STC1258-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1258-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2021-00675-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Serviteca Giogiomania SAS contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado once Civil Municipal del mismo lugar y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb e igualdad \u00abfrente a las normas y antecedentes jurisprudenciales\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado del circuito acusado \u00abpronunciarse dentro de la sentencia en lo referente a los argumentos de la apelaci\u00f3n y se falle de conformidad a las normas y jurisprudencias que gobiernan el caso\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en fallo de 29 de septiembre siguiente la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que el 9 de julio de 2015 Ivonne Patricia Rozo \u00c1ngel, propietaria del veh\u00edculo de placas USD-071, a trav\u00e9s de Jorge Eliecer Puentes, se lo entreg\u00f3 para su lavado; que dicho automotor fue hurtado sin violencia por desconocidos dentro de las instalaciones de la Serviteca, pues se cometi\u00f3 el error de entregar el rodante sin el recibo de ingreso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la referida propietaria hab\u00eda celebrado un contrato de seguro de autom\u00f3viles con Seguros Generales Suramericana SA, por lo que fue indemnizada por el mismo valor del siniestro, subrog\u00e1ndose as\u00ed en sus derechos; y que el pago ascendi\u00f3 a la suma de $155.103.000, raz\u00f3n por la que aquella hizo el traspaso y tradici\u00f3n a nombre de la aseguradora. <\/p>\n
2.5. Adujo que el 10 de diciembre de 2015 Seguros Generales Suramericana SA la convoc\u00f3 a ella y a la Previsora Compa\u00f1\u00eda de Seguros a una audiencia de conciliaci\u00f3n con miras a recobrar los mencionados $155.103.000; y que despu\u00e9s de distintas ofertas se logr\u00f3 un acuerdo de autocomposici\u00f3n litigiosa, en el que le pag\u00f3 a la convocante $65.000.000. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que con posterioridad el veh\u00edculo fue encontrado por las autoridades, quienes enteraron a la aseguradora, \u00faltima que \u00abcontrariando deberes de lealtad y comportamiento\u00bb no le inform\u00f3 de dicho hallazgo, por lo que recuper\u00f3 la tenencia del rodante y procedi\u00f3 a venderlo a un tercero de buena fe, con desconocimiento de sus derechos, pues ya hab\u00eda indemnizado los perjuicios causados a ra\u00edz del hurto del automotor. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se enter\u00f3 del aludido hallazgo, por lo que infructuosamente trat\u00f3 de \u00abhacerse al veh\u00edculo y\/o en \u00faltimas al reembolso de lo indemnizado\u00bb; que la aseguradora recibi\u00f3 dos veces el pago del siniestro, \u00aba pesar que en estricto sentido matem\u00e1tico pudiera ser inferior de lo recibido por la demandada de la sumatoria de la venta del rodante m\u00e1s lo recibido por Serviteca Gigiomania SAS\u2026\u00bb; y que cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n a dicha compa\u00f1\u00eda de seguros, pero la misma result\u00f3 fallida, por lo que promovi\u00f3 el juicio censurado. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se dict\u00f3 sentencia desestimatoria de sus pretensiones, por lo que present\u00f3 alzada con base en la subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, el contrato de transacci\u00f3n, la inexistencia de cosa juzgada, la responsabilidad contractual y extracontractual; y que en segunda instancia se mantuvo dicha determinaci\u00f3n por no aparecer compromiso expreso de la aseguradora de devolver el veh\u00edculo hurtado. <\/p>\n
2.9. Manifest\u00f3 que el fallo de segundo grado era formal, resolvi\u00f3 el asunto en contrav\u00eda de las normas que gobernaban el problema y en desconocimiento de los precedentes judiciales; que el fallador deb\u00eda pronunciarse frente a los argumentos del apelante; y que no se tuvieron en cuenta sus alegatos. <\/p>\n
2.10. Indic\u00f3 que le causaba sorpresa que las providencias proferidas no se detuvieran a analizar la figura de la subrogaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, pese a que se invoc\u00f3 la misma; y que por no aclarar que en caso de aparecer el veh\u00edculo le pertenec\u00eda, se le expropi\u00f3 el mismo. <\/p>\n
2.11. Sostuvo que la justicia encontr\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la aseguradora era conforme a derecho al no pactarse la devoluci\u00f3n en el acuerdo transaccional; y que se contrariaban los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Seguros Generales Suramericana SA indic\u00f3 que realiz\u00f3 el pago del valor asegurado del automotor, por lo que surgi\u00f3 la subrogaci\u00f3n; que el valor que cancel\u00f3 fue $172.658.854, pues el veh\u00edculo contaba con amparos adicionales; que se suscribi\u00f3 una conciliaci\u00f3n que resolvi\u00f3 de manera total y definitiva las diferencias surgidas con la accionante, con la que esta \u00faltima se comprometi\u00f3 a pagar $65.000.000 y la aseguradora renunci\u00f3 a continuar con el recobro del valor total indemnizado; que no se le indemnizaron todos los perjuicios sufridos, sino que con el acuerdo se lleg\u00f3 a una renuncia rec\u00edproca de intereses; que la gestora pag\u00f3 menos del 50% del precio del automotor; que el valor de ese veh\u00edculo y el ingreso por el recobro no super\u00f3 la suma cancelada por el siniestro; que atendi\u00f3 los requerimientos de la petente; que la decisi\u00f3n de la venta se le inform\u00f3 a la Serviteca, la que present\u00f3 una oferta de compra que le fue rechazada; que la quejosa busc\u00f3 obtener un beneficio econ\u00f3mico superior a lo pagado, sin que tuviera derecho sobre el automotor, pues este hab\u00eda sido matriculado como de propiedad de la aseguradora; que no exist\u00eda enriquecimiento injustificado, pues recibi\u00f3 proximadamente $140.000.000; que no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; que la sentencia era razonable; que el precedente invocado no aplicaba; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que dict\u00f3 sentencia el 29 de septiembre de 2021 con la que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado; que la determinaci\u00f3n adoptada fue el resultado del an\u00e1lisis y la valoraci\u00f3n del acervo probatorio; que la tutela no era una tercera instancia; y que no se violaron garant\u00edas procesales, ni derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. El Juzgado Once Civil Municipal de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que no conculc\u00f3 ninguna prerrogativa esencial; que se protegieron los intereses de las partes y se desarrollaron las etapas procesales pertinentes hasta culminar el proceso; y que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional. <\/p>\n
4. Conforme a los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las decisiones emitidas por los estrados acusados estaban fundadas en razones de hecho y de derecho que las sosten\u00edan de manera l\u00f3gica; que se estudiaron los problemas jur\u00eddicos -responsabilidad civil contractual y extracontractual-, concluyendo que bajo el primer instituto no prosperaba la demanda porque en la conciliaci\u00f3n la aseguradora no se oblig\u00f3 a devolver ninguna suma de dinero o el veh\u00edculo hurtado en caso de que apareciera, y bajo el segundo, el fallador concluy\u00f3 que no estaba demostrada la conducta culposa de la demandada, por lo que no eran procedentes las pretensiones invocadas; y que no ten\u00eda competencia para imponer una soluci\u00f3n distinta, sino para verificar si la determinaci\u00f3n era razonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se estudi\u00f3 la normatividad de la subrogaci\u00f3n de contrato de seguro, la transacci\u00f3n, la buena fe en la ejecuci\u00f3n de los contratos o la responsabilidad aquiliana; y que el fallo de segundo grado contrariaba la jurisprudencia y las normas sustanciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia definitoria del proceso de 28 de septiembre de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En lo concerniente a las pretensiones formuladas con base en la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual, vemos clara la existencia del v\u00ednculo entre la actora y la demandada, pues ello se desprende del Acta de Conciliaci\u00f3n firmada por las partes el 04 de marzo de 2015, realizada ante la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga\u2026 Estamos en presencia entonces del primer elemento axiol\u00f3gico de la responsabilidad civil contractual, esto es, el v\u00ednculo contractual bilateral debidamente celebrado entre demandante y demandada, pues el acta de conciliaci\u00f3n contiene la manife[s]taci\u00f3n de volu[n]tad de ambas partes dirigida a generar obligaciones rec\u00edprocas, por consiguiente re\u00fane los requisitos de los art\u00edculos 1037, 1045, 1046 y 1047 del C. Co. <\/p>\n
Ahora, verifiquemos las obligaciones pactadas, para as\u00ed determinar lo que respecta al incumplimiento tard\u00edo o imperfecto de las partes. Seg\u00fan el acta, ellas se obligaron a: \u201cPRIMERA. El se\u00f1or CECILIO ALBERTO VERA ROJAS, actuando como Representante Legal de la SERVITECA GIGIOMANIA S.A.S., se compromete a cancelar a favor de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65’000.000,oo.), por concepto de indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales ocasionados en el siniestro de fecha 09 de julio de 2015, ante el hurto del veh\u00edculo asegurado por SEGUROS SURAMERICANA S.A. de placas USD-071. <\/p>\n
SEGUNDA. La suma anteriormente mencionada ser\u00e1 pagadera en tres (03) cuotas de la siguiente forma\u2026 <\/p>\n
Las partes se declaran a paz y salvo mutuamente y por tanto renuncia a iniciar cualquier reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial relativa al conflicto relacionado en el acuerdo objeto de la conciliaci\u00f3n, siempre y cuando se cumplan las obligaciones aqu\u00ed contra\u00eddas, sin poder reclamar sanci\u00f3n por v\u00eda administrativa o judicial. En constancia se firma la presente acta de conciliaci\u00f3n en original y en copias tantas partes haya; a fin de que se surta el procedimiento de registro previsto en el Decreto 1829 de 2013, siendo las 03:30 p.m., del mismo d\u00eda en que se inicial la audiencia, por los asistentes a la misma.\u201d <\/p>\n
Conforme a lo anterior y al resto del documento (acta), las partes NO pactaron obligaci\u00f3n o derecho alguno entre ellas, frente a la posibilidad de recuperaci\u00f3n del veh\u00edculo hurtado; contrario a ello, guardaron absoluto silencio. M\u00e1s bien, fueron muy claras en renunciar de manera voluntaria a iniciar cualquier reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial relativa al conflicto conciliado, siempre y cuando cumplieran las obligaciones contra\u00eddas, sin poder reclamar sanci\u00f3n por v\u00eda administrativa o judicial. <\/p>\n
De igual manera qued\u00f3 probado, gracias al material de convicci\u00f3n recopilado, especialmente el testimonio rendido por el doctor GIOVANNY ALEXANDER CAMARGO LEAL, abogado de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que ni de manera previa a la celebraci\u00f3n de la Conciliaci\u00f3n ante la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga, se acord\u00f3 algo en relaci\u00f3n al hecho de que el veh\u00edculo fuera recuperado, veamos\u2026 <\/p>\n
Estas razones son suficientes para determinar que la demandada NO INCUMPLI\u00d3 ninguna obligaci\u00f3n, puesto que el contrato aportado, no hace referencia a lo pretendido en la demanda. <\/p>\n
Por lo anterior se colige la inexistencia de incumplimiento por parte de la demandada, pues ni siquiera hubo un pacto respecto de lo reclamado. Ello conlleva a la falta de configuraci\u00f3n del segundo elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual; por ende, NO resulta necesario estudiar los siguientes elementos, motivo m\u00e1s que suficiente para NEGAR las pretensiones princ[i]pales de la demanda. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo ya concluido, hemos de referirnos a lo se\u00f1alado por el apelante, respecto de la buena fe en los contratos; para lo cual se trae a colaci\u00f3n lo dispuesto en Sentencia C-1194\/08, de la Corte Constitucional, donde actu\u00f3 como Magistrado Ponente el doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber\u2026 <\/p>\n
Es cierto que el principio de buena fe est\u00e1 incorporado en todos los contratos; pero no es menos cierto que en este caso concreto, NO se vislumbra que la parte demandada hubiese incurrido en un actuar de mala fe, puesto que en ning\u00fan momento, tal y como ya se dijo, se incluy\u00f3 en la conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes una cl\u00e1usula donde se se\u00f1alara las actuaciones a seguir en el caso de recuperar el automotor hurtado. Por consiguiente, la respue[s]ta al primer problema jur\u00eddico planteado es NEGATIVA. <\/p>\n
Sobre la verificaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, precis\u00f3 que: <\/p>\n
De acuerdo a la liquidaci\u00f3n de siniestros, recibo de egreso N\u00ba 8867724\u2026, al certificado de libertad y tradici\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Transito de Bucaramanga\u2026 y en general a lo consignado en la demanda y contestaci\u00f3n, NO existe duda que estamos en presencia de un hurto del veh\u00edculo TOYOTA l\u00ednea PRADO TXL, modelo 2015 de placas UDS-071, lo que arroj\u00f3 el pago del siniestro asegurado a su due\u00f1a, y el cubrimiento de gastos que fueron necesarios para su recuperaci\u00f3n. El da\u00f1o, en esos t\u00e9rminos, ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado. <\/p>\n
Y respecto de la culpa, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
Aqu\u00ed debemos recordar que con el simple dicho no es posible emitir una sentencia condenatoria, es deber de quien lo profiere, demostrarlo. Remit\u00e1monos nuevamente al caudal probatorio. De la prueba documental se tiene que hac\u00eda las 2:30 P.M. del 04 de Marzo de 2015 se celebr\u00f3 una conciliaci\u00f3n entre SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., SERVITECA GIGIOMANIA S.A.S., y LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS, la que tuvo su origen en el hurto del veh\u00edculo TOYOTA l\u00ednea PRADO TXL, modelo 2015 de placas UDS-071, efectuado el 09 de julio de 2015 en la SERVITECA GIGIOMANIA S.A.S., es decir, en las instalaciones del ahora demandante. Su memoria qued\u00f3 consignada en un acta que obra como prueba documental en esta lid. <\/p>\n
De los testimonios practicados, que fueron recepcionados, el doctor GIOVANNY ALEXANDER CAMARGO LEAL afirm\u00f3 que el se\u00f1or CECILIO VERA, en su calidad de representante legal de la demandante SERVITECA GIGIOMANIA S.A.S., accedi\u00f3 a conciliar previo reconocimiento que el automotor fue hurtado de sus instalaciones por fallas en el manejo de la seguridad. As\u00ed mismo el testigo HERLIN BOLIVAR GALLEGO, coordinador Regional de AUTOSURA, adujo que el automotor fue recuperado en el a\u00f1o 2018 por las autoridades del Ecuador y que fue llevado al centro nacional de Salvamento para su posterior comercializaci\u00f3n, y adicional a ello, indic\u00f3 que a CECILIO VERA (representante legal de SERVITECA GIGIOMAN\u00cdA S.A.), se le hizo el ofrecimiento del veh\u00edculo una vez recuperado, pero no acepto. <\/p>\n
No fueron m\u00e1s los testimonios practicados, pero sin duda de ellos NO se deriva culpa alguna en cabeza de la demandada, muy por el contrario, se corrobor\u00f3 que el hurto del veh\u00edculo se present\u00f3 en las instalaciones de la SERVITECA GIGIOMAN\u00cdA S.A. sin la intervenci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda aseguradora, lo que [e]quivale a decir que NO existe da\u00f1o producido por \u00e9sta, siendo responsabilidad del demandante y de su negligencia, el no encontrarse con los medios de seguridad para evitar el hurto del veh\u00edculo, lo que result\u00f3 determinante en el da\u00f1o. <\/p>\n
Entonces, del an\u00e1lisis probatorio se infiere m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que NO aparecen configurados los elementos que estructuran la responsabilidad civil a cargo de la parte demandada, para que pueda deducirse la obligaci\u00f3n de indemnizar que reclama la actora; por el contrario. <\/p>\n
Por consiguiente, la respuesta al segundo problema jur\u00eddico planteado es tambi\u00e9n NEGATIVA, al no configurarse los elementos necesarios para que haya lugar a la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertidaa no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del litigio criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico\u2026 y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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