STC1251-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1251-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00307-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Luis Rodr\u00edguez Burgos contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, el se\u00f1or Luis Roberto Lacharme M\u00e9ndez, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicita la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segunda instancia proferida el 15 de diciembre de 2021, dentro del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 contra Luis Roberto Lacharme M\u00e9ndez, identificado con el consecutivo 2019-00053. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, \u00abse le ordene a la autoridad judicial accionada que adopte una decisi\u00f3n (\u2026) en la que acate las normas procesales y los precedentes aplicables a[l] asunto\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto de la referencia aduce, en s\u00edntesis, el accionante, que en sede de apelaci\u00f3n, la Colegiatura convocada \u00abREVOC[\u00d3] la sentencia adiada 7 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto (4\u00b0) Civil del Circuito de Monter\u00eda, (\u2026), y en su lugar, DECLAR[\u00d3] PROBADO el medio exceptivo denominado \u2018[e]xcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extinta de la acci\u00f3n cambiaria que ampara la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo que dio origen a este proceso. Art. 94 C.G.P\u2019, interpuesto por la parte ejecutada\u00bb, y en consecuencia, \u00abDECLAR[\u00d3] la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, y conden[\u00f3] al demandante al pago de los perjuicios al demandado que \u00e9ste haya sufrido con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares decretadas en su contra y con el tr\u00e1mite del presente proceso\u00bb y, c.) \u00abORDEN[\u00d3] el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, tras valorar indebidamente los medios de convicci\u00f3n militantes en el expediente, y que dan cuenta de las gestiones que realiz\u00f3 para notificar \u00aben tiempo\u00bb al demandado, los que, dice, s\u00ed fueron tenidos en cuenta por esa Corporaci\u00f3n en auto del 19 de enero de 2021, al decidir la apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 el obligado frente al auto que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Tribunal desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial emanado de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, el cual cit\u00f3 in extenso, en el que se indica que el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que contempla el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso debe interpretarse desde \u00abuna perspectiva subjetivista\u00bb, razones por las que estima que la mencionada instancia judicial incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defectos procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00b0 de febrero del a\u00f1o pasado, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, quienes fueron notificados en debida forma de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior de Monter\u00eda \u2013Sala Civil Familia laboral, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente contentivo del proceso compulsivo base de las s\u00faplicas, puso de presente lo siguiente: <\/p>\n
\u00abla Sala concluy\u00f3 que la acci\u00f3n cambiaria se encontraba afectada de prescripci\u00f3n, dado que, si bien la demanda se present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de seis (6) meses que dispone el art\u00edculo 730 de C.Co, lo cierto es que su interposici\u00f3n no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, habida cuenta que el mandamiento de pago no le fue notificado al ejecutado dentro del a\u00f1o siguiente, tal como lo dispone el canon 94 del C.G.P., pues dicho acto de enteramiento se efect\u00fao en calenda 10 de marzo de 2020, data para la cual ya se encontraban totalmente fenecidos los aludidos seis (6) meses para ejercer la acci\u00f3n cambiaria respecto de los cheques. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el actor confunde el env\u00edo de la citaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n personal, actos totalmente disimiles. En efecto, conforme a lo dispuesto en el canon 291 del C.G.P., la notificaci\u00f3n personal se materializa \u00fanicamente cuando el demandado comparece a la sede judicial a notificarse y se extiende el acta respectiva, de tal suerte que, si aqu\u00e9l no comparece dentro del t\u00e9rmino estipulado, el interesado proceder\u00e1 a practicar la notificaci\u00f3n por aviso, tal como expresamente lo consagra el numeral 6 del citado art\u00edculo. <\/p>\n
En ese sentido, las aludidas notificaciones personales a las que hace referencia el accionante, no son m\u00e1s que el env\u00edo de la citaci\u00f3n respectiva, sin que se advierta que aquel haya procedido a practicar la notificaci\u00f3n por aviso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 292 del C.G.P. <\/p>\n
Por otro lado, respecto a lo alegado por el actor, relativo a que, en calenda 6 de marzo de 2020, el ejecutado se neg\u00f3 a recibir la comunicaci\u00f3n de citaci\u00f3n, tal como lo certifica la empresa postal (folio 40 y 41, expediente actuaciones virtuales), es importante advertir que, en tal caso, se deb\u00eda dar aplicaci\u00f3n al inciso 2 del numeral 4 del art\u00edculo 291 del C.G.P., que dispone que \u00abcuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicaci\u00f3n, la empresa de servicio postal la dejar\u00e1 en el lugar y emitir\u00e1 constancia de ello. <\/p>\n
Para todos los efectos legales, la comunicaci\u00f3n se entender\u00e1 entregada\u00bb. Es decir, la comunicaci\u00f3n, por expreso mandato del legislador, se entend\u00eda entregada y, en caso de que el ejecutado no compareciera a la sede judicial a notificarse, se deb\u00eda enviar el aviso, en los t\u00e9rminos del canon 292 del C.G.P., carga procesal que, se itera, nunca fue realizada por la parte ejecutante. En ese orden de ideas, se tiene que el extremo actor fue totalmente negligente en los actos de enteramiento del ejecutado, puesto que procedi\u00f3 \u00fanicamente a remitir sendas citaciones para notificaci\u00f3n personal, sin proceder a practicar la notificaci\u00f3n por aviso. <\/p>\n
As\u00ed pues, el ejecutante desconoci\u00f3 abiertamente que, ante el fracaso de la notificaci\u00f3n personal, procede el env\u00edo del aviso de que trata el art\u00edculo 292 del C.G.P., con el lleno de los requisitos establecidos en dicho precepto. As\u00ed las cosas, en definitiva, se tiene que el ejecutado solamente compareci\u00f3 a notificarse al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, el d\u00eda 10 de marzo de 2021, tal como se otea en el expediente contentivo del proceso, por tal raz\u00f3n, a partir de dicha data es que se materializ\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del ejecutado, puesto que, se insiste, en el caso en concreto, nunca se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, respecto al presunto desconocimiento del precedente endilgado por el actor en el escrito de tutela, resulta menester se\u00f1alar que, si dicha parte ten\u00eda alg\u00fan reclamo en torno a su diligencia en la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo al demandado, y por ello deb\u00eda aplicarse la jurisprudencia constitucional citada, en el sentido que no se le aplicara el art\u00edculo 94 del CGP en su texto literal, era imperioso que \u00e9ste alegara tal situaci\u00f3n una vez le corrieron traslado de las excepciones de m\u00e9rito, lo cual nunca aconteci\u00f3, toda vez que el extremo accionante no mostr\u00f3 ninguna inconformidad sobre el particular a lo largo del proceso. <\/p>\n
En ese orden de cosas, se tiene que el accionante pretende alegar por medio de la acci\u00f3n de tutela, unas inconformidades que nunca aleg\u00f3 durante el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo; aunado a que, tal como se dej\u00f3 sentado en precedencia, no le asiste raz\u00f3n al sostener que la notificaci\u00f3n del ejecutado se haya efectuado con anterioridad al 10 de marzo de 2020, pues, se insiste, previo a dicha calenda lo que se enviaron fueron sendas citaciones para la notificaci\u00f3n personal, sin remitirse aviso alguno tendiente a lograr la notificaci\u00f3n por dicho medio. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que esta Colegiatura no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del actor, toda vez que la sentencia atacada se ajusta a los preceptos normativos y a los supuestos f\u00e1cticos acreditados en el proceso\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad, simplemente manifest\u00f3 que se atiene a lo dispuesto por el juez constitucional. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la queja excepcional que en esta sede se resuelve. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el se\u00f1or Rodr\u00edguez Burgos, resulta procedente, pues ciertamente con la determinaci\u00f3n emitida el pasado 15 de diciembre por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, a) \u00abREVOCAR la sentencia adiada 7 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto (4\u00b0) Civil del Circuito de Monter\u00eda, (\u2026), y en su lugar, DECLARAR PROBADO el medio exceptivo denominado \u2018[e]xcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extinta de la acci\u00f3n cambiaria que ampara la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo que dio origen a este proceso. Art. 94 C.G.P\u2019, interpuesto por la parte ejecutada\u00bb, corolario, b) \u00abDECLARAR la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, y conden[\u00f3] al demandante al pago de los perjuicios al demandado que \u00e9ste haya sufrido con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares decretadas en su contra y con el tr\u00e1mite del presente proceso\u00bb y, c.) \u00abORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, dentro de la contienda ejecutiva singular que promovi\u00f3 frente a Luis Roberto Lacharme M\u00e9ndez, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, en la medida que el ad quem no efectu\u00f3 un estudio concienzudo de lo ocurrido en el decurso que viene de comentarse, en lo relativo a las gestiones efectuadas por la parte demandante (aqu\u00ed interesada), a efectos de lograr la notificaci\u00f3n del ejecutado de la orden de pago librada, incurriendo as\u00ed, en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, desafuero que amerita la injerencia del juzgador constitucional. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, a partir del 8 de marzo de 2019, la parte ejecutante ten\u00eda un a\u00f1o para notificar el mandamiento de pago al ejecutado, so pena de que la presentaci\u00f3n de la demanda perdiera los efectos para interrumpir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. Sin embargo, el aludido acto de enteramiento al demandado solo acaeci\u00f3 el d\u00eda 10 de marzo de 2020, esto es, con posterioridad al t\u00e9rmino determinado por el legislador. <\/p>\n
Luego, entonces, al haberse notificado al demandado con posterioridad al a\u00f1o establecido en el canon 94 del C.G.P., la presentaci\u00f3n de la demanda no logr\u00f3 interrumpir la prescripci\u00f3n extintiva. Igual ocurre con la notificaci\u00f3n del demandado, pues tal acto tampoco logr\u00f3 interrumpir el fen\u00f3meno prescriptivo, toda vez que, para dicha data (10 de marzo de 2020), ya se encontraban fenecidos los seis (6) meses consagrados en el canon 730 del C.Co. <\/p>\n
Es decir, ya el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n se hab\u00eda consumado, teniendo en cuenta que los cheques fueron presentados para su pago en data 6 de febrero de 2019. En ese orden de cosas, no hay duda de que la acci\u00f3n cambiaria se encuentra prescrita, raz\u00f3n por la cual le asiste raz\u00f3n al recurrente. Al prosperar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, la que prospera contra la totalidad del mandamiento ejecutivo. Por ello, la Sala se abstendr\u00e1 de estudiar la excepci\u00f3n de caducidad, tambi\u00e9n alegada por el ejecutado\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, son las anteriores circunstancias por las que refulge con claridad, que el Tribunal de Monter\u00eda no efectu\u00f3 un m\u00ednimo an\u00e1lisis acerca de las diligencias adelantadas con ocasi\u00f3n del enteramiento del ejecutado de la orden de apremio y la forma en la que el mismo qued\u00f3 debidamente notificado, para as\u00ed entonces, poder establecer con bases s\u00f3lidas si la demanda interrumpi\u00f3 o no el fen\u00f3meno prescriptivo, m\u00e1xime cuando el c\u00f3mputo del hito con el que cuenta en este caso el ejecutante, para cumplir con dicha carga procesal, de conformidad a lo estipulado en el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso, debe verificarse desde un perspectiva subjetivista en la que se analicen las puntuales circunstancias por las cuales, supuestamente, el ejecutado no conoci\u00f3 del mandamiento de pago dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n por estado del mismo al ejecutante, circuntancias que en el caso sub examine s\u00ed fueron analizadas por dicha Corporaci\u00f3n al zanjar el recurso de alzada propuesto contra la providencia que deneg\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito, a saber: <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, revisado el paginario se colige que el extremo activo ten\u00eda hasta el 10 de diciembre de 2019 para cumplir la carga impuesta por el juzgado, esto es, llevar a cabo las diligencias de que trata el art\u00edculo 291 CGP para lograr la notificaci\u00f3n del demandado, sin embargo, se evidencia dentro del plenario, que la parte actora el 14 de noviembre de 2019, aport\u00f3 documentos que acreditaban la realizaci\u00f3n del env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, haciendo la salvedad de que \u00e9sta fue devuelta por cambio de residencia del accionado, por lo que se deduce que, la parte incoante s\u00ed efectu\u00f3 gestiones encaminadas a lograr la notificaci\u00f3n del demandado dentro de los 30 d\u00edas h\u00e1biles, distinto es que, por motivos de ajenos a su voluntad (cambio de residencia) no se lograra concretar. <\/p>\n
En vista de lo anterior, el 5 de diciembre de 2019 la parte accionante allega certificado de env\u00edo de la notificaci\u00f3n al demandado en una nueva direcci\u00f3n, empero, como quiera que no inform\u00f3 al juzgado sobre dicha novedad, mediante prove\u00eddo datado diciembre 16 de 2019, el a quo orden\u00f3 que informara la nueva direcci\u00f3n, requerimiento que cumpli\u00f3 el 16 de enero de 2020 y, seguidamente el juzgador autoriz\u00f3 la notificaci\u00f3n del accionado en la nueva direcci\u00f3n \u201cCarrera 12 N 53\u00aa-39 Edificio Altavista Monte Verde Monter\u00eda\u201d, a trav\u00e9s de auto adiado 3 de febrero de 2020. <\/p>\n
El 14 de febrero de 2020, la parte actora aporta constancia de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n a la nueva direcci\u00f3n, sin embargo, en lo que parece ser un error de transcripci\u00f3n por parte de la empresa de env\u00edo, en el certificado se observa como direcci\u00f3n de destinatario \u201cCarrera 12 N 53\u00aa 39 Edificio Barcelona Monte Verde Monter\u00eda\u201d, motivo por el cual el 27 de febrero de 2020, el juzgado requiri\u00f3 a la parte demandante para que cumpliera con la carga procesal de notificar al demandado y, el 10 de marzo de esa misma anualidad, aport\u00f3 el certificado correspondiente, es decir, dentro de los 30 d\u00edas h\u00e1biles siguientes al mentado requerimiento. <\/p>\n
Ahora, debe tenerse en cuenta que el auto de fecha octubre 24 de 2019 requer\u00eda a la parte demandante para cumplir con la carga procesal de notificar al demandado en la direcci\u00f3n aportada con el libelo inicial, la cual era \u201cCarrera 12 No. 57-12 Barrio La Castellana\u201d y, el auto del 27 de febrero de 2020 si bien requiri\u00f3 nuevamente a la parte actora para que notificara al demandado, este requerimiento fue en virtud de una nueva direcci\u00f3n la cual es \u201cCarrera 12 N 53\u00aa-39 Edificio Altavista Monte Verde Monter\u00eda.\u201d <\/p>\n
De esta manera resulta claro, que el segundo requerimiento que orden\u00f3 el juez de primer grado, fue en atenci\u00f3n a aceptar la nueva direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del demandado y, el primero fue con ocasi\u00f3n a la direcci\u00f3n aportada con la demanda, la cual no se pudo efectuar por cambio de residencia, tal como lo demostr\u00f3 la parte ejecutante dentro de los 30 d\u00edas h\u00e1biles, lo que significa que esa actuaci\u00f3n interrumpi\u00f3 el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino (Folios 76 a 79 del expediente f\u00edsico y 131 a 137 del expediente digital). <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, ya que no se denota falta de diligencia o desinter\u00e9s de la parte ejecutante frente al cumplimiento de los requerimientos realizados\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n
5. Acerca de la especial tem\u00e1tica sobre la que gravita el presente estudio, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, dej\u00f3 por sentado, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab4. Ha de recordarse que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable al caso atendiendo la fecha en que se promovi\u00f3 el asunto, \u2018[l]a presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aqu\u00e9lla, o el mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u2019. <\/p>\n
Norma de la que se desprende que los requisitos para que se configure la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, son tres: i) el adelantamiento de un proceso mediante la formulaci\u00f3n del correspondiente acto incoatorio o preparatorio del juicio con que el acreedor ejercita su derecho; ii) proferimiento del mandamiento ejecutivo o del auto admisorio, seg\u00fan sea el caso, antes del transcurso del tiempo se\u00f1alado por la ley para el perfeccionamiento de la prescripci\u00f3n; y iii) que dentro del a\u00f1o siguiente al de la notificaci\u00f3n por estado al demandante, se realice la notificaci\u00f3n al demandado, bien de manera personal o a trav\u00e9s de curador ad-litem. Si se cumplen estos requisitos, se tendr\u00e1 como fecha de interrupci\u00f3n la de la presentaci\u00f3n de la demanda, de lo contrario ser\u00e1 la de notificaci\u00f3n personal al demandado. <\/p>\n
4.1. La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, ha interpretado las normas que regulan el aludido t\u00e9rmino extintivo, desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero tambi\u00e9n la extinci\u00f3n de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien leg\u00edtimamente los reclama. <\/p>\n
Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de \u00e9stos o por demoras de la administraci\u00f3n de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, tiene la virtud de impedir que opere la caducidad, porque, en esos eventos, quien ejercit\u00f3 la acci\u00f3n no lo hizo con el objetivo proscrito por el legislador de \u2018hacer m\u00e1s dif\u00edcil la defensa de los herederos del causante y beneficiarse de las huellas que borre el tiempo\u2019. <\/p>\n
Este criterio, contrario a lo aseverado por el Tribunal cuestionado, conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de que la doctrina antigua consider\u00f3 que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable \u2013cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acci\u00f3n de manera inevitable y sin tomar en consideraci\u00f3n la actividad del juez o de las partes\u2013, ello no fue obst\u00e1culo para que esa noci\u00f3n eminentemente te\u00f3rica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que est\u00e1 a la base del derecho actual. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en diversos pronunciamientos que fueron recopilados en la sentencia de casaci\u00f3n SC5755-2014, dictada el 9 de mayo de 2014, dentro del radicado 11001-31-10-013-1990-00659-01, donde se cas\u00f3 la sentencia proferida por el Ad quem, al encontrar que: <\/p>\n
\u2018Los anteriores elementos de prueba, en suma, permiten concluir sin lugar a dudas que no fue por negligencia de la actora que el auto admisorio de la demanda se notific\u00f3 a los representados por Fredesminda Cort\u00e9s por fuera del bienio consagrado en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, pues qued\u00f3 demostrado que su apoderada fue supremamente diligente al pagar todos los intentos de notificaci\u00f3n y al impulsar dicho tr\u00e1mite; en tanto que fue la persistente renuencia de la demandada a notificarse del auto admisorio \u2013a pesar de tener conocimiento de la existencia del proceso en su contra-, lo que condujo, finalmente, a la demora de la aludida diligencia. <\/p>\n
De ah\u00ed que la correcta interpretaci\u00f3n de la norma que rige el caso impone al juez la obligaci\u00f3n de tomar en consideraci\u00f3n las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia; lo que apareja como resultado tener que admitir que la presentaci\u00f3n de la demanda dentro del bienio consagrado en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, impidi\u00f3 que operara la caducidad, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte en m\u00faltiples oportunidades\u2019. <\/p>\n
En esta providencia, de manera un\u00e1nime, la Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 un estudio pormenorizado acerca del instituto jur\u00eddico de la caducidad, su finalidad en acciones de filiaci\u00f3n y petici\u00f3n de herencia, as\u00ed como acerca de la forma en que la jurisprudencia tradicional y prevalente de la Sala ha establecido que debe llevarse a cabo su contabilizaci\u00f3n, con miras a hacer efectivo el derecho sustancial tanto de los demandantes como de los demandados. <\/p>\n
Criterio que ha sido reiterado al resolver diversas acciones de tutela: <\/p>\n
4.2. Al respecto, en sentencia STC1688 de 20 de febrero de 2015, la Sala tras recalcar que el t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 era de car\u00e1cter subjetivo, estim\u00f3 improcedente el amparo reclamado por un ejecutante, toda vez que fue descuidado en el cumplimiento de la carga de notificaci\u00f3n, produciendo que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria que en ese entonces se ejerc\u00eda, se cumpliera con amplitud. <\/p>\n
En dicha ocasi\u00f3n, se indic\u00f3 que la autoridad accionada hab\u00eda incurrido en \u2018una imprecisi\u00f3n doctrinal al impl\u00edcitamente considerar que tambi\u00e9n transcurre de manera objetiva el lapso de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para interrumpir de manera civil la prescripci\u00f3n, no obstante que la jurisprudencia ha indicado que deben ser descontados aquellos espacios de tiempo en los cuales la parte dem\u00e1ndate fue diligente en aras de vincular al litigio a la parte demandada y no lo logr\u00f3 por causas atribuibles a la administraci\u00f3n de justicia o incluso a la actitud asumida por su contraparte para evadir la notificaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
4.3. En sentencia STC8814 de 8 de julio de 2015, se estudi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por un ejecutado, quien consideraba que sus garant\u00edas fundamentales hab\u00edan sido gravemente lesionadas, pues a pesar de que su notificaci\u00f3n no se hizo dentro de la oportunidad concedida por el art\u00edculo citado, el juzgador se abstuvo de declarar la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que all\u00ed invoc\u00f3. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, se estim\u00f3 que el proceder del operador judicial accionado se ajustaba a los precedentes que al respecto hab\u00eda emitido esta Corporaci\u00f3n, toda vez que la negativa en la excepci\u00f3n formulada obedeci\u00f3 a que el juez valor\u00f3 el labor\u00edo desplegado por el ejecutante para satisfacer la carga de notificaci\u00f3n, indicando que si bien la misma se configur\u00f3 una vez venci\u00f3 el a\u00f1o que contempla el canon referido, lo cierto es que previo a tal fecha el ejecutante adelant\u00f3 varias actuaciones con el fin de satisfacer la mencionada carga. <\/p>\n
De esa manera, se explic\u00f3 que \u00abel funcionario censurado, luego de precisar los conceptos de prescripci\u00f3n extintiva e interrupci\u00f3n de la misma, advirti\u00f3 que dicho fen\u00f3meno \u2018no opera de manera exclusiva por solo el paso del tiempo, sino que necesita un elemento subjetivo, que es el actuar negligente del acreedor\u2019 y, desde dicha perspectiva centr\u00f3 su labor valorativa de lo acreditado en el expediente, constatando c\u00f3mo antes de que venciera el t\u00e9rmino de un a\u00f1o consagrado por el legislador (7 de mayo de 2013) el acreedor procur\u00f3 no solo la notificaci\u00f3n del deudor (22 de febrero de 2013) sino que ante el resultado negativo de la misma pidi\u00f3 el emplazamiento del ejecutado (19 de abril de 2013)\u00bb. <\/p>\n
Entendimiento que de modo alguno podr\u00eda estimarse caprichoso o infundado, en tanto el mismo se ajust\u00f3 al precedente que emiti\u00f3 esta Corporaci\u00f3n el 20 de febrero de 2015, antes citado. <\/p>\n
4.4. As\u00ed mismo, en sentencia STC6500 de 18 de mayo de 2018, rad. 11001-02-03-000-2018-01244-00, esta Sala record\u00f3 su postura frente a la aplicaci\u00f3n y conteo del plazo concedido por la legislaci\u00f3n procesal antigua para enterar a los convocados y advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018[E]sta Sala, en sede constitucional, ha aceptado que la interrupci\u00f3n civil del rese\u00f1ado fen\u00f3meno, en ocasiones, est\u00e1 sujeta a la actividad de los extremos procesales. <\/p>\n
As\u00ed, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que la Colegiatura criticada incurri\u00f3 en una imprecisi\u00f3n doctrinal al impl\u00edcitamente considerar que tambi\u00e9n trascurre de manera objetiva el lapso de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para interrumpir de manera civil la prescripci\u00f3n, no obstante que la jurisprudencia2 ha indicado que deben ser descontados aquellos espacios de tiempo en los cuales la parte demandante fue diligente en aras de vincular al litigio a la parte demandada y no lo logr\u00f3 por causas atribuibles a la administraci\u00f3n de justicia o incluso a la actitud asumida por su contraparte para evadir la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
De igual modo, en un litigio an\u00e1logo esta Corporaci\u00f3n acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la interrupci\u00f3n civil no se consuma con la mera interposici\u00f3n de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, \u00abel retardo en notificar a \u00e9ste no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificaci\u00f3n se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupci\u00f3n se entiende consumada con la presentaci\u00f3n de la demanda\u2019 (G.J. n\u00fameros 2032, p\u00e1g. 634 y 658; 2050 p\u00e1g. 660; 2154, p\u00e1g 132; 2318, p\u00e1g. 120) (\u2026)\u201d4 (subraya del texto). <\/p>\n
\u00ab\u2026verificadas las diligencias que al respecto se adelantaron, se observa que s\u00f3lo hasta el 6 de junio de 2016 el convocante remiti\u00f3 a su opuesto la citaci\u00f3n para que acudiera al despacho a notificarse personalmente, diligencias que \u00fanicamente fueron puestas en conocimiento del juzgado accionado el 8 de julio de 2016, esto es cuando el periodo otorgado por la codificaci\u00f3n citada ya hab\u00eda fenecido, sin que se encuentre por parte de esta Corporaci\u00f3n causal alguna que justifique su proceder. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo anterior de atender que proferido por parte del juzgado el mandamiento de pago respectivo -26 de junio de 2015, el accionante tard\u00f3 m\u00e1s de un mes para retirar los oficios a trav\u00e9s de los cuales se har\u00edan efectivas las medidas cautelares all\u00ed decretadas, y s\u00f3lo hasta el 28 de octubre posterior, alleg\u00f3 oficio que daba cuenta que los embargos decretados fueron registrados desde el 26 de agosto de 2015. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pero adem\u00e1s de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que entre la inscripci\u00f3n de la medida cautelar y el inicio del cese de actividades, lo que ocurri\u00f3 el 14 de enero de 2016, transcurrieron 5 meses, y durante ese periodo el promotor del amparo no ejerci\u00f3 actuaci\u00f3n alguna tendiente a notificar al convocado; siendo claro que su condici\u00f3n pasiva no solo se present\u00f3 en dicha \u00e9poca, sino que continu\u00f3 una vez se reactiv\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio judicial. <\/p>\n
Lo anterior de atender que solo hasta el 6 de junio de 2016, cuando hab\u00edan transcurrido 3 meses desde que se dio la apertura de los despachos judiciales, lo cual ocurri\u00f3 el 10 de marzo anterior, remiti\u00f3 el citatorio que contemplaba el art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u00bb (STC14529-2018). <\/p>\n
5. Ahora, en punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC7493-2021). <\/p>\n
6. Por contera, se acceder\u00e1 al resguardo inquirido, para que la Corporaci\u00f3n convocada resuelva nuevamente la alzada, analizando los puntuales reparos del apelante, y atendiendo lo aqu\u00ed considerado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por el accionante. En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, en el marco del proceso ejecutivo que Jorge Luis Rodr\u00edguez Burgos interpuso en contra de Luis Roberto Lacharme M\u00e9ndez, con radicado No. 2019-00053, as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones que dependan de \u00e9sta. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la aludida Corporaci\u00f3n, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso de alzada interpuesto contra el fallo de primer grado emitido el 7 de julio de 2021 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo. <\/p>\n
TERCERO: COMUN\u00cdQUESE lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. SC5755 de 9 de mayo de 2014, rad. 11001311001319900065901. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC2688 de 20 de febrero de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00216-00, reiterada en STC8814 de 8 de julio de 2015, exp. 25000-22-13-000-2015-00271-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC9521 de 14 de julio de 2016, exp. 08001-22-13-000-2016-00240-01 <\/p>\n
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STC1251-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1251-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00307-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}