STC1241-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1241-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Nanci Amparo Moreno Le\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, la Comisi\u00f3n Nacional de Servicio Civil -CNSC, y, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n excepcional que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, al \u00abacceso al empleo p\u00fablico\u00bb, al \u00abprincipio de la confianza legitima\u00bb y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionada con ocasi\u00f3n de los fallos proferidos en ambas instancias, en el marco de la acci\u00f3n que de este mismo linaje instaur\u00f3 en contra de Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC, los miembros de la lista de elegibles de la OPEC 58079, y, las personas vinculadas con empleos de \u00aboficinista grado 3\u00bb que se encuentren vinculados en provisionalidad, temporalidad o encargo en el servicio nacional de aprendizaje, con radicado 2021-00357. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que \u00ab[s]e dejen sin efectos jur\u00eddicos la sentencias [memoradas](\u2026), y en su lugar se tomen todas las determinadas para mi nombramiento en periodo de prueba teniendo en cuenta la regla establecida en la sentencia C-084 de 2018 en relaci\u00f3n con el derecho adquirido\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar dicha s\u00faplica aleg\u00f3 la inconforme, que a la luz del citado amparo, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital mediante prove\u00eddo del 13 de octubre de 2021 le neg\u00f3 la salvaguarda instada para que i) \u00abse conmin[ara] a las accionadas SENA y CNSC a realizar los tr\u00e1mites administrativos pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 498 de marzo de 2020 y en consecuencia se autorice y use la lista de elegibles conformada mediante Resoluci\u00f3n No. CNSC \u201320182120135575, respecto al cargo de Oficinista grado 3 en uno de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en provisionalidad, encargo o vacantes, teniendo en cuenta que el mismo fue convocado a concurso, y (\u2026) que su lista estaba vigente cuando se expidi\u00f3 el acuerdo CNSC 013 del 22 de enero de 2021, otorg\u00e1ndole el derecho a ser nombrada\u00bb; ii) \u00abse oferten los empleos del cargo de OFICINISTA GRADO 3, en la OFERTA P\u00daBLICA DE EMPLEOS, con el fin de que quienes hacen parte de las listas, opten por una de ellas; una vez autorizada la lista de elegibles y debidamente notificado el acto en firme, lo remita al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA \u2013y este, proceda a efectuar su nombramiento en una de las vacantes declaradas desiertas o que hayan quedado vacantes, o empleos cubiertos en provisionalidad, o por encargo con posterioridad a la conformaci\u00f3n de la lista\u00bb; iii) \u00abINAPLICAR por inconstitucional el criterio unificado de 22 de septiembre de 2020, emanado de la COMISI\u00d3N NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL\u00bb; y, subsidiariamente, \u00abser nombrada en un cargo equivalente a la OPEC 58079 mientras puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
Refiere que pese a ser impugnada, la citada determinaci\u00f3n fue confirmada el 18 de noviembre siguiente por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, decisiones que a todas luces, dice, transgreden sus bienes jur\u00eddicos, comoquiera que \u00abelude[n] la aplicaci\u00f3n retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, (\u2026) del Decreto 498 de 2020, y la \u00faltima normatividad de la propia CNSC expresadas en el Acuerdo 13 de 2021\u00bb, m\u00e1xime cuando no se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n concienzuda de los medios de convicci\u00f3n que arrim\u00f3 a las diligencias, configur\u00e1ndose los defectos procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00b0 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente contentivo del asunto constitucional blanco de las quejas. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3, que \u00abtramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela [con] radicado 110013103014-2021-00357-00, de la Se\u00f1ora MORENO LE\u00d3N contra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil-CNSC, los Miembros de la Lista de Elegibles de la OPEC 58079 y las Personas Vinculadas con Empleos de Nombre Oficinista Grado 3 que se encuentren vinculados en provisionalidad, temporalidad o encargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje; (\u2026)se dict\u00f3 sentencia negando el amparo tutelar solicitado, que luego fue confirmada por el Honorable Tribunal Superior\u00bb, motivo por el cual, pone de presente que, \u00abpor regla general, la acci\u00f3n de tutela es improcedente contra sentencias de tutela, seg\u00fan lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo; as\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la se\u00f1ora Moreno Le\u00f3n, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar los fallos emitidos por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma capital, a trav\u00e9s de los cuales se desestim\u00f3 el amparo por \u00e9sta invocado a la luz de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que aqu\u00ed se decide, contra el Servicio Nacional de Aprendizaje y otros, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de la que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escogencia que puede solicitar a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo, con el recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, \u00fanico mecanismo procesal que es factible de interponerse o solicitarse ante el funcionario habilitado para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC1422-2021). <\/p>\n
5. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir, que el amparo invocado est\u00e1 abocado al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA G\u00d3NZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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