STC1270-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1270-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00211-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones formuladas por Yanny Briyid Rivera Cardozo, Daniel P\u00e9rez Losada y Juan Carlos Roa Trujillo frente al fallo proferido el 10 de diciembre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por aqu\u00e9lla contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00aba obtener una decisi\u00f3n justa\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar la audiencia de decisi\u00f3n del incidente de perjuicios realizada el\u2026 17 de septiembre de 2.021, ordenando al operador judicial accionado que proceda a fijar nueva fecha y hora para practicarla otorgando plenas garant\u00edas de imparcialidad y buen juicio, decisi\u00f3n que se debe tomar en consideraci\u00f3n al antecedente jurisprudencial contenido en la sentencia STC18105-2017 de la\u2026 Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios promovido por Faiber Alexander Duss\u00e1n Farf\u00e1n frente a la accionante, Daniel P\u00e9rez Losada y Liberty Seguros S.A., a continuaci\u00f3n del juicio ejecutivo incoado en su contra por P\u00e9rez Losada1 (del que fuese cesionaria la quejosa), el estrado judicial acusado tom\u00f3 decisi\u00f3n de fondo en audiencia del 17 de septiembre de 2021, en la cual los tas\u00f3 en $283.252.741,99 a cargo de las dos personas naturales incidentadas. Esa determinaci\u00f3n fue apelada por el incidentante, P\u00e9rez Losada y Liberty Seguros S.A., encontr\u00e1ndose actualmente en curso tales recursos. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la accionante adujo que el juzgador acusado incurri\u00f3 en defectos \u00abprocedimental absoluto, sustantivo o material, f\u00e1ctico, error probatorio e inducido, decisi\u00f3n sin sustentaci\u00f3n probatoria y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n (sic)\u00bb, porque injustificadamente llev\u00f3 a cabo la referida audiencia, i) sin atender que estaba pendiente de resoluci\u00f3n la apelaci\u00f3n propuesta frente al auto de 24 de agosto de 2021, en el cual se fij\u00f3 la fecha para su desarrollo, ii) ni acceder a la solicitud de aplazamiento que 2 d\u00edas antes de \u00e9sta present\u00f3 su apoderado, v\u00e1lidamente edificada en que para esa data tambi\u00e9n deb\u00eda concurrir a otra diligencia judicial; que existi\u00f3 claro yerro f\u00e1ctico porque no se contaba con pruebas fehacientes para establecer el monto de los perjuicios, m\u00e1xime cuando la petici\u00f3n de su tasaci\u00f3n no se acompa\u00f1\u00f3 del respectivo juramento estimatorio y, adem\u00e1s, se terminaron librando unas cautelas en su contra, sin haber sido solicitadas por su antagonista; siendo obvia, en su sentir, la posible incursi\u00f3n en \u00abun fraude o colusi\u00f3n\u00bb, en su disfavor, por parte de varios de los intervinientes en dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Nieva limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia digital del expediente contentivo del proceso fustigado. <\/p>\n
2. Daniel P\u00e9rez Losada y Juan Carlos Roa Trujillo -apoderado de la accionante dentro del juicio recriminado-, insistiendo en los planteamientos de la quejosa, indicaron coadyuvar su petici\u00f3n de resguardo, recalcando el \u00faltimo que act\u00faa como curador ad-litem, \u00abde manera gratuita\u00bb, en el proceso por el cual no pudo comparecer a la audiencia recriminada. <\/p>\n
3. Vilma Constanza Burgos Huergo y Vilma Constanza Burgos S. en C. se\u00f1alaron oponerse al resguardo porque \u00abel Juzgado accionado no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la accionante, pues la audiencia de decisi\u00f3n del incidente\u2026 y dem\u00e1s actuaciones del despacho, se han desarrollado con el pleno respeto de las garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Liberty Seguros S.A., de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 24 de noviembre (ATC1753-2021), desestim\u00f3 la protecci\u00f3n, en s\u00edntesis, por un lado, al considerar razonable el proceder de la c\u00e9lula acusada, porque la apelaci\u00f3n pendiente de definici\u00f3n se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo y se refer\u00eda a la negativa respecto de un llamamiento en garant\u00eda que no imped\u00eda resolver el incidente; y de otra parte, al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque el motivo aqu\u00ed expuesto para la incomparecencia del apoderado a la audiencia no fue aducido ante el juez natural en la oportunidad debida, esto es, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto por medio del cual se fij\u00f3 la fecha para su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron Yanny Briyid Rivera Cardozo, Daniel P\u00e9rez Losada y Juan Carlos Roa Trujillo insistiendo en sus argumentos previos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo an\u00e1lisis se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que fuerza refrendar el fallo impugnado, pero por las razones que aqu\u00ed se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Respecto al reclamo atinente a la realizaci\u00f3n de la audiencia desechando la solicitud de aplazamiento del apoderado de la accionante, el ruego constitucional se torna intrascendente, en la medida en que, al margen de las consideraciones que para proceder de tal forma en esa diligencia expuso el Juzgado acusado, lo cierto es que aquella petici\u00f3n estaba llamada al fracaso, dado que el motivo justificativo aducido por el mandatario de la inconforme claramente no constitu\u00eda situaci\u00f3n especial alguna que impusiera un nuevo se\u00f1alamiento, en tanto que, como lo ha sostenido esta Sala, las \u00fanicas situaciones v\u00e1lidas con ese prop\u00f3sito son las derivadas de fuerza mayor o caso fortuito, siendo evidente que dicho profesional del derecho pudo sustituir el poder a otro abogado para que acudiera a la mentada vista p\u00fablica dentro del tr\u00e1mite incidental cuestionado. <\/p>\n
En efecto, como en otras oportunidades lo ha sostenido esta Corte en asuntos con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resultan aplicables al presente, \u00aben el caso subj\u00fadice, se advierte que la excusa aducida por el apoderado convocado, atinente a encontrarse atendiendo otra diligencia\u2026, no encaja dentro esa figura por cuanto la situaci\u00f3n alegada era previsible, de manera que pudo obrar diligentemente, sustituyendo el poder a un profesional del derecho\u00bb (criterio expuesto en CSJ STC1131, 5 feb. 2018, rad. 2017-00289-01; reiterado, entre muchas otras, en STC2109-2020, 27 feb., rad. 2020-00382-00). <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo ha indicado la Sala, \u00abcon independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado [para el presente caso l\u00e9ase el Juzgado encartado], el hecho cierto es que\u2026 el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto a las quejas en torno a la definici\u00f3n de fondo del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios, en especial, de la valoraci\u00f3n probatoria que la precedi\u00f3, se destaca que, en atenci\u00f3n a los recursos de apelaci\u00f3n propuestos frente a tal decisi\u00f3n -por parte del incidentante y dos de los incidentados-, los cuales est\u00e1n en curso, aqu\u00e9lla no est\u00e1 en firme y, por ende, de momento, no existe determinaci\u00f3n definitiva que lesione los derechos esenciales de la accionante, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que aunque ese remedio no fue propuesto por ella, lo cierto es que los argumentos planteados por el incidentado P\u00e9rez Losada concuerdan con los suyos y, de prosperar, implicar\u00edan el decaimiento de la condena impuesta en su contra. <\/p>\n
Por tales motivos, deviene presurosa la interposici\u00f3n de este excepcional medio de protecci\u00f3n judicial, en la medida en que el juez ordinario no ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera irreversible frente al mentado incidente, circunstancia por la cual la petici\u00f3n de resguardo inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que pretende que se usurpen funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, a pesar de las alegaciones de los impugnantes, no puede acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
\u2026no resulta admisible que el accionante \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador\u2026, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
2.4. Finalmente, en cuanto al precedente que de esta Sala invoc\u00f3 la gestora (CSJ STC18105-2017, 2 nov., rad. 2017-00633-01), aduciendo que valida la procedencia de su reclamo, es de notar que, contrario a sus alegaciones, se torna inviable para tal prop\u00f3sito y, por ende, en nada var\u00eda las anteriores conclusiones. <\/p>\n
Lo dicho, porque tal pronunciamiento no es aplicable al presente asunto, en tanto que en esa oportunidad la Corte se ocup\u00f3 de lo referente a \u00abla forma como debe proceder el funcionario judicial frente a la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial\u00bb ante el a-quo, regulada en el canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, que no de lo referente a la diligencia en que se define un tr\u00e1mite incidental, \u00faltima sobre la cual recae la discusi\u00f3n que aqu\u00ed se zanja. <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas imponen respaldar la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asunto acumulado al ejecutivo hipotecario impulsado por Bancolombia S.A. -cesionaria Mar\u00eda Cielo Grisales de Mu\u00f1oz- contra Vilma Constanza Burgos S. en C. y Faiber Alexander Duss\u00e1n Farf\u00e1n. <\/p>\n
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