STC1252-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1252-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2021-00172-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Anderzon Genaro Hern\u00e1ndez Bobadilla contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, contradicci\u00f3n, doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se revoque \u00abla decisi\u00f3n\u2026 de fecha 12-05-2021, que declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como el \u00abauto de fecha 25 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 una solicitud de nulidad procesal… denominada \u2018falta de jurisdicci\u00f3n\u2019\u00bb; y se disponga que se \u00abcontin\u00fae el proceso… hasta la instancia prevista por el ordenamiento procesal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Anderzon Genaro Hern\u00e1ndez Bobadilla promovi\u00f3 proceso de responsabilidad civil contra la Electrificadora del Meta SA ESP y llamada en garant\u00eda La Previsora, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Villavicencio, el que en auto de 25 de marzo de 2021 resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por la demandada Electrificadora del Meta SA ESP y Previsora, declar\u00e1ndola pr\u00f3spera, decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso a los juzgados administrativos. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en auto de 12 de mayo de 2021 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad declar\u00f3 inadmisible la alzada, record\u00e1ndole al a-quo que en los eventos en los que se encontraba probada dicha excepci\u00f3n, se ordenaba remitir el expediente al juez que le correspondiera y lo actuado conservaba validez. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que se incurri\u00f3 en violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y en defecto procedimental; que inici\u00f3 el proceso por el incumplimiento de la demanda en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos por 4 meses; y que no exist\u00eda ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa acciones que dirimieran el incumplimiento de dicha empresa por el mencionado convenio, pues se reg\u00eda exclusivamente por reglas del derecho privado. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda abundante jurisprudencia y preceptos normativos que advert\u00edan que era la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en cabeza de los jueces civiles, la encargada de conocer de las disputas originadas por el incumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, sin atender si la empresa prestadora de los mismos fuera de econom\u00eda mixta, p\u00fablica o privada. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero se inadmiti\u00f3 la alzada, pese a que se trataba de una providencia que resolvi\u00f3 sobre una nulidad; y que se contrariaba lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 que atribu\u00eda el conocimiento de esta demanda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio indic\u00f3 que con anterioridad se hab\u00edan presentado distintas tutelas; que esta acci\u00f3n excepcional no era una tercera instancia; que el despacho no hab\u00eda actuado de forma negligente; que la decisi\u00f3n que dispuso la inadmisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n criticada cumpli\u00f3 con el an\u00e1lisis de las realidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, dentro del marco de autonom\u00eda y competencia otorgada; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Municipal de esa ciudad remiti\u00f3 copia del expediente criticado. <\/p>\n
3. La Previsora SA Compa\u00f1\u00eda de Seguros refiri\u00f3 que no se hab\u00eda demostrado el alegado incumplimiento por parte de la Electrificadora; que era la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa la que deb\u00eda conocer del asunto; que el estrado municipal acusado actu\u00f3 en derecho; que se resolvi\u00f3 una excepci\u00f3n previa, que no una nulidad, por lo que no era apelable; que los convocados no contrariaron el orden procesal; y que esta era la s\u00e9ptima petici\u00f3n de amparo que presentaban los gestores, con lo que se estar\u00eda entorpeciendo la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. La Electrificadora del Meta SA ESP adujo que dada su composici\u00f3n accionaria y conforme a lo previsto en el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cualquier proceso que se iniciara en su contra deb\u00eda ser conocido por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, incluso si la controversia era de car\u00e1cter privado; que no se hab\u00eda violado derecho fundamental alguno; y que deprecaba que no se accediera a las pretensiones del promotor. <\/p>\n
5. Yolber Arlington Hern\u00e1ndez Bobadilla solicit\u00f3 que se concediera el resguardo solicitado, en tanto que se estaba resolviendo fuera del ordenamiento jur\u00eddico y afectando ampliamente los derechos fundamentales de la parte demandante. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor debi\u00f3 recurrir en reposici\u00f3n el auto de 10 de mayo de 2021 con el que el estrado del circuito se neg\u00f3 a conocer de la alzada interpuesta frente a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por Electrificadora del Meta SA ESP y Fiduprevisora, anul\u00f3 lo actuado y remiti\u00f3 el proceso a los estrados administrativos, siendo ese el escenario id\u00f3neo para que se debatieran sus argumentos; que no se pod\u00eda usar esta acci\u00f3n excepcional para rescatar oportunidades por su descuido o para revivir t\u00e9rminos judiciales; que en todo caso, las decisiones criticadas se profirieron con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros legales establecidos, se encuentran debidamente motivadas por los falladores criticados, quienes explicaron sus fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, los que no resultan arbitrarios ni constituyen v\u00eda de hecho; que no advert\u00eda la existencia de un perjuicio irremediable; que el accionante ven\u00eda presentando m\u00faltiples acciones de tutela, modificando sutilmente los hechos en el sentido de agregar una inconformidad procesal distinta, pero con la misma finalidad, esto es, que la jurisdicci\u00f3n ordinaria siguiera conociendo de su proceso, lo que no se pod\u00eda pasar por alto, m\u00e1s cuando formul\u00f3 2 quejas constitucionales que se acumularon a la presente, por lo que de haberse resuelto de forma separada se configurar\u00eda la temeridad, raz\u00f3n por la cual oficiar\u00eda a los otros despachos de esa ciudad para prevenirlos sobre las acciones temerarias presentadas en el proceso con miras a que adoptaran las medidas correccionales procedentes, en caso de incurrirse en conductas similares. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se resolvi\u00f3 el asunto fuera del ordenamiento jur\u00eddico y la abundante jurisprudencia que dispon\u00eda que los jueces civiles conoc\u00edan de los asuntos cuya controversia contractual versaba entre empresas y suscriptores o usuarios por ser un contrato de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos con condiciones uniformes, que se reg\u00eda por las reglas del derecho privado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que si bien el estrado acusado declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta, las diligencias fueron remitidas para su conocimiento a los estrados administrativos de esa ciudad, por lo que el presente amparo constitucional resulta prematuro, pues al momento de su interposici\u00f3n no se hab\u00eda resuelto en forma definitiva lo atinente a la aludida competencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye la inviabilidad del resguardo, por cuanto el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que deben adoptarse en ese tr\u00e1mite y que son del resorte exclusivo de juez natural, porque invadir\u00eda injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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