STC1246-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1246-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Juan Francisco Navarro Arzuaga en nombre propio y como apoderado judicial de Yesenia Mart\u00ednez Mart\u00ednez, frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, y Helm Trust SA, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores en la calidad referida, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en el marco del proceso de cancelaci\u00f3n de hipoteca que Yesenia Mart\u00ednez Mart\u00ednez promovi\u00f3 frente a Helm Fiduciaria S.A., con rad. 2016-00078. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto las decisiones proferidas en el citado decurso el 18 de marzo y 16 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aducen, que comoquiera que el juez cognoscente deneg\u00f3 lo reclamado al interior del litigio de marras, condenando en costas a la demandante, sin que \u00e9stas se causaran por el silencio de la entidad demandada, interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra lo fallado; empero, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
Se\u00f1alan que aunque en la parte \u00abmotiva\u00bb de la sentencia de segunda instancia se indic\u00f3 que \u00abno se condenar\u00e1 en costas a la parte demandante, por no aparecer causadas\u00bb, la citada Corporaci\u00f3n mantuvo la liquidaci\u00f3n efectuada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma urbe, que tuvo en cuenta tales expensas, lo que hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 1\u00ba de febrero de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Juan Francisco Navarro Arzuaga quien act\u00faa en nombre propio y como apoderado judicial de Yesenia Mart\u00ednez Mart\u00ednez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el pasado 16 de diciembre por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 18 de marzo de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad, que \u00abaprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb al interior del proceso de cancelaci\u00f3n de hipoteca que la \u00faltima promovi\u00f3 frente Helm Trust SA, pues seg\u00fan su criterio, se omiti\u00f3 que dichas expensas no se causaron. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al expediente digital, y los informes presentados a las diligencias, advierte la Corte la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el presente asunto, aunque el abogado Juan Francisco Navarro Arzuaga adujo actuar en nombre propio, lo cierto es que, no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso declarativo que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que, sin duda, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar en este escenario lo actuado en la susodicha controversia, y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a la anulaci\u00f3n de determinaciones, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ver entre otros CSJ STC12873-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (ver, entre otras, en CSJ STC4993-2021). <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque aunque en las diligencias judiciales censuradas el citado ciudadano fue reconocido como apoderado de la demandante Yesenia Mart\u00ednez Mart\u00ednez, esa sola circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio, pues, los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores, en defensa de intereses que le son ajenos, ello si se tiene en cuenta que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (CSJ STC4611-2021). <\/p>\n
3.2. De otra parte y sentado lo anterior, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2.1. El Tribunal Superior de Valledupar \u2013Sala Civil Familia Laboral, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas dentro del citado decurso, precis\u00f3 que en dicha etapa \u00abno resulta viable estudiar reparos en cuanto a la imposici\u00f3n de la condena en costas que en su oportunidad se efectu\u00f3 en la sentencia que puso fin a la primera instancia, por cuanto dicho asunto qued\u00f3 zanjado desde aquel momento al no haber sido apelado, pues, si nada se dijo en aquella oportunidad, en la liquidaci\u00f3n no podr\u00e1 subsanar tal omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa puntualiz\u00f3, que \u00ablas costas que debate el recurrente, fueron impuestas en la sentencia de primera instancia de 04 de noviembre de 2016, que si bien es cierto, contra \u00e9sta fue interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n por la parte demandante, tambi\u00e9n lo es, que los argumentos expuestos como sustentaci\u00f3n de la alzada, no abordaron el ataque a las costas fijadas, por tanto, no fue tema de estudio en segunda instancia tal y como se verifica en la sentencia emitida (\u2026) [el] 30 de septiembre de 2020, donde el debate se centr\u00f3 en la determinaci\u00f3n que deneg\u00f3 la prosperidad de las pretensiones de la demanda, se insiste, sin proponer reparo alguno respecto de las costas que fueron determinadas a su cargo\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionara del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria, cuando en efecto, nada se dijo en la oportunidad procesal correspondiente, en punto de la imposici\u00f3n de las expensas, sin que sea del caso, analizar esa tem\u00e1tica, tal como se concluy\u00f3, en la etapa de estimaci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
3.2.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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