STC1254-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1254-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00334-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Adri\u00e1n Enrique Botto Redondo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, y, los Juzgados S\u00e9ptimo Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito, ambos de la prenombrada ciudad\u00b8 tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la Alta Corporaci\u00f3n y la Colegiatura accionadas, en el marco de la salvaguarda que promovi\u00f3 contra los Juzgados S\u00e9ptimo Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, radicado No. 2021-00219. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abrevocar la providencia tanto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sala de decisi\u00f3n de tutelas (\u2026) como de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta\u00bb, y, \u00abal se\u00f1or juez S\u00e9ptimo Penal Municipal de Santa Marta, que tramite el nuevo incidente de desacato contra el representante legal de Allianz Seguros de Vida S.A., obligado directo al cumplimiento del fallo, que se neg\u00f3 a tramitar por auto de fecha 6 de agosto de 2021\u00bb; adem\u00e1s, \u00abal se\u00f1or Juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, que decida en consulta, el desacato del suscrito, con base en las pautas que da la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que viene padeciendo una serie de patolog\u00edas desde hace m\u00e1s de 13 a\u00f1os, sin recibir un concepto favorable de rehabilitaci\u00f3n, por lo cual la EPS Coomeva le ha venido prestando el servicio de salud, siendo la ARL Allianz Seguros de Vida quien ha autorizado las asistencias m\u00e9dicas y le cancela las prestaciones econ\u00f3micas, debido a que fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del \u00ab36.38%\u00bb por enfermedad profesional, la cual, dice, no le permite realizar actividad laboral alguna. <\/p>\n
Sostiene que el 17 de noviembre de 2017, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Santa Marta le concedi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que interpuso para que Allianz Seguros de Vida SA le pagara unas incapacidades m\u00e9dicas, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 7 de febrero de 2018, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, por lo cual, la accionada le cancel\u00f3 las incapacidades reclamadas y continu\u00f3 haci\u00e9ndolo con otras posteriores, \u00abpero de repente su representante legal se neg\u00f3 a seguir cancelando dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, pese a la existencia de esa orden de apremio y que se trata de una obligaci\u00f3n derivada de la Ley\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, por el anotado incumplimiento, el 31 de agosto de 2020, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Santa Marta le impuso sanci\u00f3n por desacato al representante legal de la citada aseguradora, decisi\u00f3n que refrend\u00f3 en sede de consulta el 7 de septiembre siguiente, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Narra que ante la reiteraci\u00f3n de la omisi\u00f3n por parte del representante legal de Allianz Seguros de Vida SA, solicit\u00f3 la apertura de otro incidente de desacato, siendo \u00e9ste nuevamente sancionado el 24 de febrero de 2021, por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 en sede de consulta el 12 de marzo siguiente, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma urbe. <\/p>\n
Finalmente afirma, que junto con su familia dependen del ingreso econ\u00f3mico derivado de las incapacidades en comento, por lo cual pidi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Santa Marta que tramitara otro incidente de desacato, pero \u00e9ste se neg\u00f3 el 6 de agosto de 2021, con base en lo decidido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, motivo por el cual interpuso una nueva acci\u00f3n de tutela contra los prenombrados estrados, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, quien el 4 de octubre posterior declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 sin \u00e9xito, pues fue confirmada el 30 de noviembre pasado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, quebrantando as\u00ed, dice, sus bienes jur\u00eddicos primarios. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 2 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
b). El Juez Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa localidad, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del tr\u00e1mite constitucional cuestionado, dentro de las que resalt\u00f3, que el 12 de marzo de 2021 revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato que el 24 de febrero anterior impuso el Juzgado S\u00e9ptimo Penal con Funciones de Conocimiento de Santa Marta al representante legal de Allianz Seguros de Vida S.A., porque el incumplimiento endilgado no obedeci\u00f3 a un actuar negligente del incidentado y por lo tanto hab\u00eda ausencia de responsabilidad subjetiva; adem\u00e1s que se evidenciaron irregularidades en la emisi\u00f3n de varias incapacidades y la falta del pago de las mismas no atentaba contra el m\u00ednimo vital del actor, lo cual pod\u00eda constituir un abuso del derecho, lo que llev\u00f3 adem\u00e1s a que se presentara una denuncia penal contra \u00e9ste por fraude procesal y estafa agravada. <\/p>\n
c). El secretario del Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuraci\u00f3n de esa misma ciudad, cit\u00f3 las principales actuaciones procesales desplegadas en el decurso criticado, y refiri\u00f3 que el 6 de agosto de 2021 se neg\u00f3 a abrir el incidente de desacato solicitado por el aqu\u00ed interesado, al validar lo expuesto por la aseguradora accionada frente al supuesto incumplimiento endilgado. <\/p>\n
d). Al momento de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por el ciudadano Adri\u00e1n Enrique a trav\u00e9s de este mecanismo especial\u00edsimo de protecci\u00f3n, es que se revoque la sentencia constitucional proferida el 30 de noviembre del a\u00f1o pasado por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, que mantuvo en todas sus partes la decisi\u00f3n del 4 de octubre anterior de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, que le neg\u00f3 el amparo reclamado frente a los Juzgados S\u00e9ptimo Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito de esa localidad, pues en su sentir, esos Despachos al no dar tr\u00e1mite al incidente de desacato que solicit\u00f3 contra la ARL Allianz Seguros de Vida S.A., por el supuesto no pago de unas incapacidades m\u00e9dicas, hacen viable la intervenci\u00f3n de otro juez de tutela. <\/p>\n
4. No obstante, de conformidad con lo que precede se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la decisi\u00f3n de fondo de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, tramitada por la Colegiatura y la Alta Corporaci\u00f3n accionadas, lo que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, sino la impugnaci\u00f3n de lo decidido y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
5. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento puede ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, conforme lo establece el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, mecanismo a trav\u00e9s del cual el Defensor del Pueblo o cualquier Magistrado de dicha Corporaci\u00f3n podr\u00e1 pedir a \u00e9sta su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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