STC1244-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1244-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03891-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar o dejar sin efecto el auto de fecha 01 de septiembre de 2021\u2026 mediante el cual se impuso sanci\u00f3n por desacato, as\u00ed como el\u2026 del 3 de septiembre de 2021 que la confirma en el tr\u00e1mite de consulta, emitido por el Tribunal\u2026\u00bb y \u00ablos autos de fecha 20\u2026 y 29 de septiembre de 2021, por los cuales se abstuvo el despacho de conocimiento de inaplicar la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. Subsidiariamente, se le ordene al estrado del circuito querellado \u00abproferir decisi\u00f3n ajustada a derecho dentro del tr\u00e1mite de incidente de desacato\u2026 en la cual se haga una valoraci\u00f3n adecuada al caso, aplicando el precedente judicial contenido en la sentencia SU 034\/18 y considerando todas las pruebas y los argumentos expuestos en la defensa dentro del incidente de desacato, que no fueron valorados durante el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Marcos Lleras Rodr\u00edguez Su\u00e1rez instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y la Alcald\u00eda de Cali, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali, el que en sentencia de 3 de agosto de 2020 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3, entre otras cosas, a (i) la Alcald\u00eda que brindara ayuda humanitaria inmediata al accionante, le otorgara un albergue temporal y asistencia alimentaria, y a (ii) la Unidad que adelantara el estudio y seguimiento de las condiciones de subsistencia del gestor y su n\u00facleo familiar para establecer el cambio de ayuda humanitaria inmediata a la de emergencia, as\u00ed como la priorizaci\u00f3n del actor y su n\u00facleo para entregarle la indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida. <\/p>\n
2.2. Tras ser impugnada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad en fallo de 14 de septiembre de 2020 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la Corte Constitucional seleccion\u00f3 a revisi\u00f3n el asunto y dict\u00f3 sentencia el 30 de junio de 2021, en la que confirm\u00f3 parcialmente el fallo del ad-quem, revocando las ordenes de los numerales 2 y 3 y, en su lugar, dispuso que la Unidad le otorgara al actor y su familia un alojamiento temporal en el marco de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho en condici\u00f3n de v\u00edctima del desplazamiento forzado. Adem\u00e1s, adicion\u00f3 el fallo en el sentido de ordenarle a Fonvivienda, al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que informaran de manera clara y concreta al accionante su situaci\u00f3n frente a la solicitud de postulaci\u00f3n para acceder a un subsidio de vivienda en especie, le ofrecieran acompa\u00f1amiento efectivo al gestor y su familia para que se postularan hasta acceder al programa de subsidio de su inter\u00e9s, para lo cual deber\u00edan brindar asesor\u00eda sobre el tr\u00e1mite para acceder a los programas de vivienda ofertados. <\/p>\n
2.4. Marcos Lleras Rodr\u00edguez Su\u00e1rez present\u00f3 incidente de desacato contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y Fonvivienda, por lo que el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali en auto de 19 de agosto de 2021 dio apertura al mismo y en prove\u00eddo de 1\u00ba de septiembre siguiente resolvi\u00f3 declarar que los Directores T\u00e9cnico de Reparaciones y de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, los Directores General y de Infraestructura Social y H\u00e1bitat del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Director Ejecutivo de Fonvivienda, incurrieron en desacato por el incumplimiento de la orden impartida en sentencia T-205\/21, por lo que los sancion\u00f3 con 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.5. La referida decisi\u00f3n fue confirmada parcialmente el 3 de septiembre de los corrientes por el Tribunal acusado al surtirse la consulta, en el sentido de reducir la sanci\u00f3n pecunaria a 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente y multa patrimonial por el mismo valor, que sustitu\u00eda la pena privativa de la libertad. <\/p>\n
2.6. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deprecaron la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, petici\u00f3n desestimada en auto de 20 de septiembre de 2021. Posteriormente, ese \u00faltimo ente pidi\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, la que fue rechazada en auto de 29 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 el accionante que una vez conoci\u00f3 de la sentencia de tutela procedi\u00f3 a gestionar el cumplimiento a lo ordenado, comunic\u00e1ndole al estrado del circuito sobre el mismo; y que inform\u00f3 al accionante de manera clara su situaci\u00f3n frente al subsidio de vivienda en especie, teniendo en cuenta que era el \u00fanico en el que ten\u00eda participaci\u00f3n, explic\u00e1ndole las etapas y competencias de las entidades que participaban, as\u00ed como las bases de datos. <\/p>\n
2.8. Se\u00f1al\u00f3 que inform\u00f3 dentro del desacato sobre el cumplimiento; que no se apreciaron las pruebas allegadas ni los argumentos que presentaron; que no se analiz\u00f3 que no ten\u00eda competencia funcional ni institucional en la etapa de postulaci\u00f3n del programa de subsidio familiar de vivienda 100% en tanto que ello le correspond\u00eda a Fonvivienda, ni se estudiaron las actuaciones positivas desplegadas. <\/p>\n
2.9. Adujo que sus funcionarios fueron sancionados sin verificar las funciones que ejerc\u00edan, quienes adem\u00e1s no ten\u00edan competencia respecto del subsidio familiar; que solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, aportando evidencias de cumplimiento, adem\u00e1s de acreditar que se comunic\u00f3 con el actor, le explic\u00f3 el funcionamiento del aludido programa y que no ten\u00eda competencia, pero se neg\u00f3 su petici\u00f3n sin analizar raz\u00f3n alguna ni los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
2.10. Sostuvo que la orden se emiti\u00f3 en conjunto, por lo que ya fue atendida dentro de sus atribuciones; que la orden era orientar, no reconocer; que el estrado acusado se negaba a enderezar el procedimiento, persistiendo en mantener una sanci\u00f3n contra quienes no ten\u00edan competencia; y que no administraba recursos del sector ni desarrollaba pol\u00edticas de vivienda. <\/p>\n
2.11. Refiri\u00f3 que cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que la subdirecci\u00f3n general para la superaci\u00f3n de la pobreza era la que ten\u00eda la responsabilidad objetiva de dar cumplimiento a lo ordenado; que no se verific\u00f3 si el funcionario que deb\u00eda dar observancia a la orden actu\u00f3 con dolo o culpa; que no se valoraron las acciones positivas efectuadas; que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales y se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no le correspond\u00edan las funciones relacionadas con la asignaci\u00f3n del subsidio familiar de vivienda de inter\u00e9s social, ni de inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre la materia; y que solicitaba se declarara el cumplimiento de la sentencia T-205 de 2021 de la Corte Constitucional por parte de Fonvivienda. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que desestim\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de las sanciones por la ejecutoria de las decisiones y el respeto a la seguridad jur\u00eddica, adem\u00e1s del deber que tienen las partes de cumplir los mandatos judiciales, en el caso, la sentencia T-205 de 2021 referente a las cualidades y calidades del accionante, a quien la sancionada deber\u00eda hacerle un acompa\u00f1amiento efectivo para que pudiera acceder a los programas ofrecidos, no limitarse a emitir comunicados en t\u00e9rminos ininteligibles para el actor; que respet\u00f3 el debido proceso de los representantes legales de la entidad acusada, en la medida en que los notific\u00f3 del tr\u00e1mite, practic\u00f3 las pruebas pertinentes y necesarias, y la sanci\u00f3n fue sometida a consulta, tr\u00e1mite en el que no activ\u00f3 los medios defensivos para evitar ser sancionado; que no ha acreditado el cumplimiento de la orden constitucional, incluso el all\u00ed petente se contin\u00faa doliendo de seguir abandonado y sin el acompa\u00f1amiento ordenado, sujeto de especial protecci\u00f3n en su calidad de desplazado y perteneciente a una comunidad indigena. Remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
3. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues no era la entidad competente para emitir un pronunciamiento de fondo frente a la solicitud del accionante. <\/p>\n
5. La Unidad de Protecci\u00f3n adujo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues los hechos no guardaban relaci\u00f3n con sus funciones y objeto, en tanto que los mismos se presentaban frente las autoridades judiciales acusadas. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. La Personer\u00eda de Cali refiri\u00f3 que desconoc\u00eda el tr\u00e1mite incidental surtido, por lo que se configuraba la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social era un organismo del orden nacional y ese ente ten\u00eda competencia territorial; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n porque no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales asever\u00f3 que se estaba a lo que resultara probado; y que solicitaba su exclusi\u00f3n de toda responsabilidad en los hechos materia de decisi\u00f3n. <\/p>\n
8. Marcos Lleras Rodr\u00edguez Su\u00e1rez manifest\u00f3 que se deb\u00edan tener en cuenta las pruebas que aportaba, pues los distintos involucrados, con excepci\u00f3n del Ministerio de Vivienda, eran negligentes frente a sus constantes requerimientos; que no pod\u00eda regresar al Departamento del Cauca por estar amenazado; que viv\u00eda en condiciones de indigencia y se encontraba enfermo; que por dichas razones le hab\u00eda solicitado al Departamento para la Prosperidad Social que lo incluyeran en programas productivos; que no lo tuvieron en cuenta para el ingreso solidario; que eran muchas trabas las que le pon\u00edan las distintas autoridades; y que estaba cansado de que le negaran el derecho a vivir en condiciones dignas. <\/p>\n
9. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, se anticipa la inviabilidad del resguardo impetrado, pues en la decisi\u00f3n definitoria del incidente de desacato se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Una vez apreciadas las actuaciones adelantadas en el interior del tr\u00e1mite incidental, se observa que \u00e9stas se surtieron con sujeci\u00f3n a las pautas establecidas en el ordenamiento legal vigente, es decir, el Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 127 y ss del C\u00f3digo General del Proceso, siendo adem\u00e1s acordes a los pronunciamientos constitucionales aplicables espec\u00edficamente al caso, toda vez que fueron determinados en debida forma los sujetos a investigar, en este caso, el Dr. ENRIQUE ARDILA FRANCO, Director T\u00e9cnico de Reparaciones y el Dr. HECTOR GABRIEL CAMELO RODRIGUEZ, Director de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria de la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS; la Dra. SUSANA CORREA, en su calidad de Directora General y el Dr. JOS\u00c9 ANDRES TORRES RODRIGUEZ, en su calidad de Director de la Direcci\u00f3n de Infraestructura Social y H\u00e1bitat del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL; y el Dr. ERLES EDGARDO ESPINOSA, en su calidad de Director Ejecutivo del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, quienes fueron notificados de la referida actuaci\u00f3n y a quien se les concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas de traslado para que ejercieran su derecho de defensa (Archivo No. 11 del cuaderno electr\u00f3nico de primera instancia). <\/p>\n
5. Descendiendo al caso objeto de estudio se advierte de entrada que pese a los m\u00faltiples requerimientos realizados por el juzgado de primer grado a la UARIV, la entidad accionada guard\u00f3 silencio, por consiguiente, estima la Sala que las sanciones impuestas por el Juez constitucional de instancia al Dr. ENRIQUE ARDILA FRANCO, Director T\u00e9cnico de Reparaciones y el Dr. HECTOR GABRIEL CAMELO RODRIGUEZ, Director de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria de la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, son acordes al ordenamiento legal vigente, habiendo sido agotadas en su totalidad las etapas procesales propias del presente asunto, razones suficientes para que ante el incumplimiento de los incidentados se imponga la confirmaci\u00f3n de la providencia sancionatoria consultada respecto al encargado del cumplimiento del fallo, y a su superior jer\u00e1rquico en lo ateniente a esta entidad. <\/p>\n
De otro lado, respecto de los convocados, Dra. SUSANA CORREA, en su calidad de Directora General, el Dr. JOS\u00c9 ANDRES TORRES RODRIGUEZ, en su calidad de director de la Direcci\u00f3n de Infraestructura Social y H\u00e1bitat del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL; y el Dr. ERLES EDGARDO ESPINOSA, en su calidad de Director Ejecutivo del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, se tiene que de igual manera la sanci\u00f3n impuesta por el juzgado primigenio deber\u00e1 ser confirmada. <\/p>\n
En efecto, las respuestas tra\u00eddas por las referidas entidades a este tr\u00e1mite incidental no cumplen la finalidad establecida en el fallo objeto de desacato, habida cuenta que en dichas contestaciones se limitan a informarle al accionante que programas de vivienda tienen a su disposici\u00f3n, pero de manera alguna dan muestra del acompa\u00f1amiento que se le brind\u00f3 al actor para que pueda postularse y acceder junto con su grupo familiar a un programa de subsidio de su inter\u00e9s. <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, concluidas las etapas propias de esta acci\u00f3n y toda vez que se encuentra probado que las entidades aqu\u00ed accionadas se han sustra\u00eddo de los deberes que le competen con relaci\u00f3n a la orden que en favor del se\u00f1or Marcos Lleras Rodr\u00edguez dio la Corte Constitucional mediante sentencia del 30 de junio del corriente a\u00f1o, la conclusi\u00f3n obligada es que la sanci\u00f3n impuesta por la Juez constitucional de instancia a los directivos de la UARIV, del DPS y FONVIVIENDA arriba referidos, es acorde al ordenamiento legal vigente, por lo que se impone la confirmaci\u00f3n de la providencia sancionatoria consultada respecto a los encargados del cumplimiento del fallo. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior y dando aplicaci\u00f3n a lo dispuesto a en el Decreto Legislativo 546 del 15 de abril de 2020 frente a la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n por una multa patrimonial, en atenci\u00f3n al principio de proporcionalidad la Sala estima conveniente modificar el numeral segundo de la providencia objeto de consulta y en consecuencia la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta por tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales se reduce a un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente por concepto de sanci\u00f3n pecuniaria para cada uno de los sancionados, y se sanciona con la multa patrimonial que sustituye la pena privativa de la libertad, de (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente, respecto de cada uno de los sancionados\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, en auto de 20 de septiembre de 2021 se desestim\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de sanciones e inst\u00f3 a las solicitantes a cumplir con cabalidad lo dispuesto por la Corte Constitucional con fundamento en que: <\/p>\n
Si bien es cierto la entidad, envi\u00f3 una comunicaci\u00f3n al accionante se\u00f1alando su competencia, es tambi\u00e9n que se orden\u00f3 acompa\u00f1amiento efectivo y asesor\u00eda sobre el tramite que debe adelantar para acceder a los programas de vivienda. <\/p>\n
\u201cQuinto.- ADICIONAR al fallo proferido el 3 de agosto de 2020 por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali, confirmado, el 14 de septiembre de 2020, por la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda \u2013FONVIVIENDA\u2013, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \u2013DPS\u2013 y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, informen, de manera clara y concreta, al se\u00f1or Rafael su situaci\u00f3n frente a la solicitud de postulaci\u00f3n para acceder a un subsidio de vivienda en especie. Adem\u00e1s, deber\u00e1n ofrecer acompa\u00f1amiento efectivo para que el actor y su grupo familiar se postulen hasta acceder a un programa de subsidio de su inter\u00e9s. Para ello, tambi\u00e9n deber\u00e1n brindar asesor\u00eda al se\u00f1or Rafael sobre el tr\u00e1mite que debe adelantar para acceder a los programas de vivienda ofertados por el Estado. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el se\u00f1or MARCOS LLERAS RODRIGUEZ el 09 de septiembre de 2021 interpuso Derecho de Petici\u00f3n, manifestando su inconformidad y reiterando el incumplimiento a la sentencia por parte de las anteriores entidades, el cual les fue remitido por el despacho a trav\u00e9s de providencia fechada a 10 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Y finalmente, el auto de 29 de septiembre de los corrientes se pronunci\u00f3 frente a la nulidad impetrada, en el que puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026llano es inferir que las providencias a las cuales se les atribuye nulidad est\u00e1n en firme y fueron dictadas luego de culminar los respectivos tr\u00e1mites incidentales, de manera que en vista de la quejosa no solo fue efectivamente notificada de cada todas y cada una de las actuaciones surtidas al interior del presente tr\u00e1mite, – adem\u00e1s de que ello no es objeto de discusi\u00f3n y queja – sino que pudiendo alegar las causales que hoy expone en extenso escrito, no lo hizo oportunamente, el Juzgado en aplicaci\u00f3n de lo indicado en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 135 en concordancia con el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, la rechazar\u00e1 de plano. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de las peticiones restantes, las cuales, seg\u00fan apretada s\u00edntesis, se apoyan en que dicho ente si cumpli\u00f3 con la orden emitida por el citada Corporaci\u00f3n, en el fallo de tutela T-205 de 2021, en cuanto a haber asesorado y acompa\u00f1ado en el marco de sus competencias, al se\u00f1or Rafael en obtener una protecci\u00f3n efectiva de su derecho a la vivienda, para lo cual aporta constancia de llamado que se le hiciera al susodicho y por lo que infiere que la sanci\u00f3n impuesta a sus funcionarios pretende que ejecute acciones que est\u00e1n fuera de su competencia, tales como incluir en el SISBEN al accionante o conceder subsidios. Al efecto, hace un resumen de las competencias legales que le asisten, as\u00ed como de las indemnizaciones y ayudas recibidas por el incidentante y su grupo familiar, de entre las cuales resalta que tienen dos fichas para subsidio y que no hay cupos en programas de vivienda en Bogot\u00e1 o Cali, en los cuales puedan ser reubicados. Afirma enf\u00e1ticamente, que este despacho est\u00e1 haciendo modificaci\u00f3n o modulaci\u00f3n a lo ordenado por la Corte Constitucional imponi\u00e9ndole obligaciones m\u00e1s all\u00e1 de lo ordenado en el fallo, por lo que se inaplique la sanci\u00f3n de marras. <\/p>\n
Para resolver lo pertinente, debemos recordar que en el presente asunto y frente a la solicitud de tutela incoada por el se\u00f1or Marcos Lleras Rodr\u00edguez en contra de la incidentada y otras entidades, esta Agencia Judicial dict\u00f3 Sentencia No. 47-2020 del 03 de agosto de 2020 favorable a los intereses del convocante, la cual fue confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali Sala Civil MP Dr. Cesar Evaristo Le\u00f3n Vergara, en providencia del 14 de septiembre de 2020 y en consecuencia remitida para su consabida revisi\u00f3n al \u00f3rgano de cierre de esta jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
A su turno, la Sala Novena de Revisi\u00f3n de la H. Corte Constitucional, escogi\u00f3 y revis\u00f3 tales decisiones, por lo que profiri\u00f3 la Sentencia T- 205 del 30 de junio de 2021, en la que dispuso expresamente\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas y remiti\u00e9ndonos a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional al respecto de la situaci\u00f3n espec\u00edfica del se\u00f1or Lleras Rodr\u00edguez, se observa que es importante recordar que en raz\u00f3n a la calidad de sujeto de especial protecci\u00f3n que ostenta el susodicho, se debe hacer una interpretaci\u00f3n diferencial a la definici\u00f3n de ayuda humanitaria y sus componentes, v\u00e9ase que sobre el tema afirm\u00f3\u2026 <\/p>\n
En suma, en el estudio hecho por la citada Corporaci\u00f3n resalt\u00f3 que el accionante es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional reforzada, no solo al ser v\u00edctima de desplazamiento y amenazas si no que hace parte una comunidad ind\u00edgena hechos que no fueron debatidos o desconocidos por la DPS al momento de ser integrado por la Corte Constitucional para que ejerciera los actos probatorios y de defensa que considerara pertinentes, por lo que merece especial atenci\u00f3n. Relievo adem\u00e1s, que es deber del Estado hacer una diferenciaci\u00f3n de enfoque, y garantizar que el accionante vea materializado su derecho, en este caso espec\u00edfico, el derecho a tener una vivienda digna, siendo por ello que orden\u00f3 expresamente \u201cofrecer acompa\u00f1amiento efectivo para que el actor y su grupo familiar se postulen hasta acceder a un programa de subsidio de su inter\u00e9s. Para ello, tambi\u00e9n deber\u00e1n brindar asesor\u00eda al se\u00f1or Rafael sobre el tr\u00e1mite que debe adelantar para acceder a los programas de vivienda ofertados por el Estado\u201d. <\/p>\n
En otras palabras, no basta con emitir resoluciones y comunicados dirigidos al actor, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos como se ha venido haciendo hasta ahora, pues un acompa\u00f1amiento efectivo al actor implica que en consideraci\u00f3n a su tan nombrada especial condici\u00f3n, se le explique en un lenguaje inclusivo y simple, que condiciones espec\u00edficas y especiales deber\u00e1 cumplir para acceder a los subsidios ya otorgados, la oportunidad para acceder a ellos y eliminar los obst\u00e1culos y barreras que le impiden acceder efectivamente a su derecho a la vivienda. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la verdad material del actor Rodr\u00edguez Suarez, es que pese a lo resuelto en la Resoluci\u00f3n N\u00famero 2477 del 06 de septiembre de 2021, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- Fondo Nacional de Vivienda y a trav\u00e9s de la cual le asignan un subsidio de vivienda el cual ser\u00e1 girado seg\u00fan all\u00ed se indica \u201ccondicionado a la presentaci\u00f3n de los documentos exigidos en el art\u00edculo 2.1.1.1.1.5.1.1 y ss del Decreto 1077 de 2015 y los solicitados por la Caja de Compensaci\u00f3n Familia en Desarrollo a la obligaci\u00f3n contenida en el contrato de encargo de gesti\u00f3n suscrito entre el Fondo\u2026.\u201d, no ha accedido ni podr\u00e1 acceder a dicho subsidio de vivienda, en tanto que no se observa de parte del DPS el acompa\u00f1amiento efectivo exigido por la Corte Constitucional en el pluricitado fallo T 205 de 2021, por lo que es obligaci\u00f3n moral y legal de la susodicha DPS, Prosperidad Social ofrecer acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda hasta que ello ocurra. Esta conclusi\u00f3n de manera alguna puede tenerse como modulaci\u00f3n del fallo, o complementaci\u00f3n o adici\u00f3n que hace el juzgado 19 civil del circuito, se equivoca el DPS en su apreciaci\u00f3n. Es una orden expresa del m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre constitucional que nos record\u00f3 a todos la obligaci\u00f3n legal de materializar ese derecho fundamental espec\u00edfico. El acceso a una vivienda. (resaltos fuera del texto original). <\/p>\n
Expuso y orden\u00f3 la H. Corte Constitucional, al referirse al subsidio de vivienda de manera expresa (y tomando textualmente lo escrito en el fallo tantas veces mencionado)\u2026 <\/p>\n
Por supuesto que la Corte Constitucional no orden\u00f3 nada diferente a las funciones asignadas por la ley al DPS, y este Despacho tampoco lo hace, pues v\u00e9ase que contrario a lo afirmado por la quejosa, en auto alguno se le ha ordenado algo relacionado con el SISBEN, o con pagos, atenciones m\u00e9dicas, vale decir, nada que est\u00e9 por fuera de sus competencias. En tal orden, es falsa la afirmaci\u00f3n de que el Juzgado o su superior jer\u00e1rquico, el Tribunal Superior de Cali pretendan adicionar de manera caprichosa cargas al incidentista, por el contrario solo se le conmin\u00f3 a que diera cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Se insiste, no ha errado este Juzgado o el Tribunal al concluir que el actor y \u201csu grupo familiar no han logrado\u201d acceder a un programa de subsidio de su inter\u00e9s\u201d, en palabras expresas de la Corte, as\u00ed como tampoco es cierto, como lo pretende hacer ver el DPS, que se le sancion\u00f3 solo porque el accionante dijo que no se le ha cumplido con el fallo, lo cierto es que no se aporta ning\u00fan elemento de prueba que permita concluir lo contrario, dicho de otra forma, no hay prueba de que efectivamente se haya entregado el subsidio a que haya lugar ni al actor ni a su grupo familiar, que se le haya guiado en tal proceso o que se le haya dado a conocer los programas de vivienda a que puede acceder en uno u otro municipio o siquiera que se halla adelantado su afiliaci\u00f3n a una caja de compensaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, ha referido la DPS sobre su inter\u00e9s en cumplir el fallo de tutela porque ha dado el acompa\u00f1amiento necesario al se\u00f1or \u201cRafael\u201d, no obstante y a fuerza de ser reiterativos, hemos nuevamente de recordar cuales son los componentes que debe tener esa asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento, y que en palabras de la Guardiana de la Carta son\u2026 <\/p>\n
Desde tal perspectiva, cae en el vac\u00edo el argumento esgrimido por la DPS, respecto de su cumplimiento efectivo en lo que a sus competencias se refiere, y aporta la constancia de ello de la siguiente manera\u2026 <\/p>\n
Pues sin mayor hesitaci\u00f3n se puede concluir, que esta comunicaci\u00f3n no cumple con los criterios de acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda que orden\u00f3 la Corte Constitucional, acompa\u00f1amiento que a voces de tal organismo debe brindarse HASTA que se haga efectivo y material el acceso del se\u00f1or Rafael y su grupo familiar al subsidio de vivienda que reclama. <\/p>\n
Visto de esta manera, con extra\u00f1eza este Despacho descubre que al parecer, se pretende desconocer el fallo que garantiza derechos fundamentales a una persona, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, que lo que ordena es que se hagan efectivos y materiales sus derechos fundamentales, a cargo del Estado y a trav\u00e9s de las diferentes expresiones del mismo. El esp\u00edritu del fallo no es otro que el se\u00f1or \u201cRafael\u201d y su grupo familiar efectivamente puedan disfrutar y ver materializados sus derechos, sin dilaciones, trabas administrativas o legales. No es procedente, bajo ninguna circunstancia pretender que con una llamada se entienda superado el hecho victimizaste. Es cierto que las ocasiones en que se tiene comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica o escrita con el se\u00f1or Rafael, \u00e9l sigue reclamando por TODOS, sus derechos, que considera se siguen vulnerando, y que afirme sentirse burlado. La verdad no es otra, en la actualidad no tiene empleo, salud, educaci\u00f3n, vivienda, servicios de salud\u2026\u2026.y para el accionante, se\u00f1or \u201cRafael\u201d es transparente de quien lo llama; es el Estado, a trav\u00e9s de las diferentes entidades a las que reclama. No debe pretenderse que comprenda y de por superada la discusi\u00f3n cuando se le llama por parte de la DPS, como \u00fanico componente del Estado y del que debe venir la soluci\u00f3n. Ese es realmente el problema que el se\u00f1or \u201cRafael\u201d percibe, que cada instituci\u00f3n en particular, pretende exculparse cada una conforme sus competencias, mientras lo que percibe, es que no se materializan sus derechos. <\/p>\n
Ahora, si comprende este despacho, el Tribunal y La Corte Constitucional las competencias espec\u00edficas de la DPS, y las limitaciones puntuales en el fallo de tutela, por lo que no pretende ni ha pretendido que asuma obligaciones diferentes a las ya tantas veces plasmadas en este auto. Sin embargo, la verdad es que no hay prueba material del cumplimiento del mismo, tanto es as\u00ed que el accionante a\u00fan no ha entendido el proceso, el procedimiento, ante qui\u00e9n acudir, que documentos aportar\u2026..para poder tener efectiva y materialmente el subsidio de vivienda, por lo que se requiere de un trabajo en conjunto de todos los obligados, para que llegue a buen t\u00e9rmino, no s\u00f3lo este tr\u00e1mite, sino espec\u00edficamente la concreci\u00f3n de los derechos fundamentales del se\u00f1or \u201cRafael\u201d. <\/p>\n
Por lo extensamente expuesto, se concluye que no hay lugar a inaplicar la sanci\u00f3n impuesta as\u00ed se declarar\u00e1\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada al resolver sus quejas entorno a la sanci\u00f3n impuesta, as\u00ed como la desestimaci\u00f3n de sus peticiones de inaplicaci\u00f3n de la misma y nulidad de la actuaci\u00f3n, en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1244-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1244-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03891-03 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}