STC1248-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1248-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Diego Fernando Herrera P\u00e9rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Catorce Civil del Circuito, ambos de aquella ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que promovi\u00f3 contra el Edifico El Cid, dentro del proceso ejecutivo que \u00e9ste adelanta contra Mario de Francisco Mart\u00ednez y Mar\u00eda Victoria D\u00edaz de Francisco, con radicado No. 1997-00335. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, \u00abrevo[car] la providencia de agosto 3 de 2021, mediante la cual se revoc\u00f3 el auto 1184 del 28 de agosto de 2020 emanado del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali\u00bb, y que en su lugar, se confirme la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que inici\u00f3 el referido tr\u00e1mite accesorio porque el Edificio El Cid le revoc\u00f3 el poder sin pagarle los honorarios \u00abpor la labor realizada durante m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb, seg\u00fan el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito el 15 de abril de 2009 con el administrador de la copropiedad, revocatoria aceptada el 12 de agosto de 2019, incidente que culmin\u00f3 en audiencia del 28 de agosto de 2020, donde el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali se\u00f1al\u00f3 la suma de $99\u00b4746.580,oo como honorarios. <\/p>\n
Narra que la decisi\u00f3n fue apelada por la copropiedad incidentada, pero posteriormente la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, tras no haber corrido traslado de la alzada, oportunidad dentro de la cual, el 18 de marzo de 2021 present\u00f3 sus inconformidades acompa\u00f1adas de sendos medios de prueba; no obstante, el 3 de agosto siguiente dicha Colegiatura decidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, para fijar sus honorarios en $6\u00b4960.000,oo, sin \u00abhace[r] referencia alguna al memorial mediante el cual se descorri\u00f3 el traslado del recurso de apelaci\u00f3n ni a las pruebas que se aportaron, tampoco se observa que hubiese ordenado realizar alguna prueba de oficio\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que al revisar el expediente del proceso que le envi\u00f3 el juzgado cognoscente encontr\u00f3, que no se agreg\u00f3 al mimo el citado memorial con el cual descorri\u00f3 el traslado de la apelaci\u00f3n ni sus anexos, los cuales conten\u00edan \u00ablas pruebas con las cuales se demuestra que entre los incidentados y el incidentante exist\u00eda un contrato y que ellos conoc\u00edan del porcentaje a pagar por honorarios, por lo menos desde el a\u00f1o 2008\u00bb y \u00absi bien esas pruebas no fueron anexadas inicialmente al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, se deb\u00edan tener en cuenta para refutar el argumento planteado en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, porque le daban al Tribunal certeza sobre \u00abla existencia del contrato, fecha en que se suscribi\u00f3, del porcentaje acordado entre las partes y del conocimiento por parte de la incidentada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asevera, que el monto finalmente fijado por sus honorarios no corresponde con su labor por m\u00e1s de 12 a\u00f1os, ni tuvo en cuenta el valor de las cuotas ordinarias, extraordinarias y los intereses moratorios que se causaron durante el proceso hasta el pago total de la obligaci\u00f3n, situaciones que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00ba de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
b) A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Diego Fernando Herrera P\u00e9rez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto de 3 de agosto de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 28 de agosto de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, para entonces, fijar \u00abcomo honorarios profesionales por la gesti\u00f3n realizada por el incidentante Diego Fernando Herrera P\u00e9rez, la suma de seis millones novecientos sesenta mil pesos M\/Cte (6\u00b4960.000)\u00bb, en el marco del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios tramitado por el aqu\u00ed interesado contra el Edifico El Cid PH, dentro del proceso coercitivo que este \u00faltimo adelant\u00f3 frente a los herederos de Mario de Francisco Mart\u00ednez y otra, pues seg\u00fan su dicho, existe causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso ya que, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que el gestor no comparte, el Tribunal Superior de Cali comenz\u00f3 por precisar, que \u00abel primer problema jur\u00eddico que se plantea es s\u00ed el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de abogado tra\u00eddo al proceso por el incidentante puede servir de gu\u00eda para la tasaci\u00f3n de los honorarios profesionales dentro de la presente articulaci\u00f3n\u00bb, interrogante ante el cual cit\u00f3 el contenido del art\u00edculo 253 del C\u00f3digo General del Proceso sobre la fecha cierta de un documento, para en seguida colegir, que la misma \u00abse trata de un aspecto que nada tiene que ver con el de la autenticidad pues \u00e9sta concierne con la certeza de sus otorgantes, mientras aquella \u2013fecha cierta- se refiere a la \u00e9poca de creaci\u00f3n del documento, de manera que la presunci\u00f3n de autenticidad no involucra la fecha del documento por ser aspecto que directamente no toca con su origen sino con el contenido de la prueba documental, as\u00ed que por este aspecto err\u00f3 la Juez de primera instancia al atribuirle a la autenticidad del documento certeza con relaci\u00f3n a la fecha de su creaci\u00f3n. Es claro que en numerosas ocasiones es de importancia conocer la fecha de otorgamiento de un documento, en especial para efectos de su eventual oponibilidad frente a terceros o, incluso para fines de demostrar su falsedad, raz\u00f3n por la cual los ordenamientos procesales tienen claras reglas frente a la fecha cierta\u00bb. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 un pronunciamiento doctrinario emitido respecto a la tem\u00e1tica, para concluir que \u00abno queda la menor duda, que en el caso bajo estudio se desconoce totalmente la \u00e9poca de creaci\u00f3n o celebraci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado adosado a la actuaci\u00f3n por el incidentante, sobre ese particular, se observa que dicho documento, a pesar de relatarse en el escrito incidental haberse suscrito por la representante legal de la propiedad horizontal el d\u00eda 15 de abril de 2.009, solo vino a autenticarse el d\u00eda 27 de agosto de 2.019 ante la Notar\u00eda 2 del C\u00edrculo de Cali ( Fl. 5 a 8 C. Incidente), vale decir, se realiz\u00f3 la diligencia notarial en calenda posterior a la revocatoria del poder ante el Juez de conocimiento, raz\u00f3n por la cual \u00e9ste documento no puede entrar a regir el pacto de honorarios entre las partes, pues esgrimi\u00e9ndose ese documento en contra de la propiedad Horizontal, \u00e9sta adquiere la calidad de tercero frente a esa prueba documental, lo que significa que el documento no le puede ser oponible como fuente de liquidaci\u00f3n de los honorarios profesionales por su gesti\u00f3n, al carecer de fecha cierta\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n el Tribunal se\u00f1al\u00f3, que \u00absi el legislador le reconoce el valor probatorio al documento privado, en cuanto a su fecha, desde el momento en que adquiere el car\u00e1cter de cierta, es incuestionable que el aqu\u00ed allegado y sobre el cual se pretende buscar la tasaci\u00f3n de honorarios profesionales, no puede d\u00e1rsele ese valor probatorio, pues iterase, no ostenta una fecha cierta de su otorgamiento en los t\u00e9rminos expresados en el libelo incidental, situaci\u00f3n que conlleva a que se deniegue igualmente la tasaci\u00f3n de honorarios con fundamento en \u00e9l\u00bb, consideraci\u00f3n a la que agreg\u00f3 un pronunciamiento de la Corte Constitucional (T-625) sobre los eventos en que es posible apartarse de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios de abogado, cuando se observa que las tarifas all\u00ed pactadas son muy superiores a las consagradas en los Colegios de Abogados, el trabajo desempe\u00f1ado por el apoderado y\/o la complejidad jur\u00eddica del asunto, raz\u00f3n por la cual, \u00abevidentemente, en este asunto, el pacto de honorarios estimados en un 20 por ciento sobre el capital e intereses al momento en que se produzca el pago o la revocaci\u00f3n del mandato, es muy superior a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura que refiere los honorarios al valor de las pretensiones de la demanda como veremos posteriormente en esta misma providencia. Un pacto como el que venimos estudiando puede producir el efecto perverso de que el apoderado se encuentre m\u00e1s interesado en que el proceso siga acumulando cuotas de administraci\u00f3n e intereses moratorios que en el recaudo \u00e1gil de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por esa senda, la Colegiatura precis\u00f3, que \u00abla inoponibilidad del contrato a la Propiedad horizontal por carencia de fecha cierta, unida a la posibilidad establecida por la Corte Constitucional de apartarse de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios alejados de la reglamentaci\u00f3n legal, al trabajo, o la complejidad del asunto, y el principio de ejecuci\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales con antelaci\u00f3n al presentado en este tr\u00e1mite, son razones m\u00e1s que suficientes para apartarnos de la prueba documental anexada por el incidentante al escrito genitor de la articulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y consider\u00f3 en consecuencia, que \u00abante la ausencia de pacto sobre honorarios profesionales en el presente asunto, es necesario recurrir a las reglas establecidas en el numeral 4o del art\u00edculo 366 del C.G.P., para la regulaci\u00f3n de la retribuci\u00f3n a que tiene derecho la parte activa; lo anterior, por la remisi\u00f3n expresa que hace el inciso 2o del art\u00edculo 76 \u00eddem, que establece que si no fuere posible acudir a los criterios convenidos en el contrato respectivo, deber\u00e1n considerarse las reglas establecidas para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho. Si aquellas establecen solamente un m\u00ednimo, o este y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas\u00bb. <\/p>\n
Bajo estas premisas, el Tribunal descendi\u00f3 las pruebas, y de su an\u00e1lisis pudo establecer, que \u00abconforme a la normativa en cita, ante la ausencia de pacto expreso respecto de los honorarios del abogado y atendiendo la duraci\u00f3n en la vigilancia del proceso, sus permanentes actos de postulaci\u00f3n procesal, y dem\u00e1s factores, se estima que la retribuci\u00f3n del gestor judicial de la parte ejecutante por lo adelantado corresponder\u00eda, a un 12 %, como quiera que esa persistencia en la actuaci\u00f3n del abogado finalmente posibilit\u00f3 que se realizar\u00e1 un acuerdo de pago con los deudores, independientemente que haya o no participado en la transacci\u00f3n, la cual entre otras cosas fue promovida por los propios ejecutados, as\u00ed que no se puede arrogar esa gesti\u00f3n la propiedad horizontal. <\/p>\n
Ahora bien, como el Juzgado de primera instancia fij\u00f3 los honorarios por fuera de los par\u00e1metros hasta aqu\u00ed expuestos en la suma de $99.466.580,oo, colige la Sala de Decisi\u00f3n el acierto de la alzada de que se trata, pues la tasaci\u00f3n fijada por el funcionario no se acompasa con los criterios establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
3.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura convocada se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y a jurisprudencia aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por el gestor es su particular manera de analizar las pruebas y las normas llamadas a regular el asunto, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal de Cali emergi\u00f3 de descartar como prueba del monto de los honorarios, el plasmado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios allegado por el incidentante, no solo porque la fecha cierta que se determin\u00f3 para la celebraci\u00f3n del mismo no permit\u00eda inferir que hubiera sido suscrito por el representante legal de la propiedad horizontal incidentada, sino tambi\u00e9n, porque en todo caso, el monto por honorarios que all\u00ed se observaba resultaba desproporcionado, lo que permit\u00eda apartarse del mismo, todo lo cual llev\u00f3 a la Colegiatura accionada a fijar los honorarios del abogado acorde con las reglas generales que al respecto establece la normativa adjetiva y el acuerdo emitido sobre el particular por la autoridad competente. <\/p>\n
Ahora, para la Sala no resulta reprochable en este escenario, el que la precitada decisi\u00f3n no incluyera an\u00e1lisis sobre las documentales allegadas por el aqu\u00ed interesado al momento de descorrer el traslado del recurso de apelaci\u00f3n que se desat\u00f3, no solo porque al tenor de los art\u00edculos 137 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, esos medios debieron aportarse ante el juez de primera instancia con el escrito con que se propuso el incidente, sino, adem\u00e1s, porque esos medios apuntaban a reafirmar el contenido del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, el cual, en \u00faltimas, se descart\u00f3 por establecer unos honorarios que de manera fundada se estimaron desproporcionados. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n de los medios de prueba se ajusta a la normativa llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
3.4. Ahora, si en efecto el documento y las pruebas que el gestor aduce present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino del traslado del recurso, ciertamente no fueron agregados al expediente digital por parte del juzgador, le corresponde a \u00e9ste poner de presente dicha situaci\u00f3n ante el mismo, en aras de subsanar esa irregularidad, por ser ese el escenario donde debe resolverse esa situaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que el juez constitucional no puede actuar paralelamente a las autoridades competentes. <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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