STC1272-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1272-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00244-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Myriam Luc\u00eda Aponte Mu\u00f1oz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, Adriana Patricia Valencia Valero, Aida Rodr\u00edguez D\u00edaz, Fundaci\u00f3n Jaime y Ana Julia de Zorroza (antes Fundaci\u00f3n Zorroza Su\u00e1rez), Henry Augusto Var\u00f3n Machado, Johana Bedoya, Mar\u00eda Covadonga Fenates, Proyectos Arquitect\u00f3nicos e Inmobiliarios La Quinta S.A.S. y Seguridad Privada Aguialarmas Ltda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderada judicial, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza leg\u00edtima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y \u00abrealizaci\u00f3n material de la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, relat\u00f3 que promovi\u00f3 una demanda contra la Fundaci\u00f3n Jaime y Ana Julia de Zorroza (antes Fundaci\u00f3n Zorroza Su\u00e1rez) y otros ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que dio origen al proceso con radicado 73001310300220190010900, el cual se fall\u00f3 en primera instancia el 20 de marzo de 2020, decisi\u00f3n que la parte accionada apel\u00f3. <\/p>\n
El 2 de julio de 2021, el Tribunal resolvi\u00f3 modificar los ordinales primero, tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo y, en consecuencia, i) declarar no probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, por ende, la de ausencia de responsabilidad, ii) declarar probada parcialmente la de culpa de la demandante como causal exonerativa de responsabilidad y iii) condenar a la Fundaci\u00f3n Zorroza Su\u00e1rez a pagar $6.000.000, por da\u00f1o emergente, a favor de Myriam Luc\u00eda Aponte Mu\u00f1oz, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, de lo contrario, se deber\u00e1n pagar intereses legales civiles del 6% anual y, por lucro cesante, $13.627.890, a favor de la misma persona, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia, de lo contrario, se deber\u00e1n cancelar intereses legales civiles del 6% anual. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien no existe reparo alguno en torno a la decisi\u00f3n y al an\u00e1lisis probatorio, s\u00ed lo hay frente a \u00abla tasa de inter\u00e9s que el \u00d3rgano Colegiado Accionado se\u00f1ala como aquella a reconocer por la vencida en juicio, en el evento de que no tenga voluntad alguna en respetar u obedecer el mandato judicial de condena\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abNo es entendible c\u00f3mo, si el fallador de instancia se\u00f1ala que las partes en discordia judicial son personas jur\u00eddicas y el da\u00f1o se efect\u00faa sobre una actividad comercial se aviene a tasar en el orden civil la mora por incumplimiento de su decisi\u00f3n; como si existiera norma que as\u00ed lo facultase\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dejar sin efectos la sentencia del 2 de julio de 2021, proferida en el proceso con radicado n\u00famero 73001310300220190010901, \u00aben cuanto hace referencia a la orden dada por el fallador de instancia y relacionada con el evento en que no se de el cumplimiento de la condena en el tiempo perentorio otorgado para ello conlleva el reconocimiento, por concepto de mora, la tasa civil del 6% anual\u00bb y, de considerarlo procedente, modificar esa decisi\u00f3n \u00aben el sentido de se\u00f1alarse que la mora en el pago de la sentencia de condena, una vez cumplido el t\u00e9rmino otorgado para ello, lo ser\u00e1 a la tasa m\u00e1xima legal, esto es a la tasa de mora se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 atenerse a lo resuelto en el fallo de 2 de julio de 2021, \u00absin perjuicio de estar atento a acatar la decisi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia adopte en la acci\u00f3n constitucional aludida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, al proferir la sentencia de 2 de julio de 2021, que modific\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.- Visto el material probatorio allegado, considera la Sala que, en el presente caso, no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
2.1.- En efecto, la salvaguarda se encamin\u00f3 a cuestionar la providencia proferida el 2 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, pero la acci\u00f3n constitucional se radic\u00f3 el 20 de enero de 20221, esto es, pasados los 6 meses que se han considerado razonables para acudir a la tutela. <\/p>\n
2.2.- Respecto del citado principio, ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
2.3.- Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. <\/p>\n
En las presentes diligencias, como se indic\u00f3, la tutelante radic\u00f3 su solicitud de amparo constitucional despu\u00e9s de 6 meses de dictarse el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n, sin que se evidencie alg\u00fan hecho que justifique su inactividad, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
3.- De acuerdo con lo discurrido, se denegar\u00e1 la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La acci\u00f3n se radic\u00f3 en esta fecha ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, como consta en el archivo \u201c05ActaReparto.pdf\u201d del expediente. Dicho Tribunal, en providencia del 25 de enero del a\u00f1o en curso, declar\u00f3 su falta de competencia y remiti\u00f3 el expediente a esta Sala. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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STC1272-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1272-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00244-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Myriam Luc\u00eda Aponte Mu\u00f1oz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}