\u00e1 acreditado que el promotor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la salvaguarda de sus derechos fundamentales, pues el tr\u00e1mite del desacato cuestionado culmin\u00f3 con el proferimiento de la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la consulta a la que estaba sometido la decisi\u00f3n sancionatoria, sin que cuente con otra herramienta para controvertir esta \u00faltima determinaci\u00f3n; que la acci\u00f3n constitucional fue incoada en un t\u00e9rmino \u201crazonable y proporcionado\u201d; la irregularidad denunciada y detallada por la accionante parece tener un efecto decisivo en la decisi\u00f3n censurada y, en consideraci\u00f3n de esta Sala, el asunto tiene marcada relevancia constitucional. <\/p>\n
4. Bajo ese horizonte, de entrada, advierte la Corte que, como lo consider\u00f3 el a quo, la petici\u00f3n de amparo deb\u00eda concederse, porque el juzgado municipal acusado, previamente a decidir el incidente de desacato cuestionado, omiti\u00f3 resolver la \u00absolicitud de verificaci\u00f3n del fallo de tutela\u00bb que elev\u00f3 el incidentado, a trav\u00e9s de oficio AMC-ADT-005990-2021 fechado 4 de octubre de 2021, lo que resultaba imperativo, pues las circunstancias que all\u00ed se adujeron, podr\u00edan conllevar la modulaci\u00f3n de la orden de tutela que se pregonaba desatendida y, por tanto, tendr\u00eda un efecto directo en lo que ata\u00f1\u00eda al cumplimiento que se pretend\u00eda forzar mediante el prenotado tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que esta Corporaci\u00f3n ha avalado la facultad del juez de tutela de modificar su orden1, dentro de los siguientes eventos: <\/p>\n
\u2026 (1) (…) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) (…) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz\u2026 (Resaltado ajeno al texto). (CSJ STC, 19 dic. 2013, rad. 2013-02495-00, criterio reiterado en CSJ STC, 15, abr. 2020, rad. 2019-00473-02 y CSJ STC2348-2021). <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, revisada la rese\u00f1ada \u00absolicitud de verificaci\u00f3n\u00bb, se evidencia que \u00e9sta se fundament\u00f3, de un lado, en que se consideraba cumplido la orden emitida, al estimar el incidentado que aquella ten\u00eda relaci\u00f3n, de alguna manera, con las determinaciones que se vienen dictando en el proceso penal seguido por las construcciones ilegales de las que result\u00f3 damnificado Robinson Villadiego Osorio; y, por otra parte, porque <\/p>\n
\u2026 darles continuidad indefinida a dichos pagos [por concepto de subsidio de arrendamiento], sin atender los propios l\u00edmites contenidos en la decisi\u00f3n, se constituye en un incremento del perjuicio causado al ente territorial y que pretende ser resarcido en el curso del proceso penal desde el cual, en una etapa primigenia de la actuaci\u00f3n, fue emitida la orden a cargo del Distrito de Cartagena pero que en la actualidad ostenta, al igual que los copropietarios, entidades bancarias y superintendencia de notariado, la calidad de v\u00edctima\u2026 <\/p>\n
Entonces, evidente es que la anotada petici\u00f3n se enfilaba, sin duda, a obtener la modulaci\u00f3n de la orden que se pregonaba insatisfecha, al considerar que aquella, entre otras circunstancias, implicaba \u00abafectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb, al imponer al erario del distrito de Cartagena, el pago indefinido del subsidio de arrendamiento que se concedi\u00f3 con la sentencia de tutela de 6 de febrero de 2018. <\/p>\n
4.2. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Sala que, en el cuestionado auto de 25 de octubre de 2021, que resolvi\u00f3 el incidente de desacato objeto de censura constitucional, el juzgado municipal querellado expres\u00f3 que: <\/p>\n
Revisado el expediente pese a las contestaciones allegadas por parte de la autoridad accionada no se vislumbra prueba alguna que evidencie el cumplimiento de lo ordenado por este despacho, toda vez que es importante dejarles claro que la orden emitida en la sentencia de tutela previamente se\u00f1alada no dice que el amparo constitucional se otorg\u00f3 de manera transitoria , tal como se evidencio anteriormente, por lo que ellos no deben asumirlo, vi\u00e9ndose de esta manera obligados a cumplir con lo ordenado por este despacho, hasta que la justicia ordinaria donde se ventilan estos asuntos se manifiesten al respecto esto con el fin de salvaguardar los derechos del actor. (Negrillas y subrayas por la Corte). <\/p>\n
No obstante, estima la Sala que tal precisi\u00f3n deb\u00eda hacerse con antelaci\u00f3n a resolver sobre el desacato imputado al hoy tutelante, pues lo cierto es que s\u00f3lo hasta emitirse dicho prove\u00eddo se aclar\u00f3 que, en principio, la orden de amparo estar\u00eda vigente \u00abhasta que la justicia ordinaria donde se ventilan estos asuntos se manifieste al respecto\u00bb, l\u00edmite temporal que desconoc\u00eda el encargado de cumplir el aludido mandato, porque tal cuesti\u00f3n no constaba en el fallo de tutela de 6 de febrero de 2018, pues all\u00ed se dispuso suspender \u00abcondicionalmente\u00bb el numeral primero de la resoluci\u00f3n 0277 del 18 de enero de 2018, \u00abhasta que se le garantice a\u2026 Robinson Villadiego Osorio, un subsidio de arrendamiento acorde al status socioecon\u00f3mico que viene disfrutando; as\u00ed mismo los gastos de mudanza en que se incurra por efectos de \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
Luego, no cabe duda, que el anotado pronunciamiento sorprendi\u00f3 al incidentado, habida cuenta que, se reitera, hasta ese momento no se hab\u00edan fijado los l\u00edmites temporales que se aplicar\u00edan al pago del subsidio de arrendamiento que se concedi\u00f3 en el citado fallo de tutela, circunstancia que, se insiste, debi\u00f3 definirse con anterioridad a resolver sobre el desacato, pues de ello depend\u00eda el cumplimiento que se exig\u00eda al accionado. <\/p>\n
As\u00ed pues, evidente es que se vulner\u00f3 el debido proceso del quejoso, teniendo en cuenta que, previamente a decidir el incidente de desacato, se omiti\u00f3 resolver sobre la modulaci\u00f3n de la orden de amparo, lo que resultaba necesario con miras a definir los alcances de dicho mandato, al punto que el mismo juez procedi\u00f3 a hacerlo en el auto sancionatorio cuestionado. <\/p>\n
4.3. Aunque lo anterior resulta suficiente para sostener la orden de primera instancia, cabe a\u00f1adir que, en el citado prove\u00eddo de 25 de octubre de 2021, la sede judicial de orden municipal omiti\u00f3 pronunciarse sobre la totalidad de los aspectos que fueron planteados como soporte de la tantas veces mencionada \u00absolicitud de verificaci\u00f3n\u00bb, toda vez que s\u00f3lo se refiri\u00f3 al l\u00edmite temporal de la orden de amparo, pero nada dijo sobre la variaci\u00f3n de las circunstancias que dieron origen al debate constitucional o la afectaci\u00f3n del erario del distrito de Cartagena por el pago ilimitado del subsidio de arrendamiento, por lo que la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo, adem\u00e1s, carece de la debida fundamentaci\u00f3n, por no pronunciarse sobre los rese\u00f1ados argumentos, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales del gestor, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
5. Ahora, se advierte que, contrario a lo que se\u00f1al\u00f3 el impugnante, el amparo no se dirigi\u00f3 contra la sentencia de tutela de 6 de febrero de 2018, sino frente al tr\u00e1mite de desacato que se inici\u00f3 con fundamento en tal pronunciamiento, escenario en el cual se solicit\u00f3 la modulaci\u00f3n de dicho fallo, petici\u00f3n que, como qued\u00f3 visto, fue indebidamente tramitada y decidida, yerros que conllevaron la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
6. Finalmente, ha de destacarse que no observa la Corte que el fallador de primera instancia hubiese \u00absugerido\u00bb al juzgado municipal accionado la forma en la cual debe resolver la \u00absolicitud de verificaci\u00f3n\u00bb, sino que sus consideraciones se circunscribieron a destacar los aspectos que no fueron resueltos por el estrado acusado y que, por tanto, deben ser objeto de pronunciamiento en cumplimiento de esta nueva orden de amparo. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 19 de diciembre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02945-00, criterio reiterado en sentencia de 15 de abril de 2020, exp. 2019-00473-02. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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