STC1255-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1255-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-01174-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00b0 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Antonio Ara\u00fajo Arizala contra el Juzgado Veintinueve de Familia de esta ciudad, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y Dep\u00f3sitos Judiciales del Cesar S.A.S., tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el pleito de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00b0 2013-00882. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso \u00abpropiedad privada\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado, al no hacer \u00abentrega efectiva\u00bb del automotor cuya cautela se decret\u00f3 y cancel\u00f3 dentro del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de separaci\u00f3n de bienes que en su contra impetr\u00f3 Martha Isabel Santos Rivera, \u00abmediante auto de fecha 26 de septiembre de 2013, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 decret\u00f3, entre otros, el embargo del veh\u00edculo automotor de placas BWE880 [que corresponde a] camioneta marca Toyota Hilux [modelo 2006]\u00bb, figurando \u00e9l como su titular inscrito; que para la respectiva liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, el asunto se remiti\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Descongesti\u00f3n -hoy Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1-, quien avoc\u00f3 conocimiento el 29 de abril de 2015. <\/p>\n
Que con prove\u00eddo \u00abde fecha 30 de junio de 2016 [el accionado] ordena la aprehensi\u00f3n e inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo automotor\u00bb, obrando en el expediente \u00abmemorial radicado el d\u00eda 25 de agosto de 2016 por parte de Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos por embargo New Buenos Aires S.A.S.\u00bb, seg\u00fan el cual, el automotor \u00abfue puesto bajo nuestra custodia (\u2026), bodega ubicada en la carrera 123 No. 13-21 Fontib\u00f3n el Recodo, con fecha de inventario 12 de agosto de 2016 N 3345\u00bb, respecto de lo cual el ac\u00e1 accionante \u00abno suscribi\u00f3 ni celebr\u00f3 contrato alguno\u00bb, pues \u00e9l no fue quien lo entreg\u00f3 y tampoco autoriz\u00f3 dejarlo bajo custodia de la referida empresa. <\/p>\n
Que el 15 de agosto de 2017, el Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos por embargo New Buenos Aires S.A.S, \u00abpone en conocimiento del despacho la cesi\u00f3n del contrato del servicio de parqueadero de veh\u00edculos inmovilizados por orden judicial [a] Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos Juridicars [y] sin que exista autorizaci\u00f3n para la realizaci\u00f3n de dicha cesi\u00f3n (\u2026), el Juzgado 29 de Familia no dice nada al respecto ni ofici\u00f3 a la entidad correspondiente, a pesar de estar el veh\u00edculo (\u2026) a disposici\u00f3n de ese despacho\u00bb. Dos d\u00edas despu\u00e9s, la empresa cedente inform\u00f3 al juzgado \u00abel traslado del veh\u00edculo de placas BWE880 desde Bogot\u00e1 hacia Valledupar, sin que exista autorizaci\u00f3n para la realizaci\u00f3n de dicho traslado ni mucho menos orden judicial, frente a lo cual el [accionado] no dice nada al respecto ni oficia a la entidad correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante providencia fechada diciembre 05 de 2017\u00bb, la autoridad querellada aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n realizado dentro del proceso liquidatorio, y dispuso \u00ablevantar las medidas cautelares\u00bb, y para hacer efectiva la cancelaci\u00f3n de la aprehensi\u00f3n material del referido veh\u00edculo, el juzgado \u00ablibr\u00f3 el oficio No. 0756 de fecha 17 de mayo de 2018\u00bb, impartiendo orden consistente en \u00abhacer entrega del rodante\u00bb, reiter\u00e1ndola con \u00aboficio No. 1343 de fecha 02 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que su apoderado judicial viaj\u00f3 a Valledupar y al dirigirse a la direcci\u00f3n \u00abdonde presuntamente se encontraba el veh\u00edculo\u00bb, recibi\u00f3 informaci\u00f3n en el sentido que \u00ablo tiene su patr\u00f3n de nombre Diego y que se encuentra en el Parqueadero Buenavista ubicado en la carrera 19 No. 44-125\u00bb, lugar al que \u00abno le dejan ingresar a fin de verificar si all\u00ed se encontraba la camioneta\u00bb; no obstante, los oficios notificando la orden judicial, \u00abfueron radicados el d\u00eda 03 de septiembre de 2018 en Valledupar, recibidos por [el] presunto funcionario de Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos por embargo Buenos Aires S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Que seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por la persona que atendi\u00f3 la visita del abogado en Valledupar, \u00abpara la entrega del veh\u00edculo automotor de placas BWE880 se debe pagar la suma de $26.489.400 y como prueba de ello expide un documento que denomina prefactura, incurriendo en fraude a resoluci\u00f3n judicial pues seg\u00fan [los oficios antes citados, el juzgado] ordena la entrega sin condicionamiento alguno como el pago de bodegaje o similares a costa de \u00c1lvaro Antonio Ara\u00fajo Arizala\u00bb. <\/p>\n
Que previa comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica, \u00abfinalmente el d\u00eda 24 de septiembre de 2018, el se\u00f1or Diego deja ver desde la distancia el veh\u00edculo (\u2026), el cual efectivamente se encontraba en el Parqueadero Buenavista [el cual] no tiene relaci\u00f3n alguna con la Rama Judicial, a la intemperie, en p\u00e9simas condiciones [y que de este] se hab\u00edan perdido las llaves\u00bb, reiter\u00e1ndose que para su entrega, deb\u00eda pagar \u00ab$26.489.400 con expedici\u00f3n de factura o la suma de $20.000.000 sin factura, o en su defecto que \u00e9l paga la suma de $7.000.000 (\u2026), lo que evidencia actos de querer apoderarse de la camioneta\u00bb. <\/p>\n
Que la situaci\u00f3n anterior fue puesta en conocimiento del querellado \u00abel d\u00eda 03 de octubre de 2018\u00bb, solicitando la entrega del veh\u00edculo \u00abcon todos sus aditamentos\u00bb, en Bogot\u00e1 y \u00abse ordene la no cancelaci\u00f3n de bodegaje\u00bb ni de \u00abtransporte de Bogot\u00e1 a Valledupar y viceversa\u00bb; igualmente, \u00abse ordene la custodia y revista diaria a las autoridades del Departamento de Polic\u00eda Nacional Cesar, a la Polic\u00eda Judicial SIJIN \u2013 Cesar [y] realizar a una revisi\u00f3n t\u00e9cnica de identificaci\u00f3n y guarismos al rodante (\u2026) y un barrido de antecedentes y requerimientos judiciales al mismo, especialmente desde el d\u00eda de la incautaci\u00f3n en Bogot\u00e1 (12 de agosto de 2016)\u00bb. <\/p>\n
Que con auto del 25 de octubre de 2018, el juzgado orden\u00f3 \u00abestarse a lo resuelto en sentencia del 05 de diciembre de 2017, mediante la cual dispuso levantar las medidas cautelares\u00bb; ahora, \u00abrespecto de la no cancelaci\u00f3n del bodegaje del veh\u00edculo (\u2026) niega dicha petici\u00f3n comoquiera que la misma corresponde a las partes\u00bb, y acot\u00f3 que \u00abno es competencia del despacho realizar dichas liquidaciones, como tampoco el manejo de las citadas tarifas [y que] el proceso ya se encuentra terminado y la orden de entrega del veh\u00edculo en firme\u00bb. Por lo que, \u00abse observa sin asomo de duda, la negligencia [de los accionados], quienes por mandato legal deben realizar la entrega del veh\u00edculo (\u2026), sin condicionamiento alguno (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se declare \u00abque el se\u00f1or \u00c1lvaro Antonio Ara\u00fajo Arizala no tiene obligaci\u00f3n alguna frente al pago de parqueadero, bodegaje o similares del veh\u00edculo de placas BWE-880, desde la aprehensi\u00f3n del rodante hasta la fecha de entrega\u00bb, y \u00abordenar a las accionadas, realizar la entrega inmediata del veh\u00edculo [al accionante], en la ciudad de Bogot\u00e1, en las mismas condiciones en que fue aprehendido (\u2026), sin condicionamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, se opuso a lo pretendido al se\u00f1alar en relaci\u00f3n con el rodante aprehendido que \u00abmediante escrito del 25 de agosto de 2016, el representante legal de \u201cdep\u00f3sito de veh\u00edculos por embargo New Buenos Aires S.A.S.\u201d, informa que el veh\u00edculo de placa BWE 880, fue puesto bajo custodia en dicho dep\u00f3sito [y] \u201cNos reservamos el derecho de trasladar los veh\u00edculos a cualquiera de nuestras instalaciones sin previo aviso, por favor informarnos con (2) d\u00edas de anterioridad para el secuestro, por motivo de ubicaci\u00f3n de nuevas sedes\u201d, [y que] el 17 de agosto de 2017, se alleg\u00f3 contrato de cesi\u00f3n de servicio de parqueadero y se inform\u00f3 que el veh\u00edculo se encuentra (\u2026) en Valledupar, documentos que se pusieron en conocimiento de los interesados\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la petici\u00f3n de entrega elevada por el hoy accionante, fue resuelta con \u00abauto del 25 de octubre de 2018\u00bb, record\u00e1ndole que \u00abse decret\u00f3 el levantamiento de la cautela que pesaba sobre el mismo y se ofici\u00f3 a las diferentes entidades para el levantamiento y la entrega del bien, siendo carga suya el pago de parqueadero\u00bb, en tanto los veh\u00edculos inmovilizados \u00abgeneran gastos para su guarda y custodia, los cuales deben ser cancelados por los interesados una vez levantadas las cautelas y ordenada su entrega\u00bb, acotando que lo anterior se orden\u00f3 \u00abdesde el a\u00f1o 2017 (\u2026), sin que los interesados hubiesen cancelado los gastos del parqueadero para el retiro del automotor de las instalaciones en donde se encuentra, tan es as\u00ed que el proceso de la referencia estuvo por m\u00e1s de dos a\u00f1os archivado y que con ocasi\u00f3n a esta acci\u00f3n debi\u00f3 ser desarchivado\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar, tras precisar su cuenta de correo electr\u00f3nico, inform\u00f3 que \u00abla Naci\u00f3n \u2013 Rama Judicial \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar, como encargada de ejecutar las actividades de apoyo a la funci\u00f3n judicial en el \u00e1mbito local de jurisdicci\u00f3n en los departamentos del Cesar y La Guajira, conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, no tiene relaci\u00f3n directa con el parqueadero o establecimiento de comercio se\u00f1alado\u00bb, y por ello solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. El Juez Sexto de Familia de Bogot\u00e1, dijo que luego de fallar el declarativo de separaci\u00f3n de bienes el 11 de febrero de 2014, para continuar con la etapa liquidatoria se remiti\u00f3 el asunto al juzgado de descongesti\u00f3n, por lo que \u00abla medida de aprehensi\u00f3n y posterior secuestro del veh\u00edculo no eman\u00f3 ni fue de conocimiento de este despacho\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional \u2013 Seccional Cesar, inform\u00f3 que \u00abel 18-11-2021 se recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n (\u2026) donde se orden\u00f3 a la SIJIN-Cesar Grupo de Automotores, realizar una revisi\u00f3n t\u00e9cnica de identificaci\u00f3n y guarimos al rodante de Placas BWE880, y un barrido de antecedentes y requerimientos judiciales al mismo veh\u00edculo especialmente desde el d\u00eda de la incautaci\u00f3n en Bogot\u00e1 (12 de agosto de 2016), que se encuentra ubicado en predios del Parqueadero Buena Vista de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
Que el 19 de noviembre de 2021, el perito se traslad\u00f3 a \u00abla carrera 19 No. 44-125 en Valledupar [donde] fue atendido por el se\u00f1or Martin Pereira, quien manifest\u00f3 (\u2026) que en el predio no se hallaba ning\u00fan veh\u00edculo con esas caracter\u00edsticas [porque] all\u00ed no funciona ninguna bodega de veh\u00edculos inmovilizados por orden judicial (\u2026), se intent\u00f3 tomar contacto telef\u00f3nico a los abonados (\u2026), pero no fue posible (\u2026), se indag\u00f3 con vecinos del sector que manifestaron no entregar sus identificaciones por no verse involucrados en alg\u00fan proceso judicial, refirieron que anteriormente en este lugar se guardaban veh\u00edculos inmovilizados pero que lo hab\u00edan trasladado por que este predio es propiedad de la alcald\u00eda municipal de Valledupar. De igual forma se verific\u00f3 en el sistema Integrado de Automotores de la Polic\u00eda Nacional la placa BWE880, y se pudo establecer que este veh\u00edculo registra una orden de inmovilizaci\u00f3n cancelada [por] el Juzgado 29 de Familia de Bogot\u00e1 [el] 26-07-2016, mediante oficio 1055\u00bb. <\/p>\n
5. Karent Mendieta, \u00abencargada de la propiedad ubicada en la carrera 16 N. 14-44 de la ciudad de Valledupar\u00bb, precis\u00f3 que esa direcci\u00f3n no corresponde al lugar de notificaciones de Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos Buenos Aires SAS, quien \u00abfue nuestro inquilino (\u2026) hasta el 6 de septiembre de 2019\u00bb, por lo que \u00abel predio no es y nunca ha sido propiedad de [la requerida empresa]\u00bb. <\/p>\n
6. El agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al despacho, manifest\u00f3 \u00abque no ha participado en tr\u00e1mite alguno, ni en los hechos y pretensiones presentadas en esta acci\u00f3n de tutela, ni ha ejercido acciones que vulneren los derechos que se pretenden tutelar\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la juez \u00abha actuado dentro de los par\u00e1metros establecidos en la ley, sin que se observe en su actuaci\u00f3n v\u00eda de hecho que comprometa los derechos fundamentales invocados, pues se advierte que es deber del juzgador, habiendo terminado el proceso (\u2026), levantar las medidas cautelares que se decretaron en curso del mismo y la orden de entrega de los bienes, como bien lo hizo\u00bb, por lo que \u00abno podr\u00eda ordenar la entrega material del automotor sin el pago de alguna contraprestaci\u00f3n por el parqueo del mismo (\u2026) pues debe tener presente el actor que la captura del automotor de placas BWE-880, obedeci\u00f3 a la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares que decret\u00f3 el juzgado a petici\u00f3n de una de las partes\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que \u00abno se trata de un asunto de autorizaci\u00f3n del propietario del automotor para su bodegaje, pues los veh\u00edculos que son inmovilizados por orden judicial, conforme el art\u00edculo 167 de la ley 769 de 2002 y reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No 2586 de 2004, deben conducirse a parqueaderos cuya responsabilidad ser\u00e1 de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial, lo cual se hizo, luego el hecho de que se realice el cobro de las tarifas que se generaron durante la estancia del veh\u00edculo en las instalaciones del parqueadero (\u2026), es una obligaci\u00f3n que deben costear las partes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para criticar que la decisi\u00f3n de primera instancia, \u00abdesconoce que el art. 167 de la Ley 769 de 2002 fue declarado inexequible\u00bb, y con ello el \u00abderecho a la propiedad privada [el cual] no solo encuentra un fundamento en la Constituci\u00f3n, sino que hace parte de la normatividad internacional y del bloque de constitucionalidad\u00bb. Destac\u00f3 enseguida que \u00abla persona que tiene actualmente el poder sobre el veh\u00edculo [y] quien ha estado extorsionando al [accionante] constri\u00f1\u00e9ndolo a hacer el pago de sumas de dinero desproporcionadas, con el prop\u00f3sito de obtener provecho il\u00edcito\u00bb, o en su defecto, realizarle el \u00abtraspaso del rodante\u00bb a cambio de \u00ab$7.000.000\u00bb, y pidi\u00f3 aplicar los precedentes contenidos en sentencias T-1000\/01 y T-748\/03. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al no autorizar la entrega del veh\u00edculo adjudicado dentro del liquidatorio n\u00b0 2013-00882, sin el pago del servicio de parqueadero causado desde su inmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrito el estudio al objeto antes definido, de la revisi\u00f3n a los argumentos de la reclamaci\u00f3n y a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la acci\u00f3n no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico que enseguida pasa a explicarse. <\/p>\n
De la inmediatez. <\/p>\n
Por cuanto la actuaci\u00f3n procesal cuestionada refiere a la negaci\u00f3n de pedimentos elevados al interior del liquidatorio, en particular el enfilado a que \u00abse ordene la entrega de la camioneta BWE-880, ipso facto, que se encuentra en predios del parqueadero Buena Vista de Valledupar, [y] la NO cancelaci\u00f3n de bodegaje por el tiempo [transcurrido] desde la incautaci\u00f3n a la fecha de entrega\u00bb, el impedimento de procedibilidad emerge porque el pronunciamiento judicial data del 25 de octubre de 2018, mientras la instauraci\u00f3n de esta querella tuvo lugar el 17 de noviembre de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, excediendo ampliamente el lapso que la jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promoverla de manera tempestiva. <\/p>\n
En efecto, a tono con precedentes de la Corte Constitucional, esta Sala ha dicho y reiterado que la procedibilidad de la salvaguarda se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar los seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n tildada como vulneradora de las prerrogativas esenciales, presupuesto que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC16456-2021, 2 dic. 2021, rad. 00363-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00320-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado en precedencia, se impone respaldar el fallo desestimatorio de la salvaguarda, precisando que su improcedencia deviene porque, frente a los supuestos desafueros endilgados a la autoridad judicial, no se satisface el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1255-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1255-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-01174-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}